Termoeléctricas y gasoducto en zonas de riesgo

Sin consultas públicas a las comunidades y minimizando los riesgos de una eventual erupción del Popocatépetl, el gobierno de Felipe Calderón, mediante la Comisión Federal de Electricidad, inició la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto en una zona altamente riesgosa. Los contratos correspondientes fueron asignados, como ha sido la tónica en el calderonismo cuando se trata del sector energético, a tres trasnacionales españolas; dos de ellas usufructuarán una concesión de 25 años para la conducción del gas. Mientras tanto, los comuneros se aprestan a impedir la construcción del complejo, que se inscribe dentro del Proyecto Integral Morelos.

La protesta en contra de la termoeléctrica en Huexca, Yecapixtla, Morelos. 

Arturo Rodríguez García

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el área de mayor peligrosidad del Popocatépetl, justo en la zona donde en caso de una erupción podrían caer enormes rocas incandescentes a riesgo de bloquear las rutas de evacuación de un centenar de comunidades aledañas al volcán, el gobierno de Felipe Calderón decidió construir un gasoducto y dos termoeléctricas.
Apenas el pasado 20 de abril, en plena contingencia por la actividad del Popo, Calderón presidió una reunión de evaluación en Cuautla, Morelos, en la que recomendó tener todo listo.
“Yo diría que esto (vivir cerca del volcán) es un poco como aquella figura bíblica del Éxodo, de que hay que estar con las sandalias puestas y el bastón en la mano”, dijo.
Con el nombre de Proyecto Integral Morelos (PIM), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le llevó unos meses realizar todos los trámites, proyectar e iniciar a toda prisa la construcción de dos termoeléctricas de ciclo combinado, es decir, que generan energía mediante gas y vapor de agua. Luego, otorgó el contrato a una trasnacional española.
El complejo se pretende edificar en un predio de 50 hectáreas en el poblado de Huexca, en Yecapixtla, Morelos. De acuerdo con el PIM, la primera etapa estaría concluida y operando a mediados de 2013.
Como parte del proyecto, la CFE planea asimismo construir un gasoducto que se conectará con los ductos de Pemex que van de la refinería de San Martín Texmelucan, Puebla, a Huexca. Esa tubería con diámetro de 30 pulgadas se extendería a lo largo de 150 kilómetros y atravesaría unas 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Las características del proyecto están contenidas en una presentación de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE, cuya copia tiene Proceso. En el documento se indica que será necesaria una línea eléctrica de 20 kilómetros para conducir la energía producida a una subestación ubicada en Yautepec Morelos. También se requerirá de un acueducto de 20 pulgadas de diámetro y 20 kilómetros de longitud que iría de Cuautla a Huexca. En la segunda etapa una línea de transmisión rodearía el área de Toluca y se prolongaría hasta Querétaro.
La construcción de las dos Centrales de Ciclo Combinado (CCC) fue adjudicada a la compañía española Abengoa, con sede en Sevilla, que durante el sexenio de Felipe Calderón ha obtenido jugosos contratos en el sector energético. El costo de una de estas plantas podría ascender a 400 millones de dólares.
La construcción del gasoducto le fue asignada a las también españolas Enagás y Elecnor. Su costo será de 260 millones de dólares y estas empresas se encargarán de la conducción del gas por un lapso de 25 años. El contrato es altamente rentable. El pasado 27 de julio, cuando se afinaron las últimas negociaciones, el simple anuncio de la asignación de la obra hizo que las acciones de Elecnor subieran 1.26% y las de Enagás, 1.28%, según reportó entonces la agencia española EFE de noticias.
Los riesgos, la resistencia
A las 5:00 de la mañana del 15 de mayo último, un numeroso grupo de vecinos de Huexca se reunió en su plaza principal. Un día antes habían tomado el acuerdo de que frenarían la obra. Las mujeres fueron las primeras en caminar unos 800 metros hasta llegar a un punto donde bloquearon el camino de acceso a su comunidad.
“Decidimos que no íbamos a permitir que contaminaran nuestras tierras, que no nos iban a imponer un proyecto que no queremos y que viene a joder al pueblo”, afirma Mayra Castillo, una joven de la comunidad que se opone a la construcción de las dos termoeléctricas.
En enero pasado los habitantes de la localidad notaron la presencia de trabajadores en el área donde se pretenden construir las termoeléctricas, a sólo 250 metros del pueblo. Enviaron escritos al municipio y al gobierno estatal para que les informaran de qué se trataba. Les respondieron con engaños.
