Pascual Serrano
Rebelión
El caso de la computadora de Raúl Reyes que ha salido indemne del bombardeo del campamento en Ecuador está dando lugar a una operación mediática contra Venezuela digna de seguimiento. Por ahora, su punto álgido lo ha tenido el diario El País en su edición de ayer sábado 10 de mayo. El diario cuenta con dos versiones, una –la de Colombia- que dice tener unos documentos procedentes del ordenador del líder de las FARC Raúl Reyes, y que filtra al periódico, y otra –Venezuela- que ha afirmado en diferentes momentos que esos documentos son falsos. ¿Cómo resuelve su “neutralidad” el diario? Para empezar en portada incluyen sólo la versión colombiana: “Chávez financió y proporcionó armamento a las FARC”. Ya en el interior hay dos informaciones con estos dos titulares. Para la versión primera publica, desde Colombia por su enviada especial: “Los papeles de las FARC acusan a Chávez” como título y “El ordenador de Raúl Reyes revela la colaboración del presidente con la guerrilla” como subtítulo. Y para la versión de Venezuela titula, desde Madrid, “Caracas niega los vínculos con la insurgencia”. Lo primero que podemos observar es que ninguna de las dos informaciones procede de Venezuela, es decir, han condenado a Caracas sin recabar ninguna información de su corresponsal en el país. Y si observamos ambos titulares, comprobamos que el primero -“Los papeles de las FARC acusan a Chávez”- da por válida la versión colombiana de que los papeles son verdaderos, algo que remacha con el antetítulo que no aporta otra cosa que repetir el titular por si alguien no lo había pillado: “El ordenador de Raúl Reyes revela la colaboración del presidente con la guerrilla”. En cambio, con la segunda versión, la de Venezuela, -“Caracas niega los vínculos con la insurgencia”- ya deja claro que se trata sólo de la versión del gobierno de Caracas, puesto que la verdad para el periódico es la primera interpretación procedente de Colombia. Con el mismo grado de parcialidad podrían haber recurrido a estos otros dos titulares, dando por válida la versión de Venezuela y por falsa la de Colombia: “Bogotá dice que Chávez tiene vínculos con la guerrilla” y “Los papeles de las FARC fueron manipulados”, con un antetítulo que dijera “Son falsos los documentos que Bogotá afirmó haber encontrado en el ordenador de Raúl Reyes”.
Si vamos a la distribución de ambos titulares en la versión papel observamos que la versión colombiana va a toda plana a cinco columnas más otra columna de la página siguiente, además apoyado con una foto de Chávez con un comandante de las FARC. En cambio, la versión venezolana va empotrada dentro de la colombiana con titular a cuatro columnas. Incluso dentro de ese texto incluyen la única versión que es neutral y que bien merecía un titular propio, la de 21 expertos y académicos de Washington, entre ellos John Womack, profesor de Historia de Latinoamérica en Harvard, y Larry Birns, director del Consejo para Asuntos Hemisféricos de la ONU, quiénes han visto inconsistencias entre lo que dice el Gobierno colombiano y los documentos hallados en el ordenador de Reyes e inspeccionados por Interpol. Y por si no fuera suficiente el desequilibrio, existe otro texto en la siguiente página, a cuatro columnas, que vuelve a desarrollar las compras de armas de las FARC y continúa acusando a Chávez en base al ordenador de Reyes.
Pero en la versión digital aún podemos descubrir más cosas. Por ejemplo un vínculo a lo que denominan “Correos incautados en el ordenador de Raúl Reyes”, desde donde se accede a un documento word. Una vez más presentan como verdadero algo que es objeto de controversia. Si observamos este documento Word, comprobamos que el texto va incluido como imagen, quizás para darle visos de mayor rigor, algo absurdo porque si son correos electrónicos deberían ser texto no imagen. Pero, además, entre las propiedades de ese documento Word podemos comprobar que no procede de otro sitio que de una computadora de la organización El PAIS S.L. y que el autor del documento es mlagoa, probablemente un redactor del periódico. Y también podemos observar que fue un documento creado a las 3:15 del mismo día 10 de mayo. Es decir, cocinado ese mismo día en la redacción del periódico.
Pero aún hay más detalles. Por ejemplo, que esta noticia no está aislada ni mucho menos. Ha habido todo un eje mediático entre EEUU, España y Colombia perfectamente coordinado para insistir y mantener en la agenda informativa la acusación. Encontramos tres meses antes, el 17 de enero, ya en El País esa acusación recogiendo una información de The Washington Post: “Chávez, ‘aliado’ de las FARC”. Y subtitulaba: “El diario 'The Washington Post' critica la posición del presidente venezolano ante los grupos guerrilleros colombianos”.
También el día anterior, el 9 de mayo, El Tiempo, desde Bogotá, replica una noticia de la agencia Afp que recoge la versión de The New York Times titulando “E.U. cree en autenticidad de archivos de PC de 'Raúl Reyes' que vinculan a Hugo Chávez con las FARC”. Allí ya se incluyen las mismas supuestas citas de documentos del ordenador de Raúl Reyes que publicaba El País el día 10. El Tiempo ha vuelto a hacer este mismo día lo mismo con lo de El País: “’Hugo Chávez financió y armó a guerrilla colombiana’, dice 'El País', de España”.
Obsérvese como la estrategia era filtrar la versión en grandes medios internacionales fieles al gobierno colombiano para luego poder recoger la historia en la prensa oficial colombiana pretendiendo presentarla como ajena a la operación.
Y así es como se organiza toda una operación para implicar a un gobierno con la financiación de una guerrilla en base a unos documentos que nadie ha demostrado que existan y que se afirman que han conseguido mediante un bombardeo violando la soberanía de un país vecino masacrando a varios estudiantes mexicanos y rematando con un tiro en la espalda a los heridos.
www.pascualserrano.net
domingo, mayo 11, 2008
Acusa Evo Morales a EU de alentar separatismo en Bolivia
Países europeos suspenderán apoyos al departamento de Santa Cruz
Reuters y Afp
La Paz, 10 de mayo. El presidente boliviano, Evo Morales, acusó hoy a Estados Unidos de alentar la división al negarse a condenar un estatuto de autonomía que fue aprobado hace seis días en el departamento oriental de Santa Cruz.
Apuntó que esa actitud quedó de manifiesto hace una semana, en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando el representante de Washington fue el único que rehusó denunciar el carácter inconstitucional del autogobierno cruceño.
“Es uno (Estados Unidos) contra todos los países de América que no quiere que se diga que el estatuto autonómico atenta contra la legalidad”, afirmó Morales, quien no reconoce validez a la consulta del pasado domingo en Santa Cruz, en la que se aprobó el polémico estatuto, aunque con elevada abstención.
“Si hay algún defensor abierto (del estatuto) que busca la división de Bolivia, que no quiere que se respeten la legalidad y la constitucionalidad, es Estados Unidos”, señaló. En cambio, agregó, algunas naciones europeas comunicaron que suspenderían ayudas a Santa Cruz si ese distrito avanzaba en su plan separatista.
Morales contestó así las nuevas denuncias de la oposición de derecha de una supuesta injerencia de su aliado, el presidente venezolano Hugo Chávez, quien dijo estar dispuesto a defenderlo en todos los planos ante la sorpresiva convocatoria a un referendo revocatorio que fue aprobado el jueves.
Antes de la convocatoria al proceso, subrayó, el conflicto por el proyecto de cambio de Constitución y los procesos desautorizados de autonomía preocupaban no sólo a Chávez, sino a la OEA y a gobiernos de varios continentes.
“Toda la comunidad internacional anda preocupada por algunas actitudes divisionistas, separatistas. El único defensor de esas actitudes es Estados Unidos. Todos los presidentes apoyan la unidad boliviana, aunque sólo algunos lo dicen públicamente”, expresó.
Morales, quien todavía no recibe del Congreso la ley de convocatoria a la consulta revocatoria, sancionada esta semana, confirmó su invitación a un diálogo a los prefectos de los nueve departamentos, la mayoría opositores, quienes serán sometidos a referendos simultáneos.
“Mi persona se someterá a ese recurso por la unidad del país, por el respeto a la legalidad y para que se profundice la democracia, para que el pueblo no sólo tenga derecho a votar, sino a revocar mandatos. Para mí es lo más democrático”, destacó.
Por otra parte, Morales calificó a la Iglesia católica de “sindicato opositor al gobierno”, aunque se declaró abierto a que esa institución llame a un diálogo de concertación entre el Estado y la oposición, como han solicitado los prefectos rebeldes de cuatro regiones.
Reuters y Afp
La Paz, 10 de mayo. El presidente boliviano, Evo Morales, acusó hoy a Estados Unidos de alentar la división al negarse a condenar un estatuto de autonomía que fue aprobado hace seis días en el departamento oriental de Santa Cruz.
Apuntó que esa actitud quedó de manifiesto hace una semana, en la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando el representante de Washington fue el único que rehusó denunciar el carácter inconstitucional del autogobierno cruceño.
“Es uno (Estados Unidos) contra todos los países de América que no quiere que se diga que el estatuto autonómico atenta contra la legalidad”, afirmó Morales, quien no reconoce validez a la consulta del pasado domingo en Santa Cruz, en la que se aprobó el polémico estatuto, aunque con elevada abstención.
“Si hay algún defensor abierto (del estatuto) que busca la división de Bolivia, que no quiere que se respeten la legalidad y la constitucionalidad, es Estados Unidos”, señaló. En cambio, agregó, algunas naciones europeas comunicaron que suspenderían ayudas a Santa Cruz si ese distrito avanzaba en su plan separatista.
Morales contestó así las nuevas denuncias de la oposición de derecha de una supuesta injerencia de su aliado, el presidente venezolano Hugo Chávez, quien dijo estar dispuesto a defenderlo en todos los planos ante la sorpresiva convocatoria a un referendo revocatorio que fue aprobado el jueves.
Antes de la convocatoria al proceso, subrayó, el conflicto por el proyecto de cambio de Constitución y los procesos desautorizados de autonomía preocupaban no sólo a Chávez, sino a la OEA y a gobiernos de varios continentes.
“Toda la comunidad internacional anda preocupada por algunas actitudes divisionistas, separatistas. El único defensor de esas actitudes es Estados Unidos. Todos los presidentes apoyan la unidad boliviana, aunque sólo algunos lo dicen públicamente”, expresó.
Morales, quien todavía no recibe del Congreso la ley de convocatoria a la consulta revocatoria, sancionada esta semana, confirmó su invitación a un diálogo a los prefectos de los nueve departamentos, la mayoría opositores, quienes serán sometidos a referendos simultáneos.
“Mi persona se someterá a ese recurso por la unidad del país, por el respeto a la legalidad y para que se profundice la democracia, para que el pueblo no sólo tenga derecho a votar, sino a revocar mandatos. Para mí es lo más democrático”, destacó.
Por otra parte, Morales calificó a la Iglesia católica de “sindicato opositor al gobierno”, aunque se declaró abierto a que esa institución llame a un diálogo de concertación entre el Estado y la oposición, como han solicitado los prefectos rebeldes de cuatro regiones.
Ecuador abrirá procesos penales internacionales contra Colombia
Insiste Correa en que EU colaboró en el bombardeo contra campamento de las FARC
Anuncia Quito que desclasificará documentos sobre su política hacia grupos guerrilleros
Confirman necropsias que al menos tres insurgentes fueron rematados en la incursión
Afp y Dpa
Quito, 10 de mayo. Ecuador anunció hoy que interpondrá demandas internacionales contra Colombia por el bombardeo contra integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, y reiteró su petición al gobierno colombiano de que aclare si Estados Unidos participó en la incursión.
El presidente Rafael Correa manifestó que necropsias realizadas a los abatidos en la incursión del primero de marzo, en las cuales colaboraron médicos franceses y belgas, revelaron que “hay serias presunciones de que al menos tres fueron rematados, es decir, fueron ejecuciones extrasumarias”.
“Habrá que empezar los correspondientes procesos penales internacionales del caso”, agregó el mandatario en su mensaje semanal, en el cual explicó que Quito acudirá primero ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Correa insistió en que el ecuatoriano Franklin Aisalla, quien figura entre las víctimas del ataque que provocó el 4 de marzo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Bogotá, “no murió por bombas, esquirlas o balazos. Falleció por golpes en la nuca. En otras palabras, a cachazos. Eso fue comprobado en las necropsias”, expresó.
El cuerpo del ecuatoriano fue repatriado de Bogotá, adonde soldados colombianos lo trasladaron, junto con el del comandante guerrillero Raúl Reyes, después del ataque contra un campamento de las FARC, cerca de la frontera con Colombia, en la selva amazónica, donde fallecieron 23 personas.
Al reiterar su sospecha de que Colombia recibió apoyo de un tercer país para el ataque, el mandatario informó que la empresa brasileña Embraer “nos asegura” que sus aviones Super Tucano –integrados a la fuerza aérea colombiana– no están diseñados para lanzar las bombas empleadas en la agresión.
El presidente aseveró que su gobierno no secundará la política militarista de Colombia y Estados Unidos en la región, y dijo que la respuesta a los problemas del país, especialmente en la frontera norte, “no será mandar más soldados, tanques, bombardeos, etcétera. Será vida, desarrollo, justicia y seguridad humana, es decir, escuelas, salud, vialidad. Ése es el Plan Ecuador”.
Correa anunció que la semana próxima levantará la reserva a documentos militares del Consejo de Seguridad Nacional, que contienen la política de seguridad de su administración hacia las FARC, lo cual servirá para demostrar que el gobierno colombiano miente sobre los presuntos apoyos ecuatorianos a la guerrilla.
La medida entrará en vigor luego de que se difunda el informe de la Interpol sobre dos computadoras que supuestamente pertenecían a Reyes y que el gobierno de Colombia entregó a la corporación internacional para que certificara su autenticidad.
Bogotá ha dicho que del disco duro de las máquinas pudo extraer documentos que prueban la relación de las FARC con funcionarios ecuatorianos, pero al menos una versión tuvo que ser corregida por la propia policía colombiana por ser falsa, cuando en marzo identificó en una vieja fotografía filtrada al diario El Tiempo, de Bogotá, al secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Etchegaray, como el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, durante una entrevista con Reyes en la selva.
Comienza gira por Europa
El mandatario, quien comienza este domingo una gira de cuatro días por España, Francia y Bélgica –sede de la Unión Europea–, explicó que su viaje busca contrarrestar una fuerte campaña mediática que ha perjudicado a Ecuador en Europa y Estados Unidos, por lo que debe explicar la posición de su gobierno.
En la gira, Correa buscará apoyo financiero para el Plan Ecuador y el proyecto ecologista ITT, con el que trata de mantener bajo tierra unos mil millones de barriles de petróleo a cambio de ayuda económica internacional.
Otro tema que el gobernante abordará en Francia y España será el de los rehenes en poder de las FARC. En esos países Correa se reunirá con los presidentes Nicolas Sarkozy y José Luis Rodríguez Zapatero.
En París se entrevistará con familiares de la política Ingrid Betancourt, la cual se encuentra en cautiverio desde marzo de 2002.
Hace una semana el presidente ecuatoriano dijo que ofrecerá a Sarkozy su ayuda y el territorio ecuatoriano para la liberación de Betancourt y otros plagiados por las FARC.
De acuerdo con el jefe de Estado ecuatoriano, antes de que se produjera la incursión colombiana su gobierno estaba afinando un operativo para recibir a Betancourt y 12 personas más en poder de dicho grupo guerrillero.
La acción coincidirá con las gestiones que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó a “dos representantes de España, Francia y Suiza” para que realicen contactos con las FARC.
