Pablo Salazar Mendiguchia Entrevista Desde La Carcel 11-01-12 NOTICIAS MVS
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http://youtu.be/xf0s1PEuwfE
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lunes, enero 16, 2012
jueves, abril 22, 2010
Que respondan las legisladoras
MÉXICO, D.F., 22 de abril (apro).- En México, como antaño en los regimenes autoritarios y de facto, crece la idea de controlar el cuerpo de las mujeres a través de legislaciones que criminalizan el aborto. Actualmente, además de que 18 entidades aprobaron dar derechos jurídicos al feto, en 8 más existen iniciativas similares que están pendientes de resolución y en la Cámara de Diputados está la propuesta del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para modificar en ese sentido la Constitución General de la República.
Se trata de una ofensiva orquestada desde la derecha, la jerarquía católica, las direcciones del PRI y el PAN; avanzan gracias a la vergonzosa colaboración de diputados de todos los partidos, incluso de izquierda, dependiendo del Congreso local de que se trate.
Es por ello que en diciembre pasado, cuando mujeres de varias entidades del país se habían movilizado, desgarrando su piel para contener la ofensiva, se firmó un Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, con participación de grupos civiles de al menos 16 entidades del país, de mujeres feministas militantes y otras libres.
La iniciativa fue vista con buenos ojos por algunas legisladoras federales que provienen del movimiento. El 4 de febrero pasado, las mujeres del Pacto acudieron a la Cámara de Diputados a solicitar su intervención para pedir que parara la ofensiva. Esta es la tarea de las legisladoras, actuar en los congresos, donde sus similares, de todos los partidos políticos se sumaron, por ignorancia, o por militancia al embate contra los derechos de las mujeres.
Las integrantes del Pacto han investigado. Encontraron que no sólo hay la modificación constitucional retrograda, sino que muchas mujeres son perseguidas, procesadas, encarceladas y castigadas.
Ahora las legisladoras podrían averiguar, vía su investidura, entre las procuradurías y la instancia nacional de procuradores ¿cuántas mujeres están en la cárcel? ¿De qué se les acusa? ¿Cómo hacer su tarea para liberarlas? No admitir ni la injusticia, ni la muerte por omisión, debido al aborto clandestino.
No obstante las legisladoras no han podido dar una respuesta. Es como si su investidura no sirviera. Las dirigencias, como la del PRI se han tratado de justificar, incluso hablando de democracia. Olvidan que otorgar un derecho no obliga y si salvaría vidas.
Sin lugar a dudas, estas representantes populares tienen problemas con sus partidos, los grupos de sus partidos, la ignorancia de sus compañeros y muchas de sus compañeras para entender los derechos de las mujeres, la urgencia de ampliar el aborto legal o, de plano, permitirlo, como en el Distrito Federal, hasta las 12 semanas de la gestación, derecho definido por la Suprema Corte, como constitucional y apegado al artículo 4 de la Carta Magna.
Lo más curioso es que se desmarcan de su responsabilidad principal y se mimetizan como ciudadanas libres, sin reconocer sus capacidades de integrantes del gobierno y del Estado.
Por respuesta, y seguramente como acción ligada a los tiempos electorales, las mujeres del Partido de la Revolución Democrática llaman a formar una red de mujeres, “para que luchen”, como si se tratara de eso, ciudadanas demandantes. Lo grave es que esa red se llama igual que el Pacto y confunde, puede hacer invisible la demanda de las mujeres; como el otrora partido de Estado, pretenden engullir a las ciudadanas libres a sus partidos o sus programas, sobre todo electorales.
Lo más complicado es que las legisladoras que pretenden actuar como ciudadanas comunes, de acuerdo con sus usos y costumbres, invitaron al gobernador de Chiapas a atestiguar su conformación. Y llamaron a que las feministas atestigüen su sesuda solución.
Pero resulta que el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, admitió una modificación en Chiapas que es mucho más profunda que las otras, abarca mandatos en otras leyes y reglamentos que profundizan la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la entidad donde existe el mayor número de muertes maternas, entre otras razones, por abortos clandestinos, ¿Se les va a acusar? ¿Esta es la izquierda gobernante?
Lo mismo está sucediendo en Baja California Sur. Al menos una docena de legisladores de izquierda lo han aprobado, es decir, integrantes del pacto político PRD/PT/Convergencia, sin considerar las nuevas alianzas electorales del PRD con el PAN, en algunos estados, como en Oaxaca, donde las cifras de muertes maternas también rebasan nuestra inteligencia y la pobreza es enorme. ¿Cómo estar todas juntas con estos desatinos electoreros y partidarios?
Las “pactantes” llamaron a las legisladoras a hacer el trabajo que les corresponde; se niegan a ser testigos o partícipes de otro entramado de voluntades demandante que, además, lleva el mismo nombre que el Pacto.
Reconocen las pactantes que “en esta lucha podemos y necesitamos ser aliadas contra la ofensiva derechista, pero requerimos mantener también la independencia que facilite que otros sectores se pronuncien desde sus propios espacios, sin sentirse obligados a ser parte de una representación única”.
viernes, enero 29, 2010
Mensaje desde Chiapas........
Habitante de Venustiano Carranza, Chiapas, envía mensaje a presidente, gobernador y periodistas.
http://www.youtube.com/watch?v=h6MPUtz0pCs
http://www.youtube.com/watch?v=h6MPUtz0pCs
miércoles, enero 27, 2010
México: ¿Qué hacer en Oaxaca: Ulises el asesino o la socialdemocracia aliada con Calderón?
Pedro Echeverría V. 1. Oaxaca es el estado de la República más interesante en cultura propia y luchas políticas de masas y, en los próximos meses, se encontrará en una gran batalla electoral entre los tres partidos (PRI, PRD PAN) y sus aliados. El PRI lleva gobernando el estado 80 años y en los últimos seis años –a pesar de tener al gobernador Ulises Ruiz, asesino y sátrapa que provocó en su contra uno de los más poderosos movimientos de masas en el país- ese partido, contando con el apoyo total de los gobiernos de panistas de Fox y Calderón, lo mantuvo en el gobierno contra viento y marea. Los poderosos mítines, manifestaciones y plantones de 100 mil profesores de la sección 22 y de la APPO durante casi seis meses, no pudieron echar del poder a tan funesto personaje. Hoy el gobernador Ulises pretende imponer a su sucesor con el apoyo del PRI, del Ecologista y Nueva Alianza.
