Ultraderecha boliviana protege a represores del Plan Cóndor

Entre quienes buscaban impulsar una política de desestabilización en Bolivia e incluso contaban con un plan para asesinar al presidente Evo Morales, se encuentran personajes que instrumentaron en ese país la política estadunidense de contención a los movimientos democráticos en América del Sur durante las décadas de 1970 y 1980, conocido como el Plan Cóndor. Las investigaciones revelan que los antiguos represores siguen actuando de manera coordinada. Así, es posible ver a exmilitares argentinos activos en Santa Cruz, Bolivia.

Alfredo Boada Mola/Prensa Latina

La Paz, Bolivia. La vinculación de las acciones del represor argentino Luis Enrique Baraldini con el caso Terrorismo en Bolivia, reactivó las investigaciones acerca de los colaboradores del Plan Cóndor, que sembraron el terror durante las pasadas dictaduras militares en Suramérica.

Este caso se investiga desde abril de 2009, cuando la policía boliviana desarticuló una célula terrorista en un céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz (Este), encabezada por el boliviano-croata Eduardo Rózsa, quien murió en la acción junto a dos colaboradores, mientras que otros dos integrantes de la banda fueron capturados.

Los mercenarios planeaban realizar acciones terroristas y secesionistas destinadas a desestabilizar el gobierno del presidente Evo Morales.

Acusado de violación de derechos humanos cuando fue jefe de policía en la provincia argentina de La Pampa (durante la dictadura militar de 1976 a 1983), Baraldini fue detenido el 25 de diciembre de 2011, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y luego trasladado a La Paz.

Baraldini, quien encabezó un grupo de tareas a través de las cuales secuestró y torturó a detenidos políticos, cayó en una redada en compañía de su hija Rosana, cuando salía al aeropuerto de Santa Cruz, a esperar a su esposa Olga Riquet, e inmediatamente Argentina pidió su extradición.

En la madrugada del 25 de diciembre, fue entregado en la fronteriza población de Bermejo, en Tarija, a las autoridades judiciales argentinas, para responder por más de 300 delitos.

La inteligencia boliviana estaba detrás de la pista del excoronel, de 74 años de edad, quien llevaba una cédula de identidad falsa a nombre de Marco Antonio Aponte (uno de los motivos de Bolivia para expulsarlo del país).

Este prófugo de la justicia argentina desde 2003 tenía una orden de captura internacional dictada por la fiscal federal de Santa Rosa, Argentina, Marta Odasso.

El seguimiento de su esposa Olga y su hija Sandra Mabel (quien vive en Santa Rosa) fue clave para detener al exrepresor, cuya presencia en Bolivia desde 2003 fue solapada, ya que el esposo de su hija Rosana, Raúl López, es el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Santa Cruz.

Ahora los concejales del partido político boliviano Movimiento al Socialismo (MAS), en Santa Cruz, exigen al alcalde Percy Fernández la destitución de este funcionario.

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