Violaciones en Edomex por arriba de la media nacional.
TOLUCA, MÉX. (Proceso).- “Ya no creo en los hombres”, dice con la mirada dura, sin alma. La brillantina con la que colorea sus párpados, los broches rosas que adornan su pelo, el collar del que cuelga una estrella y la sudadera estampada con corazones delatan que sigue siendo una niña, una adolescente con el corazón envejecido. “No soporto que un hombre esté a mi lado y no puedo ser novia de nadie”.
El 28 de junio de 2011, cuando tenía 16 años, Carmen (como la llamaremos aquí), habitante de Chimalhuacán, había sido contratada como ayudante por el elotero Luis Francisco Duarte Rivera, quien al terminar la jornada en el tianguis le dijo que no le pagaría hasta que lavara los trastes en su casa. Una vez ahí, aprovechando que estaban solos, la tomó con fuerza, la jaló hasta la cama, le quitó la blusa y el pantalón, le abrió las piernas, comenzó a tocarla violentamente, a morderle los senos e intentó violarla.
“Empezó a abusar de mí. Yo le pedía: ‘Déjeme ir con mi mamá’ y él decía: ‘Nomás tantito, nomás te enseño’. Cuando me vio llorando desesperada me soltó, salí corriendo, me escondí detrás de su camioneta”, recuerda. Cuando la dejó ir le pagó 200 pesos: 100 por la jornada laboral y 100 para que se comprara unos pantalones.
“Era la primera vez que alguien me tocaba así porque yo no había tenido nada con nadie”, dice. Los médicos que la atendieron dejaron asentado en el expediente que tenía mordidas en los senos e inflamación vaginal.
Pero desde que interpuso la denuncia (la 332580260911) fue amenazada y denigrada varias veces por el personal encargado de impartir justicia. El psicólogo Jorge de la Rosa, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) le decía que exageraba. Su abogada defensora (Teresa Pérez López) le advertía que la llevarían a la cárcel por haber levantado una denuncia por violación cuando lo ocurrido fue un “intento de penetración”. El agente del Ministerio Público Dagoberto Álvarez Hernández la acusaba de mentirosa y el imputado y su familia comenzaron a acosarla.
Ocho meses después Carmen acudió con Emerenciana López Martínez, Doña Mere, la luchadora social que ha dedicado su vida a impulsar la justicia en ese municipio mexiquense marginado –el de Chimalhuacán– y a la que por su fiereza se le cuadran hasta los procuradores. Entonces el caso fue tomado en cuenta. El pasado 24 de febrero logró un castigo para el elotero: lo obligaron a pagar 15 mil pesos por los daños. A Carmen esa sentencia la dejó más ofendida.
“Hay semanas que a mi casa llegan tres, cinco mujeres diciéndome que las violaron, que están a vuelta y vuelta con el Ministerio Público hasta que se cansan porque ahí no hacen nada. O mujeres que llegan todas golpeadas porque las quisieron matar y que luego terminan asesinadas. Pero las autoridades están a favor de los delincuentes, nomás los protegen”, se queja Doña Mere.
La acompaña para esta entrevista la mamá de Esperanza (no es su nombre real), una niña violada por tres vecinos en 2006, cuando tenía nueve años.
“Mi hija quería justicia porque decía que no quería que a otras niñas le hicieran lo mismo y se careaba con ellos en las audiencias; estaba firme, muy valiente. Pero aunque hicimos lo humanamente posible no hubo justicia. Ella no cree en la justicia, ya tiene 16 años, entró a la prepa y quiero olvidar todo”, dice la joven madre, llorando, aún con culpa.
Los casos de Carmen y Esperanza se repiten cada semana en el Estado de México. A la par de los feminicidios, las violaciones sexuales contra mujeres y niñas van en aumento y en ambos casos la impunidad parece garantizada.
La reportera ha solicitado desde hace más de un mes entrevistas en la PGJEM y en la fiscalía de delitos sexuales, sin que hasta la fecha haya una respuesta.