2. Los cargos que se elegirán son el de gobernador, así como a 42 diputaciones y 150 presidencias municipales que se rigen por el sistema de partidos, de las 570 que existen. Además, hay en Oaxaca 3 mil asambleas comunitarias bajo el régimen de usos y costumbres. Esto es: un alto porcentaje de oaxaqueños –la amplia mayoría de las comunidades indígenas- no participará en las elecciones porque tienen un sistema de gobierno comunitaria distinto. Por otro lado hay algunas divisiones secundarias entre los exgobernadores priístas (Murat, Carrasco, Ramírez y el mismo Ulises) que tienen cierta importancia, pero en los procesos electorales se unifican por órdenes de su partido. No puede basarse ninguna estrategia en las divisiones de la clase dominante sino en los intereses de clase que representan. No debe olvidarse que los partidos luchan por el poder para beneficio propio.
3. López Obrador fue acompañado en su gira de dos meses en el estado de Oaxaca por Gabino Cué, mismo que hace seis años fue el candidato a gobernador derrotado por el priísta Ulises Ruiz. La gente de Cué ha declarado respetar a López Obrador pero que para la elección del candidato a gobernador “estamos escuchando a los oaxaqueños que nos piden unidad, anteponer los intereses del estado, para poder derrotar al PRI”. Cué ha declarado, para que no haya duda, que gobernará junto a Calderón. Los avances de una casi segura alianza opositora provocaron la reacción inmediata de los priístas; el senador Manlio Fabio Beltrones la tildó de un “engendro” y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dijo que era “perversa”. Panistas y perredistas señalaron que el PRI estaba “nervioso” porque ya daba por adelantado su triunfo. La realidad es que parece un simple juego político.
4. En lo electoral es una decisión muy difícil para la izquierda honesta y batalladora agrupada entre los profesores y la APPO cuya posición ha sido predominantemente por la lucha social y contra partidos y políticos que sólo buscan el poder. Si el asesino Ulises impone a su sucesor lo más seguro es que se busque ejercer la venganza contra el movimiento social mediante más encarcelamientos y asesinatos. Por el contrario, si se apoya la alianza PAN-PRD y otros y llegara a ganar podrían registrarse mínimos cambios y la represión podría pararse si el movimiento social negocia y ya no se confronta, es decir, si se somete; aunque si se somete al PRI también podría recibir premios. No se puede confiar en ningún partido o político alguno, por eso es indispensable tener fuerza propia independiente, no otro partido más que a los pocos años sea más de lo mismo.
5. Lo elemental para la izquierda honesta sería derrotar y destruir el poder de Ulises Ruiz en Oaxaca, pero no hay garantía alguna en que Gabino Cué –el candidato de la alianza PRD-PAN- que ha declarado que gobernará junto a Calderón (en plena alianza) tal como lo hacen todos los gobernadores del PRD (con excepción del DF) ¿Alguien podría demostrar que entre los gobiernos del PRI, PAN, PRD existe alguna diferencia esencial en beneficio de de los trabajadores? Incluso Amalia García de Zacatecas y Leonel Godoy de Michoacán, que llegaron a ocupar los cargos máximos del PRD, durante sus gubernaturas han reprimido a las fuerzas de la izquierda, han realizado negocios a la sombra de sus gobiernos e impulsado a sus familiares a cargos políticos, idénticos al PAN y el PRI. Parecería que la mayoría de los “exizquierdistas” se sienten con derecho a cobrar “sus sacrificios”.
6. ¿Qué pasaría si algunos profesores y miembros de la APPO son invitados para dos diputaciones, 10 presidencias municipales y cargos dentro del gabinete de gobierno? Si asumen el gobierno y no les cambia la burguesía su conciencia entregándoles fuertes ingresos, algunos empleos para su familia, así como con vehículos, comidas y tragos en los restaurantes, vivirán lamentándose porque no podrán cambiar desde adentro porque son ínfima minoría. Pero por otro lado no podrán ya regresar al movimiento social porque su prestigio y confianza estaría por los suelos. No faltarán políticos que digan que así es la política, que no se hace con santos o ángeles y que todos tienen que enlodarse. ¿Enlodarse para no cambiar nada en beneficio de la población, para que todo siga igual, incluso para empeorar la situación? No vale la pena cuando hay un pueblo que con más trabajo político puede salir a la calle.
7. Los gobernadores del PRI y del PAN cumplen muy bien sus objetivos como gobiernos de la clase dominante, por ello la izquierda debe combatirlos frontalmente. El PRD en cambio, que ha manejado un discurso socialdemócrata –parecido al de la izquierda- suele ser muy engañoso. ¿Para qué han servido gobiernos de unidad derecha y socialdemocracia como los de Mendiguchía y Sabines de Chiapas, los de Cárdenas y Godoy de Michoacán, los de Monreal y García en Zacatecas, los dos de Baja California Sur, los del estado de Guerrero, el de Nayarit, el de Tlaxcala, etcétera, sino para gobernar igual que los del PRI y los del PAN? Transcurren 12 años o seis años de gobierno y no realizan cambios esenciales en la economía de la población o transformaciones políticas importantes. No debe haber duda en Oaxaca: ¡fuera Ulises y el PRI!, pero, ¿puede confiarse en la socialdemocracia unida a Calderón?
pedroe@cablered.net.mx
Nominar candidatos como Gabino Cué resultarán como Sabines, como el de Guerrero, el de Michoacán, etc..
Primero el hueso y después los principios y compromisos...
Los Panistas buscan la legitimación de FECAL invitando al PRD de los chuchos a alianzas.
AMLO pone en orden y en su sitio a los chuchos, a los panistas y a los priístas que buscan alianzas electorales para legitimar a FECAL. Gabino Cué con tal de ser candidato al gobierno de Oaxaca declara reconocer a FECAL . Se le augura una gran derrota. Lástima por que lo derrotará el PRI
http://www.youtube.com/watch?v=BDoZV1OzNW0
jueves, enero 07, 2010
El estilo Sabines: argucias, trampas, mentiras
En contravención del calendario electoral de 2010, según el cual en Chiapas deberá votarse por la renovación del Congreso local y de los 118 ayuntamientos, el gobernador, Juan Sabines Guerrero, maniobra para posponer hasta 2012 los comicios para designar a los presidentes municipales. En su empecinamiento por controlar al Poder Legislativo no sólo convierte a los diputados en sus comparsas; también miente al asegurar que sus reformas son avaladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, no se detiene en sus afanes de poder. Aunque se tuvo que echar para atrás en su pretensión de reelegir por decreto a los actuales diputados estatales, se empeña en cancelar las elecciones para la renovación de los 118 ayuntamientos del estado previstas para el primer domingo de julio próximo.
