Rebelión en el PRI contra la reforma energética

Beatriz Paredes

Jenaro Villamil

Mientras algunos dirigentes y gobernadores del PRI se reúnen a puerta cerrada para apoyar y tratar de sacar provecho de la iniciativa energética del presidente Calderón, unos 30 diputados y una decena de senadores del mismo partido se rebelan contra la línea de Francisco Labastida Ochoa. Tanto ellos como numerosos integrantes del Foro Permanente de Legisladores coinciden: las propuestas calderonistas no sólo son privatizadoras y anticonstitucionales, sino que también contravienen el TLCAN y representarían la creación de una industria petrolera paralela y el principio del fin de Pemex…

En vísperas del inicio formal del debate sobre la reforma energética, este martes 13 de mayo, en el interior del PRI se ha gestado una auténtica rebelión, protagonizada por cerca de 30 diputados federales y una decena de senadores, contrarios a cualquier tipo de privatización en Pemex y a aceptar una reforma mínima “como moneda de cambio” para que avancen las cinco iniciativas enviadas por el presidente Felipe Calderón al Senado.La oposición es frontal y se emparenta con el rechazo expresado por el PRD y los integrantes del Frente Amplio Progresista. Consideran antinconstitucionales las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, se oponen a la intervención de la iniciativa privada en refinerías, ductos y transporte, así como a cualquier tipo de contrato con terceros para explorar en aguas profundas.El mismo día en que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, emprendieron una desangelada, contradictoria y criticada defensa del paquete energético de Calderón ante diputados y senadores reunidos en el patio central de la casona de Xicoténcatl, en una sede alterna del Senado, el exdirector de Pemex Francisco Rojas calificó como “a todas luces inviable” la propuesta enviada por Calderón.“En vez de fortalecer la industria petrolera y evitar su privatización –dos puntos en los que estamos de acuerdo–, lograría exactamente lo contrario”, afirmó Rojas, presidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio, acompañado del senador Heladio Ramírez López. El exgobernador de Oaxaca encabeza un bloque de una decena de senadores priistas opuestos a la línea favorable a la apertura que representa Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía.Rojas fue más allá en su duro diagnóstico de las iniciativas calderonistas. Afirmó que esas propuestas pueden constituir “una figura de fraude a la ley a través de leyes secundarias”. Y señaló que este caso se da “al tratar de permitir que las empresas privadas puedan refinar petróleo por medio de maquiladoras; que puedan transportarlo y almacenar refinados y petroquímicos, con una mínima participación de Pemex”.Para el último director que estuvo ocho años al frente de la paraestatal, la reforma que pretende Calderón busca “crear una industria petrolera privada, paralela a la nacional, pero sin seguridad jurídica”. “Este sería el principio del fin de Pemex, pues sería dejar que se vaya ebanizando y sólo se dedique a tratar contratos y exportar crudos”.Explicó que a Pemex no le dejan gastar 160 mil millones de pesos, producto de sus ganancias, que serían suficientes para construir dos de las tres refinerías que le urgen al país. “Tendrían que gastar únicamente 25% de los 160 mil millones de pesos para comprarlas en cinco años y además dar el mantenimiento que requieren los ductos”.La crítica de Rojas coincide con las expresadas en múltiples foros por el exsenador Manuel Bartlett, opositor frontal a los contratos de riesgo en el sector de la energía, pero también se acercó a posiciones expresadas en el Foro Permanente de Legisladores, una instancia dirigida por Gustavo Salinas que ha aglutinado a representantes de la vieja guardia del PRI, a exsecretarios de Hacienda como David Ibarra Muñoz, y a legisladores que están en contra de la posición negociadora de sus coordinadores Emilio Gamboa Patrón, en la Cámara de Diputados, y Manlio Fabio Beltrones, en el Senado.