Tierra de escándalos
El Estado de México constantemente está envuelto en escándalos sexuales de gran envergadura. Los más recientes son los de las siete jovencitas violadas y otras varias abusadas frente a sus compañeros durante un retiro espiritual en un rancho ecológico de Chalco. Y la fuga y recaptura de César Armando Librado, El Coqueto, quien violó y mató por lo menos a siete mujeres. Y las bandas de violadores que operan en taxis y microbuses piratas. Y las 26 mujeres violadas por policías en castigo por haber participado en la revuelta de San Salvador Atenco, en una acción represiva que el exgobernador Peña Nieto reivindicó durante su campaña electoral.
Según cifras oficiales en el Estado de México se denuncian 6.5 violaciones sexuales cada día. Esta cifra queda muy lejos de la realidad, ya que ocho de cada 10 casos no se denuncian.
De acuerdo con estas cifras tomadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –publicadas por Milenio– Chalco ocupa el primer lugar estatal en violaciones con una tasa de 4.7 ataques por cada 100 mil habitantes al año y va al alza. Le siguen Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli con una tasa de 2.8 ataques de ese tipo, Nicolás Romero con 2.6, La Paz con 2.4 y Tlalnepantla y Naucalpan con 2.3.
Si en un semestre se denuncian 7 mil 178 violaciones sexuales en el país, mil 184 corresponden al Estado de México, que en ese lapso presenta también 674 denuncias por otros delitos sexuales como “estupro, abuso y actos libidinosos”.
El estudio Feminicidios en México, de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, indica que entre 2005 y 2009 la incidencia de violaciones sexuales en el Estado de México fue de 40.2 por cada 100 mil mujeres, 48% arriba del promedio nacional.
La procuraduría estatal ha reconocido que las violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes en la entidad creció 270% de 2009 a 2011: pasó de 213 a 789 denuncias al año. La entidad además tiene un problema de salud pública por embarazos de adolescentes.
El delito parece haber crecido tanto que en el Congreso local se discute una ley de castración química, promovida por diputadas priistas que no encontraron suficiente el castigo de pena máxima a violadores y asesinos de mujeres, aprobado a fines del año pasado.
El pasado 24 de julio el gobernador Eruviel Ávila se declaró en favor de la discusión de la castración (inhibición farmacológica de la potencia sexual) como método para contener a los que buscan sexo a la fuerza.
Según Esperanza Arias Velásquez, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de 2009 a la fecha en el Estado de México se ha incrementado 60% la tasa de violaciones sexuales.
“Una investigación que hicimos a través de distintas promotoras de salud en todo el estado nos da el dato de que por día hay ocho casos de violencia sexual, ya sea violación o actos que denigren sexualmente (como que te maltraten la vagina o te la quemen con cigarros), y en total a la semana hay 10 casos de violaciones sexuales y ocho visitas al médico”, explica a Proceso.
La activista indica que la mayoría de los casos están subregistrados porque las mujeres que han sufrido abuso generalmente no se presentan ante el Ministerio Público y sólo acuden a los servicios de salud –a veces engañan al médico para no decir qué les ocurrió–, y si el personal descubre que fueron violadas no siempre lo reporta a las autoridades.
Señala que en esa entidad el machismo permea a los funcionarios encargados de la impartición de justicia y cuando reciben alguna queja por violación, protegen a los agresores o simplemente no consideran que sea un delito.
“Los MP, principalmente de los pueblitos, tienen muy cerrada la mentalidad. Creen que el maltrato sexual es normal, no lo toman como violencia o violación. Consideran que la causante fue la chica porque después ya no quiso tener relaciones con su novio y deciden que no hay delito que perseguir; ante esta situación, ¿quién va a querer denunciar?”, dice.