Con el aval del Congreso estatal, Sabines operó durante el último tercio de 2009 una reforma constitucional que tiene en la incertidumbre el proceso electoral, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que en esa entidad deberán renovarse el Congreso y los ayuntamientos este 2010.
El primer intento del gobernante chiapaneco fue en septiembre último, cuando emitió un primer decreto de reforma a la Constitución local para suspender ambas elecciones y posponerlas hasta el primer domingo de julio de 2012.
En esa propuesta, que mantuvo oculta durante semanas, Sabines argumentó que el calendario electoral de Chiapas debe homologarse con el federal y reducir, de paso, el gasto electoral en una entidad con graves problemas de pobreza.
Su intención inicial era que la actual Legislatura –la LXIII, que tiene bajo su control– se extendiera hasta el 30 septiembre de 2012, un año y 10 meses más del periodo que les corresponde. Y en esa condición, los actuales diputados designarían a los concejos municipales en sustitución de los ayuntamientos que concluyen en diciembre próximo.
El plan estaba previsto en la reforma electoral que Sabines envío al Congreso y que fue aprobada por los diputados locales el 11 septiembre en una sesión extraordinaria simulada, 48 horas después de que el mandatario la presentó. Sin embargo, su iniciativa se vino abajo debido a las violaciones a la Constitución federal que implicaba la prolongación del mandato de la actual Legislatura. Al servir de comparsas, los diputados se reelegían a sí mismos.
Esa reforma fue impugnada por diputados del PRI y el PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una acción de inconstitucionalidad. Aunque el recurso aún no se resuelve, Sabines emitió un nuevo decreto el 25 de noviembre pasado en el que aun cuando repone las elecciones para diputados en este año, mantiene la cancelación de las municipales.
El cambio de parecer ocurrió luego de que el gobernador acudiera a la SCJN, donde se entrevistó con el ministro Sergio Valls Hernández, padre del actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y excolaborador del gobernante, Jaime Valls Esponda, aspirante a suceder al propio Sabines (Proceso 1725).
A pesar de esa cercanía, Valls Hernández no se declaró impedido de conocer el caso y le dio entrada al recurso. Pero antes de que la Corte declarara inconstitucional su decreto, fechado el 12 de septiembre, Sabines se adelantó y en noviembre publicó otro para modificar su reforma.
En su primer decreto sostuvo que la Constitución federal “no contempla prohibición alguna para modificar, prorrogar periodos de congresos locales o ayuntamientos o, en su caso, de estos últimos designar consejos (sic) municipales”.
Después del encuentro con Valls, en el segundo decreto el mandatario de Chiapas señaló: “El Ejecutivo del estado no puede soslayar la existencia de criterios definidos de la SCJN (sic) que consideran inconstitucionales las prórrogas de mandatos a las autoridades electas mediante el voto popular, como lo ha determinado al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas, en fecha reciente, las relativas al estado de Guerrero, y antes, incluso, respecto a nuestro propio estado”.
Propuestas desaseadas
Impugnado el primer decreto, Sabines no vaciló tampoco en manipular al Poder Judicial de la federación. A sus maniobras en el Congreso chiapaneco para suspender las elecciones, siguieron las verdades a medias que su gobierno, a través del consejero jurídico, Carlos Octavio Castellanos Mijares, declaró en el Juzgado Séptimo de Distrito en Chiapas.
En una comunicación oficial al juzgado, que intervino ante una demanda interpuesta por el ocultamiento del contenido de la primera reforma constitucional, el gobierno de Sabines negó haber ordenado la cancelación de los comicios y menos aun que lo hubiera publicado en un decreto. El gobernador, en efecto, no ordenó la cancelación de las elecciones, pero con el Congreso en la bolsa, maniobró para imponer su iniciativa.
Sabines respondió así a la demanda de amparo interpuesta por el exdiputado priista Horacio Culebro Borrayas, quien acudió a la justicia federal ante la negativa del gobierno y el Congreso de Chiapas para que le dieran copia de los decretos emitidos por ambos para anular los comicios.
Durante semanas, los ejemplares del Periódico Oficial del estado en los que se publicaron los decretos del Congreso y del gobierno chiapaneco sobre esa reforma estuvieron inaccesibles.
El ocultamiento fue parte de la maniobra en la que los diputados del PAN jugaron un papel central. Durante más de 40 días, el Congreso guardó hermetismo. En el estado sólo corría el rumor de que los diputados se habían reelecto y en lugar de terminar en noviembre de 2010, lo harían hasta septiembre de 2012.
La ejecución de la maniobra comenzó el 9 de septiembre de 2009, cuando la Comisión Permanente del Congreso convocó a los 40 diputados para sesionar el día 11 a las 20:00 horas.
El objetivo, dijeron, era “analizar y votar 12 iniciativas remitidas por el secretario general de Gobierno”. Las propuestas de ley habían sido dadas a conocer en la sesión ordinaria de ese mismo 9 de septiembre y de inmediato fueron turnadas a comisiones legislativas para su estudio y dictamen.
Entre las 12 propuestas de Sabines estaba la “Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del estado de Chiapas”.
Los diputados empezaron a sesionar poco después de las 10 de la noche del 12 de septiembre. Se saltaron los primeros dos puntos del orden del día y siguieron con el tercero. La reforma, que debía discutirse como prioritaria, estaba en el segundo punto del orden del día. El debate nunca ocurrió, al menos públicamente.
Los diputados estaban nerviosos esa noche. No todos llegaron, al menos 10 faltaron. Los que sí asistieron entraban y salían de sus cubículos, iban y regresaban de su curul. Hablaban por celular sin parar. Fue tal el desorden de esa sesión extraordinaria, que ni siquiera se realizó el acto protocolario para su instalación.
Se aprobó casi todo el paquete de iniciativas, y poco antes de la medianoche, sin precisar el motivo, la presidenta de la LXIII Legislatura local, Ana Elisa López Coello, del PAN, declaró un receso para reiniciar la sesión entre 30 y 40 minutos después.
