domingo, agosto 19, 2012

Acusaciones mutuas de chantaje entre MVS y gobierno

El mensajero-Helguera
 Hechos y derechos-Fisgón
*El consorcio de Azcárraga manifiesta su extrañeza y se dice ajeno al diferendo
Disputa por la banda 2.5
Televisa, clave en el conflicto, dice Vargas; su problema es con el gobierno, revira la televisora
*No impugnar la alianza con Iusacell, condición para dejarnos la frecuencia
*Recurriremos a todas las instancias; no hemos hablado con Calderón: el empresario
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El presidente del consejo de administración de MVS, Joaquín Vargas, durante la conferencia de prensa de ayer.

Multivisión se jugó ayer su última carta para conservar el espectro que le permita ofrecer banda ancha de alta velocidad, pero también para que no vuelva a haber ningún medio de comunicación hincado y con la espada de Damocles en la cabeza.
El presidente de MVS, Joaquín Vargas Guajardo, denunció ayer que el gobierno federal condicionó –por medio de la vocera Alejandra Sota– la oportunidad para que conservara las concesiones en la banda de 2.5 gigahercios (Ghz) a que no impugnara la concentración entre Televisa y Iusacell.
Precisó que MVS nunca se opuso a que con la alianza entre Televisa y Iusacell se fortaleciera un operador en el mercado de telefonía móvil, lo que pedíamos era que se regulara el mercado de contenidos, donde Televisa es dominante y afecta al resto de los competidores, pero eso no ocurrió y el gobierno perdió la oportunidad de ordenar ese mercado. Anunció que MVS impugnará la concentración entre dichas empresas en todas las instancias posibles.
Ahora sabemos que nos engañaron, afirmó el empresario, quien señaló que el rescate de concesiones anunciado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se planeó por lo menos hace cinco meses, y fue algo sorpresivo porque MVS seguía en negociaciones para echar a andar su proyecto 2.5 Banda Ancha para Todos, además de dos propuestas hechas por el propio gobierno, que el empresario denominó el proyecto Olavarría y la propuesta Pinos.
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Debe Calderón responder a señalamientos de Vargas; no confiamos en Lozano: legisladores  

En realidad el gobierno de Calderón atenta contra la libertad de expresión: Agustín Guerrero

Senadores y diputados de PRI, PRD y PT consideraron necesario que el presidente Felipe Calderón responda a los señalamientos del titular de Grupo Multivisión, Joaquín Vargas, sobre el chantaje de que fue objeto, ya que no confían en la respuesta de Javier Lozano, ex titular de la Secretaría del Trabajo, ni en las explicaciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome.
El coordinador de la bancada del PT, Ricardo Monreal, propuso ayer en la Comisión Permanente que se analice el caso MVS y ese órgano del Congreso se pronuncie en favor de que el gobierno de Felipe Calderón rectifique la decisión de quitar las concesiones de la banda 2.5 gigahercios (Ghz) a la empresa de Joaquín Vargas.
La propuesta fue turnada a comisiones porque las bancadas de PRI y PAN se negaron a que ayer mismo se discutiera. En entrevista, Monreal consideró urgente el tema, sobre todo a partir de las revelaciones del empresario Vargas, donde se muestra la forma de operar de un gobierno autoritario e insolente.
El senador petista expuso que confía más en lo dicho por Vargas que en la respuesta de Javier Lozano. Dijo que si se confirma que el rescate de la banda fue en represalia contra MVS, significaría que todos estarían sometidos a que: o hablas bien del gobierno o te revoco la concesión.
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Reduce Ifai temporalidad de reserva de nota diplomática de México a EU sobre Zedillo
  • En ella se solicitó la inmunidad para el ex presidente mexicano por la matanza de Acteal
  • El contenido no iba a estar disponible por 12 años; ahora, sólo estará protegido tres meses
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) redujo de 12 años a únicamente tres meses la reserva de la nota diplomática que el gobierno de México envió al de Estados Unidos para solicitar inmunidad para el ex presidente Ernesto Zedillo, quien enfrenta una demanda en una corte de aquel país por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal, ocurrida durante su sexenio.
La solicitud de inmunidad la realizó el gobierno mexicano al estadunidense a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual había reservado la nota diplomática respectiva por el lapso máximo de 12 años que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En la sesión previa del pleno del Ifai, los comisionados acordaron resolver que, en atención a la temporalidad de la negociación entre los gobiernos de los dos países, la clasificación debe fijarse en sólo tres meses, a partir de la votación de la resolución por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual tiene hasta el 7 de septiembre próximo para conceder la inmunidad para el ex presidente de México.
La cancillería mexicana deberá dar a conocer la copia de la nota diplomática que el gobierno de México envió al de Estados Unidos, relacionada con la solicitud de inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, una vez que exista el pronunciamiento por parte del gobierno de Estados Unidos, determinó el pleno.
Lo anterior, debido a que la Corte Federal del Distrito de Connecticut, donde se lleva el juicio civil contra Zedillo, hace públicas tales actuaciones al agregarlas al expediente respectivo y, en razón de ello, ya no habría motivo para reservar la información, puesto que el diálogo habrá culminado y no existirá ninguna afectación.
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El IFE no sancionará espot de la izquierda  

