MÉXICO, D.F. (Proceso).- A los ciegos de nacimiento les ha sido negado
el privilegio de admirar los milagros de la luz. Privados de la
evidencia visual, los invidentes no pueden contemplar algo tan simple y
maravilloso como el rojo de una rosa o el espectáculo multicolor de un
atardecer; están condenados a vivir en un mundo de sombras y penumbra.
Caso distinto es el de la ceguera voluntaria, cuyo origen es mental, no
físico; los ojos y el intelecto se cierran a propósito ante las
evidencias de la realidad. Sea por necedad, interés o cobardía, quienes
se niegan a ver imágenes visuales o a reconocer hechos palpables eligen
vivir en un mundo de tinieblas y opacidad, engaño y encubrimiento. No
hay peor ciego que el que no quiere ver.
Una variante de la ceguera voluntaria es la ceguera idílica, propia de
los enamorados, en la que se confiere todo tipo de virtudes al ser
amado, al tiempo que se cancela la existencia de cualquier defecto capaz
de mancillar la perfección de la persona idealizada. Los magistrados
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los
consejeros del Instituto Federal Electoral parecen haber sido presa de
esa suerte de hechizo de la mirada que nubla la razón. Quijotes
jurisdiccionales o administrativos, las máximas autoridades electorales
del país convirtieron a la elección presidencial en su propia Dulcinea,
negando con amorosa pasión toda evidencia de irregularidad, manipulación
o corrupción durante el proceso comicial. ¿Coacción o compra del
sufragio? ¡Espejismos! ¿Tarjetas Monex y Soriana? ¡Entes imaginarios!
¿Exceso en los gastos de campaña? ¡Mera especulación! ¿Origen dudoso de
aportaciones financieras? ¡Vanas ilusiones! ¿Intervención ilegal de
gobernadores? ¡Murmuraciones! ¿Encuestas manipuladas? ¡Invención
perversa! ¿Infomerciales de Peña Nieto? ¡Alucinaciones! ¿Pacto
Peña-Televisa? ¡Anatema!
Ante la mirada absorta de las máximas autoridades de la democracia
mexicana, el proceso electoral fue impoluto, inmaculado, ejemplar. Presa
de ceguera idílica, el TEPJF inventó una elección imaginaria, declaró
su validez y la de presidente electo. Me pregunto, nos preguntamos
muchos: ¿Cuál es el origen de la ceguera voluntaria de los magistrados
del Tribunal Electoral? Mi hipótesis es que fueron cooptados por el
inmenso poder acumulado del PRI, Enrique Peña Nieto y Televisa. A ello, a
ellos, se debe que la corrupción electoral haya quedado impune.
El Tribunal eludió su responsabilidad de actuar como garante de los
principios de constitucionalidad en materia electoral. De forma unánime,
y como quien cumple una consigna, los magistrados determinaron que los
argumentos de la coalición de izquierda fueron “vagos, imprecisos y
genéricos”, por lo cual se declaró infundada la demanda de invalidez de
la elección presidencial y, de un plumazo, se borraron todas las
irregularidades del proceso electoral. En lugar de haber requerido a
autoridades o particulares la documentación necesaria que pudiera
“servir para la sustanciación y resolución de los medios de
impugnación”, como lo establece el artículo 21 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los magistrados
se limitaron a refutar la demanda de juicio de inconformidad presentada
por la coalición Movimiento Progresista, dejándoles a ellos la carga de
la prueba.
Caso paradigmático es la argumentación del Tribunal Electoral sobre la
campaña televisiva de seis años del hoy presidente electo: “… en ningún
momento se ha demostrado la existencia de pacto, convenio, contrato o
algún acuerdo de voluntades, escrito o verbal, entre el Partido
Revolucionario Institucional, el licenciado Enrique Peña Nieto y la
empresa Televisa…”. (Juicio de inconformidad, página 166.) Inapelable
desparpajo. Como lo señaló el jurista Javier Quijano (Proceso 1870), la
promoción mediática del candidato del PRI constituyó un acto adelantado
de campaña tan evidente que bien pudo considerarse un hecho notorio,
concepto jurídico aplicado “a cualquier acontecimiento de dominio
público (al cual) la ley exime de su prueba en procesos
jurisdiccionales”. (Poder Judicial. Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Diario Oficial, 14 de febrero de 2008.) Los infomerciales de
Peña Nieto los vimos todos, menos las autoridades electorales.