Resistencia frontal
En la más reciente conferencia organizada en el salón de usos múltiples de la sede nacional del PRI, el Foro Permanente de Legisladores invitó al exsecretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, y al doctor en derecho constitucional Raúl Jiménez Vázquez, quienes argumentaron que las iniciativas de Calderón son violatorias del artículo 27 constitucional y han caído en “un proceso autoritario” al tratar de imponer un modelo de autonomía de gestión vaga para Pemex.La noche de ese jueves 8 de mayo, en presencia de viejos líderes del PRI, como Jorge de la Vega Domínguez, Adolfo Lugo Verduzco, Humberto Lugo Gil, Augusto Gómez Villanueva, Manuel Aguilera y cerca de 50 exlegisladores y actuales diputados priistas, se paró el general Roberto Badillo Martínez, diputado federal.“Nos hemos reunido entre 25 y 30 diputados priistas que vamos a estar en contra de la privatización, aun si es en contra de la dirigencia del PRI”, advirtió Badillo ante el aplauso de los asistentes.“Desde que el general Vega y el candidato Roberto Madrazo me dijeron que iba a ser diputado federal, lo primero que tuve claro es que mi principal función sería defender Pemex y el artículo 27 constitucional”, agregó. Sin convocatoria a la prensa, en el foro estaban presentes varios de los diputados priistas que han expresado su voto en contra de cualquier intento de privatización parcial o total. Entre ellos, Carlos Rojas, Beatriz Pagés, Carlos Armando Biebrich.Rojas, hermano del exdirector de Pemex, consideró que “se ha generalizado la idea de la anticonstitucionalidad de las iniciativas de Calderón”. Expresó su preocupación por la creación de las “empresas espejo” que harían servicios adicionales a la paraestatal. “Me parece que es una trampa adicional”, afirmó el exsecretario de Desarrollo Social.En su larga y documentada exposición, el doctor Raúl Jiménez Vázquez afirmó que las iniciativas no sólo son violatorias del artículo 27 constitucional, sino que, de aprobarse, afectarían negativamente a México porque permitirían que empresas privadas de Estados Unidos y Canadá inviertan en el sector de hidrocarburos, a pesar de la prohibición expresa en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).“Más aún, la presencia de inversionistas en las actividades constitucionalmente reservadas a la nación generaría una industria petrolera integrada de carácter privado, paralela a la industria petrolera a cargo de Pemex.“La primera asumiría la forma de un negocio ciento por ciento particular y se regiría por las normas inherentes al derecho privado: es decir, en este contexto los inversionistas ni siquiera tendrían la obligación de tramitar y obtener una concesión administrativa, exactamente como sucedía antes del surgimiento de nuestro extraordinario artículo 27 constitucional”, argumentó Jiménez Vázquez.“¿Cómo se justificaría esa magna incongruencia? ¿Cómo se explicaría que el aprovechamiento de un recurso estratégico de los mexicanos, como lo es el petróleo, estuviese sujeto a dos regímenes jurídicos distintos y contrarios entre sí?”, cuestionó el especialista en derecho energético.En el mismo foro, Humberto Hernández Haddad argumentó que la deuda vía Pidiregas que ha adquirido Pemex asciende a 1 billón 618 mil millones de pesos, una deuda 30% mayor que el valor actual de la empresa. Tan sólo entre 2008 y 2012 se tendrán que pagar 730 mil millones de pesos por concepto de intereses y amortizaciones. Las iniciativas de Calderón no contienen ninguna medida para disminuir esta fuerte carga financiera para la paraestatal.
“Moneda de cambio” de gobernadores
En su participación, David Ibarra Muñoz advirtió que “el problema para el PRI es que no puede tratar como moneda de cambio la apertura de la petroquímica y la refinación” para que algunos gobernadores priistas obtengan beneficios de la renta petrolera.“Hay estados que quieren obtener parte de la renta petrolera, pero no se debe politizar esa renta para favorecer a un estado o a otro. Debe existir una bolsa global para todos; si no, estamos creando intereses”, advirtió el que fue secretario de Hacienda en la primera etapa del gobierno lopezportillista.Ibarra Muñoz se refirió así a un comentario de Adolfo Lugo Verduzco, expresidente nacional del PRI, quien expresó su preocupación porque un grupo de gobernadores de “estados petroleros” negocien con el gobierno federal el apoyo de sus bancadas a las iniciativas de Calderón.Una semana antes del inicio de los debates en el Senado, el martes 6 de mayo, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, sostuvo una reunión a puerta cerrada con los gobernadores de Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Durango para discutir justamente la posición de estos mandatarios, que reclaman más recursos de los excedentes petroleros.En la sesión estuvieron presentes también los senadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida Ochoa, así como el diputado Raúl Cervantes Andrade, coordinador de Asuntos Jurídicos del PRI y autor de una iniciativa de apertura a inversionistas privados en Pemex.El recelo ante lo que ahí se negoció ha cundido entre los sectores intermedios priistas. Y así se ha expresado en eventos como el organizado por el Foro Permanente de Legisladores.Otro frente conflictivo ha sido la presión del sindicato petrolero, encabezado por Carlos Romero Deschamps, para salvaguardar sus intereses y su participación en el rediseño del Consejo de Administración de Pemex.El senador Francisco Labastida Ochoa ha sido el conducto para favorecer los intereses del sindicato, mientras que el coordinador de la bancada del PRI en la cámara alta, Manlio Fabio Beltrones, ha señalado que este asunto debe estar al margen de las negociaciones legislativas.