Anuncia Quito que desclasificará documentos sobre su política hacia grupos guerrilleros
Confirman necropsias que al menos tres insurgentes fueron rematados en la incursión
Afp y Dpa
Quito, 10 de mayo. Ecuador anunció hoy que interpondrá demandas internacionales contra Colombia por el bombardeo contra integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, y reiteró su petición al gobierno colombiano de que aclare si Estados Unidos participó en la incursión.
El presidente Rafael Correa manifestó que necropsias realizadas a los abatidos en la incursión del primero de marzo, en las cuales colaboraron médicos franceses y belgas, revelaron que “hay serias presunciones de que al menos tres fueron rematados, es decir, fueron ejecuciones extrasumarias”.
“Habrá que empezar los correspondientes procesos penales internacionales del caso”, agregó el mandatario en su mensaje semanal, en el cual explicó que Quito acudirá primero ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Correa insistió en que el ecuatoriano Franklin Aisalla, quien figura entre las víctimas del ataque que provocó el 4 de marzo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Bogotá, “no murió por bombas, esquirlas o balazos. Falleció por golpes en la nuca. En otras palabras, a cachazos. Eso fue comprobado en las necropsias”, expresó.
El cuerpo del ecuatoriano fue repatriado de Bogotá, adonde soldados colombianos lo trasladaron, junto con el del comandante guerrillero Raúl Reyes, después del ataque contra un campamento de las FARC, cerca de la frontera con Colombia, en la selva amazónica, donde fallecieron 23 personas.
Al reiterar su sospecha de que Colombia recibió apoyo de un tercer país para el ataque, el mandatario informó que la empresa brasileña Embraer “nos asegura” que sus aviones Super Tucano –integrados a la fuerza aérea colombiana– no están diseñados para lanzar las bombas empleadas en la agresión.
El presidente aseveró que su gobierno no secundará la política militarista de Colombia y Estados Unidos en la región, y dijo que la respuesta a los problemas del país, especialmente en la frontera norte, “no será mandar más soldados, tanques, bombardeos, etcétera. Será vida, desarrollo, justicia y seguridad humana, es decir, escuelas, salud, vialidad. Ése es el Plan Ecuador”.
Correa anunció que la semana próxima levantará la reserva a documentos militares del Consejo de Seguridad Nacional, que contienen la política de seguridad de su administración hacia las FARC, lo cual servirá para demostrar que el gobierno colombiano miente sobre los presuntos apoyos ecuatorianos a la guerrilla.
La medida entrará en vigor luego de que se difunda el informe de la Interpol sobre dos computadoras que supuestamente pertenecían a Reyes y que el gobierno de Colombia entregó a la corporación internacional para que certificara su autenticidad.
Bogotá ha dicho que del disco duro de las máquinas pudo extraer documentos que prueban la relación de las FARC con funcionarios ecuatorianos, pero al menos una versión tuvo que ser corregida por la propia policía colombiana por ser falsa, cuando en marzo identificó en una vieja fotografía filtrada al diario El Tiempo, de Bogotá, al secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Etchegaray, como el ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, durante una entrevista con Reyes en la selva.
Comienza gira por Europa
El mandatario, quien comienza este domingo una gira de cuatro días por España, Francia y Bélgica –sede de la Unión Europea–, explicó que su viaje busca contrarrestar una fuerte campaña mediática que ha perjudicado a Ecuador en Europa y Estados Unidos, por lo que debe explicar la posición de su gobierno.
En la gira, Correa buscará apoyo financiero para el Plan Ecuador y el proyecto ecologista ITT, con el que trata de mantener bajo tierra unos mil millones de barriles de petróleo a cambio de ayuda económica internacional.
Otro tema que el gobernante abordará en Francia y España será el de los rehenes en poder de las FARC. En esos países Correa se reunirá con los presidentes Nicolas Sarkozy y José Luis Rodríguez Zapatero.
En París se entrevistará con familiares de la política Ingrid Betancourt, la cual se encuentra en cautiverio desde marzo de 2002.
Hace una semana el presidente ecuatoriano dijo que ofrecerá a Sarkozy su ayuda y el territorio ecuatoriano para la liberación de Betancourt y otros plagiados por las FARC.
De acuerdo con el jefe de Estado ecuatoriano, antes de que se produjera la incursión colombiana su gobierno estaba afinando un operativo para recibir a Betancourt y 12 personas más en poder de dicho grupo guerrillero.
La acción coincidirá con las gestiones que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, autorizó a “dos representantes de España, Francia y Suiza” para que realicen contactos con las FARC.
A confesión de parte, relevo de pruebas
José Antonio Rojas Nieto
Cito: “Una de las características principales en la industria petrolera es su (uso o carácter) intensivo en capital, tanto tecnológico, físico como humano, en el sentido de la capacitación y nivel de conocimientos técnicos que se requieren para laborar en la industria. Esto permite que existan compañías que se especializan en un segmento del sector, disminuyendo el monto de sus inversiones; y otras, mucho más grandes, integradas vertical y horizontalmente. Abarcando todas las subdivisiones de la industria.” ¿Cuáles?
Retomo la cita. “Las tres fundamentales, identificadas en inglés como upstream (aguas arriba), midstream y downstream (agua abajo), es decir, exploración y producción, transporte y, finalmente, refinación y comercialización. Así, nuestro documento de marras afirma: “Otra de las características de esta industria es su integración, tanto vertical como horizontal. Por un lado, se busca reducir los costos por medio de economías de escala, con la adquisición de actividades de un mismo tipo, como la compra de reservas, refinerías, redes de estaciones, etcétera; pero lo más sobresaliente (así dice el documento oficial) son los procesos de integración vertical, de tal modo que las grandes empresas privadas y estatales se encuentran presentes a lo largo de toda la cadena, desde la búsqueda del petróleo hasta la venta de petrolíferos en estaciones de servicio.”
Termino de citar: “… muchas de las empresas buscan fortalecer su presencia mediante grandes fusiones (p.e. Exon con Mobil) y posicionarse frente a las empresas estatales, ya que estas últimas son las que poseen la mayor cantidad de reservas.
De hecho, de las 15 empresas petroleras con mayor volumen de reservas, 11 tienen 100 por ciento de participación estatal.”
¿Qué documento es el citado? Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2007-2016, presentado por la Secretaría de Energía (Sener), apenas en diciembre de 2007. Sí, tienen razón la Sener, un objetivo estratégico de la industria ha sido y sigue siendo la integración, tanto horizontal como vertical.
¿Qué conduce a pensar a los ideólogos gubernamentales que la desintegración de la industria que proponen es virtuosa? Realmente no lo sé. Y no lo entiendo. En el mundo de hoy se reconocen cuatro retos centrales de la industria: 1) alto promedio de edad de su fuerza laboral; 2) requerimientos mayores de especialización técnica; 3) complejidad mayor de las actividades industriales; 4) elevación drástica de costos.
¿Qué se propone para enfrentarlos? Ante todo, mayor integración industrial, justamente para aprovechar economías de escala, compartir al máximo habilidades, facilitar la adquisición de nuevas especializaciones, fortalecer la capacidad de gestión, entre otras acciones.
Sí, la integración –ciertamente con fusiones en muchos casos– es lo estratégico. Es fundamental tener reservas y capacidad de producción al menor costo, con la consecuente posibilidad de apropiación de renta petrolera. Pero también, controlar o, al menos, asegurar la transportación. Cuando sea posible, para el caso del gas natural acceder a la tecnología de licuefacción y de regasificación. Asimismo, poseer una capacidad versátil de refinación, para poder procesar mezclas óptimas de crudos ligeros y pesados, u obtener beneficios máximos de acuerdo a los ciclos de refinación.
Sin olvidar la industrialización del gas natural, estratégica como la refinación, por el altísimo valor agregado. Menos aún, olvidar el control de las venas de la distribución y la comercialización. Todo esto, integral e integrado conforma la aspiración de toda empresa petrolera en el mundo. ¿Apoyos? ¿Coadyuvancias? Sin duda. Pero sin perder el control –en nuestro caso nacional– de la industria, toda ella, toda, integrada, integral.
Todavía es tiempo de la autocrítica. Serena pero radical. Cuidadosa pero sin maquillajes. Y ésta pasa –claro que sí– no sólo por la empresa y sus trabajadores, técnicos, profesionistas, funcionarios, estructuras organizativas. También –¡qué duda cabe!– por la controvertida gestión sindical, fruto de una tradición corporativa, presidencialista, y de partido de Estado. ¡Que no se nos olvide esto!
Pero no menos importante es que la sociedad se integre en este ejercicio autocrítico. No puede imponer la dictadura del consumo, de verdad que no. Nada más regresivo que asumir, sin cuestionamiento alguno, la necesidad de responder al acelerado e irracional ritmo de crecimiento del consumo de gasolinas.
Nuestra industria petrolera es resultado de muchas acciones. Virtuosas y viciosas. No tiremos el agua con el niño. El proyecto de fortalecimiento de esta estratégica industria –toda ella– es viable dentro de nuestra tradición constitucionalista. Para ello no se necesitan nuevos consejeros, nuevas comisiones, bursatilización disfrazada. No. Nada de eso. Sólo valor para enfrentar los poderes enquistados que deben ser removidos. Y una renovada pasión para hacer de Pemex una de las empresas integradas más sólidas, fuertes del mundo. Por el bien de la nación. De veras.
Cito: “Una de las características principales en la industria petrolera es su (uso o carácter) intensivo en capital, tanto tecnológico, físico como humano, en el sentido de la capacitación y nivel de conocimientos técnicos que se requieren para laborar en la industria. Esto permite que existan compañías que se especializan en un segmento del sector, disminuyendo el monto de sus inversiones; y otras, mucho más grandes, integradas vertical y horizontalmente. Abarcando todas las subdivisiones de la industria.” ¿Cuáles?
Retomo la cita. “Las tres fundamentales, identificadas en inglés como upstream (aguas arriba), midstream y downstream (agua abajo), es decir, exploración y producción, transporte y, finalmente, refinación y comercialización. Así, nuestro documento de marras afirma: “Otra de las características de esta industria es su integración, tanto vertical como horizontal. Por un lado, se busca reducir los costos por medio de economías de escala, con la adquisición de actividades de un mismo tipo, como la compra de reservas, refinerías, redes de estaciones, etcétera; pero lo más sobresaliente (así dice el documento oficial) son los procesos de integración vertical, de tal modo que las grandes empresas privadas y estatales se encuentran presentes a lo largo de toda la cadena, desde la búsqueda del petróleo hasta la venta de petrolíferos en estaciones de servicio.”
Termino de citar: “… muchas de las empresas buscan fortalecer su presencia mediante grandes fusiones (p.e. Exon con Mobil) y posicionarse frente a las empresas estatales, ya que estas últimas son las que poseen la mayor cantidad de reservas.
De hecho, de las 15 empresas petroleras con mayor volumen de reservas, 11 tienen 100 por ciento de participación estatal.”
¿Qué documento es el citado? Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2007-2016, presentado por la Secretaría de Energía (Sener), apenas en diciembre de 2007. Sí, tienen razón la Sener, un objetivo estratégico de la industria ha sido y sigue siendo la integración, tanto horizontal como vertical.
¿Qué conduce a pensar a los ideólogos gubernamentales que la desintegración de la industria que proponen es virtuosa? Realmente no lo sé. Y no lo entiendo. En el mundo de hoy se reconocen cuatro retos centrales de la industria: 1) alto promedio de edad de su fuerza laboral; 2) requerimientos mayores de especialización técnica; 3) complejidad mayor de las actividades industriales; 4) elevación drástica de costos.
¿Qué se propone para enfrentarlos? Ante todo, mayor integración industrial, justamente para aprovechar economías de escala, compartir al máximo habilidades, facilitar la adquisición de nuevas especializaciones, fortalecer la capacidad de gestión, entre otras acciones.
Sí, la integración –ciertamente con fusiones en muchos casos– es lo estratégico. Es fundamental tener reservas y capacidad de producción al menor costo, con la consecuente posibilidad de apropiación de renta petrolera. Pero también, controlar o, al menos, asegurar la transportación. Cuando sea posible, para el caso del gas natural acceder a la tecnología de licuefacción y de regasificación. Asimismo, poseer una capacidad versátil de refinación, para poder procesar mezclas óptimas de crudos ligeros y pesados, u obtener beneficios máximos de acuerdo a los ciclos de refinación.
Sin olvidar la industrialización del gas natural, estratégica como la refinación, por el altísimo valor agregado. Menos aún, olvidar el control de las venas de la distribución y la comercialización. Todo esto, integral e integrado conforma la aspiración de toda empresa petrolera en el mundo. ¿Apoyos? ¿Coadyuvancias? Sin duda. Pero sin perder el control –en nuestro caso nacional– de la industria, toda ella, toda, integrada, integral.
Todavía es tiempo de la autocrítica. Serena pero radical. Cuidadosa pero sin maquillajes. Y ésta pasa –claro que sí– no sólo por la empresa y sus trabajadores, técnicos, profesionistas, funcionarios, estructuras organizativas. También –¡qué duda cabe!– por la controvertida gestión sindical, fruto de una tradición corporativa, presidencialista, y de partido de Estado. ¡Que no se nos olvide esto!
Pero no menos importante es que la sociedad se integre en este ejercicio autocrítico. No puede imponer la dictadura del consumo, de verdad que no. Nada más regresivo que asumir, sin cuestionamiento alguno, la necesidad de responder al acelerado e irracional ritmo de crecimiento del consumo de gasolinas.
Nuestra industria petrolera es resultado de muchas acciones. Virtuosas y viciosas. No tiremos el agua con el niño. El proyecto de fortalecimiento de esta estratégica industria –toda ella– es viable dentro de nuestra tradición constitucionalista. Para ello no se necesitan nuevos consejeros, nuevas comisiones, bursatilización disfrazada. No. Nada de eso. Sólo valor para enfrentar los poderes enquistados que deben ser removidos. Y una renovada pasión para hacer de Pemex una de las empresas integradas más sólidas, fuertes del mundo. Por el bien de la nación. De veras.
Bolivia: lo que está en juego
Guillermo Almeyra
El referendo secesionista de Santa Cruz, en efecto, fue una media derrota de la derecha, ya que entre la abstención, los votos en blanco no nulos o los votos contrarios, la mitad del electorado rechazó la maniobra. Pero fue también una victoria del golpismo ya que el gobierno no tuvo ni una posición firme ni única ante la votación ilegal y, sobre todo, porque la derecha mantuvo su ofensiva con su política de hechos de fuerza consumados, estimulando así no sólo a los referendos sucesivos de otros departamentos, sino también toda clase de presiones y complots subversivos.
Porque no hay que engañarse sobre lo que está en juego. El objetivo de la derecha no es tanto la secesión de la Media Luna (esa sería su posición de repliegue, si se mantuviese sin cambios el empate catastrófico actual) cuanto la reconquista del poder político en Bolivia, aprovechando a fondo el poder económico, social, mediático y cultural que no ha perdido. O sea, busca una Bolivia unida, pero dominada por la minoría capitalista, blanca y racista, después de aplastar a “la indiada” sublevada y que pretende la igualdad.
Todos los esfuerzos políticos y mediáticos de esa derecha van dirigidos a ganar o neutralizar una parte de las clases medias urbanas cholas o mestizas y, sobre todo, a la parte uniformada y armada de las mismas (los mandos medios y altos de las fuerzas armadas). Lo que Bolivia enfrenta hoy es, por tanto, un intento prolongado de golpe, con una parte pública –los referendos, las manifestaciones, las proclamas de los diarios– y otra clandestina, visitando cuarteles y la embajada de Estados Unidos, donde se está tejiendo la tela de araña de una sangrienta dictadura.