Sandra de los Santos, reportera del diario local El Heraldo de Chiapas, hizo guardia esa noche en el palacio legislativo, pero nunca vio que en la sala de sesiones los diputados aprobaran reforma constitucional alguna en materia electoral. Pasada la medianoche, los diputados cerraron la sesión y se despidieron.
Una reforma hechiza
De haber aprobado esa noche la reforma constitucional, los diputados debieron de enviarla a los ayuntamientos para su validación y esperar que al menos 50% más uno de los cabildos la regresaran ratificada. Sólo después de ese trámite, el Ejecutivo local la podría publicar en el Periódico Oficial. Pero el día 12 (sábado), Sabines publicó la reforma con la supuesta recepción de 67 actas de cabildo de igual número de ayuntamientos.
Ese mismo fin de semana operadores políticos del gobierno estatal estuvieron en los ayuntamientos para que los cabildos firmaran actas de acuerdo para validar la reforma. La versión fue confirmada a Proceso por un presidente municipal que por temor a represalias pide omitir su nombre.
Pero toda confirmación oficial sobre las reformas se diluyó y ningún diputado se atrevió a hablar del tema; mucho menos los alcaldes, ni Juan Sabines, ni su secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, exministro de la SCJN.
En el expendio oficial del periódico del estado, que depende de Castañón, los empleados confirmaron la inexistencia de tales publicaciones. En la página del Periódico Oficial, los ejemplares tampoco aparecían, a pesar de referir que estaba actualizada al 30 de septiembre.
El Congreso también coadyuvó al ocultamiento de esa información. En su página oficial, el registro de las actividades legislativas se saltó de la sesión de la Comisión Permanente del día 9 al 23 de septiembre, por lo que omitió la del día 11 y las subsecuentes.
El exdiputado priista Mario Carlos Culebro Velasco, líder de la Agrupación Política Nacional Renovación, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso.
Cuando todo era rumor todavía, fue el mismo gobernador quien el 15 de septiembre rompió el silencio y confirmó la reforma, pero se la endosó al PRI. La dirigente local del partido, Arely Madrid Tovilla, quien en ese momento participaba en una reunión con Sabines, guardó silencio, a pesar de que en el Congreso se presentó como una propuesta enviada por la secretaría general de Gobierno.
En el marco del Foro Internacional de la Mujer Rural en Chiapas, Sabines aseguró que la reforma fue respaldada de forma unánime en el Congreso y calificó de “positivo” posponer la elección de diputados y ayuntamientos para el 2012. Precisó que los alcaldes serían sustituidos por concejos municipales formados y avalados por el Legislativo local.
Expuso que al menos 40% de esos concejos deberían de estar reservados para mujeres, lo que le ganó el aplauso de sus oyentes. Madrid Tovilla salió del encuentro a toda prisa y no quiso responder al deslinde hecho por Sabines, quien tampoco encaró a la prensa.
Luego del gobernador, el 21 de septiembre, el Congreso también confirmó la reelección a través de una comunicación oficial firmada por la presidenta del Congreso y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Pedrero Rodríguez. Pero para entonces aún no se sabía en qué fecha había sido publicada la reforma en el Periódico Oficial.
Los diputados panistas deslindaron a Sabines y señalaron que “la decisión de homologar las elecciones fue propuesta por los 40 diputados”.
Según su versión, al cancelar las elecciones se ahorrarían 815 millones de pesos. Aseguraron que “por acuerdo de todos los diputados, (esos recursos) se destinarán a atender distintos rezagos y pendientes, como la conclusión de la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso del huracán Stan”, que afectó a Chiapas en 2005.
Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, las elecciones de 2007 en las cuales se votó por los alcaldes y diputados actuales costaron 374 millones 236 mil 551 pesos con 59 centavos. Además, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marco Antonio Ruiz Guillén, ya había asegurado que no pediría más de 400 millones de pesos para el proceso electoral que inicia el 1 de marzo próximo.
Información tardía
Fue hasta finales de octubre cuando estuvieron disponibles los ejemplares del Periódico Oficial con la reforma. En el número 186, del 11 de septiembre, se publicó la minuta proyecto del decreto de reforma aprobada por el Congreso. En el número 187, del día siguiente, Sabines publicó el decreto 328 con la reforma “aprobada” por 67 ayuntamientos.
De acuerdo con esas fechas, cuando los diputados cerraron la “sesión” la madrugada del 12 de septiembre, el decreto del gobernador ya se estaba imprimiendo en los Talleres Gráficos del gobierno del estado.
Abordada por Proceso, la diputada López Coello justificó la reforma con el argumento del ahorro de recursos en tiempos de crisis económica.
–Los chiapanecos no supieron nada de tales reformas –se le dijo.
–Si la gente de la calle no lo sabe es porque no ha encendido la televisión.
–¿Por qué no se consultó a la sociedad?
–Yo creo que todas las voces fueron escuchadas. La gente está harta de tantas contiendas, están hartos de tanto pleito entre partidos, están hartos que se tire el dinero en campañas y eso lo han dicho toda la vida.
Pese a la defensa de la reforma hecha por Sabines y los panistas, el gobernador tuvo que echarse para atrás debido a que su propuesta violaba la Constitución federal. Así lo hizo ver el exdiputado Horacio Culebro Borrayas en una demanda que interpuso contra Sabines en la PGR.
El exdiputado considera que Sabines, a través de su consejero jurídico, engañó al juez séptimo de Distrito en Chiapas al declarar que no había ordenado la cancelación de las elecciones y mucho menos que esa disposición había sido publicada en el Periódico Oficial.
Culebro acusa al gobernador de “falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, coalición de servidores públicos y los que resulten”. Además de Sabines, implica a Castañón y a los diputados de la LXIII Legislatura del estado.
En su demanda, el exdiputado –quien asegura haber sufrido persecución a raíz de la demanda– refiere que la cancelación de elecciones como lo hizo Sabines contravienen varias tesis de la SCJN. Una de ellas, la 47/2006, señala que es inconstitucional “el sistema normativo establecido en una Constitución local para dar operatividad a la intención de homologar tiempos de los comicios locales con los federales”.
Añade que de esa manera se amplía el mandato de la Legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentran en ese momento en curso, más allá del periodo para el cual han sido electos de manera directa y democrática.
Esa ampliación, precisa, equivale a que esos órganos representativos se coloquen, de facto, como los únicos votantes y ciudadanos elegibles, privando de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, colocándose como triunfadores de una tácita elección.