Al ser cuestionado sobre este punto, el 6 de mayo, Beltrones afirmó:
“Las relaciones laborales de una industria con su sindicato deben ser abordadas entre empresa y sindicato. No forman parte de ninguna legislación. Si la empresa y el gobierno desean hacer modificaciones al contrato colectivo de trabajo, que se plantee de manera transparente y que no se esconda en la obligación que pueda tener el Legislativo de revisar un asunto que es contractual puro.”
–¿Corre riesgo el PRI de dividirse por la reforma? –se preguntó a Beltrones.
–Cualquier partido creo que corre el riesgo de dividirse en el caso de que no consensúe sus propuestas internamente; por eso nosotros estamos llevando a cabo todas estas consultas.
La “iniciativa” del PRI y los foros
Un equipo compacto de priistas, con la participación del propio Labastida y de Beltrones, elabora una iniciativa que sería alterna a las cinco presentadas por el Ejecutivo federal.El adelanto más aproximado al contenido de esta iniciativa lo expresó el senador Raúl Mejía, durante el foro del 8 de mayo, ante la secretaria de Energía y el director de Pemex.“Nosotros sí vamos a una reforma. Haremos una propuesta los próximos días, una propuesta seria, responsable; quizás nos quedaríamos en reformar la propuesta del Ejecutivo, pero no nos gusta cómo está planteada por el gobierno federal.”Mejía señaló que coincide con el titular del Ejecutivo en que Pemex vive una situación crítica a nivel operativo y financiero, pero en materia de autonomía de gestión “aspiramos a una autonomía real”. Planteó que la iniciativa del PRI propondrá que los dos nuevos consejeros que nombre el presidente en el Consejo de Administración de Pemex sean ratificados por el Congreso.Por el lado de la inversión, el senador adelantó que el PRI se opone a “que se conviertan monopolios privados en algunos de los segmentos, ya sea de transporte, ya sea de la refinación; que sean empresas filiales quizás, que se invierta con recursos públicos y que sean públicos esos recursos y esas empresas quizá filiales, pero que sean absolutamente del Estado”.Los distintos sectores priistas, ajenos a la negociación que se ha realizado en el Senado, plantean que primero se debe expresar la anticonstitucionalidad de las iniciativas de Calderón.Esta posición ha ido ganando consenso entre los especialistas, incluyendo los que ha invitado el Frente Amplio Progresista a sus foros alternos, y en coincidencia con lo expresado por figuras como Manuel Bartlett, autor del libro El petróleo y Pemex / Despojo a la nación.Entre los expertos que han argumentado esta postura se encuentran Jorge Cárdenas Gracia, exconsejero del IFE; el doctor Raúl Carrancá y Rivas –quien incluso afirmó que legisladores como Francisco Labastida Ochoa, beneficiario de los fondos del escándalo Pemexgate, deberían excusarse de la discusión y dictaminación de las iniciativas calderonistas– y el profesor Arnaldo Córdova. Todos ellos participarán en la primera fase del debate.Los cuatro primeros foros, que se realizarán el 13, 15, 20 y 22 de mayo, abordarán precisamente el tema de “los principios que deben regir la reforma energética de México”, y el del “análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”.En los primeros participará la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, pero también existe una fuerte presión entre los liderazgos intermedios para que, a propuesta del PRI, se incorporen Francisco Rojas y Manuel Bartlett.