Evo Morales, como Salvador Allende, no enfrenta a una oposición democrática que acepte el marco constitucional, sino a un bloque golpista de las clases dominantes –la principal fuerza capitalista– y el imperialismo, protector de aquéllas. Y, si no construye una relación de fuerzas políticas y sociales que le permita aplastar a los golpistas antes de que se fortalezcan demasiado, podría caer como Allende o como cayó la República española ante los sublevados fascistas, aunque combata amparándose en la Constitución, la voluntad mayoritaria, las leyes y la justicia.
Es urgentísimo por consiguiente tomar la ofensiva política y social, dar objetivos claros y la impresión de que el gobierno está unido sin vacilaciones detrás de su obtención, dar a los oprimidos los medios materiales para su autodefensa (lo cual, además, meterá miedo a los aventureros conspiradores y les hará pensar mejor en su propio futuro), dirigir un esfuerzo político especial hacia las bases de las fuerzas armadas y hacia las clases medias urbanas y rurales para hacerles ver que la derecha amenaza la independencia del país y su soberanía sobre los recursos naturales.
Es falso que si gana la derecha deberá esperar quince años antes de reformar la Constitución. Para los golpistas en potencia, ésta es un pedazo de papel mojado, es nula y nulos son también los derechos y conquistas de los indígenas mayoritarios y de todos los oprimidos y explotados, y en el caso de una victoria derechista, sólo posible derrotando sangrientamente a las mayorías, los parlamentarios y miembros del gobierno actual no pasarían a la oposición sino a los cementerios o, con mucha suerte, al exilio. La lucha que Estados Unidos encara e impone es a muerte y los racistas capaces de esclavizar indios hablan de derechos (para ellos), pero se los niegan a todos.
Por tanto, al mismo tiempo que se lleva a cabo una vasta reforma agraria y el referendo sobre la cantidad de hectáreas que pueda tener un terrateniente, como hizo Lázaro Cárdenas, que no era socialista, en los años 30, hay que dar a los campesinos armas modernas y organización militar para defender la democracia y no depender sólo de un puñado de simbólicos Ponchos Rojos mal armados, sino de enteros batallones obreros y campesinos con poder de fuego, porque “la Constitución es sólo un pedazo de papel que está en la boca de un cañón”. Para evitar la guerra civil, si aún se pudiese, hay que demostrar no temerla y, además, meterle al enemigo un sano miedo sobre su desenlace.
El gobierno indígena y popular está a la cabeza de un Estado que aún es capitalista y en el que el poder económico y la hegemonía están en las manos de sus enemigos de clase y en ese Estado las clases se enfrentan con violencia y en desorden al igual que las instituciones. Evo no tiene realmente el gobierno de la sociedad ni mucho menos el poder, que requiere además ganar el consenso activo de las mayorías y elevar su conciencia a un nivel colectivo superior. Todavía está tratando de unir a las etnias-clase oprimidas en un proyecto de transformación nacional.
Pero éste exige romper los poderes locales oligárquicos y desarmar sus fuerzas de choque apelando para eso a las leyes y la Constitución y a los organismos legales destinados a la represión de los delitos, reforzados si es necesario por la ciudadanía en armas, por una Guardia Nacional que podría acompañar a unidades militares en esta tarea. Esta no es la hora del apaciguamiento ni de la conciliación en pos del sueño imposible de la unidad nacional. Unos bolivianos –la oligarquía– no sólo no quieren unirse con los otros, sino que también los consideran inferiores, animales, “llamas”. Es la hora de la organización, de los objetivos claros y precisos, de conseguir para las clases populares bolivianas “el monopolio de la violencia legítima” y legal contra sus explotadores, casi siempre extranjeros, pero con séquito en sectores de clase media local, del aplastamiento en el huevo mismo, antes de que éste haga eclosión, de la inmunda bestia civicomilitar golpista incubada por la embajada yanqui.
El referendo secesionista de Santa Cruz, en efecto, fue una media derrota de la derecha, ya que entre la abstención, los votos en blanco no nulos o los votos contrarios, la mitad del electorado rechazó la maniobra. Pero fue también una victoria del golpismo ya que el gobierno no tuvo ni una posición firme ni única ante la votación ilegal y, sobre todo, porque la derecha mantuvo su ofensiva con su política de hechos de fuerza consumados, estimulando así no sólo a los referendos sucesivos de otros departamentos, sino también toda clase de presiones y complots subversivos.
Porque no hay que engañarse sobre lo que está en juego. El objetivo de la derecha no es tanto la secesión de la Media Luna (esa sería su posición de repliegue, si se mantuviese sin cambios el empate catastrófico actual) cuanto la reconquista del poder político en Bolivia, aprovechando a fondo el poder económico, social, mediático y cultural que no ha perdido. O sea, busca una Bolivia unida, pero dominada por la minoría capitalista, blanca y racista, después de aplastar a “la indiada” sublevada y que pretende la igualdad.
Todos los esfuerzos políticos y mediáticos de esa derecha van dirigidos a ganar o neutralizar una parte de las clases medias urbanas cholas o mestizas y, sobre todo, a la parte uniformada y armada de las mismas (los mandos medios y altos de las fuerzas armadas). Lo que Bolivia enfrenta hoy es, por tanto, un intento prolongado de golpe, con una parte pública –los referendos, las manifestaciones, las proclamas de los diarios– y otra clandestina, visitando cuarteles y la embajada de Estados Unidos, donde se está tejiendo la tela de araña de una sangrienta dictadura.
Evo Morales, como Salvador Allende, no enfrenta a una oposición democrática que acepte el marco constitucional, sino a un bloque golpista de las clases dominantes –la principal fuerza capitalista– y el imperialismo, protector de aquéllas. Y, si no construye una relación de fuerzas políticas y sociales que le permita aplastar a los golpistas antes de que se fortalezcan demasiado, podría caer como Allende o como cayó la República española ante los sublevados fascistas, aunque combata amparándose en la Constitución, la voluntad mayoritaria, las leyes y la justicia.
Es urgentísimo por consiguiente tomar la ofensiva política y social, dar objetivos claros y la impresión de que el gobierno está unido sin vacilaciones detrás de su obtención, dar a los oprimidos los medios materiales para su autodefensa (lo cual, además, meterá miedo a los aventureros conspiradores y les hará pensar mejor en su propio futuro), dirigir un esfuerzo político especial hacia las bases de las fuerzas armadas y hacia las clases medias urbanas y rurales para hacerles ver que la derecha amenaza la independencia del país y su soberanía sobre los recursos naturales.
Es falso que si gana la derecha deberá esperar quince años antes de reformar la Constitución. Para los golpistas en potencia, ésta es un pedazo de papel mojado, es nula y nulos son también los derechos y conquistas de los indígenas mayoritarios y de todos los oprimidos y explotados, y en el caso de una victoria derechista, sólo posible derrotando sangrientamente a las mayorías, los parlamentarios y miembros del gobierno actual no pasarían a la oposición sino a los cementerios o, con mucha suerte, al exilio. La lucha que Estados Unidos encara e impone es a muerte y los racistas capaces de esclavizar indios hablan de derechos (para ellos), pero se los niegan a todos.
Por tanto, al mismo tiempo que se lleva a cabo una vasta reforma agraria y el referendo sobre la cantidad de hectáreas que pueda tener un terrateniente, como hizo Lázaro Cárdenas, que no era socialista, en los años 30, hay que dar a los campesinos armas modernas y organización militar para defender la democracia y no depender sólo de un puñado de simbólicos Ponchos Rojos mal armados, sino de enteros batallones obreros y campesinos con poder de fuego, porque “la Constitución es sólo un pedazo de papel que está en la boca de un cañón”. Para evitar la guerra civil, si aún se pudiese, hay que demostrar no temerla y, además, meterle al enemigo un sano miedo sobre su desenlace.
El gobierno indígena y popular está a la cabeza de un Estado que aún es capitalista y en el que el poder económico y la hegemonía están en las manos de sus enemigos de clase y en ese Estado las clases se enfrentan con violencia y en desorden al igual que las instituciones. Evo no tiene realmente el gobierno de la sociedad ni mucho menos el poder, que requiere además ganar el consenso activo de las mayorías y elevar su conciencia a un nivel colectivo superior. Todavía está tratando de unir a las etnias-clase oprimidas en un proyecto de transformación nacional.
Pero éste exige romper los poderes locales oligárquicos y desarmar sus fuerzas de choque apelando para eso a las leyes y la Constitución y a los organismos legales destinados a la represión de los delitos, reforzados si es necesario por la ciudadanía en armas, por una Guardia Nacional que podría acompañar a unidades militares en esta tarea. Esta no es la hora del apaciguamiento ni de la conciliación en pos del sueño imposible de la unidad nacional. Unos bolivianos –la oligarquía– no sólo no quieren unirse con los otros, sino que también los consideran inferiores, animales, “llamas”. Es la hora de la organización, de los objetivos claros y precisos, de conseguir para las clases populares bolivianas “el monopolio de la violencia legítima” y legal contra sus explotadores, casi siempre extranjeros, pero con séquito en sectores de clase media local, del aplastamiento en el huevo mismo, antes de que éste haga eclosión, de la inmunda bestia civicomilitar golpista incubada por la embajada yanqui.
“Reforma”: más desintegración de Pemex
Antonio Gershenson
Ya se han dado antes pasos hacia la desintegración de Pemex. Al separarse en organismos descentralizados que se reparten las funciones básicas, no sólo se duplican estructuras administrativas y conjuntos de funcionarios, sino que se establece una relación comercial entre unas y otras. El mayor absurdo: Pemex Exploración y Producción (PEP) le vende a Pemex Refinación (PR) petróleo crudo, y además a precios que no se basan en el costo real, en lo que costó localizarlo y sacarlo en México, sino en precios de fuera del país. De un costo de producción estimado en unos siete dólares por barril, a más de 100 dólares de valor de las exportaciones mexicanas.
Esto hace que haya una apariencia de baja o nula rentabilidad en algunos organismos, que deben “pagar” muy altos precios, y ha dado pretexto para el cierre de plantas y la suspensión de líneas de producción. Ahora, el problema se agrava con los intentos de reforma, o mejor dicho contrarreforma, porque a los organismos divididos se les quiere quitar la exclusividad de funciones que irían a empresas trasnacionales. Por ejemplo, si PR tiene una apariencia de baja productividad, qué quedará de ella si las nuevas refinerías van a ser trasnacionales y le van a vender gasolina, diesel y otros productos refinados a Pemex Refinación, a precios suficientemente altos como para garantizar la rentabilidad y un gran negocio para la trasnacional que tenga la refinería.
La trasnacional también podrá construir, poseer y operar ductos y almacenes, tanto para el crudo que reciba de la filial PEP, o de su contratista, como para entregar a PR en los lugares necesarios los productos refinados. Los fragmentos de Pemex estarían aún más separados entre sí, ya ni siquiera tratarían entre sí, sino con trasnacionales privadas. Estos cambios están propuestos a los artículos tercero y cuarto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.
En cuanto a PEP, empresas privadas contratadas se encargarían de su trabajo. Podrán ser contratadas por adjudicación directa en toda una serie de casos, algunos fáciles de “fabricar”. Si se aprueba el paquete de reformas legales petroleras en discusión, puede incluso haber entrega del crudo del contratista al dueño de la refinería… y puede resultar que sea la misma trasnacional la que opere exploración, producción, ductos, almacenes y refinerías. Como ya las gasolineras son operadas por particulares, una trasnacional puede controlar desde la boca del pozo petrolero hasta la boca del tanque de gasolina.
De por sí ha sido grave el desmembramiento de Pemex y el establecimiento forzado de relaciones comerciales entre sus entidades. Con estas medidas privatizadoras se agravaría la situación.
Queremos señalar que la tendencia internacional, en general, es en el sentido opuesto. A veces nos ponen como ejemplo a la estatal noruega Statoil, queriendo decir que puede haber una empresa pública y eficiente. Pero no dicen la otra parte. Hay allá una integración de empresas petroleras estatales, no un desmembramiento como aquí. El primero de octubre del año pasado se consumó la fusión de Statoil y la rama de petróleo y gas de la también estatal Norsk Hydro. Se formó la Statoil-Hydro. Pero como resultado de la fusión, el gobierno noruego quedó con 62.5 por ciento de las acciones de la nueva empresa. Y hay decisiones importantes que requieren mayoría superior a dos tercios. El Parlamento de ese país, al aprobar la fusión, la condicionó a que el gobierno comprara acciones suficientes para llegar a tener 67 por ciento de las acciones, o sea más de los dos tercios. En febrero, la ministra del petróleo de Noruega anunció que ya se estaba procediendo a la compra de acciones en cuestión de la empresa integrada, con dinero de los excedentes petroleros.
No sólo procede oponerse a estos nuevos pasos que se proponen en la iniciativa, tanto por ser privatizadores como por ser anticonstitucionales, como por desintegrar aún más a la industria petrolera del país. Procede también llevar, por los conductos legalmente establecidos, propuestas de cambios a las leyes, en este caso la Ley Orgánica de Pemex y la mencionada ley reglamentaria, volviendo a integrar a Pemex en una sola entidad pública y respetando la exclusividad de la nación que se desprende del artículo 27 de la Constitución.
Ya se han dado antes pasos hacia la desintegración de Pemex. Al separarse en organismos descentralizados que se reparten las funciones básicas, no sólo se duplican estructuras administrativas y conjuntos de funcionarios, sino que se establece una relación comercial entre unas y otras. El mayor absurdo: Pemex Exploración y Producción (PEP) le vende a Pemex Refinación (PR) petróleo crudo, y además a precios que no se basan en el costo real, en lo que costó localizarlo y sacarlo en México, sino en precios de fuera del país. De un costo de producción estimado en unos siete dólares por barril, a más de 100 dólares de valor de las exportaciones mexicanas.
Esto hace que haya una apariencia de baja o nula rentabilidad en algunos organismos, que deben “pagar” muy altos precios, y ha dado pretexto para el cierre de plantas y la suspensión de líneas de producción. Ahora, el problema se agrava con los intentos de reforma, o mejor dicho contrarreforma, porque a los organismos divididos se les quiere quitar la exclusividad de funciones que irían a empresas trasnacionales. Por ejemplo, si PR tiene una apariencia de baja productividad, qué quedará de ella si las nuevas refinerías van a ser trasnacionales y le van a vender gasolina, diesel y otros productos refinados a Pemex Refinación, a precios suficientemente altos como para garantizar la rentabilidad y un gran negocio para la trasnacional que tenga la refinería.
La trasnacional también podrá construir, poseer y operar ductos y almacenes, tanto para el crudo que reciba de la filial PEP, o de su contratista, como para entregar a PR en los lugares necesarios los productos refinados. Los fragmentos de Pemex estarían aún más separados entre sí, ya ni siquiera tratarían entre sí, sino con trasnacionales privadas. Estos cambios están propuestos a los artículos tercero y cuarto de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.
En cuanto a PEP, empresas privadas contratadas se encargarían de su trabajo. Podrán ser contratadas por adjudicación directa en toda una serie de casos, algunos fáciles de “fabricar”. Si se aprueba el paquete de reformas legales petroleras en discusión, puede incluso haber entrega del crudo del contratista al dueño de la refinería… y puede resultar que sea la misma trasnacional la que opere exploración, producción, ductos, almacenes y refinerías. Como ya las gasolineras son operadas por particulares, una trasnacional puede controlar desde la boca del pozo petrolero hasta la boca del tanque de gasolina.
De por sí ha sido grave el desmembramiento de Pemex y el establecimiento forzado de relaciones comerciales entre sus entidades. Con estas medidas privatizadoras se agravaría la situación.