Por su parte, Mónica Hurtado, de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, cuestiona las propuestas paliativas de los políticos para atacar el fenómeno: “Unos diputados propusieron crear autobuses rosas (exclusivos para mujeres), ahora se aprobó la condena de 70 años para violadores y asesinos de mujeres y últimamente están con lo de las castraciones químicas, como si las violaciones no fueran también con objetos. Pero no hay una política pública que vaya a la raíz de la violencia, a la desigualdad, a la impunidad”.
La activista señala que es un contrasentido que en el estado se anuncien medidas para proteger a las mujeres y al mismo tiempo se rechace aplicar la “alerta de género” solicitada por organizaciones de derechos humanos, que obligaría a las autoridades a profesionalizarse para evitar la violencia antifemenina y a encontrar los patrones que perpetúan la impunidad.
Además, feminicidios
La amenaza está siempre latente. La nueva alerta la encendió el asesinato en Ecatepec de Jessica Lucero, de 14 años y quien el pasado 14 de julio, un mes después de que denunció por violación a Carlos García Sanjuán, de 22 años, fue hallada totalmente desfigurada, muerta a golpes y pedradas.
La familia de Jessica dijo que los ministeriales que recibieron la denuncia por la violación les pidieron 2 mil pesos para “agilizar” el trámite, y que antes de que pudieran juntar el dinero el violador cumplió su amenaza de asesinar a la niña si no retiraba la denuncia.
El mismo mes, en Chalco, fue violada y asesinada Sonia Nereo, de 16 años. El 19 de julio salió temprano de su casa para ir a su trabajo, en una tortillería, y al día siguiente fue encontrada en un lote baldío. Aparentemente dos jóvenes identificados como Carlos Ulises y Carlos César, que se trasladaban en un taxi, la interceptaron, la arrastraron hacia la hierba crecida, la golpearon y abusaron sexualmente de ella. Como se resistía, la asfixiaron con su ropa interior.
A este panorama se suman las manifestaciones que afuera del Palacio de Gobierno realizó en mayo Adriana Bustamante para exigirle al gobernador que sancione a funcionarios de la procuraduría y del ayuntamiento de Metepec por proteger a los cinco hombres implicados en la violación de su hija de 13 años.
La mujer dijo que en la procuraduría le aconsejaron “llegar a un acuerdo” con los violadores; que el médico legista no quiso certificar la violación; que el agente del Ministerio Público, Erwin Colín Rocha, falseó los hechos y aisló horas a su hija cuando acudió a declarar, y que un tal “licenciado Ramiro Estrada” fue enviado por el ayuntamiento de Metepec para apoyar al presunto violador, Diego Jair, de 18 años.
Estos casos presentan el mismo patrón de impunidad con el que opera la procuraduría mexiquense hacia los delitos cometidos contra las mujeres. Esta misma procuraduría que cuando gobernó el estado Enrique Peña Nieto investigó el caso Paulette –la niña de nueve años desaparecida de su casa y hallada asfixiada ahí mismo–, la que no condenó a ningún policía por la barbarie de Atenco, la que no ha podido contener los feminicidios.
Esta entidad –que se quedó con el título que ostentaba Ciudad Juárez de “la tierra de los feminicidios”, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios– presenta un índice de violencia contra la mujer de 54.1%, que duplica al promedio nacional, de 23.2%. Y entre enero de 2005 y agosto de 2010 fueron asesinadas 922 mujeres, y la violencia sexual supera la media nacional.
Nueva Ciudad Juárez
Basta un vistazo a la prensa local para advertir la magnitud del problema. Además de los casos aislados de familiares o conocidos que forzaron el acto sexual, se sabe de la existencia de bandas o violadores seriales, como un sujeto identificado como Poncho, quien violó a 30 mujeres y mató a tres en Atizapán.
O tres policías municipales de Tlalnepantla que violaron a una niña de 14 años. O una banda de taxistas acusados de violar a 14 mujeres en Atenco. O los maestros de karate de Toluca que violaron a sus alumnas y las fotografiaron desnudas. O la banda de violadores de al menos siete mujeres en combis del servicio público.