Lo que Salinas olvidó

Carlos Salinas de Gortari

Jorge Carrasco Araizaga

La semana pasada, en su intento por reposicionarse política y mediáticamente, el expresidente Carlos Salinas de Gortari se valió de la desmemoria para erigirse en una suerte de dios que, omnipresente, todo lo descalifica, todo lo minimiza, todo lo juzga... Sus adulaciones fueron en cambio para otro personaje –Felipe Calderón, en efecto–, a quien califica como “reformador y modernizador”.Como en sus mejores tiempos, con gran despliegue mediático, el expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció en la vida pública para defender “el ánimo reformador” de Felipe Calderón y arremeter contra lo que él mismo personificó: el neoliberalismo y el populismo.

El exmandatario pretendió dejar en el olvido el papel preponderante que jugó durante los ochenta en la liberalización de la economía de México y en el populismo de su Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que encontró su máxima expresión en Chalco. Recurrió a la desmemoria y a una idea nada original, la de la década perdida, para criticar a sus primeros dos sucesores en la Presidencia de la República y al exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.La semana pasada, “el villano favorito”, como él mismo se definió cuando era objeto de acoso por parte del gobierno de Ernesto Zedillo, volvió a contar con los principales espacios en la prensa con entrevistas y reseñas a propósito de su libro La década perdida, el segundo que publica desde que salió de la Presidencia en 1994.Su ofensiva contra Zedillo, Vicente Fox y López Obrador –“dos neoliberales y un populista”– contrastó con los elogios a Felipe Calderón, a quien le dio “todo el apoyo” por su “acción reformadora”. Hace dos décadas definió a su gobierno en esos términos: reformador y modernizador de la economía mexicana. Al igual que Calderón en 2006, Salinas asumió en 1988 la Presidencia en medio de una crisis de legitimidad.En su nueva incursión en la vida pública, Salinas pretendió dejar en el olvido el uso populista que hizo de la pobreza, su intensa propaganda primermundista y la violencia política que marcó a su sexenio, Así la expansión del cártel del Golfo –uno de los grupos del narcotráfico más violentos del país–, el levantamiento zapatista en Chiapas contra su política neoliberal y el enriquecimiento millonario de su familia, entre otros hechos que hicieron de su sexenio uno de los más ominosos para la vida pública de México.Los argumentos con los que ahora acomete contra Zedillo, Fox y López Obrador lo ponen a contracorriente de la historia, que registró a su administración como la que aceleró la transformación de una economía cerrada a una liberal. En el último año de su gobierno entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en América del Norte (TLC), que fue aprobado en Estados Unidos como parte de su seguridad geoestratégica.Nada original, el título de La década perdida utiliza la misma frase que a comienzos de la década pasada acuñó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para referirse al estancamiento económico padecido por la región en los ochenta por las políticas económicas de choque impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Privatizaciones al mayoreo
Antes de que llegara a la Presidencia, Salinas fue el principal encargado de instrumentar esas políticas en México. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, como titular de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto, entre 1982 y 1987, fue el gran impulsor de las primeras medidas de la liberalización de la economía mediante la privatización de empresas públicas y de la reducción arancelaria.Durante su candidatura a la Presidencia se dedicó a promover lo que llamó “modernización de la economía”. Ya en el poder, sus reformas no fueron otra cosa que el aceleramiento de la desregulación y liberalización de la economía y el comercio.Las reformas que impulsó se tradujeron en la privatización de más de mil empresas, la eliminación de licencias de importación, la puesta en marcha del acuerdo para la eliminación de aranceles con Estados Unidos y Canadá a 15 años –con devastadores impactos en la industria nacional– y el establecimiento de los precios de bienes y servicios según las normas del mercado. Al mismo tiempo, los salarios se comprimieron para mantener en orden la economía.El gran apoyo a sus reformas y políticas económicas corrió por cuenta del sistema autoritario controlado por el PRI. Así lo reconoció en 1992, en plena discusión para la aprobación del TLC, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), uno de los grandes promotores, en Washington, del tratado comercial.