Queremos señalar que la tendencia internacional, en general, es en el sentido opuesto. A veces nos ponen como ejemplo a la estatal noruega Statoil, queriendo decir que puede haber una empresa pública y eficiente. Pero no dicen la otra parte. Hay allá una integración de empresas petroleras estatales, no un desmembramiento como aquí. El primero de octubre del año pasado se consumó la fusión de Statoil y la rama de petróleo y gas de la también estatal Norsk Hydro. Se formó la Statoil-Hydro. Pero como resultado de la fusión, el gobierno noruego quedó con 62.5 por ciento de las acciones de la nueva empresa. Y hay decisiones importantes que requieren mayoría superior a dos tercios. El Parlamento de ese país, al aprobar la fusión, la condicionó a que el gobierno comprara acciones suficientes para llegar a tener 67 por ciento de las acciones, o sea más de los dos tercios. En febrero, la ministra del petróleo de Noruega anunció que ya se estaba procediendo a la compra de acciones en cuestión de la empresa integrada, con dinero de los excedentes petroleros.
No sólo procede oponerse a estos nuevos pasos que se proponen en la iniciativa, tanto por ser privatizadores como por ser anticonstitucionales, como por desintegrar aún más a la industria petrolera del país. Procede también llevar, por los conductos legalmente establecidos, propuestas de cambios a las leyes, en este caso la Ley Orgánica de Pemex y la mencionada ley reglamentaria, volviendo a integrar a Pemex en una sola entidad pública y respetando la exclusividad de la nación que se desprende del artículo 27 de la Constitución.
Pemex, ¿empresa inconstitucional?
Arnaldo Córdova
Desde que el PAN propuso a quienes debatirán en el Senado en defensa de la reforma de Calderón sobre el petróleo, quedó bastante clara la estrategia argumentativa que seguirán ante sus adversarios. Todos ellos, con la excepción notable del paisano Germán Martínez Cázares (no sé qué podrá hacer en el debate), han expuesto puntos de vista más o menos similares: desprestigiar a Pemex como un monopolio contrario al espíritu del 28 y del 26 constitucionales, que promueven la libre competencia y la iniciativa de los privados. A ello se refirió Héctor Fix Fierro en un coloquio en su instituto.
No tendrán ideas quienes defienden las reformas propuestas por Calderón, pero abundan en ocurrencias. El artículo 27 está bien, según ellos. Lo que no está bien es la Ley Reglamentaria en materia de petróleo vigente que, desde su versión de 1958, confiere a Pemex la tarea de encargarse de la “industria petrolera”, en toda su cadena productiva y comercializadora. Dicho concepto no existe en el 27 ni en el 28. El 27 nos habla sólo de “producto”, el que no implica que, ya no digamos Pemex (que es un ente inexistente en el texto constitucional), sino incluso la Nación, titular propietaria del recurso, deba encargarse de toda la cadena productiva y menos aún de la comercializadora.
Todos hablan de “conceptos” y algunos han advertido que su alegato se funda en una interpretación de las palabras “exactas” de la Carta Magna. Hasta ahora, sólo han hablado de dos: el producto y la industria petrolera. El maestro Eduardo García Máynez escribió dos obritas, Lógica del concepto jurídico (1959) y Lógica del juicio jurídico (1955), que resultan esenciales para entender a cabalidad la argumentación jurídica y el análisis de toda ley. El concepto es una definición de un tópico jurídico (por ejemplo, producto en petróleo). Toda ley está hecha de conceptos. El juicio es un método que liga entre sí los diferentes conceptos. A través de él, podemos entender lo que quiere decir una ley en los conceptos que la integran, interpretándolos en su conjunto.
No se qué tan duchos sean los que van a debatir a favor de la reforma en filosofía del derecho y en lógica jurídica, pero creo que podrán entender con facilidad. Todos los grandes juristas de nuestro tiempo están de acuerdo en las observaciones que, en su época, hizo Emilio Betti (Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 1949, y Teoria generale della interpretazione, 1955) acerca de cómo interpretar una ley y, sobre todo, una Constitución. Coincidiendo con García Máynez, Betti señala que interpretar sólo las palabras es un anticuado y muy limitado modo de entender un ordenamiento jurídico. Hay que ver siempre el conjunto de la ley y, más todavía, de la Constitución, para saber lo que realmente dicen. Hay letra, pero hay, ante todo, espíritu, sentido.
Veamos ahora su idea de producto. En mis lecturas de economía política he aprendido que el producto es la coronación del proceso productivo. Adam Smith lo reducía a la ganancia, pero sus sucesores, David Ricardo y Karl Marx, lo corrigieron pues, sobre todo el primero, hicieron notar que había que saber lo que el producto había costado en tiempo de trabajo. Es absurdo separar el producto de su cadena productiva. Todo este lío es porque el 27 dice que “la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos” (del subsuelo, incluido el petróleo).
Los defensores de la reforma dicen que el 27 no dice que la Nación deba encargarse de todo el proceso productivo y sugieren que los artículos 28 y 26, siempre promotores fieles de la iniciativa privada, indican que partes de la cadena productiva deben encargarse a particulares. Olvidan decirnos en qué parte la Constitución dice, literalmente, eso. Olvidan que el 28 habla de un sector estratégico que es el petrolero que debe quedar en exclusiva para la Nación. También que el 26 refrenda ese concepto y que, si se interpretan los tres artículos, junto con el 25, todos en conjunto, resulta un juicio jurídico que les será muy difícil de admitir, pero también de rebatir: se trata de un recurso natural (no sólo de un producto) que pertenece a la Nación y que la Nación misma explotará, “en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.
Dicha ley dice que será a través de Pemex. Esa ley podría decir que se hará también a través de otros sujetos jurídicos, como lo proponen las iniciativas de Calderón; pero, si llegaran a aprobarse, entrarían en contradicción flagrante con la Constitución, porque en ningún lado ésta dice que los privados podrán llevar a cabo la explotación de “esos productos”. Y bien interpretada (mediante juicios jurídicos y no mediante sólo conceptos o palabras), por lo demás, más bien afirma que es una riqueza nacional que debe ser explotada en su beneficio sólo por la Nación. Explotación, en el sentido que da la Carta Magna, no es un aprovechamiento cualquiera, como lo ven los defensores de la reforma, sino, precisamente, un proceso productivo que resulta en un producto.
Como lo dije antes, lo que de verdad están planteando es la tesis de que Pemex es un ente “inconstitucional” (el término no se les ha ocurrido, pero razonan en ese sentido). No lo puede ser si la Ley Reglamentaria lo instituye y ésta deriva del 27. Pero ellos dicen que es un monopolio. El 28 dice que no será monopolio, porque no entra en la concurrencia de negocios. Eso no lo entienden. Habrá también que recordarles que el 26 establece que los sectores estratégicos son una palanca esencial de la planificación nacional y que su función como tales es primordial en la economía. Aparte sus críticas al pésimo desempeño de Pemex como empresa, lo que están diciendo es que no se justifica constitucionalmente y hay que desaparecerla.
Pregonan que se apoyan ante todo en la Constitución, pero su credo es el que expresó en su último artículo mi amigo Enrique Krauze: “El problema está en la sutil suplantación que el Estado ha hecho de la nación: para todos los efectos prácticos, quien tiene la propiedad del petróleo no es la nación, sino el Estado, que delega la propiedad en el gobierno en turno… La ‘propiedad’ de la nación es letra muerta”. Así es: no creen en la Constitución que sigue siendo, según ellos, “letra muerta”, aunque ahora la evoquen para sus fines privatizadores.
Desde que el PAN propuso a quienes debatirán en el Senado en defensa de la reforma de Calderón sobre el petróleo, quedó bastante clara la estrategia argumentativa que seguirán ante sus adversarios. Todos ellos, con la excepción notable del paisano Germán Martínez Cázares (no sé qué podrá hacer en el debate), han expuesto puntos de vista más o menos similares: desprestigiar a Pemex como un monopolio contrario al espíritu del 28 y del 26 constitucionales, que promueven la libre competencia y la iniciativa de los privados. A ello se refirió Héctor Fix Fierro en un coloquio en su instituto.
No tendrán ideas quienes defienden las reformas propuestas por Calderón, pero abundan en ocurrencias. El artículo 27 está bien, según ellos. Lo que no está bien es la Ley Reglamentaria en materia de petróleo vigente que, desde su versión de 1958, confiere a Pemex la tarea de encargarse de la “industria petrolera”, en toda su cadena productiva y comercializadora. Dicho concepto no existe en el 27 ni en el 28. El 27 nos habla sólo de “producto”, el que no implica que, ya no digamos Pemex (que es un ente inexistente en el texto constitucional), sino incluso la Nación, titular propietaria del recurso, deba encargarse de toda la cadena productiva y menos aún de la comercializadora.
Todos hablan de “conceptos” y algunos han advertido que su alegato se funda en una interpretación de las palabras “exactas” de la Carta Magna. Hasta ahora, sólo han hablado de dos: el producto y la industria petrolera. El maestro Eduardo García Máynez escribió dos obritas, Lógica del concepto jurídico (1959) y Lógica del juicio jurídico (1955), que resultan esenciales para entender a cabalidad la argumentación jurídica y el análisis de toda ley. El concepto es una definición de un tópico jurídico (por ejemplo, producto en petróleo). Toda ley está hecha de conceptos. El juicio es un método que liga entre sí los diferentes conceptos. A través de él, podemos entender lo que quiere decir una ley en los conceptos que la integran, interpretándolos en su conjunto.
No se qué tan duchos sean los que van a debatir a favor de la reforma en filosofía del derecho y en lógica jurídica, pero creo que podrán entender con facilidad. Todos los grandes juristas de nuestro tiempo están de acuerdo en las observaciones que, en su época, hizo Emilio Betti (Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 1949, y Teoria generale della interpretazione, 1955) acerca de cómo interpretar una ley y, sobre todo, una Constitución. Coincidiendo con García Máynez, Betti señala que interpretar sólo las palabras es un anticuado y muy limitado modo de entender un ordenamiento jurídico. Hay que ver siempre el conjunto de la ley y, más todavía, de la Constitución, para saber lo que realmente dicen. Hay letra, pero hay, ante todo, espíritu, sentido.
Veamos ahora su idea de producto. En mis lecturas de economía política he aprendido que el producto es la coronación del proceso productivo. Adam Smith lo reducía a la ganancia, pero sus sucesores, David Ricardo y Karl Marx, lo corrigieron pues, sobre todo el primero, hicieron notar que había que saber lo que el producto había costado en tiempo de trabajo. Es absurdo separar el producto de su cadena productiva. Todo este lío es porque el 27 dice que “la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos” (del subsuelo, incluido el petróleo).
Los defensores de la reforma dicen que el 27 no dice que la Nación deba encargarse de todo el proceso productivo y sugieren que los artículos 28 y 26, siempre promotores fieles de la iniciativa privada, indican que partes de la cadena productiva deben encargarse a particulares. Olvidan decirnos en qué parte la Constitución dice, literalmente, eso. Olvidan que el 28 habla de un sector estratégico que es el petrolero que debe quedar en exclusiva para la Nación. También que el 26 refrenda ese concepto y que, si se interpretan los tres artículos, junto con el 25, todos en conjunto, resulta un juicio jurídico que les será muy difícil de admitir, pero también de rebatir: se trata de un recurso natural (no sólo de un producto) que pertenece a la Nación y que la Nación misma explotará, “en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.
Dicha ley dice que será a través de Pemex. Esa ley podría decir que se hará también a través de otros sujetos jurídicos, como lo proponen las iniciativas de Calderón; pero, si llegaran a aprobarse, entrarían en contradicción flagrante con la Constitución, porque en ningún lado ésta dice que los privados podrán llevar a cabo la explotación de “esos productos”. Y bien interpretada (mediante juicios jurídicos y no mediante sólo conceptos o palabras), por lo demás, más bien afirma que es una riqueza nacional que debe ser explotada en su beneficio sólo por la Nación. Explotación, en el sentido que da la Carta Magna, no es un aprovechamiento cualquiera, como lo ven los defensores de la reforma, sino, precisamente, un proceso productivo que resulta en un producto.
Como lo dije antes, lo que de verdad están planteando es la tesis de que Pemex es un ente “inconstitucional” (el término no se les ha ocurrido, pero razonan en ese sentido). No lo puede ser si la Ley Reglamentaria lo instituye y ésta deriva del 27. Pero ellos dicen que es un monopolio. El 28 dice que no será monopolio, porque no entra en la concurrencia de negocios. Eso no lo entienden. Habrá también que recordarles que el 26 establece que los sectores estratégicos son una palanca esencial de la planificación nacional y que su función como tales es primordial en la economía. Aparte sus críticas al pésimo desempeño de Pemex como empresa, lo que están diciendo es que no se justifica constitucionalmente y hay que desaparecerla.
Pregonan que se apoyan ante todo en la Constitución, pero su credo es el que expresó en su último artículo mi amigo Enrique Krauze: “El problema está en la sutil suplantación que el Estado ha hecho de la nación: para todos los efectos prácticos, quien tiene la propiedad del petróleo no es la nación, sino el Estado, que delega la propiedad en el gobierno en turno… La ‘propiedad’ de la nación es letra muerta”. Así es: no creen en la Constitución que sigue siendo, según ellos, “letra muerta”, aunque ahora la evoquen para sus fines privatizadores.
Diálogo de sombras. Daniel Cosío Villegas
José Agustín Ortiz Pinchetti
Camino por la explanada de El Colegio de México y me encuentro con don Daniel vestido a la inglesa. Lo saludo: don Daniel, ¡ya me decían que usted es un fantasma que recorre el Colegio! ¿Qué le parece este búnker? ¿Ya vio su estatua?
DCV: Me parece espantoso el grado de contaminación y de tránsito. Yo no conocí este nuevo edificio, me morí poco antes de que lo inaugurara Echeverría. La estatua apenas se le ve en la maleza. Hubiera preferido una ecuestre.
– Hace unos 60 años, usted escribió La crisis de México y estamos en otra crisis o en la misma, que se agrava día por día. En los medios oficiales nadie habla del asunto, o lo hace con un optimismo prácticamente irreal.
DCV: Bueno, yo me refería a la crisis que provocó el agotamiento de las metas de la Revolución. ¡Mi ensayo es de 1946! A mí no me sorprende que los grupos políticos oficiales continúen como siempre obrando sin importarles el destino del país.
– Pues las cosas se están agravando. En cierta forma estamos afrontando los mismos problemas que suscitaron la Revolución Mexicana.
DCV: A ver, a ver, repasemos… la tenencia indefinida del poder por parte de un hombre o un grupo de hombres… ¿cuál es la situación actual?
– El PRI y el PAN ejercen una especie de condominio del poder, pero los que determinan las políticas públicas son un grupo de magnates y la televisión.
DCV: ¿Y el otro propósito?, “que la suerte de los más debería prevalecer sobre la de los menos y que para lograrlo el gobierno tenía que convertirse en agente activo de la transformación”.
– Esto está peor, don Daniel: 50 monopolios controlan la economía. Las clases altas representan solo 3% y las medias 11%. La diferencia entre lo que ganan las familias más ricas y las más pobres llegan a mil tantos. El Estado ha renunciado a su papel rector… ¡Imagínese, están intentando privatizar Pemex!
DCV: ¿Y el nacionalismo…? “Que los gustos e intereses propios prevalezcan sobre los extraños”.
– Hace 20 años que la política de los gobiernos ha sido asociarnos con Estados Unidos, aceptar su tutelaje y abrirse de par en par a la inversión extranjera en áreas prioritarias y estratégicas.
DCV: eso lo preví puntualmente. Advertí que si México no hacía un enorme esfuerzo para salir de la postración, empezaría a navegar sin rumbo para confiar la solución de sus problemas mayores a la aspiración, imitación y sumisión de Estados Unidos.
Camino por la explanada de El Colegio de México y me encuentro con don Daniel vestido a la inglesa. Lo saludo: don Daniel, ¡ya me decían que usted es un fantasma que recorre el Colegio! ¿Qué le parece este búnker? ¿Ya vio su estatua?