A pesar de que ese criterio de la Corte incluye tanto al Congreso como a los ayuntamientos, Sabines sólo rectificó en la suspensión de las elecciones para diputados y mantuvo la prórroga en los 118 ayuntamientos.
En su decreto, publicado el 25 de noviembre con el número 11, establece que las elecciones para el Congreso se realizarán como estaban previstas originalmente, el 4 de julio próximo, pero que los diputados durarán en encargo hasta el 30 de septiembre de 2012. De esa manera, ese año se empatarán las elecciones para el Congreso estatal con las federales.
Respecto a los ayuntamientos, insiste en que una vez que concluya la gestión de las actuales administraciones, los nuevos diputados “por única ocasión y de manera excepcional”, dentro de los 30 días siguientes al inicio de sus funciones –el 16 de noviembre próximo–, elegirán a los concejos municipales que ejercerán entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2012.
En ese lapso media la conclusión de los actuales ayuntamientos y el primer domingo de julio de 2012, cuando se elegirá a nuevos presidentes de los 118 municipios que entrarán en funciones el 1 de octubre de ese año. El decreto también precisa que, en lo que atañe a los concejos municipales, la próxima Legislatura –la LXIV– deberá respetar la actual representación política en los ayuntamientos.
Asimismo, sostiene que ese tipo de designación ha sido avalada por el TEPJF y por la PGR ante la Suprema Corte. El tribunal federal, sin embargo, en su calendario electoral para este año señala que además de las elecciones para diputados, en Chiapas siguen programados los comicios para renovar los ayuntamientos.
El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, no se detiene en sus afanes de poder. Aunque se tuvo que echar para atrás en su pretensión de reelegir por decreto a los actuales diputados estatales, se empeña en cancelar las elecciones para la renovación de los 118 ayuntamientos del estado previstas para el primer domingo de julio próximo.
Con el aval del Congreso estatal, Sabines operó durante el último tercio de 2009 una reforma constitucional que tiene en la incertidumbre el proceso electoral, aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que en esa entidad deberán renovarse el Congreso y los ayuntamientos este 2010.
El primer intento del gobernante chiapaneco fue en septiembre último, cuando emitió un primer decreto de reforma a la Constitución local para suspender ambas elecciones y posponerlas hasta el primer domingo de julio de 2012.
En esa propuesta, que mantuvo oculta durante semanas, Sabines argumentó que el calendario electoral de Chiapas debe homologarse con el federal y reducir, de paso, el gasto electoral en una entidad con graves problemas de pobreza.
Su intención inicial era que la actual Legislatura –la LXIII, que tiene bajo su control– se extendiera hasta el 30 septiembre de 2012, un año y 10 meses más del periodo que les corresponde. Y en esa condición, los actuales diputados designarían a los concejos municipales en sustitución de los ayuntamientos que concluyen en diciembre próximo.
El plan estaba previsto en la reforma electoral que Sabines envío al Congreso y que fue aprobada por los diputados locales el 11 septiembre en una sesión extraordinaria simulada, 48 horas después de que el mandatario la presentó. Sin embargo, su iniciativa se vino abajo debido a las violaciones a la Constitución federal que implicaba la prolongación del mandato de la actual Legislatura. Al servir de comparsas, los diputados se reelegían a sí mismos.
Esa reforma fue impugnada por diputados del PRI y el PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una acción de inconstitucionalidad. Aunque el recurso aún no se resuelve, Sabines emitió un nuevo decreto el 25 de noviembre pasado en el que aun cuando repone las elecciones para diputados en este año, mantiene la cancelación de las municipales.
El cambio de parecer ocurrió luego de que el gobernador acudiera a la SCJN, donde se entrevistó con el ministro Sergio Valls Hernández, padre del actual presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y excolaborador del gobernante, Jaime Valls Esponda, aspirante a suceder al propio Sabines (Proceso 1725).
A pesar de esa cercanía, Valls Hernández no se declaró impedido de conocer el caso y le dio entrada al recurso. Pero antes de que la Corte declarara inconstitucional su decreto, fechado el 12 de septiembre, Sabines se adelantó y en noviembre publicó otro para modificar su reforma.
En su primer decreto sostuvo que la Constitución federal “no contempla prohibición alguna para modificar, prorrogar periodos de congresos locales o ayuntamientos o, en su caso, de estos últimos designar consejos (sic) municipales”.
Después del encuentro con Valls, en el segundo decreto el mandatario de Chiapas señaló: “El Ejecutivo del estado no puede soslayar la existencia de criterios definidos de la SCJN (sic) que consideran inconstitucionales las prórrogas de mandatos a las autoridades electas mediante el voto popular, como lo ha determinado al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas, en fecha reciente, las relativas al estado de Guerrero, y antes, incluso, respecto a nuestro propio estado”.
Propuestas desaseadas
Impugnado el primer decreto, Sabines no vaciló tampoco en manipular al Poder Judicial de la federación. A sus maniobras en el Congreso chiapaneco para suspender las elecciones, siguieron las verdades a medias que su gobierno, a través del consejero jurídico, Carlos Octavio Castellanos Mijares, declaró en el Juzgado Séptimo de Distrito en Chiapas.
En una comunicación oficial al juzgado, que intervino ante una demanda interpuesta por el ocultamiento del contenido de la primera reforma constitucional, el gobierno de Sabines negó haber ordenado la cancelación de los comicios y menos aun que lo hubiera publicado en un decreto. El gobernador, en efecto, no ordenó la cancelación de las elecciones, pero con el Congreso en la bolsa, maniobró para imponer su iniciativa.
Sabines respondió así a la demanda de amparo interpuesta por el exdiputado priista Horacio Culebro Borrayas, quien acudió a la justicia federal ante la negativa del gobierno y el Congreso de Chiapas para que le dieran copia de los decretos emitidos por ambos para anular los comicios.
Durante semanas, los ejemplares del Periódico Oficial del estado en los que se publicaron los decretos del Congreso y del gobierno chiapaneco sobre esa reforma estuvieron inaccesibles.
El ocultamiento fue parte de la maniobra en la que los diputados del PAN jugaron un papel central. Durante más de 40 días, el Congreso guardó hermetismo. En el estado sólo corría el rumor de que los diputados se habían reelecto y en lugar de terminar en noviembre de 2010, lo harían hasta septiembre de 2012.
La ejecución de la maniobra comenzó el 9 de septiembre de 2009, cuando la Comisión Permanente del Congreso convocó a los 40 diputados para sesionar el día 11 a las 20:00 horas.