“Paradójicamente, todas esas políticas (de liberalización económica) requieren un Estado fuerte para implementarlas, pero al mismo tiempo limitan el poder tradicional y la fuerza de un régimen centralizado como el del PRI”, indica el CSIS en un estudio acerca del TLC titulado Invirtiendo en seguridad. Ayuda económica para propuestas no económicas.Pero Salinas hizo de la privatización una fiesta para sus amigos. Fabricó millonarios a costa del patrimonio público. Les dejó los bancos, las siderúrgicas, minas de oro y plata, teléfonos, industrias de bienes y servicios. Así mismo, les vendió dos canales de la televisión pública, el 7 y el 13 que dieron origen a TV Azteca –en una operación en la que participó su hermano Raúl–, entre una muy larga lista de privatizaciones.Pretendía crear una élite “competidora” a nivel mundial, pero lo que hizo fue concentrar la economía en unas cuantas manos. En 1987, cuando la revista Forbes comenzó a publicar la lista de los multimillonarios del mundo, un año antes del gobierno de Salinas, sólo figuraba la familia Garza Sada, de Monterrey. Al final del sexenio salinista, el número de mexicanos en esa minoría selecta se incrementó a 24.En la primera mitad de su sexenio ya había vendido las empresas paraestatales más importantes: Telmex, a Carlos Slim; Minera Cananea, a Jorge Larrea; Aeroméxico, a Gerardo de Prevoisin; Mexicana, a Pablo Brener; Estructuras de Acero, a Carlos Hank –quien fue uno de sus mentores políticos e integrante de su gabinete como secretario de Agricultura–; Grupo DINA, a Raymundo Flores; la Unidad Industrial Torreón, a Grupo Peñoles, de Alberto Bailleres, dueño del Palacio de Hierro, y los bancos, a un grupo selecto de amigos.Muchas de esas ventas, en especial las bancarias, acabaron en quiebras que durante el gobierno de Zedillo fueron asumidas como deuda pública mediante el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (Fobaproa).Salinas dio los primeros pasos para la privatización de Pemex: reclasificó 15 productos petroquímicos que hasta agosto de 1989 –a escasos nueve meses de su gobierno– formaban parte de los 36 primarios cuya elaboración estaba reservada para el Estado. Con esa reclasificación, cedió a los intereses privados casi las tres cuartas partes de la industria petroquímica.Desde entonces, esos productos que se obtienen a partir del gas natural o del petróleo crudo fueron producidos por empresas nacionales y extranjeras. Además, Salinas incrementó el porcentaje permitido para las empresas extranjeras en la producción de petroquímicos secundarios. Al final de su sexenio, como parte de las concesiones que otorgó para lograr el TLC, la petroquímica dejó de ser estratégica y reservada para el Estado mexicano.El entonces secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, jefe de las negociaciones del TLC, informó al final de éstas, en agosto de 1992: “Las disposiciones del TLC sobre energía eléctrica reconocen las nuevas oportunidades de inversión privada en México… en instalaciones de generación de electricidad para autoconsumo, cogeneración y producción independiente, al permitir a los inversionistas del TLC adquirir, establecer y operar plantas en esas actividades”.La petroquímica y el sector eléctrico no fueron las únicas concesiones de Salinas a los estadunidenses para aprobar el TLC. Abrió la puerta para la participación de hasta 14% de Estados Unidos y Canadá en los bancos mexicanos hacia 2000. Zedillo terminó por abrir de par en par la puerta de los bancos y de extender a empresas europeas y asiáticas la generación de energía eléctrica.En su afán por lograr la aprobación del TLC, Salinas se valió también de la crítica al régimen de Fidel Castro, aunque al final de su desgracia política el comandante lo cobijó en La Habana.