DCV: Me parece espantoso el grado de contaminación y de tránsito. Yo no conocí este nuevo edificio, me morí poco antes de que lo inaugurara Echeverría. La estatua apenas se le ve en la maleza. Hubiera preferido una ecuestre.
– Hace unos 60 años, usted escribió La crisis de México y estamos en otra crisis o en la misma, que se agrava día por día. En los medios oficiales nadie habla del asunto, o lo hace con un optimismo prácticamente irreal.
DCV: Bueno, yo me refería a la crisis que provocó el agotamiento de las metas de la Revolución. ¡Mi ensayo es de 1946! A mí no me sorprende que los grupos políticos oficiales continúen como siempre obrando sin importarles el destino del país.
– Pues las cosas se están agravando. En cierta forma estamos afrontando los mismos problemas que suscitaron la Revolución Mexicana.
DCV: A ver, a ver, repasemos… la tenencia indefinida del poder por parte de un hombre o un grupo de hombres… ¿cuál es la situación actual?
– El PRI y el PAN ejercen una especie de condominio del poder, pero los que determinan las políticas públicas son un grupo de magnates y la televisión.
DCV: ¿Y el otro propósito?, “que la suerte de los más debería prevalecer sobre la de los menos y que para lograrlo el gobierno tenía que convertirse en agente activo de la transformación”.
– Esto está peor, don Daniel: 50 monopolios controlan la economía. Las clases altas representan solo 3% y las medias 11%. La diferencia entre lo que ganan las familias más ricas y las más pobres llegan a mil tantos. El Estado ha renunciado a su papel rector… ¡Imagínese, están intentando privatizar Pemex!
DCV: ¿Y el nacionalismo…? “Que los gustos e intereses propios prevalezcan sobre los extraños”.
– Hace 20 años que la política de los gobiernos ha sido asociarnos con Estados Unidos, aceptar su tutelaje y abrirse de par en par a la inversión extranjera en áreas prioritarias y estratégicas.
DCV: eso lo preví puntualmente. Advertí que si México no hacía un enorme esfuerzo para salir de la postración, empezaría a navegar sin rumbo para confiar la solución de sus problemas mayores a la aspiración, imitación y sumisión de Estados Unidos.
Con Salinas empezó la entrega del país a trasnacionales: CNI
Denuncia durante encuentro de solidaridad con zapatistas en Europa
La reforma energética y el TLC son algunos de los instrumentos neoliberales para destruir la soberanía, señala en Atenas un delegado
Hermann Bellinghausen
Con las reformas constitucionales de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se emprendió la destrucción de la soberanía nacional “entregando los recursos del país a las trasnacionales y creando normas que afectan a grandes extensiones de tierra, así como la vida de los pueblos originarios y de todo el pueblo mexicano”, expuso el representante purépecha y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI), Juan Chávez Alonso, al dar inicio el Encuentro Europeo de Solidaridad con los Zapatistas y la otra campaña, que se celebra este fin de semana en Atenas, Grecia.
Durante la primera jornada, este viernes en la Escuela Politécnica (emblema de la lucha durante la “dictadura de los coroneles” de ese país), la Asamblea abierta de solidaridad con los zapatistas y contra la represión en Chiapas, anfitriona del encuentro, reconoció los 14 años de resistencia zapatista y solidaridad internacional, señalando que el objetivo del encuentro “es trabajar en común para detener la guerra en Chiapas y poner en relieve que Europa resiste también a través de la solidaridad”.
En su intervención, Chávez Alonso describió los efectos privatizadores de las leyes de Áreas Naturales y de Protección, de Bioprospección (“para robar la sabiduría y patentar los conocimientos ancestrales de los pueblos”), Salud, Educación y Minería. Subrayó la relevancia negativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, que a través de sus programas “busca la destrucción de la propiedad colectiva, sembrando ‘ejidos’ en territorios recuperados por los zapatistas con una regulación que permite su venta”.
El representante del CNI definió la reforma energética, el TLC, el ALCA y el Plan Puebla-Panamá como “instrumentos neoliberales para destruir la soberanía”. Quienes se oponen a estos planes, como las bases de apoyo zapatistas, son reprimidos y despojados, mientras se mantiene la militarización de sus tierras.
Para los indígenas, añadió, “todo lo que hay en la tierra es parte de la vida de la humanidad, se respeta y se cuida”. Los métodos de producción y comercialización neoliberales “destruyen y concentran la riqueza en manos de unos pocos, provocando pobreza y la dolorosa emigración”. Así, “el genocidio es cultural y físico”, pues busca “desaparecer materialmente a los pueblos indios”.
Recordó que en 2001, el Congreso mexicano negó el reconocimiento a estos pueblos y su autonomía, y definió a las comunidades “como entidades de interés público, no de derecho público; objetos y no sujetos”. Los zapatistas reafirman entonces el “derecho histórico” a su autonomía y en 2003 constituyen las juntas de buen gobierno. Desde 2006, la sexta declaración de la selva Lacandona significa la construcción de un nuevo proyecto de nación y una nueva Constitución.
Ernesto Ledesma, director de Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), quien ha recorrido 13 países de Europa para encontrarse con grupos solidarios con el EZLN, sostuvo que “se ha avanzado en el objetivo de romper el cerco informativo a la otra campaña y la lucha zapatista”.
Al concluir el primer día de coloquio en Atenas, Ledesma manifestó que la Sexta “tiene su origen en los pueblos indígenas, en la libre determinación y la aplicación de su autonomía, por naturaleza antisistémica y anticapitalista”. El objetivo, expresó, es aglutinar las luchas de todos los sectores y movimientos de abajo a la izquierda. “El avance de la Sexta origina represión, pero cuanto más nos reprimen más reaccionamos. Hay que seguir este camino y comprender que una parte fundamental de la conformación de los movimientos sociales es escuchar, y esto lo aprendemos de las compañeras y compañeros indígenas”.
La reforma energética y el TLC son algunos de los instrumentos neoliberales para destruir la soberanía, señala en Atenas un delegado
Hermann Bellinghausen
Con las reformas constitucionales de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se emprendió la destrucción de la soberanía nacional “entregando los recursos del país a las trasnacionales y creando normas que afectan a grandes extensiones de tierra, así como la vida de los pueblos originarios y de todo el pueblo mexicano”, expuso el representante purépecha y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI), Juan Chávez Alonso, al dar inicio el Encuentro Europeo de Solidaridad con los Zapatistas y la otra campaña, que se celebra este fin de semana en Atenas, Grecia.
Durante la primera jornada, este viernes en la Escuela Politécnica (emblema de la lucha durante la “dictadura de los coroneles” de ese país), la Asamblea abierta de solidaridad con los zapatistas y contra la represión en Chiapas, anfitriona del encuentro, reconoció los 14 años de resistencia zapatista y solidaridad internacional, señalando que el objetivo del encuentro “es trabajar en común para detener la guerra en Chiapas y poner en relieve que Europa resiste también a través de la solidaridad”.
En su intervención, Chávez Alonso describió los efectos privatizadores de las leyes de Áreas Naturales y de Protección, de Bioprospección (“para robar la sabiduría y patentar los conocimientos ancestrales de los pueblos”), Salud, Educación y Minería. Subrayó la relevancia negativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, que a través de sus programas “busca la destrucción de la propiedad colectiva, sembrando ‘ejidos’ en territorios recuperados por los zapatistas con una regulación que permite su venta”.
El representante del CNI definió la reforma energética, el TLC, el ALCA y el Plan Puebla-Panamá como “instrumentos neoliberales para destruir la soberanía”. Quienes se oponen a estos planes, como las bases de apoyo zapatistas, son reprimidos y despojados, mientras se mantiene la militarización de sus tierras.
Para los indígenas, añadió, “todo lo que hay en la tierra es parte de la vida de la humanidad, se respeta y se cuida”. Los métodos de producción y comercialización neoliberales “destruyen y concentran la riqueza en manos de unos pocos, provocando pobreza y la dolorosa emigración”. Así, “el genocidio es cultural y físico”, pues busca “desaparecer materialmente a los pueblos indios”.
Recordó que en 2001, el Congreso mexicano negó el reconocimiento a estos pueblos y su autonomía, y definió a las comunidades “como entidades de interés público, no de derecho público; objetos y no sujetos”. Los zapatistas reafirman entonces el “derecho histórico” a su autonomía y en 2003 constituyen las juntas de buen gobierno. Desde 2006, la sexta declaración de la selva Lacandona significa la construcción de un nuevo proyecto de nación y una nueva Constitución.
Ernesto Ledesma, director de Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), quien ha recorrido 13 países de Europa para encontrarse con grupos solidarios con el EZLN, sostuvo que “se ha avanzado en el objetivo de romper el cerco informativo a la otra campaña y la lucha zapatista”.
Al concluir el primer día de coloquio en Atenas, Ledesma manifestó que la Sexta “tiene su origen en los pueblos indígenas, en la libre determinación y la aplicación de su autonomía, por naturaleza antisistémica y anticapitalista”. El objetivo, expresó, es aglutinar las luchas de todos los sectores y movimientos de abajo a la izquierda. “El avance de la Sexta origina represión, pero cuanto más nos reprimen más reaccionamos. Hay que seguir este camino y comprender que una parte fundamental de la conformación de los movimientos sociales es escuchar, y esto lo aprendemos de las compañeras y compañeros indígenas”.
Ortega vendió la idea de que él podía vetar a AMLO: Saucedo
Por ese “pacto” con la derecha pretenden imponerlo, asegura
Para solucionar la crisis los candidatos deben renunciar, dice Juan Guerra
Georgina Saldierna y Ángeles Cruz
Mario Saucedo señaló ayer que Jesús Ortega y su corriente, Nueva Izquierda (NI), hicieron un compromiso: vendieron la idea a la gente de la derecha y de los poderes fácticos, de que ellos podían vetar a Andrés Manuel López Obrador y al bloque de Alejandro Encinas; a los radicales que dicen ellos.
Pero no les salió, y por eso a como dé lugar, a través del fraude, pretenden imponer la candidatura de Ortega, esperanzados en que esto se logre por medio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subrayó.
Integrante de la corriente de los Cívicos, estimó que NI pretende hacer del sol azteca un partido de izquierda dócil, funcional al sistema, lo que evidentemente entra en contradicción con el movimiento democrático.
Al referirse al acta de cómputo nacional que da como triunfador de los comicios internos al abanderado de los chuchos, manifestó que tal resultado es producto de que el Comité Técnico Electoral (CTE) sumó votos fraudulentos, esto es, casillas impugnadas o no instaladas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Expuso que ahora la Comisión Nacional de Garantías tendrá que calificar la información y decir cuáles son votos correctos y cuáles no.
Más adelante consideró que la crisis en este partido no ha tocado fondo, y que de ella todos sus dirigentes son responsables por haber dejado crecer una forma antidemocrática de hacer política.
Saucedo se refirió también a la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas en el sentido de que los candidatos a la dirigencia declinen sus aspiraciones y se nombre una presidencia interina. Al respecto, cuestionó que en dicha salida se permita a Jesús Ortega despedirse como si no estuviera inculpado de haber cometido fraude electoral y atentar contra la vida interna del PRD.
En este contexto, señaló la posibilidad de integrar una comisión de ética que sancione a dirigentes, senadores, gobernadores y diputados que hayan incurrido en prácticas antidemocráticas en procesos electorales, porque resulta que los causantes del problema que enfrenta el PRD siguen gozando de cabal salud, como si no hubiera pasado nada.
Por su lado, Juan Guerra, vicecoordinador de los diputados federales del PRD, dijo que para solucionar el conflicto de este instituto se requiere que Alejandro Encinas y Jesús Ortega piensen en el partido, en el deterioro que ya presenta, y declinen, porque ninguno de los dos que, por cualquier vía, quedara como presidente, podría desempeñar esa función.
Sorprendido por la noticia de que el Comité Técnico Electoral concluyó el cómputo nacional de la elección del pasado 16 de marzo y le dio el triunfo a Jesús Ortega, confió en que éste se sostenga en su decisión de buscar una salida política.
Resaltó que en el partido del sol azteca se necesitan las dos corrientes que ahora se disputan la presidencia del PRD, tanto la radical como la moderada, para complementarse y mantener ese capital político de la izquierda en México. Esta conjunción es la que da fortaleza al PRD, por lo que se debe preservar, y para ello es necesario buscar una salida política.
De otra manera, advirtió el legislador, el PRD se va a seguir desfigurando y perdiendo apoyos. Ambos candidatos deben solicitar a la Comisión Nacional de Garantías la anulación de la elección y el nombramiento de una dirección provisional mientras se realiza el congreso refundacional del partido, donde se definirían las nuevas reglas internas, indicó.
Para solucionar la crisis los candidatos deben renunciar, dice Juan Guerra
Georgina Saldierna y Ángeles Cruz
Mario Saucedo señaló ayer que Jesús Ortega y su corriente, Nueva Izquierda (NI), hicieron un compromiso: vendieron la idea a la gente de la derecha y de los poderes fácticos, de que ellos podían vetar a Andrés Manuel López Obrador y al bloque de Alejandro Encinas; a los radicales que dicen ellos.
Pero no les salió, y por eso a como dé lugar, a través del fraude, pretenden imponer la candidatura de Ortega, esperanzados en que esto se logre por medio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subrayó.
Integrante de la corriente de los Cívicos, estimó que NI pretende hacer del sol azteca un partido de izquierda dócil, funcional al sistema, lo que evidentemente entra en contradicción con el movimiento democrático.
Al referirse al acta de cómputo nacional que da como triunfador de los comicios internos al abanderado de los chuchos, manifestó que tal resultado es producto de que el Comité Técnico Electoral (CTE) sumó votos fraudulentos, esto es, casillas impugnadas o no instaladas de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Expuso que ahora la Comisión Nacional de Garantías tendrá que calificar la información y decir cuáles son votos correctos y cuáles no.
Más adelante consideró que la crisis en este partido no ha tocado fondo, y que de ella todos sus dirigentes son responsables por haber dejado crecer una forma antidemocrática de hacer política.
Saucedo se refirió también a la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas en el sentido de que los candidatos a la dirigencia declinen sus aspiraciones y se nombre una presidencia interina. Al respecto, cuestionó que en dicha salida se permita a Jesús Ortega despedirse como si no estuviera inculpado de haber cometido fraude electoral y atentar contra la vida interna del PRD.
En este contexto, señaló la posibilidad de integrar una comisión de ética que sancione a dirigentes, senadores, gobernadores y diputados que hayan incurrido en prácticas antidemocráticas en procesos electorales, porque resulta que los causantes del problema que enfrenta el PRD siguen gozando de cabal salud, como si no hubiera pasado nada.
Por su lado, Juan Guerra, vicecoordinador de los diputados federales del PRD, dijo que para solucionar el conflicto de este instituto se requiere que Alejandro Encinas y Jesús Ortega piensen en el partido, en el deterioro que ya presenta, y declinen, porque ninguno de los dos que, por cualquier vía, quedara como presidente, podría desempeñar esa función.
Sorprendido por la noticia de que el Comité Técnico Electoral concluyó el cómputo nacional de la elección del pasado 16 de marzo y le dio el triunfo a Jesús Ortega, confió en que éste se sostenga en su decisión de buscar una salida política.
Resaltó que en el partido del sol azteca se necesitan las dos corrientes que ahora se disputan la presidencia del PRD, tanto la radical como la moderada, para complementarse y mantener ese capital político de la izquierda en México. Esta conjunción es la que da fortaleza al PRD, por lo que se debe preservar, y para ello es necesario buscar una salida política.
De otra manera, advirtió el legislador, el PRD se va a seguir desfigurando y perdiendo apoyos. Ambos candidatos deben solicitar a la Comisión Nacional de Garantías la anulación de la elección y el nombramiento de una dirección provisional mientras se realiza el congreso refundacional del partido, donde se definirían las nuevas reglas internas, indicó.