El objetivo, dijeron, era “analizar y votar 12 iniciativas remitidas por el secretario general de Gobierno”. Las propuestas de ley habían sido dadas a conocer en la sesión ordinaria de ese mismo 9 de septiembre y de inmediato fueron turnadas a comisiones legislativas para su estudio y dictamen.
Entre las 12 propuestas de Sabines estaba la “Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del estado de Chiapas”.
Los diputados empezaron a sesionar poco después de las 10 de la noche del 12 de septiembre. Se saltaron los primeros dos puntos del orden del día y siguieron con el tercero. La reforma, que debía discutirse como prioritaria, estaba en el segundo punto del orden del día. El debate nunca ocurrió, al menos públicamente.
Los diputados estaban nerviosos esa noche. No todos llegaron, al menos 10 faltaron. Los que sí asistieron entraban y salían de sus cubículos, iban y regresaban de su curul. Hablaban por celular sin parar. Fue tal el desorden de esa sesión extraordinaria, que ni siquiera se realizó el acto protocolario para su instalación.
Se aprobó casi todo el paquete de iniciativas, y poco antes de la medianoche, sin precisar el motivo, la presidenta de la LXIII Legislatura local, Ana Elisa López Coello, del PAN, declaró un receso para reiniciar la sesión entre 30 y 40 minutos después.
Sandra de los Santos, reportera del diario local El Heraldo de Chiapas, hizo guardia esa noche en el palacio legislativo, pero nunca vio que en la sala de sesiones los diputados aprobaran reforma constitucional alguna en materia electoral. Pasada la medianoche, los diputados cerraron la sesión y se despidieron.
Una reforma hechiza
De haber aprobado esa noche la reforma constitucional, los diputados debieron de enviarla a los ayuntamientos para su validación y esperar que al menos 50% más uno de los cabildos la regresaran ratificada. Sólo después de ese trámite, el Ejecutivo local la podría publicar en el Periódico Oficial. Pero el día 12 (sábado), Sabines publicó la reforma con la supuesta recepción de 67 actas de cabildo de igual número de ayuntamientos.
Ese mismo fin de semana operadores políticos del gobierno estatal estuvieron en los ayuntamientos para que los cabildos firmaran actas de acuerdo para validar la reforma. La versión fue confirmada a Proceso por un presidente municipal que por temor a represalias pide omitir su nombre.
Pero toda confirmación oficial sobre las reformas se diluyó y ningún diputado se atrevió a hablar del tema; mucho menos los alcaldes, ni Juan Sabines, ni su secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, exministro de la SCJN.
En el expendio oficial del periódico del estado, que depende de Castañón, los empleados confirmaron la inexistencia de tales publicaciones. En la página del Periódico Oficial, los ejemplares tampoco aparecían, a pesar de referir que estaba actualizada al 30 de septiembre.
El Congreso también coadyuvó al ocultamiento de esa información. En su página oficial, el registro de las actividades legislativas se saltó de la sesión de la Comisión Permanente del día 9 al 23 de septiembre, por lo que omitió la del día 11 y las subsecuentes.
El exdiputado priista Mario Carlos Culebro Velasco, líder de la Agrupación Política Nacional Renovación, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el caso.
Cuando todo era rumor todavía, fue el mismo gobernador quien el 15 de septiembre rompió el silencio y confirmó la reforma, pero se la endosó al PRI. La dirigente local del partido, Arely Madrid Tovilla, quien en ese momento participaba en una reunión con Sabines, guardó silencio, a pesar de que en el Congreso se presentó como una propuesta enviada por la secretaría general de Gobierno.
En el marco del Foro Internacional de la Mujer Rural en Chiapas, Sabines aseguró que la reforma fue respaldada de forma unánime en el Congreso y calificó de “positivo” posponer la elección de diputados y ayuntamientos para el 2012. Precisó que los alcaldes serían sustituidos por concejos municipales formados y avalados por el Legislativo local.
Expuso que al menos 40% de esos concejos deberían de estar reservados para mujeres, lo que le ganó el aplauso de sus oyentes. Madrid Tovilla salió del encuentro a toda prisa y no quiso responder al deslinde hecho por Sabines, quien tampoco encaró a la prensa.
Luego del gobernador, el 21 de septiembre, el Congreso también confirmó la reelección a través de una comunicación oficial firmada por la presidenta del Congreso y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Pedrero Rodríguez. Pero para entonces aún no se sabía en qué fecha había sido publicada la reforma en el Periódico Oficial.
Los diputados panistas deslindaron a Sabines y señalaron que “la decisión de homologar las elecciones fue propuesta por los 40 diputados”.
Según su versión, al cancelar las elecciones se ahorrarían 815 millones de pesos. Aseguraron que “por acuerdo de todos los diputados, (esos recursos) se destinarán a atender distintos rezagos y pendientes, como la conclusión de la reconstrucción de las zonas afectadas por el paso del huracán Stan”, que afectó a Chiapas en 2005.
Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales, las elecciones de 2007 en las cuales se votó por los alcaldes y diputados actuales costaron 374 millones 236 mil 551 pesos con 59 centavos. Además, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marco Antonio Ruiz Guillén, ya había asegurado que no pediría más de 400 millones de pesos para el proceso electoral que inicia el 1 de marzo próximo.
Información tardía
Fue hasta finales de octubre cuando estuvieron disponibles los ejemplares del Periódico Oficial con la reforma. En el número 186, del 11 de septiembre, se publicó la minuta proyecto del decreto de reforma aprobada por el Congreso. En el número 187, del día siguiente, Sabines publicó el decreto 328 con la reforma “aprobada” por 67 ayuntamientos.
De acuerdo con esas fechas, cuando los diputados cerraron la “sesión” la madrugada del 12 de septiembre, el decreto del gobernador ya se estaba imprimiendo en los Talleres Gráficos del gobierno del estado.
Abordada por Proceso, la diputada López Coello justificó la reforma con el argumento del ahorro de recursos en tiempos de crisis económica.
–Los chiapanecos no supieron nada de tales reformas –se le dijo.
–Si la gente de la calle no lo sabe es porque no ha encendido la televisión.
–¿Por qué no se consultó a la sociedad?
–Yo creo que todas las voces fueron escuchadas. La gente está harta de tantas contiendas, están hartos de tanto pleito entre partidos, están hartos que se tire el dinero en campañas y eso lo han dicho toda la vida.