Entreguismo rampante
En plena euforia negociadora del TLC, en la cúspide de su poder político y control social, en marzo de 1992 definió la guía de su gobierno: el liberalismo social. En su ánimo de trascender, aseguró que se trataba de “nuestra idea histórica de país”, que es muy ajena al “estatismo absorbente” y al “neoliberalismo posesivo”. De ahí su crítica a Zedillo, Fox y López Obrador.El liberalismo económico de Salinas terminó de configurarse después de la aprobación del TLC, en noviembre de 1993. A la siguiente semana de haber sido sancionado favorablemente por el Congreso estadunidense, Salinas envió al Congreso mexicano una cascada de reformas que terminó por cambiar la vida económica y social de México.Entre estas modificaciones se incluyó el establecimiento en territorio nacional de filiales de bancos foráneos o de cadenas hoteleras extranjeras con playas propias, la autorización a trasnacionales para usufructuar la zona fronteriza, la construcción de ductos para transportación de crudo y derivados por parte de empresas extranjeras o el establecimiento de escuelas, de todos los niveles, con capital 100% extranjero.Las medidas neoliberales impulsadas por Salinas, que tuvieron altos costos sociales, requirieron de paliativos neopopulistas, como concluyó en 1992 la entonces investigadora del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, en San Diego, Denise Dresser, actual profesora del ITAM y colaboradora de Proceso.La investigación titulada Neopopulist solutions to neoliberal problems (Soluciones neopopulistas a problemas neoliberales) fue una monografía crítica del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), cuyo arranque y conclusión se dio en Chalco, estado de México.Elaborado a partir de documentos oficiales, entrevistas con funcionarios de gobierno y del trabajo de campo, el trabajo académico no cuestionó tanto que el Pronasol se usara como un instrumento político, pues eso ocurre en la mayoría de las democracias.“Lo que está particularmente mal con el Pronasol –plantea la investigación– es que se construye sobre y refuerza algunos de los defectos del sistema político del país. Pronasol se conduce directamente desde el bolsillo presidencial, sus beneficiarios son seleccionados con criterios personalistas y partidistas y, fundamentalmente, es inmune a cualquier medio democrático de control o responsabilidad.”La investigadora añadió: “Pronasol no ha llevado a una mayor descentralización del poder, sino a un presidencialismo revitalizado. Salinas llegó al poder tras las faldas de un predecesor debilitado e inefectivo; su imagen se empañó más aún por los reclamos de fraude electoral.“Poco después de su iniciación, Salinas ideó un estilo personal de gobierno, caracterizado por golpes espectaculares, drásticas decisiones y el uso selectivo de la fuerza para impresionar al público… Pronasol, como un vehículo esencial para el despliegue de la política simbólica, ha ayudado a Salinas en la crucial tarea de fortalecer a la Presidencia… (Proceso 828).”Al final, Pronasol acabó sepultado por esos vicios, el derroche, la corrupción, obras abandonadas, desvíos e impunidad. Sus sucesores sólo le han cambiado de nombre, pero siguen sacando dividendos políticos.El sexenio salinista pasó también como uno de los de mayor violencia política y corrupción. Fue uno de los más sangrientos vividos en el país hasta antes de la violencia desatada por las organizaciones de narcotráfico durante el gobierno de Fox.
Descomposición
Con Salinas no sólo ocurrió el magnicidio nunca aclarado de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sino el asesinato de su excuñado y secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara.En su sexenio, 250 perredistas fueron asesinados y en 1994 se reiniciaron los secuestros a personajes prominentes, como el del entonces banquero Alfredo Harp Helú. Más todavía, Salinas dejó que estallara el conflicto armado en Chiapas a pesar de tener la información de los órganos de inteligencia civil y militar sobre las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). No quería que la difusión de esas actividades interfiriera en la aprobación del TLC.El