“La comunidad empezó a preguntar. Las autoridades nos dijeron que (los trabajos) eran para una planta tratadora de agua, luego que para una hidroeléctrica. Pero luego dijimos ¿cómo iba a ser una hidroeléctrica si no hay agua? Fue hasta entonces que nos dijeron que iba a ser una termoeléctrica”, dice Miguel Álvarez, ejidatario de Huexca.
Fue hasta el 4 de mayo cuando los comuneros se reunieron con funcionarios de la CFE. No hubo respuesta a los cuestionamientos. El 13 de mayo el gobierno estatal y la paraestatal pusieron sobre la mesa 12 carpetas y les dieron dos horas para leerlas. Cuando empezaron a cuestionar a los funcionarios, inesperadamente hubo un apagón. Al regresar la electricidad, las carpetas habían desaparecido, al igual que los funcionarios.
En el Atlas Nacional de Riesgos que exhibe en su portal electrónico el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) se localiza el Mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Este instrumento fue elaborado por investigadores del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y como objetivo establece:
“Este mapa fue diseñado para ser usado en foros académicos, así como por las autoridades de Protección Civil y la población en general como un medio de información en la eventualidad de una erupción del volcán Popocatépetl”.
Se realizó a partir de la medición de depósitos dejados por erupciones volcánicas pasadas que se clasificaron en tres áreas, trazadas con base en el alcance máximo de flujos.
El Área 1 corresponde a la zona más próxima al volcán y es la que se ve afectada con mayor frecuencia por las erupciones, independientemente de su magnitud. Entre los peligros que se destacan para esa área está el de la lava y otros flujos de arena o piedra volcánica que en su descenso pueden alcanzar entre 100 y 400 kilómetros por hora.
En lo referente al Área 2, el mapa establece que en caso de una gran erupción hay un riesgo similar al del Área 1. El perímetro establecido “podría ser afectado por la caída moderada de arena volcánica y pómez, cuyo espesor puede variar desde un milímetro o menos en erupciones pequeñas hasta un metro en erupciones muy grandes”, establece el Cenapred.
El Área 3 es considerada la de menor peligrosidad en el caso de materiales expulsados del volcán.
El gasoducto y las termoeléctricas se ubican en las áreas 2 y 3.
El mayor riesgo, aunque remoto, es que ocurra una erupción de grandes dimensiones que provoque un derrumbe del volcán. El alud de fuego se desplazaría a una velocidad de 100 kilómetros por hora destruyendo todo a su paso a través de 80 kilómetros.
“Una erupción grande o un derrumbe gigante estaría acompañado de flujos de lodo o inundaciones de gran alcance. Éstos viajarían distancias del orden de decenas de kilómetros por las barrancas que descienden del Popocatépetl”, advierte el Cenapred.
En ese supuesto, toda la zona del gasoducto y la CCC se vería impactada, hasta los municipios de Yecapixtla y Cuautla. En cualquier caso, alrededor de 100 comunidades ubicadas en el Área 1 deberían utilizar una ruta de evacuación que pasaría por el gasoducto.
La molestia de los inconformes contra el gobernador electo de Morelos, Graco Ramírez, surgió cuando dijo que no hay riesgo y que en una erupción se cerrarían las válvulas del gasoducto para evitar una explosión.
Ecocidio
La noticia del bloqueo del 15 de mayo último realizado por mujeres en oposición al PCI corrió por la misma ruta del gasoducto en las comunidades que se sienten en riesgo. De pronto, grupos de ejidatarios en Nativitas, Tlaxcala y en la zona cholulteca en Puebla empezaron a comunicarse, pues de manera aislada estaban intentando resistir la imposición del PIM.
“Nos enteramos del proyecto en la época de Fox, cuando empezaron a pasar por nuestras tierras y frenamos las obras. Querían que el gasoducto pasara a 200 metros del pueblo y a 400 metros del pozo de agua potable; por eso no los dejamos”, explica Raquel Sánchez, una ejidataria de San Vicente Xiloxochitla, Tlaxcala.
A partir del arranque de obras del proyecto, el pasado 15 de agosto, los ejidatarios de San Vicente se han opuesto a su realización.