Pese a la defensa de la reforma hecha por Sabines y los panistas, el gobernador tuvo que echarse para atrás debido a que su propuesta violaba la Constitución federal. Así lo hizo ver el exdiputado Horacio Culebro Borrayas en una demanda que interpuso contra Sabines en la PGR.
El exdiputado considera que Sabines, a través de su consejero jurídico, engañó al juez séptimo de Distrito en Chiapas al declarar que no había ordenado la cancelación de las elecciones y mucho menos que esa disposición había sido publicada en el Periódico Oficial.
Culebro acusa al gobernador de “falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, coalición de servidores públicos y los que resulten”. Además de Sabines, implica a Castañón y a los diputados de la LXIII Legislatura del estado.
En su demanda, el exdiputado –quien asegura haber sufrido persecución a raíz de la demanda– refiere que la cancelación de elecciones como lo hizo Sabines contravienen varias tesis de la SCJN. Una de ellas, la 47/2006, señala que es inconstitucional “el sistema normativo establecido en una Constitución local para dar operatividad a la intención de homologar tiempos de los comicios locales con los federales”.
Añade que de esa manera se amplía el mandato de la Legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentran en ese momento en curso, más allá del periodo para el cual han sido electos de manera directa y democrática.
Esa ampliación, precisa, equivale a que esos órganos representativos se coloquen, de facto, como los únicos votantes y ciudadanos elegibles, privando de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, colocándose como triunfadores de una tácita elección.
A pesar de que ese criterio de la Corte incluye tanto al Congreso como a los ayuntamientos, Sabines sólo rectificó en la suspensión de las elecciones para diputados y mantuvo la prórroga en los 118 ayuntamientos.
En su decreto, publicado el 25 de noviembre con el número 11, establece que las elecciones para el Congreso se realizarán como estaban previstas originalmente, el 4 de julio próximo, pero que los diputados durarán en encargo hasta el 30 de septiembre de 2012. De esa manera, ese año se empatarán las elecciones para el Congreso estatal con las federales.
Respecto a los ayuntamientos, insiste en que una vez que concluya la gestión de las actuales administraciones, los nuevos diputados “por única ocasión y de manera excepcional”, dentro de los 30 días siguientes al inicio de sus funciones –el 16 de noviembre próximo–, elegirán a los concejos municipales que ejercerán entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2012.
En ese lapso media la conclusión de los actuales ayuntamientos y el primer domingo de julio de 2012, cuando se elegirá a nuevos presidentes de los 118 municipios que entrarán en funciones el 1 de octubre de ese año. El decreto también precisa que, en lo que atañe a los concejos municipales, la próxima Legislatura –la LXIV– deberá respetar la actual representación política en los ayuntamientos.
Asimismo, sostiene que ese tipo de designación ha sido avalada por el TEPJF y por la PGR ante la Suprema Corte. El tribunal federal, sin embargo, en su calendario electoral para este año señala que además de las elecciones para diputados, en Chiapas siguen programados los comicios para renovar los ayuntamientos.
miércoles, abril 22, 2009
Denuncian actitudes de hostigamiento de Sabines contra Zapatistas
El pasado 17 de abril, este Centro de Derechos Humanos tuvo conocimiento de la implementación de un operativo de desalojo del bloqueo carretero en el crucero de Agua Azul, dentro de territorio del Ejido San Sebastián Bachajón, Chilón realizado por los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña en demanda de la liberación de sus 6 presos políticos, detenidos de manera ilegal y torturados el pasado 13 de abril por elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal de Caminos. Siendo trasladados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Contra de la Delincuencia Organizada por los delitos fabricados de Robo con Violencia, Delincuencia Organizada y lo que resulte en agravio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En este operativo de desalojo participaron alrededor de 800 policías de nivel federal y estatal, quienes provenían principalmente de Ocosingo, Palenque y Yajalón.
Miembros de este Centro de Derechos Humanos, arribaron al lugar donde se llevaría a cabo el operativo pudiendo comprobar de manera presencial que el bloqueo carretero habìa sido levantado con anterioridad a la llegada de los efectivos federales y estatales. Sin embargo, las fuerzas de seguridad pública se mantuvieron apostados en el crucero de Agua Azul.
Por lo que una comisión de este Centro de Derechos Humanos se dirigió a dialogar con el Subdirector de la Delegación de la PGR en Chiapas y el Ministerio Público Federal adscrito en Ocosingo quienes eran los responsables de dicho operativo. Ante la pregunta de miembros de este Centro a los encargados sobre la justificación legal del operativo los funcionarios federales señalaron que se debía a una denuncia penal por el delito de ataques a las Vías Generales de Comunicación en contra de quien resulte responsable, por el bloqueo carretero tratandose de una vía federal. Sin embargo se le señaló a dicho funcionario que el bloqueo como él mismo se habrá dado cuenta ya no existía por lo que no había justificación legal para que ellos permanecieran más tiempo en la zona. Al poco tiempo miembros de la Otra Campaña de San Sebastián Bahacjón informaron que Policías Estatales Preventivos se encontraban destruyendo la caseta de cobro de Agua Azul instalada con los propios recursos de los ejidatarios y donde obtenían recursos de manera legal y legítima para sostener las actividades de vigilancia de la carretera Ocosingo-Palenque ante la ineficacia y corrupción de los elementos de seguridad pública para cumplir con sus funciones. De acuerdo a los testimonios proporcionados por los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña que se ncontraban en la caseta cobro al momento de la destrucción de la misma por los efectivos policíacos, fueron golpeados a patadas mientras robaban sus documentos, boletines informativos de la organización, pertenencias, comida y dinero ahorrado ($115,000 ciento quince mil pesos).