resultado fue que la entrada en vigor del tratado, el 1 de enero de 1994, se eclipsó con la declaración de guerra del EZLN al Estado mexicano. El mandatario reaccionó con una ofensiva militar de 12 días para atacar a los bastiones neozapatistas.Ese año, el último de la administración salinista, fue uno de los más difíciles para el país. A la guerra en Chiapas y el secuestro de Harp Helú le siguió, el 23 de marzo, el magnicidio de Colosio, y en septiembre, el de Ruiz Massieu. Las investigaciones, iniciadas por Salinas y continuadas por Zedillo, estuvieron más dirigidas a ocultar que a esclarecer.Con Salinas, el narcotráfico se enquistó en México; en particular se consolidó el cártel del Golfo, en Tamaulipas, donde los hermanos Salinas tenían intereses económicos. Fue tal el descontrol en seguridad y justicia que su gobierno ha sido el que más ocasiones (cinco) ha cambiado de procuradores, en un siglo de existencia de la Procuraduría General de la República.Su hermano “incómodo”, Raúl, quedó atrapado por el asesinato de Ruiz Massieu y en los escándalos de enriquecimiento durante el sexenio de Salinas. Pasó 10 años acusado del homicidio. En junio de 2005 fue exonerado.Identificado por la prensa estadunidense como “mister 10 per cent”, por el porcentaje que presumiblemente cobraba por sus gestiones ante empresarios, Raúl fue el actor central de otro drama de la familia Salinas: la disputa de más de 100 millones de dólares que le fueron confiscados por el gobierno suizo, bajo la acusación de lavado de dinero.Después de una década de litigios, esos recursos, supuestamente reunidos como parte de un fondo creado por empresarios cercanos a los Salinas –Carlos Peralta, Carlos Hank Rhon y Roberto González Barrera– están por ser regresados a México.La prensa internacional que tanto cultivó en su gobierno, terminó por exhibir el escándalo por el enriquecimiento de su familia y atestiguar su pronunciada caída, cuando “el error de diciembre” de 1994 lo dejó fuera de la presidencia de la Organización Mundial de Comercio, que sintió le pertenecía por ser el campeón mundial del liberalismo.

Refundamos al PRD

Alejandro Encinas

Rosalía Vergara

Alejandro Encinas es contundente: el modelo actual para hacer política en el PRD se agotó. Por eso propone, para refundar al partido, un acuerdo político en el que participen todas las corrientes. En entrevista con Proceso, el candidato de Izquierda Unida sostiene que a estas alturas resulta insuficiente contar todos los votos. Llegó el momento, insiste, “de pensar qué tipo de izquierda queremos, de rediseñar el modelo de partido e identificar las bases constitutivas que nos permitan tener una identidad ideológica y política”.

El PRD debe cerrar el ciclo que inició en 1989 y dejar atrás su vida tribal, sostiene Alejandro Encinas, quien compitió en los comicios internos por la presidencia de este partido como candidato de Izquierda Unida.El viernes 9 por la noche, poco antes de que la Comisión Técnica Electoral (CTE) perredista diera a conocer el acta en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ordenaba realizar el conteo de 100% de las casillas, Encinas dice a Proceso: “El actual modelo de partido del PRD ya se agotó. Llegó a su fin este ciclo. Hay que iniciar una nueva etapa; hay que acabar con la burocracia que llevó al partido a la descomposición”.Desde el jardín de la Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales que preside, y que usó como su casa de campaña, Encinas comenta que después de ocho semanas de crisis interna es necesario dar ese paso y superar el conflicto interno. Para él, la única solución previsible es lograr un acuerdo político.En este tiempo, dice, se reunió en cuatro ocasiones con Jesús Ortega, el candidato de Nueva Izquierda, lo mismo que con gobernadores y coordinadores parlamentarios. El 28 y 29 de abril volvió a hacerlo para plantear la anulación de la elección, nombrar al presidente y al secretario general sustitutos por cuatro meses e intentar refundar al PRD. Pero no hubo acuerdo. El 29 de abril la Comisión Nacional de Garantías emitió un resolutivo sobre resultados del conteo de 83% de los votos, que le daban ventaja a Encinas.