Crisis andina, cadena de inconsistencias
Editorial
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió ayer que iniciará procesos penales internacionales contra el gobierno de Colombia por las “ejecuciones extrasumariales” presuntamente cometidas durante el ataque lanzado contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano. A decir del mandatario, al menos tres de las personas que se encontraban en el refugio de las FARC fueron rematadas a sangre fría por elementos del ejército colombiano, lo que, de confirmarse, reafirmaría el carácter criminal y bárbaro de la operación militar ordenada por Álvaro Uribe, y que ésta no sólo contravino la legalidad internacional, sino también los más elementales principios humanitarios.
Por supuesto, Bogotá ha negado la versión. Sin embargo, el historial de mentiras e inconsistencias de ese gobierno no permite descartar las acusaciones de Correa. Ha de recordarse que en un principio las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; más tarde se aseguró que los soldados colombianos sí habían cruzado la frontera, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, aun cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.
Luego, la Casa de Nariño –sede del gobierno de Colombia– afirmó que contaba con información respecto de supuestos “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”, y pretendió fundamentar tales señalamientos con datos obtenidos en las computadoras que presuntamente llevaba el líder guerrillero Raúl Reyes, caído durante el ataque. Hasta ahora, la versión de Uribe no ha podido ser demostrada e incluso ha tenido que desmentir la autenticidad de algunas de sus “evidencias”, como las imágenes que presuntamente mostraban a Reyes en entrevista con el ministro de Seguridad Interna y Externa venezolano, Gustavo Larrea, cuando en realidad se trataba del secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Echegaray.
Ahora el gobierno colombiano afirma que durante la acción militar de principios de marzo no intervino ninguna otra nación. Con ello, Bogotá pretende negar el apoyo de Washington en la operación, lo que pareció evidente desde un principio por el grado de sofisticación y el empleo de tecnología de punta durante el ataque, y porque, como lo señaló el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, hay “razones fundadas para creer que la fuerza aérea colombiana no tiene capacidad para realizar el ataque”.
En cambio, las aseveraciones del presidente Correa no acusan las inconsistencias de su homólogo colombiano, ni representan una suma de improbabilidades para el sentido común. Algunas de ellas, inclusive, han sido confirmadas por actores ajenos al conflicto, como el gobierno francés, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Ingrid Betancourt. Ante estos elementos de juicio, cobran sentido e importancia las intenciones de esclarecer, de cara a la opinión pública mundial, un hecho que agravió al pueblo de Ecuador, a los principios fundamentales de la soberanía, a la legalidad internacional y a la propia condición humana.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió ayer que iniciará procesos penales internacionales contra el gobierno de Colombia por las “ejecuciones extrasumariales” presuntamente cometidas durante el ataque lanzado contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano. A decir del mandatario, al menos tres de las personas que se encontraban en el refugio de las FARC fueron rematadas a sangre fría por elementos del ejército colombiano, lo que, de confirmarse, reafirmaría el carácter criminal y bárbaro de la operación militar ordenada por Álvaro Uribe, y que ésta no sólo contravino la legalidad internacional, sino también los más elementales principios humanitarios.
Por supuesto, Bogotá ha negado la versión. Sin embargo, el historial de mentiras e inconsistencias de ese gobierno no permite descartar las acusaciones de Correa. Ha de recordarse que en un principio las autoridades colombianas afirmaron que durante el operativo no se violó en momento alguno la soberanía de Ecuador; más tarde se aseguró que los soldados colombianos sí habían cruzado la frontera, pero que lo habían hecho en persecución de los guerrilleros y en todo momento actuaron en defensa propia, aun cuando se ha comprobado que los insurgentes fueron asesinados a mansalva, posiblemente mientras dormían.
Luego, la Casa de Nariño –sede del gobierno de Colombia– afirmó que contaba con información respecto de supuestos “acuerdos del grupo terrorista de las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela”, y pretendió fundamentar tales señalamientos con datos obtenidos en las computadoras que presuntamente llevaba el líder guerrillero Raúl Reyes, caído durante el ataque. Hasta ahora, la versión de Uribe no ha podido ser demostrada e incluso ha tenido que desmentir la autenticidad de algunas de sus “evidencias”, como las imágenes que presuntamente mostraban a Reyes en entrevista con el ministro de Seguridad Interna y Externa venezolano, Gustavo Larrea, cuando en realidad se trataba del secretario general del Partido Comunista de Argentina, Patricio Echegaray.
Ahora el gobierno colombiano afirma que durante la acción militar de principios de marzo no intervino ninguna otra nación. Con ello, Bogotá pretende negar el apoyo de Washington en la operación, lo que pareció evidente desde un principio por el grado de sofisticación y el empleo de tecnología de punta durante el ataque, y porque, como lo señaló el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, hay “razones fundadas para creer que la fuerza aérea colombiana no tiene capacidad para realizar el ataque”.
En cambio, las aseveraciones del presidente Correa no acusan las inconsistencias de su homólogo colombiano, ni representan una suma de improbabilidades para el sentido común. Algunas de ellas, inclusive, han sido confirmadas por actores ajenos al conflicto, como el gobierno francés, cuya cancillería afirmó que Raúl Reyes era su contacto con las FARC para negociar la liberación de Ingrid Betancourt. Ante estos elementos de juicio, cobran sentido e importancia las intenciones de esclarecer, de cara a la opinión pública mundial, un hecho que agravió al pueblo de Ecuador, a los principios fundamentales de la soberanía, a la legalidad internacional y a la propia condición humana.
Asamblea Dominical Resistencia Creativa 11 de Mayo 2008
Invitamos a brigadistas del MNDP, comités ciudadanos en resistencia, hombres y mujeres libres de México, a la Asamblea dominical de la Resistencia Creativa este domingo 11 de mayo del 2008 en el Hemiciclo a Juárez a las 11:00 hrs. en esta ocasión contaremos con la presencia del Dr. Jaime Cárdenas Gracia, quien nos dará una interesante conferencia sobre el tema del Petróleo.
Al concluir la conferencia, la brigada No. 8 "Enaguas Profundas" tendrá ensayo general de la orquesta disfónica (por lo que se solicita lleven sus instrumentos musicales), así como entrega de materiales para brigadeo.
¡Contamos con tu presencia
Invitación hoy, 11 A.M.
Conferencia
El CP José Zúñiga Jiménez, especialista fiscal, abordará las perspectivas económicas y fiscales de la iniciativa privatizadora del petróleo del gobierno calderonista y sus efectos para la población en general. Domingo 11 de mayo a las 11 horas en el salón de usos múltiples de la Unidad Habitacional Carmen Serdán. Décima Cerrada de las Torres No. 22, colonia Valle de San Lorenzo, Iztapalapa DF.
El CP José Zúñiga Jiménez, especialista fiscal, abordará las perspectivas económicas y fiscales de la iniciativa privatizadora del petróleo del gobierno calderonista y sus efectos para la población en general.
Entrevista en la que se expresa el pensamiento de la derecha
Guillermo Velasco Arzac/Mejor Sociedad, Mejor Gobierno
López Obrador se va a topar con un blindaje ciudadano
La próxima vez que el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador intente paralizar las actividades legislativas, se topará con un blindaje ciudadano, advierte, en entrevista con Siempre!, Guillermo Velasco Arzac, presidente de la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno (MSMG).
El 25 de abril pasado, luego de más de dos semanas del secuestro con el que supuestamente evitó un “madruguete legislativo” que aprobara las cinco iniciativas para la reforma energética presentadas el día 8 por el presidente Felipe Calderón, el Frente Amplio Progresista (FAP) desocupó las tribunas del Congreso de la Unión, tras pactar con el PRI y el PAN un debate nacional en torno a la transformación de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual se celebrará del 13 de mayo al 22 de julio.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, explicó entonces que la ocupación de las tribunas de las cámaras de Diputados y Senadores fue un “triunfo” de los legisladores del FAP y de la resistencia civil (el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que encabeza López Obrador) para impedir una reforma que viole la Constitución, privatice la industria petrolera y promueva la corrupción. Sin embargo, una encuesta realizada por la propia Unidad de Estudios Estratégicos de la fracción perredista en la cámara alta, indicó que la toma de las tribunas parlamentarias, ocurrida el 10 de abril, obtuvo la reprobación de seis de cada diez mexicanos.
Entrevistado por este semanario, Guillermo Velasco Arzac, contratante del spot televisivo ¿Quiénes toman los Congresos?, que comparó la movilización del FAP con las acciones de dictadores como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta, aseguró que la línea violenta de López Obrador va camino hacia un problema muy grave para México.Actuación fascista
Antonio Cerda Ardura.- ¿Considera usted que el spot de televisión de MSMG influyó, finalmente, en el desalojo de las tribunas parlamentarias?
Guillermo Velasco Arzac.- Estamos convencidos de que contribuyó bastante. Los legisladores que secuestraron el Congreso partían del supuesto de que la opinión pública estaba de su lado, porque estaban uniendo la bandera de Pemex con la clausura de las tribunas. Pero el pueblo mexicano no es tonto y distingue perfectamente que una cosa es debatir la reforma energética y otra es una actuación fascista y autoritaria. Por eso la sociedad les dio la espalda. El spot vino a ser la voz pública de lo que una gran cantidad de mexicanos pensaba en su casa, en el trabajo o en la escuela. Y comprobamos que el spot tuvo un gran apoyo, a través de llamadas telefónicas y por las respuestas a nuestro portal de Internet. Tal vez esto hizo pensar a los legisladores del FAP que estaban pagando un costo muy alto, que sufrían un gran desprestigio y que su acción va a repercutir en el ámbito electoral.
A.C.A.- Las autoridades no condenaron el secuestro del Congreso, pero sí el ataque del spot a un partido político. Algunos intelectuales consideraron que el anuncio fue exagerado y que, por el contrario, quizás abonó más en la división de los mexicanos.
G.V.A.- La mesa directiva del Congreso marcó la pauta institucional, pero sin fuerza suficiente, porque significaba entrar en conflicto con sus compañeros legisladores. Sólo dejó el precedente de no estar de acuerdo con la toma de las tribunas. El Poder Ejecutivo estaba en una situación comprometida, porque, en el momento en que Felipe Calderón opinó, de inmediato se dio una polarización Legislativo-Ejecutivo. Tampoco le convenía. Por eso era indispensable que los ciudadanos manifestáramos un repudio total a los legisladores golpistas. Hubo quienes dijeron que se nos pasó la mano o que nos movió el odio, pero, francamente, se trató de opiniones poco serias. Lo que nos movió fue el amor a las instituciones, a México y a la justicia. Lo que comparó el spot fue una acción. Podrán existir motivaciones diferentes, pero retener, por ejemplo, a una persona por dinero, pasión o venganza, es un secuestro. En este caso, el secuestro del Congreso significó que un poder político se plantó por encima de la ley y el derecho y logró paralizar las actividades legislativas. ¡Eso fue lo que hizo Mussolini! Y eso también lo hizo, por consigna, el grupo de legisladores de López Orador. ¡Fue una acción comparable! Nosotros no equiparamos las biografías ni la trayectoria política de los personajes, sino la acción específica de la clausura del Congreso.
A.C.A.- De la plática López Obrador-Carlos Navarrete dada a conocer, se infiere que la toma del Congreso fue una medida voluntariosa de una sola persona y que los legisladores perredistas obedecen esos dictados.
G.V.A.- Puso en evidencia que López Obrador es un cacique que maneja las riendas del PRD, o de gran parte del PRD. Pero también indica que los legisladores golpistas buscarán culparlo sólo a él. ¡Todos son responsables, porque no son niños! Por lo tanto, la sociedad va a rechazar a los legisladores y al partido que han generado acciones violentas.
A.C.A.- ¿Cómo fundamentaría, legalmente, la emisión de su spot?
G.V.A.- En la libertad de expresión. Desde que se inició la reforma electoral, nosotros advertimos que había un exceso, porque los ciudadanos necesitamos espacios de expresión. No podemos confiar el sentir ciudadano únicamente a los partidos políticos, porque éstos, muchas veces, acaban negociando a espaldas de la ciudadanía. Los ciudadanos tenemos libertad de expresión, por ejemplo, en el restaurante en el que ahora estamos charlando, pero eso no tiene fuerza política. Para poder tener fuerza política, necesitamos libertad para contratar spots o publicar desplegados. Es la única manera de dar peso político a nuestra voz y, por lo tanto, es un fundamento de libertad de expresión. Así que vamos a seguir peleando por ese derecho.
A.C.A.- No debió sorprenderle la reacción dura del lFE, que ordenó retirare el spot, pero no condenó la clausura del Congreso.
G.V.A.- El Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) prohíbe a los partidos políticos los actos en contra de las instituciones, la democracia y la ley. La clausura del Congreso violó el artículo 38 del Cofipe y, sin embargo, el IFE no ha sancionado a esos legisladores. Es más fácil condenar a un ciudadano que representa a una organización de mediano tamaño. ¡A ese sí hay que aplicarle la ley! En cambio, no hacen valer su autoridad y la norma para frenar una acción, a todas luces ilegal, de uno o de varios partidos políticos.
A.C.A.- ¿Cuál debió haber sido la reacción?
G.V.A.- El IFE debe actuar de manera más firme y más pareja y sancionar al partido o partidos y a las personas que secuestraron el Congreso. Si no es así, lo van volver a secuestrar.
A.C.A.- ¿Qué plantearía MSMG para que el Congreso deje de ser un rehén político?
G.V.A.- Se necesita un buen diagnóstico político que demuestre que no es un problema personal de López Obrador. Muchos dicen que él está loco, pero se equivocan: atrás hay una estrategia. En esa estrategia, López Obrador es sólo un líder. Pero hay muchas personas comprometidas a crear desestabilización e ingobernabilidad en México. Una prueba: uno de nuestros asociados en MSMG, se infiltró en el grupo de las adelitas. ¡Le regalaron discos digitales con propaganda del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)! ¡Así que no es el asunto del petróleo! Se trata de una estrategia de movilización radical, porque, por la vía electoral, no van a encontrar nunca el respaldo suficiente del pueblo. Y los ciudadanos tenemos que rechazar con energía, en todos los foros, esa acción radical de algunos legisladores y dirigentes políticos.
A.C.A.- ¿Esto significa que usted liga al movimiento de López Obrador con las FARC y con grupos rebeldes de México?
G.V.A.- Sostenemos es que se está articulando un movimiento violento. Nosotros denunciamos, por ejemplo, la presencia de mexicanos en las FARC, en territorio de Ecuador. Ya quedó claro que Lucía Morett, que primero decía que estaba en un viaje de estudios, sí está comprometida con las FARC y cuenta ahora con la protección del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Si tomamos en cuenta las expresiones de apoyo de algunos intelectuales y políticos mexicanos de izquierda, eso significa que la línea violenta de las FARC no les es ajena ni antipática. Así que me parece que sí hay una vinculación y que las acciones del EPR, la relación con las FARC y la línea violenta de López Obrador, si no están hoy articuladas, van camino hacia un problema más grave para México.
A.C.A.- Usted se reunió con el presidente de Colombia, Alvaro Uribe. ¿De qué hablaron?
G.V.A.- El primer tema fue el abatimiento del crimen organizado en Colombia. Cuando él tomó posesión, ocurrían en ese país unos tres mil secuestros anuales. Pero el año pasado se registraron sólo 270. En México, durante 2007, tuvimos 570 secuestros. ¡Más del doble! Esto significa que el primer lugar en secuestros que Colombia mantuvo durante muchos años, ahora lo ocupa México. Contra los hechos, no hay argumentos. En Colombia se han fortalecido, en forma simultánea, la democracia y el combate al crimen organizado. Lo segundo que platicamos fue sobre nuestra denuncia formal, penal, respecto a posibles delitos de terrorismo, contra esos mexicanos que estaban en Ecuador. Esto lo tiene que investigar la PGR, porque ha ido quedando claro que estos mexicanos no tenían ningún objetivo académico y que se encontraban en un campamento de alto nivel estratégico para las FARC.