“Todos están de acuerdo con el PIM: el alcalde, el gobierno estatal. El propio alcalde, Javier Quirós Macías, intenta convencernos de que aceptemos porque nos van a pagar 300 mil pesos por hectárea. Pero no estamos de acuerdo porque es el patrimonio de nuestras familias”, dice la mujer.
El citado día, personal de la CFE llegó a la comunidad con la intención de hacer mediciones y trabajos, pero los comuneros salieron a su encuentro con palos y machetes, sin que encontraran resistencia. Los empleados de la Comisión prometieron que no iniciarán ningún trabajo hasta que la comunidad los autorizara.
En 2004, lugareños de Atlixco secuestraron a topógrafos y geólogos de la CFE hasta que lograron frenar el proyecto. Todo parecía en calma hasta que hace unas semanas el personal llegó de nuevo y les pidió a los comuneros que rentaran sus tierras por 25 años; es decir, el tiempo que Elecnor y Enagás se encargarán de la conducción de gas.
Aunque el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) –que no consideró los riegos señalados por el Cenapred– establece que se envió toda la información a los ayuntamientos, éstos no transmitieron nada a las comunidades interesadas y tampoco realizaron consultas públicas. No obstante, la inconformidad ha crecido por motivos diferentes al riesgo volcánico.
Por ejemplo, campesinos de los municipios de Plan de Ayala, Anenecuilco, Yecapixtla, Ocuituco y Temoac, en Morelos, cuestionan la forma en que se obtendrá el agua necesaria para la operación de las termoeléctricas. La mayoría de las comunidades vive de plantíos de riego y de temporal.
Conforme a los propios datos del MIA y del PIM, los campesinos descubrieron que las dos plantas consumirían alrededor de 40 millones de litros de agua diarios. Cuautla podría producir cinco millones de litros, por lo que el resto deberá extraerse de pozos, lo que afectaría a todas las comunidades.
“No somos ignorantes como (los de la CFE y los gobiernos locales) creen. Sabemos leer, calcular y no nos van a ver la cara. Hemos buscado y sabemos que para enfriar las turbinas usarían gas cloro, que es altamente peligroso”, advierte Miguel Álvarez.
su parte, el poblano Juan Carlos Flores indica que el gas cloro es volátil y conduce el fuego. Con base en el MIA, una fuga de gas cloro tendría un máximo catastrófico que llegaría a 14 kilómetros de distancia. Además, el sistema de enfriamiento y el desecho del agua modificarían la temperatura ambiental, lo que provocaría lluvia ácida y desmineralización de la tierra, en perjuicio de los cultivos.
El secretario de Fomento Económico de Morelos, Rafael Tamayo Flores, declaró el pasado 1 de agosto a La Jornada que habrá gasoducto y termoeléctrica con protestas o sin ellas. El proyecto fue solicitado por industriales, promovido por el gobernador Marco Adame y autorizado por el presidente Felipe Calderón. Con esa sola razón y su dicho de que no hay riesgo, el colaborador del mandatario estatal minimizó la protesta y destacó que el proyecto atraerá inversiones.
Se estima que las termoeléctricas de Huexca generarán 700 empleos. En la localidad viven alrededor de mil habitantes y la mayoría se dedica a labores del campo. Según los inconformes, el PIM modificaría su forma de vida y causaría migración y repoblación de su pueblo.
El pasado 15 de agosto, el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos dio la alarma. Treinta patrullas de granaderos estatales cercaron el pueblo durante 11 horas. Dos días antes, helicópteros policiacos realizaron sobrevuelos sobre la comunidad a baja altura.
“Sentí mucho miedo. Como el primer día en que frenamos la construcción, pensé que aquí estamos solos, que si algo pasa nadie se dará cuenta”, lamenta Luz María Cornejo, campesina de la comunidad.
El temor es fundado. En Tlaxcala, dos comuneros que se oponen a la construcción fueron golpeados salvajemente. El mismo día del cerco policiaco en Huexca, policías de Texoloc, Tlaxcala, les advirtieron a los ejidatarios de Nativitas que serían retirados por la fuerza por órdenes del alcalde Martín González.
“Los alcaldes de Nativitas y Texoloc son caciques rodeados de pistoleros, que golpean y amenazan. Eso ocurre en Tlaxcala y en Morelos. Hay una tensión muy fuerte. Todo es una bomba de tiempo, desde la intención de hacerlo, puede provocar un estallido social si no es un estallido de lumbre”, asegura Juan Carlos Flores.