Declarará infundadas denuncias de Monex, Soriana y Aristegui

El Instituto Federal Electoral (IFE) prevé no sancionar al Movimiento Progresista por la difusión del promocional Miles de pruebas del fraude 2012, en el cual asegura que el gasto de campaña del priísta Enrique Peña Nieto fue ilegal.
El proyecto –que será puesto a consideración del Consejo General– propone declarar infundadas las denuncias interpuestas, por separado, del Grupo Financiero Monex, la cadena de tiendas Soriana y de la periodista Carmen Aristegui, aludidos en el promocional en mención.
En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó ayer el retiro del espot al considerar que sí contiene expresiones calumniosas en detrimento de los entes mencionados en el mismo. Sin embargo, la pauta de transmisión, aprobada dentro de las prerrogativas de la coalición, vence este jueves.
El argumento central del árbitro electoral se refiere a la libertad de expresión de los partidos políticos en un tema de interés público como la calificación de la elección presidencial, derivada de un juicio de inconformidad promovido por el Movimiento Progresista.
Este es precisamente el modelo de comunicación que se busca en un Estado democrático, que se recoge constitucionalmente: permitir la libre emisión y circulación de ideas, señala el proyecto. Resulta imprescindible maximizar la libertad de expresión y la libre circulación de ideas e información, aduce.
En el caso de Aristegui, el IFE argumenta que no es autoridad competente para tutelar el derecho a la imagen o la voz de un conductor en medios de comunicación; es decir, las posibles infracciones en materia civil son jurisdicción del derecho privado. En el promocional en referencia se escucha la voz de la periodista con la expresión: tarjetas Monex, hay indicios de lavado de dinero .
Acerca de la queja interpuesta por Monex –grupo señalado por el PAN y la coalición de izquierda como partícipe de la triangulación de recursos para financiar la estructura de representación del PRI– el IFE señala:
Se trata de la difusión de ideas, expresiones, imágenes que constituyen un acopio de información que tiene la finalidad de ser presentada a la ciudadanía mexicana, en favor de la formación de la opinión pública libre, además son una reproducción de ideas y opiniones que ya han sido difundidas en diversos medios de comunicación.
Por lo anterior, no se advierte una imputación categórica a Banco Monex sobre la comisión de un delito y tampoco se puede concluir que el promocional objeto de denuncia tenga como finalidad dañar la imagen, reputación o calumiar a la parte accionante.
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*El consorcio perdió $40 mil millones en el mercado bursátil nacional
*Autoridades mexicanas guardan silencio sobre las investigaciones en EU

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