A.C.A.- Hay gente que no comparte su posición y que lo califica como un radical de extrema derecha, cuya pretensión es agudizar la división de la sociedad.
G.V.A.- Extrema derecha fueron Mussolini y Pinochet. En distintos momentos de la historia, las extremas derecha e izquierda se han juntado y apoyado. La posición del nazismo, por ejemplo, fue un socialismo nacionalista como el que algunos izquierdistas sostienen. Y se juntan porque violan derechos humanos, menosprecian las instituciones y manipulan la democracia a su antojo. Por eso extrema derecha y extrema izquierda son autoritarios y prepotentes. Pero mi posición tiene una definición clara a la que dedicamos un congreso nacional: el humanismo solidario. Esto significa que el ser humano, el pobre, el común y corriente, y el nacido en México y el inmigrante deben ser el centro de la vida política y económica. Es solidario porque no bastan las leyes ni el movimiento de la economía. Tiene que haber solidaridad entre las personas y los grupos para resolver los graves problemas sociales del país. Este es un pensamiento profundo. Llamarlo de derecha es una etiqueta muy mal puesta, porque no lo refleja.
A.C.A.- ¿Hasta qué punto los ciudadanos podemos tomar la justicia en nuestras manos? ¿Y hasta qué punto el Estado está omitiendo su obligación de preservar la paz y la seguridad?
G.V.A.- Desde el año 2000, los ciudadanos hemos aprendido lecciones. Los partidos pueden ser mejores y todos queremos que lo sean, pero no podemos confiar la vida política a los políticos profesionales, ni podemos limitar la participación ciudadana a los partidos políticos. Tampoco podemos dejar la democracia sólo en los procesos electorales. Necesitamos una democracia participativa, muy ciudadana y fuerte. De otra manera, los intereses políticos y económicos dentro de los partidos acaban perjudicando a la sociedad. Por otra parte, el gobierno solo no puede enfrentar estrategias como la de la desestabilización o el terrorismo. ¡El Estado es gobierno y sociedad! Así que necesitamos una sociedad mucho más pujante. Precisamente por eso, aun cuando para mí fuera muy atractiva una vida más tranquila, junto con otras personas estoy volviendo a asumir un liderazgo social. La ciudadanía lo espera, lo respalda y lo apoya. Así es como vamos a poder contrarrestar todo lo que atenta contra las instituciones.
A.C.A.- ¿Qué piensa en lo personal de López Obrador? Ambos representan posiciones en colisión. Para usted, él es un cacique.
G.V.A.- Existe una confrontación que, además, se ha repetido. Cuando marchamos contra la inseguridad, la reacción de López Obrador fue decir que había un complot de la derecha en su contra y mencionó mi nombre como el principal responsable. Durante el proceso electoral del 2006, en el marco de una red ciudadana, nosotros hicimos todo lo posible para impedir que López Obrador llegara a la Presidencia. Después de las elecciones, defendimos la autonomía del Tribunal Electoral para impedir su chantaje. Ahora es lo mismo. Por lo visto, vamos a estar en confrontación durante varios años, porque él buscará lograr sus objetivos políticos y nosotros trataremos de impedirlo. Sin embargo, nuestra acción no se limita a López Obrador, sino a toda esa estrategia que intenta generar un retroceso en la vida política de México y llevarnos, otra vez, a una lucha de clases, al autoritarismo y a las polarizaciones.
A.C.A.- ¿Son López Obrador y el PRD?
G.V.A.- López Obrador y gran parte del PRD. En la misma línea están Alejandro Encinas, aun cuando es más hábil para plantearlo, y muchos más. No es un repudio a todo el PRD. México necesita un partido de izquierda, pero que crea en la democracia y en la ley.
A.C.A.- Para López Obrador, usted y su spot son parte del complot de siempre. Si hubiera que darle alguna explicación, ¿qué le diría?
G.V.A.- Lo invito a un debate. Vamos a discutir su estrategia y, por mi parte, lo que la sociedad pide. No sería sólo mi punto de vista, sino lo que diversos sectores sociales le reclaman, como esa estrategia de movilización antidemocrática. Ojalá lo acepte.
No a la indiferencia
A.C.A.- Ahora se ha dicho que lo que menos le importa a él es el petróleo, sino mantener los reflectores en la búsqueda de la Presidencia de la República. ¿Quién puede detenerlo?
G.V.A.- Hay mucho de megalomanía personal, pero no se trata de un proyecto personal, sino de una estrategia de grupo. Eso lo quiero destacar porque, de lo contrario, minimizamos el peligro que representa para México. Es una estrategia desestabilizadora que va a ir impulsando, poco a poco, una violencia verbal y social que quizás pueda llegar más lejos. El progreso de esa estrategia ocasionaría un enorme daño social, económico, cultural y político a México. Crearía desconfianza en las instituciones, resentimiento social, desunión entre los mexicanos y habría menos creación de empleos y menos inversiones. El buscar que lo detengan, es parte de la audacia de López Obrador. Le vendría muy bien una represión del gobierno para plantearse como víctima. Eso no conviene. Pero tampoco conviene la indiferencia. Tiene que darse un rechazo activo, público, cívico para que el ambiente se vaya calentando en favor de la democracia, con un gran sentido de dignidad, y para que vaya perdiendo el sustento social que hoy tiene.
A.C.A.- ¿Hay que poner algún tipo de blindaje al Congreso?
G.V.A.- Definitivamente, un blindaje ciudadano. Nosotros participaremos activamente. Haremos vallas ciudadanas para preservar la institucionalidad del Congreso y para defenderlo. Vamos a estar ahí para evitar una nueva clausura, porque, al fin y al cabo, las instituciones son del pueblo y no de los partidos. Seguiremos buscando la suma de esfuerzos en contra de la estrategia de López Obrador, que ya no va a poder tomar el Congreso impunemente.
Boletín Informativo ISA núm 417
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. La Constitución permite las consultas públicas cuando se trata de asuntos importantes para la Nación y para su desarrollo económico y social, como es el caso del futuro de la industria petrolera, señala López Obrador
II. Sería una tontería vender Pemex, por ser sustento y columna vertebral de la economía nacional: Bátiz
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LA CONSTITUCIÓN PERMITE LAS CONSULTAS PÚBLICAS CUANDO SE TRATA DE ASUNTOS IMPORTANTES PARA LA NACIÓN Y PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, COMO ES EL CASO DEL FUTURO DE LA INDUSTRIA PETROLERA, SEÑALA LÓPEZ OBRADOR
Al reiterar la necesidad de combatir la corrupción en Pemex para evitar que Mouriño y Felipe Calderón realicen negocios en la paraestatal al amparo del poder público, el presidente legítimo de México afirmó que Calderón es un inepto y resultó un rotundo fracaso en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, como lo demuestra la ola de ejecuciones registradas en un importante número de ciudades del país.
En entrevista que concedió al término de una reunión informativa con brigadistas de comités en defensa del petróleo de los cinco municipios de Baja California Sur, calificó de una farsa la resolución a favor de Mouriño de la comisión legislativa investigadora de los delitos de tráfico de influencias en los negocios del funcionario calderonista.
“Los legisladores de la mencionada comisión investigadora fueron designados por el propio Mouriño, en sus oficinas de la Secretaría de Gobernación, y se formó a la medida de los intereses del propio Mouriño y de Calderón. Ahora, hay que buscar un mecanismo para traerlos a mecate corto, tanto a Mouriño como a Calderón”, propuso.
Sin embargo, López Obrador aclaró que el delito de tráfico de influencias en el que incurrió Mouriñó Terrazo no prescribe. Todavía “hay delitos que perseguir porque Mouriño y Calderón son socios en el negocio del petróleo”, agregó.
El caso Mouriño no está cerrado y “nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón”, adelantó, y subrayó que es necesario transferir a Pemex los recursos excedentes captados por los altos precios del petróleo en el mercado internacional, para evitar que Calderón, Mouriño y socios los utilicen de manera discrecional.
A pregunta expresa que le hicieron los reporteros, el presidente legítimo de los mexicanos hizo énfasis en que el movimiento nacional en defensa del petróleo se conduce y se conducirá de manera pacífica.
También informó que ha visitado en diversas ocasiones los cinco municipios de Baja California Sur y que en esta ocasión fue para sostener una reunión informativa con los brigadistas de los comités en defensa del petróleo, porque “no queremos la privatización del petróleo, no queremos que se entregue este recurso a extranjeros”.
En las asambleas informativas con los brigadistas de los estados de Baja California Sur y Baja California, López Obrador reiteró “la necesidad de someter a una consulta popular la denominada reforma energética que impulsa el gobierno del presidente pelele, Felipe Calderón”.
Mediante un acuerdo de los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias se podría concretar que el pueblo de México expresara su aprobación o rechazo a la mencionada propuesta, explicó. Expresó que la Constitución permite las consultas públicas cuando se trata de asuntos importantes para la Nación y para su desarrollo económico y social, además de que en la mayoría de las leyes fundamentales de los estados ya está prevista la figura de referéndum, el plebiscito y la consulta popular.
En otro orden de ideas, López Obrador destacó la importancia de tomar en cuenta la propuesta hecha por su correligionario, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como una alternativa de solución al conflicto interno en el PRD.
De acuerdo a la agenda de trabajo, López Obrador no tendrá actividades públicas este 10 de mayo, y se reunirá el domingo con los integrantes de las brigadas en defensa del petróleo de los estados de Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.
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SERÍA UNA TONTERÍA VENDER PEMEX, POR SER SUSTENTO Y COLUMNA VERTEBRAL DE LA ECONOMÍA NACIONAL: BÁTIZ
Palabras del secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México, Bernardo Bátiz Vázquez, en el simposio Petróleo y Seguridad Energética, que organiza la Comisión de Energía y Desarrollo del Frente Amplio Progresista en la Antigua Escuela de Medicina
Los proyectos de dos leyes completas y tres reformas a otras, que se ha llamado en su conjunto “Reforma Energética”, no son sino una apertura para que las poderosas empresas petroleras privadas tengan acceso, propiedad y control de refinerías, oleoductos y pozos petroleros en tierra firme y en el mar.
El proyecto en su conjunto es una acción mal intencionada, mentirosa, encaminada simultáneamente a pasar por encima de preceptos constitucionales vigentes y a engañar a la opinión pública diciendo lo contrario de lo que se pretende hacer; se basa en una aplicación equívoca de preceptos constitucionales vigentes de clara interpretación, para entregar, al menos en parte, por lo pronto en parte, el patrimonio mexicano en materia de hidrocarburos.
Al percatarse, quienes proponen la supuesta reforma, que no podrían modificar directamente artículos constitucionales por la ola de descontento que tal intención despertó en la opinión pública ante la sola mención de la posibilidad, buscaron entonces, mediante un proceso acelerado, aprobar las reformas a las leyes secundarias, tan rápidamente, que cuando se iniciara el debate de las mismas ya estarían aprobadas y en vigor; de nueva cuenta.
Sin embargo, toparon con una barrera decidida a evitar el atropello y se frustró la intentona con la huelga y toma de tribuna que los legisladores del Frente Amplio Progresista con toda oportunidad efectuaron y con la salida a la calle del pueblo organizado, con la avanzada de las brigadas blancas de las Adelitas, ejemplo de patriotismo y valor civil.
Gracias a esas acciones, la opinión pública tomó conciencia y se interesó vivamente en el tema, se salvó en parte la barrera de desinformación de los medios electrónicos de comunicación y se puso el asunto en el centro de la atención nacional.
Que el proyecto es mal intencionado salta a la vista con el cotejo entre lo que dice el texto constitucional en los artículos 25, 27 y 28 y lo que se propone en las pretendidas reformas.
En la Constitución todo lo relacionado con el petróleo y los demás hidrocarburos queda reservado a la propiedad y control de la Nación; en cambio, en los proyectos enviados al Legislativo, claramente se rompe con este principio y, de ser aprobados, parte de la propiedad y el control de la industria petrolera podrían entregarse a las grandes corporaciones petroleras trasnacionales; para eso son el proyecto, las prisas y la propaganda.
El desconocimiento de la Constitución podemos encontrarlo desde la conceptualización y la terminología empleadas. A reserva de puntualizar las contradicciones entre la Ley Suprema y las nuevas reglas propuestas por Felipe Calderón, es importante destacar la confusión en la terminología y en los conceptos que pueden percibirse desde la lectura de las exposiciones de motivos.
En la propuesta de una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, en el primer párrafo de la exposición de motivos, se dice que “México ha reafirmado su rectoría sobre el petróleo y el control de la entidad paraestatal” que lo maneja; los o el autor de la iniciativa desconocen el significado que el constituyente permanente da al termino “rectoría”; en el artículo 28 constitucional, se distinguen con claridad los conceptos de rectoría, que se deja como función del Estado sobre las áreas prioritarias de la economía, entre las que no está el petróleo y control y propiedad, que se aplican a las áreas estratégicas, entre las que sí se encuentra el petróleo.
El artículo 28 de la Constitución dice textualmente: “Las comunicaciones vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional”, y agrega enseguida: “el Estado ejercerá en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación…”, aquí la Constitución permite que otros, empresas o personas privadas o entidades sociales, intervengan a través de concesiones o permisos, sólo que con algunas prevenciones y cuidados.
La rectoría es una función desde afuera de las empresas u organismos sobre los que ésta se ejerce, en la Constitución se refiere a las áreas prioritarias, en las que podrán otorgarse concesiones o permisos; las empresas concesionarias o permisionarias, actuarán con autonomía y por su propia cuenta, pero bajo la vigilancia externa del Estado sobre ellas; eso es precisamente la rectoría, que evitará que el empleo de esos permisos y concesiones vaya en contra del interés nacional.
En cambio, en las áreas estratégicas, definidas por los artículos 25 y 28, no hay posibilidad de otorgar ni concesiones ni permisos, ni siquiera la de compartir actividades con otras entidades que no sean las del Estado mismo. Con claridad que no requiere más interpretación que la literal, se establece que en las áreas estratégicas que por cierto no constituyen monopolio, las funciones que el Estado ejerce son en primer lugar exclusivas.
Es decir, sin que se permita en ellas alguna injerencia extraña, mucho menos concesiones o permisos y por la misma exclusividad, ni siquiera contratos para la explotación ni participación ajena y enseguida, con la literalidad de los textos constitucionales, bajo la propiedad y el control del Estado, que por ello tiene mucho más que tan sólo rectoría.
Sobre el petróleo, México no reafirma, como expresa erróneamente la exposición de motivos, rectoría alguna, porque sobre el petróleo la intervención del Estado mexicano es directa, va más allá de la simple rectoría y lo que ejerce es de manera exclusiva, la propiedad misma y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan y que no son otros que Pemex y sus subsidiarias.
Si el legislador constitucional hubiera pretendido darle un tratamiento igual o semejante a las áreas estratégicas y a las prioritarias, no las hubiera distinguido con la precisión con que lo hace, ni hubiera sido tan enfático en declarar la exclusividad para el Estado, a través del gobierno federal, de las estratégicas, tanto en la propiedad como en el control de los organismos que se establezcan, que en realidad ya están establecidos y son Pemex y sus empresas subsidiarias.
Para mayor claridad, menciono textualmente lo que dice la Constitución, primero en el artículo 25 párrafo cuarto:
“El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”.
El siguiente párrafo aclara al anterior, al establecer textualmente lo siguiente:
“Así mismo podrá participar (el sector público) por sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo” .