Esta destrucción de la caseta es una violación grave a los derechos humanos de los ejidatarios adherentes a la Otra Campaña, puesto que muestra claramente la intención del gobierno federal y estatal, de acabar con su organización y resistencia en la defensa de su territorio como pueblos indígenas y en contra de los proyectos neoliberales que pretenden despojarlos de su territorio.
viernes, febrero 06, 2009
Los nuevos santos del gobernador de Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Entre derroche y loas al presidente Felipe Calderón, el gobernador chiapaneco Juan Sabines Guerrero llegó al exceso de erigirle un busto a quien fue secretario de Gobernación y amigo personalísimo del presidente, Juan Camilo Mouriño. El domingo 11 de enero, el gobernador Sabines; el secretario de Desarrollo Social federal, Ernesto Cordero, y los padres, esposa e hijos de Mouriño develaron el busto en bronce que esculpió el artista chiapaneco Gabriel Gallegos. El acto se realizó en el recién remodelado parque de la colonia San José Terán, al poniente de la capital, donde los gobiernos federal y estatal invirtieron aproximadamente 7 millones de pesos para dotarlo de andadores, cancha multideportiva, juegos infantiles, bancas, basureros y kiosco, a través del programa de espacios públicos que abarca todo el estado. En la placa del busto develado en el renombrado parque “Centenario de la Revolución Mexicana” se plasmó el reconocimiento al desaparecido político: “Gracias Juan: En memoria de Juan Camilo Mouriño Terrazo, amigo de los chiapanecos”. En el acto, Sabines y Cordero Arroyo exaltaron la labor del fallecido secretario de Gobernación. Tan eficaces fueron los discursos que su padre, Carlos Mouriño Atanes, se conmovió hasta las lágrimas, o como dijera después el mandatario chiapaneco, “se quebró”. Sabines dijo: “Juan Camilo fue nuestro amigo, con él teníamos grandes coincidencias, nos entendíamos en el trabajo; con él pudimos construir acuerdos y aterrizarlos. Él, como nadie, supo trabajar en unidad”. Y le atribuyó dones de “apertura”, “disposición”, “sensibilidad” y “solidaridad”, por lo que Chiapas tiene hoy “mejores condiciones para nuestro desarrollo”. En poco menos de un año como secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño realizó dos visitas al estado. La primera, al municipio de Ostuacán, el 12 de febrero de 2008, para supervisar las obras en el llamado tapón que originó el deslave de un cerro en el río Grijalva; la otra fue a la Estación Migratoria de Tapachula, como parte de una reunión binacional con funcionarios guatemaltecos. Pero Sabines y Mouriño se reunieron varias veces en Bucareli, hasta donde llegaba el mandatario chiapaneco para tomarse la foto y presumir su buena relación con el cercano colaborador de Calderón. La última vez que se reunieron fue el 22 de octubre, cuando revisaron el presupuesto para construir la autopista San Cristóbal-Palenque, ampliar el libramiento sur Tuxtla Gutiérrez, construir el Aeropuerto de Palenque y rehabilitar la infraestructura ferroviaria en el estado. Días después de la develación del busto, Sabines fue entrevistado en la radio oficial por un popular locutor que, además, es diputado del Partido Verde Ecologista de México: Ariel Gómez León, mejor conocido como El Chunco. Los radioescuchas llamaron para preguntarle al gobernador el costo del busto y quién lo pagó: “El escultor no nos cobró ni un peso. Lo que sí erogué de mi bolsa fueron 27 mil pesos para el material del busto. La base de concreto la construyó el ayuntamiento tuxtleco que encabeza el alcalde Jaime Valls”, respondió Sabines, quien justificó la obra: “Es de bien nacidos ser agradecidos”. De hecho, la gratitud del gobernador con el “amigo de los chiapanecos” se expresó desde que Mouriño falleció la noche del martes 4 de noviembre. Al día siguiente, Sabines mandó publicar en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas un decreto que declaró aquella fecha como “día de luto en el Estado de Chiapas, en honor a Juan Camilo Mouriño Terrazo”, por lo que se izó a media asta la bandera nacional en los edificios, plazas y escuelas públicas del estado, además de colocar crespones negros durante tres días en los accesos principales de las oficinas públicas, “en señal de luto”. Y se entregó a Calderón: “Los chiapanecos hoy más que nunca estamos con el presidente, respaldamos las decisiones que tenga que tomar como jefe del Estado mexicano”, dijo Sabines ese miércoles 5. Alejado del proyecto político del PRD, PT y Convergencia que lo llevó a la gubernatura, Sabines Guerrero ha seguido estos dos primeros años de su gobierno los pasos de su antecesor Pablo Salazar Mendiguchía, el mandatario no panista más foxista del sexenio pasado. De la mano de quien fue candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, Sabines recibió todo el respaldo del tabasqueño durante la campaña electoral de 2006. Al llegar el sobrino del poeta Jaime Sabines al gobierno de Chiapas y Calderón a la silla presidencial, declaró que su gobierno sería de “vocación democrática y de izquierda”, pero inmediatamente después empezó a marcar su distancia con López Obrador y a estrechar sus lazos con el nuevo gobierno federal. Hoy, el más emocionado por el hecho de que un gobernador “perredista” le haya erigido un busto a Mouriño es el líder estatal del PAN en Chiapas, Carlos Palomeque Archila. “No sólo hubo una relación institucional, sino también una buena relación personal, y por eso lo hizo”, dice el panista. Lo cierto es que Sabines está cada vez más cerca de Calderón que del grupo político opositor que lo llevó al poder, a pesar de que formó su gabinete con personajes amigos y conocidos con quienes militó en el PRI. De los más destacados perredistas en el estado, sólo uno ocupa un alto cargo en su gobierno, y del PT hay un funcionario de segundo nivel. Sabines sometió al PRD y Convergencia, que presiden dos de sus más cercanos amigos y colaboradores: Alejandro Gamboa y Carlos Penagos. No sólo eso. Emprendió acciones legales contra el equipo de su antecesor, Pablo Salazar Mendiguchía. La más reciente, la del exfiscal Herrán Salvatti. La marca del gobierno estatal es el derroche. A pesar de que el 21 de febrero de 2007 se publicó el decreto que establece Medidas de Austeridad, Disciplina y Racionalidad del Gasto, así como la Operatividad de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento del Gobierno del Estado, en los hechos ha sucedido lo contrario: Sabines encontró un Poder Ejecutivo con 34 dependencias que le dejó su antecesor; ahora tiene 58 que han inflado su nómina y gastos. En el extremo del dispendio, un solo empresario se embolsó 91 millones de pesos del presupuesto público: agobiado por las deudas, Leonardo Castañón le vendió al gobierno del estado 51% del Club Jaguares de Chiapas en 67 millones de pesos; además, como también director del CRIT del Teletón, recibirá una partida de 2 millones de pesos mensuales durante todo 2009. Este gasto, autorizado a Sabines por un complaciente Congreso local, equivale a los recursos destinados para 293 proyectos productivos en el estado, anunciados en noviembre pasado por la Secretaría de la Reforma Agraria.
Este reportaje se publicó originalmente en el número 1683 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado 1 de febrero
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