Otras notas dejan manifiesta la desesperación de la población ante el fenómeno, como la detención, en el municipio Santo Tomás de los Plátanos, de Alicia Hernández Pompa y su hija de 17 años que en legítima defensa asesinaron a un vecino que se metió a su casa a violar a la adolescente.
O el intento de linchamiento en San Salvador Atenco de dos violadores, rescatados finalmente por la policía. O las manifestaciones de familias afuera de la primaria Emiliano Zapata, en Almoloya, por presuntas violaciones sexuales del personal a los niños.
A pesar de los cambios de gobierno, de procuradores, de subprocuradoras y fiscales de feminicidios, el fenómeno parece ir al alza.
La exsubprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la PGJEM, Italy Ciani Sotomayor, manifestó que en el Valle de Toluca los taxis piratas y colectivos se convirtieron en un “foco rojo” por el aumento de las violaciones. Semanas después renunció a su cargo por el escándalo de la fuga del violador y multihomicida El Coqueto.
“Ella tenía información de varios casos, había investigado cosas, pero nunca nos comparten esa información de violaciones y feminicidios”, lamenta Esperanza Arias.
El pasado 8 de febrero violaron a Karina (nombre ficticio) en la zona comercial de Metepec, en el Valle de Toluca, que se ha poblado de centros comerciales donde laboran muchas mujeres que en las noches regresan solas a sus casas.
Sandra, su madre, narra a Proceso que esa noche su hija de 21 años viajaba en un taxi colectivo del que se fueron bajando los pasajeros. Cuando su hija quedó sola el conductor la obligó a punta de pistola a pasarse al asiento del copiloto. Le exigió que le diera su dinero y, en castigo porque no traía más que el importe del pasaje, la amenazó con violarla y le tapó la boca, siempre apuntándole con el arma.
“Se estacionó junto a una fábrica de cemento. Estaba oscuro. La violó en el taxi. Ella no pudo hacer nada, él tenía mucha fuerza, recuerda que olía muy mal. Él tenía como 27 años”, cuenta Sandra.
Al final el agresor le dijo que se bajara, que se hincara sobre el pavimento y no volteara a ver el carro porque si desobedecía le daría “un plomazo”.
“Cuando llegó no podía ni hablar, estaba como con el cuerpo dormido hasta que comenzó a gritar: ‘¡Me violaron, me violaron!’ La empecé a tranquilizar. Salimos a Tenango a ver si localizábamos al tipo y luego a comprarle pastillas en la farmacia.”
Las mujeres se animaron a poner la denuncia el 10 de febrero, pero cada vez que iban a solicitar avances les decían que la computadora no tenía sistema, que estaba de descanso el Ministerio Público, que no encontraban el expediente o la declaración, aunque la sometieron a interrogatorio cuatro veces.
“Karina les dijo que si tenía que ser hija de un presidente para que le hicieran caso. Pero no nos hicieron caso y nos desesperamos. Nunca iban a hacer nada. En tres meses no nos llamaron a ninguna cita, sólo nos decían: ‘Capaz que ya huyó’. Hasta que mi hija me pidió que ya no le busque, que dejara el asunto”, explica Sandra.
La falta de justicia hizo que la joven empeorara. “Se la pasaba llore y llore, le entró una desesperación, una angustia. Gritaba: ‘Estoy sucia’, ‘¿por qué me pasó a mí’?. Una situación muy fea que no quisiéramos recordar”, dice su mamá, la voz entrecortada. Las psicólogas que le asignaron en la procuraduría sólo la regañaban, así que también desistió de la terapia.
“Ha costado tiempo, pero ya la noto diferente, feliz –narra Sandra también emocionada– ya está en la escuela, conoció a un niño que le dice que está muy bonita y otra vez se emociona, otra vez está volviendo a ser la que era.”
Estos ocho meses Karina ha ido recuperando la autoestima y confianza en la vida. Lo que nunca va a recuperar es la confianza en las autoridades.
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