Era prácticamente imposible que la coalición de izquierda hubiera podido
conseguir documentos probatorios de un pacto secreto. Como
representantes de un Tribunal Supremo, los magistrados tenían la
responsabilidad de haber solicitado dicha información a las partes, o
bien, haberla conseguido mediante una investigación adecuada. Sólo así
habrían contado con elementos suficientes para juzgar si realmente hubo
equidad en la elección presidencial, condición fundamental para
calificar su validez. No lo hicieron, descansaron en la penosa
resolución del IFE emitida el 16 de agosto pasado.
El marco normativo y teórico de la calificación jurisdiccional,
elaborado por el propio Tribunal Electoral, lo obliga a “evitar que los
intereses de los concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y
canales de televisión se erijan en factores determinantes de las
campañas electorales y de sus resultados (e) impedir que el poder
económico influya en las preferencias electorales, a través de la
propaganda política en radio y televisión”. (Cómputo Final, Calificación
Jurisdiccional de la Elección, Declaración de Validez y de Presidente
Electo de los Estados Unidos Mexicanos, página 101.) Es oprobiosa la
forma en que tanto el TEPJF como el IFE eludieron su responsabilidad de
defender lo establecido en los artículos 41 y 134 de la Constitución.
Desde las resoluciones anteriores sobre el asunto, emitidas por las
máximas autoridades electorales del país, era clara la intención de
ocultar los actos anticipados de campaña de Peña Nieto a través de la
televisión, mediante razonamientos legalistas.
Ello es sólo un ejemplo relacionado con la propaganda encubierta. Una
lectura crítica de las mil 346 páginas del prolijo juicio de
inconformidad muestra que los argumentos del Tribunal Electoral acerca
de todas las palmarias irregularidades de la elección presidencial
fueron igualmente elusivos y complacientes con el hoy presidente electo.
Fue manifiesta la voluntad de liberarlo a él, así como a sus socios
partidarios y mediáticos, de cualquier conducta electoral incorrecta.
El fallo unánime e inatacable del Tribunal Electoral ha colocado a la
maleable democracia mexicana en una situación paradójica y embarazosa.
Se ha producido una regresión hacia una forma renovada de autoritarismo
electoral, condición ambigua en la cual diversas formas de manipulación
prevalecen en procesos comiciales organizados, supervisados y avalados
por instituciones de fachada democrática. (Andreas Schedler, Electoral
Authoritarianism. The Dynamics of Unfree Competition, 2006.) México
representa un caso singular dentro del amplio menú de la corrupción
electoral en los procesos de transición o regresión democráticas en el
mundo entero. La originalidad de lo ocurrido en el proceso electoral de
2012 en nuestro país radica en que la transgresión de la normatividad
democrática no provino del debilitado gobierno panista en turno, sino
del excesivo poder de dos actores políticos ligados por un interés
común, alimentado por la nostalgia de un rancio maridaje de
conveniencia: Televisa y el PRI volvieron a unir sus fuerzas con el
propósito de recuperar la Presidencia de la República a través de Peña
Nieto (como lo ha documentado Jenaro Villamil en Proceso desde diciembre
de 2005). Acaso un precedente digno de estudio sea el de Berlusconi,
quien sumó el poder político y mediático a su frivolidad personal, con
las consecuencias que ahora padecen los italianos. Alerta.
En los comicios presidenciales de 2012 no hubo integridad electoral,
como lo dictan los cánones internacionales, sino turbiedad electoral
avalada por las máximas autoridades del ramo. A pesar de su dudosa
legalidad, la sentencia del TEPJF es cosa juzgada. El 1 de diciembre
Enrique Peña Nieto tomará posesión como presidente constitucional,
protestará cumplir y hacer cumplir la Constitución; aunque para llegar
al máximo cargo político del país haya sido necesario burlar los
artículos 41 y 134 de la Carta Magna. En estricto rigor, será una
situación de hecho, no de derecho. La democracia mexicana ha sido
cooptada.
*Investigador del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
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