La distinción constitucional es nítida, en las áreas estratégicas, dentro de las que está el petróleo, el sector público, por conducto del gobierno federal, tendrá a su cargo de manera exclusiva la propiedad y el control sobre los organismos que se establezcan; en cambio, en las áreas prioritarias podrá participar por sí o con los sectores social y privado.
Por otra parte, el artículo 28 dispone:
“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.”
En este párrafo se reitera la exclusividad para el Estado de las áreas estratégicas a que ya antes había hecho referencia el artículo 25 y se les exceptúa de poder ser consideradas como monopolios.
El gobierno de facto encabezado por Felipe Calderón dice y reitera en forma machacona, en esa negación del debate que es la publicidad en los medios a favor de la iniciativa, que se pretende fortalecer a Pemex. Lo que se pretende en realidad es arrebatarle sectores importantes de su cadena productiva, entregándolo precisamente a empresas que son sus competidoras.
¿Cómo puede fortalecerse algo quitándole partes fundamentales de su estructura? ¿Cómo puede darse fortaleza a una entidad, abriendo las puertas a sus competidoras, para que tengan injerencia en su actividad exclusiva?
El concepto de estrategia proviene de la ciencia militar; un punto estratégico es el que da una ventaja frente al enemigo en una batalla o en una guerra; trasladado el concepto al campo de la economía y de la política, que es como lo emplea el constituyente, un área estratégica es aquella que le da al Estado mexicano una posición que le permite competir con alguna ventaja en el complejo mundo moderno de las relaciones internacionales.
Tanto en la guerra como en la política y la economía, ceder una posición estratégica significa, necesariamente, o una tontería o un acto de traición; los puntos estratégicos se defienden, se fortalecen, se atienden con todos los recursos que se requieran, pero nunca se abren ni se entregan al enemigo o al competidor.
Y eso precisamente es lo que se pretende llevar a cabo con las reformas propuestas; por ejemplo, en el artículo segundo de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos se dice que el Estado realizará las actividades que le corresponda en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo y los hidrocarburos, como si en esta materia existieran otras áreas que no sean estratégicas.
La Constitución no distingue, todo lo relacionado con el petróleo es estratégico y así es, por la importancia económica pero también geopolítica que tiene la industria que se ocupa de su extracción, transportación y venta; pero si esto no fuera así, antes de meter mano en este campo, tan delicado y sensible de nuestro sistema jurídico, debería de haberse intentado la reforma constitucional a la que no se atrevieron y a la que quieren tocar a trasmano y con los subterfugios de una reforma amañada.
En el artículo tercero se reitera el equívoco; pretende el proyecto que Petróleos Mexicanos ejercerá “la conducción central y la dirección estratégica” de la industria petrolera. No, Petróleos Mexicanos no tiene sólo facultades o funciones de conducción y dirección estratégica, tiene mucho más, es el titular mismo, con exclusividad y en nombre del Estado mexicano, de la propiedad y el control; todas las acciones que esta industria requiera, para estar en congruencia con la forma en que están redactados los preceptos constitucionales, deben estar precisamente en las manos de la paraestatal que tiene en exclusiva propiedad y control y que la ley suprema sustrae de la posible acción de empresas privadas; si dejáramos que se aprobara el artículo tercero como está, interpretándolo a contrario sensu, las empresas privadas podrían intervenir en todo lo que no fuera estrictamente “conducción central” y “dirección estratégica”.
Disposiciones violatorias a los artículos 25 y 28 que establecen la distinción entre áreas prioritarias y áreas estratégicas y al 27 que reserva para la Nación el dominio directo sobre el petróleo, se encuentran en los cinco proyectos que integran la supuesta reforma energética; no sólo son los conceptos erróneos que se leen en las exposiciones de motivos, si no que artículos claramente contradictorios de los principios constitucionales, como el 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, que abre la puerta a que se den permisos a particulares para el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y sus derivados y que permite en forma solapada que los particulares, sin distinguir si son nacionales o extranjeros, sean propietarios de refinerías, oleoductos y otras instalaciones que corresponden exclusivamente al sector público de la economía, esto es, al Estado.
Lo mismo sucede con el artículo 7 de dicha ley, que deja a los particulares la posibilidad de explorar campos petroleros; o el 12, que equipara a Pemex con una entidad del derecho privado; este espíritu de sacar a la paraestatal del ámbito del derecho público y de la jurisdicción nacional se manifiesta en diversas expresiones empleadas en los proyectos de nuevas disposiciones, que emplean, por ejemplo, como una regla para los trabajos y contratos relacionados con el petróleo y sus derivados la de “las mejores prácticas”.
Esto es, se pretende que en México se sigan esa “mejores prácticas” o sea lo que se usa en otros países, sin tomar en cuenta ni quién será el que califique cuáles son esas mejores prácticas y sin tomar en cuenta tampoco que las mejores prácticas en empresas privadas pueden ser unas, tendientes a la mayor explotación del petróleo con miras únicamente de mayor lucro, y otras muy distintas pueden ser prácticas más adecuadas para una entidad que, como Pemex, es una empresa estatal que se ha convertido, en la práctica, en el sustento y columna vertebral de la economía nacional.
Las mejores prácticas pueden ser, para las grandes corporaciones, las de una explotación indiscriminada para obtener de inmediato el mayor provecho posible, sin cálculos para el futuro y sin consideraciones de carácter político; en cambio, para la empresa mexicana las mejores prácticas debieran ser las de administrar con prudencia y con visión a largo plazo nuestra riqueza petrolera.
Otro término que se usa en forma reiterada en varias partes de los proyectos es el concepto de “criterio corporativo”, que se pretende sea el modelo que debe adoptar el Consejo de Administración de la paraestatal.
El criterio corporativo está tomado de una nueva rama del derecho denominada precisamente “derecho corporativo” y que se ocupa del estatuto jurídico de las grandes empresas trasnacionales, las relaciones entre sus accionistas, sus contratos, fusiones, escisiones, conflictos financieros y formas de evadir las cargas fiscales; el derecho corporativo pretende, según sus teóricos, estar por encima de la clasificación clásica que divide a las ramas del orden jurídico en derecho público, derecho privado y derecho social; el corporativo, dicen, es una rama nueva del derecho, que rompe con los esquemas anteriores y que constituye un derecho que excede los ámbitos nacionales y pretende validez de carácter internacional, sólo que en beneficio y provecho de las grandes corporaciones y de sus abogados que son los propulsores de esta nueva rama de la ciencia jurídica.
Aceptar expresamente en textos jurídicos nacionales que una empresa mexicana, de interés público, use criterios del derecho corporativo, es poner en juego la soberanía sobre nuestros recursos y entregar la interpretación y cumplimiento de los contratos a leyes y tribunales extranjeros.
Esta tendencia se refleja claramente en el proyecto de artículo 49 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos que permite convenir en la aplicación del derecho extranjero y sujetarse a la jurisdicción de tribunales de otras naciones. Ya sabemos que cuando se habla con esa generalidad de derecho y jurisdicción extranacional, van a ser las grandes potencias, como los Estados Unidos o Inglaterra o quizá alguna otra nación emergente, a las que en el fondo se está refiriendo el proyecto sin sentido de previsión y de protección mínima de nuestra soberanía en un tema tan controvertido y delicado, en el que tan fácilmente se resbala hasta el conflicto armado.
Otro vicio de la propuesta del ejecutivo de facto, es que pretende, de dientes para afuera, fortalecer a Pemex, pero lo que hace en realidad es multiplicar la burocracia con nuevos organismos como la Comisión del Petróleo o con el incremento del número de consejeros en el Consejo de Administración de la paraestatal mexicana, duplicando las funciones y creando un verdadero laberinto de disposiciones que pueden servir fácilmente para, en lo futuro, burlar las claras disposiciones constitucionales.
Es cierto, como dice la propaganda, que hay un tesoro que México debe buscar, pero no es cierto que esté en las profundidades del Golfo de México; el tesoro está en el Instituto Mexicano del Petróleo que ha sido abandonado y reducido a su mínima expresión y que hay que rehabilitar; el tesoro está en los pozos taponados y abandonados a lo largo de la costa del Golfo, que pueden volverse a explotar con poca inversión; el tesoro está en la capacidad, espíritu de trabajo y patriotismo de los técnicos, obreros y profesionistas mexicanos que han sido hechos a un lado para ser sustituidos con contratos muy jugosos para quienes los otorgan, con empresas extranjeras de todo tipo.
El tesoro está en los yacimientos en tierra firme y en aguas someras que pueden ser ya explotados ahora o a muy corto plazo o en aguas profundas que requerirán más de tiempo y más trabajo. El tesoro esta también en la convicción de muchos mexicanos de que somos tan capaces como cualquiera y que no necesitamos en forma insustituible ni de inversiones ni de tecnología que nos venga de fuera; tenemos que acabar con ese criterio timorato que piensa que sólo puede salir México adelante si nos vienen a ayudar y que no ven o no quieren ver que cada vez que tal cosa ha sucedido no hay ni solidaridad ni desinterés, si no afán colonialista y codicia desmedida.
Si evitamos, si el pueblo evita, con su participación y sus movilizaciones, el atropello a la Constitución que se pretende, también y con el mismo impulso, estaremos rescatando la confianza en nosotros, en nuestros recursos, en nuestro propio ingenio y fortaleza y en nuestro destino como nación independiente.
Las entrañas del monstruo
Escrutinio
En su última e inconclusa carta, el 18 de mayo de 1895, José Martí escribió en referencia al tiempo que pasó en Estados Unidos: "Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas". De igual modo puedo decir que, por haber trabajado en muchos medios de comunicación a lo largo de mi carrera periodística, los conozco por dentro, y sé que en ellos, al lado de periodistas rectos, honrados y ejemplares, abundan los mercenarios de la pluma que se alquilan o venden al mejor postor.
En su última e inconclusa carta, el 18 de mayo de 1895, José Martí escribió en referencia al tiempo que pasó en Estados Unidos: "Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas". De igual modo puedo decir que, por haber trabajado en muchos medios de comunicación a lo largo de mi carrera periodística, los conozco por dentro, y sé que en ellos, al lado de periodistas rectos, honrados y ejemplares, abundan los mercenarios de la pluma que se alquilan o venden al mejor postor.
Sé también que los dueños de diarios, revistas, radios y televisoras están en su mayor parte ligados a poderosos intereses económicos y a menudo ellos mismos poseen otros grandes negocios, que los gobiernos destinan mucho dinero para comprar publicidad disfrazada de noticias o comentarios, y que mucha de la información y las opiniones que esos medios difunden no son imparciales ni bienintencionadas, sino que responden a mezquinos intereses o son francamente pagadas por el gobierno o por gente poderosa.
Por eso siempre recomiendo no aceptar a pie juntillas lo que se publica o se dice en la prensa hablada o escrita —ni siquiera lo que yo escribo—, sino tratar de obtener información de diversas fuentes, examinarla, compararla, cotejarla y analizarla, para así poder reflexionar, sacar conclusiones y formarse una opinión propia.
Fue por ello que el pasado lunes 5 envié a aquellas personas a quienes por distintas razones mando copia de mis artículos, una invitación a asistir a escuchar a Andrés Manuel López Obrador en Cancún, si deseaban —decía yo en el mensaje— "recibir información de primera mano sobre la privatización de la industria petrolera y no solamente la que el gobierno paga en la TV y otros medios de comunicación", para así "tener más elementos de juicio y poder normar su criterio."
Casi de inmediato recibí la respuesta de una persona que prácticamente rechazaba la invitación en los siguientes términos, que transcribo textualmente: "Pienso que el Sr Lopez Obrador ya le ha hecho mucho daño al pais, como para seguir haciendo propaganda sin fundamentos tecnicos, legales, de contratos, etc. Si pemex no se moderniza por medio de empresas que se dedican a realizar trabajos expertos, nadie lo va a realizar, porque precisamente por las trabas politicas y de discusiones sin fundamento en el congreso y en la calle, no se ha realizado acuerdos para que Pemex realize trabajos que al dia de hoy no hace, precisamente por la falta de acuerdos y objeciones de gente que lo unico que sabe hacer es manejar a la gente a su conveniencia y en contra de la democracia, el ejemplo mas claro que dentro de su partido, es el ejemplo mas claro de su antidemocracia."
Lamento que esa persona no haya asistido a la reunión. Ahí hubiera podido saber muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que todas las refinerías que se necesitan para ya no tener que importar el 40% de la gasolina que consumimos en México, y todos los oleoductos que se requieren para transportar el petróleo y sus derivados de manera más económica y segura, los podría construir PEMEX con el dinero de los llamados excedentes petroleros de este año. Es decir, los ingresos extraordinarios que recibirá gracias a la diferencia de 50 dólares por barril entre el precio estimado en el presupuesto de ingresos 2008, y el precio que ya ha alcanzado el crudo. Y para construir y operar esas refinerías y esos oleoductos basta la tecnología que ya dominan los ingenieros y técnicos de Pemex.
Pero en la propaganda pagada por el gobierno, se nos hace creer que Pemex no tiene ni dinero ni tecnología para aprovechar nuestros recursos. Por ello, insisto, hay que buscar otras fuentes de información y no creer todo lo que se dice en la televisión.
Por eso siempre recomiendo no aceptar a pie juntillas lo que se publica o se dice en la prensa hablada o escrita —ni siquiera lo que yo escribo—, sino tratar de obtener información de diversas fuentes, examinarla, compararla, cotejarla y analizarla, para así poder reflexionar, sacar conclusiones y formarse una opinión propia.
Fue por ello que el pasado lunes 5 envié a aquellas personas a quienes por distintas razones mando copia de mis artículos, una invitación a asistir a escuchar a Andrés Manuel López Obrador en Cancún, si deseaban —decía yo en el mensaje— "recibir información de primera mano sobre la privatización de la industria petrolera y no solamente la que el gobierno paga en la TV y otros medios de comunicación", para así "tener más elementos de juicio y poder normar su criterio."
Casi de inmediato recibí la respuesta de una persona que prácticamente rechazaba la invitación en los siguientes términos, que transcribo textualmente: "Pienso que el Sr Lopez Obrador ya le ha hecho mucho daño al pais, como para seguir haciendo propaganda sin fundamentos tecnicos, legales, de contratos, etc. Si pemex no se moderniza por medio de empresas que se dedican a realizar trabajos expertos, nadie lo va a realizar, porque precisamente por las trabas politicas y de discusiones sin fundamento en el congreso y en la calle, no se ha realizado acuerdos para que Pemex realize trabajos que al dia de hoy no hace, precisamente por la falta de acuerdos y objeciones de gente que lo unico que sabe hacer es manejar a la gente a su conveniencia y en contra de la democracia, el ejemplo mas claro que dentro de su partido, es el ejemplo mas claro de su antidemocracia."
Lamento que esa persona no haya asistido a la reunión. Ahí hubiera podido saber muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que todas las refinerías que se necesitan para ya no tener que importar el 40% de la gasolina que consumimos en México, y todos los oleoductos que se requieren para transportar el petróleo y sus derivados de manera más económica y segura, los podría construir PEMEX con el dinero de los llamados excedentes petroleros de este año. Es decir, los ingresos extraordinarios que recibirá gracias a la diferencia de 50 dólares por barril entre el precio estimado en el presupuesto de ingresos 2008, y el precio que ya ha alcanzado el crudo. Y para construir y operar esas refinerías y esos oleoductos basta la tecnología que ya dominan los ingenieros y técnicos de Pemex.
Pero en la propaganda pagada por el gobierno, se nos hace creer que Pemex no tiene ni dinero ni tecnología para aprovechar nuestros recursos. Por ello, insisto, hay que buscar otras fuentes de información y no creer todo lo que se dice en la televisión.
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