La peor crisis
El exjefe de gobierno capitalino recapitula: el proceso de deterioro del PRD comenzó cuando los intereses de las tribus suplantaron a los liderazgos de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, importantes para la conducción del partido. Dice que la falta de unidad llevó a la dirigencia perredista a pactar incluso con gobiernos priistas y panistas en algunos estados y municipios. Ahora, reflexiona, lo urgente es refundar al PRD formando un nuevo partido donde convivan las diversas corrientes de expresión. Sin embargo, advierte, deben cortárseles las correas que establecieron con el PRI y el PAN.Esta no es la primera vez que Encinas habla de refundación. Después del X Congreso Nacional Extraordinario del PRD, realizado en agosto de 2007, declaró que el sistema de corrientes y de grupos de interés estaba agotado (Proceso 1608). Incluso, durante su campaña para la presidencia del partido se comprometió a terminar con el poder de las tribus, buscar un proyecto de unidad y fortalecer a la Convención Nacional Democrática que encabeza López Obrador.Ahora, con el partido inmerso en su peor crisis interna, Encinas insiste en que el modelo actual del perredismo para hacer política “se agotó”. Por eso, insiste, debe lograrse un acuerdo político para crear un nuevo partido. Ya no es suficiente contar todos los votos; llegó, reitera, “el momento de pensar qué tipo de izquierda queremos, de rediseñar el modelo de partido e identificar las bases constitutivas que nos permitan tener una identidad ideológica y política”.Asegura que ya le planteó esta propuesta a Jesús Ortega, quien está de acuerdo. “Me atrevería a pensar en la formación de un partido que revise sus bases y pueda ser de tendencias, pero donde haya una articulación del programa en lugar de repartirse las prerrogativas. Que tengamos claro que hay un eje articulador que nos une”, dice Encinas.Es más, considera que el nuevo partido debe abrirse al movimiento de resistencia civil que encabeza López Obrador. Y enumera sus propósitos: plantear a las corrientes la defensa del proyecto de partido a largo plazo y definir las condiciones políticas en que lo harán. No importa, dice, que haya corrientes internas: “El chiste es cortarles las correas que las convirtieron en grupos de interés para obtener un cargo de elección popular o alguna dirección en el partido”. Admite incluso que lo más grave en el actual PRD es que “no puedes aspirar a nada si no eres miembro de una corriente”.
–¿Cree usted que alguien quiera darle un golpe letal al partido?
–Hay indicios claros de que alguien está apostando a la división.Y pone un ejemplo: los cambios al estatuto de gobierno del Distrito Federal en materia electoral aprobados recientemente en el Congreso de la Unión. Uno de los perredistas más activos en este asunto fue el senador René Arce, de Nueva Izquierda, lo que llevó a Alejandra Barrales, de Izquierda Unida, a pedir su expulsión y la de otros tres legisladores, entre ellos la diputada Ruth Zavaleta.Encinas asegura que “ese fue un pacto de un sector del partido con el PRI y el PAN, que busca minar al gobierno capitalino y tener el control del Instituto Electoral local, al mismo tiempo que se generan instrumentos de contrapeso con partidos locales que tienen identidad con la corriente socialdemócrata de Nueva Izquierda, y que buscan afectar al PRD”.
Casos críticos
El deterioro de la vida interna en el PRD responde, de acuerdo con Encinas, a la “lumpenización” de los cuadros y esto incluye la corrupción en las corrientes de opinión, principalmente en el Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca.En esta última entidad, afirma, hay dirigentes del partido vinculados directamente con el gobernador Ulises Ruiz. Y menciona a Amador Jara, Lenin López Neri y Raymundo Carmona, de Nueva Izquierda. “Hay vínculos, relaciones, financiamiento, trabajo de colaboración con uno de los gobiernos más deleznables en este país”, suelta Encinas.
Y sigue: En Chiapas, el dirigente estatal del PRD, Luis Miguel Barbosa, intervino en el proceso electoral a favor de Nueva Izquierda; en Veracruz hay dirigentes del PRD que cobran en la nómina del gobierno priista de Fidel Herrera, como el senador Arturo Herviz.En el Estado de México, continúa, el grupo parlamentario del PD “no actúa como partido de mayoría en el Congreso estatal, sino en función de las negociaciones con gobiernos estatales”. Recuerda que cuando los legisladores perredistas aprobaron la revisión a las cuentas públicas de Arturo Montiel cuando fue gobernador, nombraron como encargado a Eduardo Segovia Abascal, quien había sido contralor del propio Montiel. Por supuesto que lo exoneró de las acusaciones por enriquecimiento ilícito, dice.En cuanto a Puebla, destaca que algunos legisladores perredistas tienen “vínculos claros” con el gobernador priista Mario Marín. “Son cosas que ya tocaron fondo y deben resolverse” para evitar la ruptura interna, asegura Encinas, ya que este tipo de relaciones con el poder refleja la pérdida de autonomía del partido y evidencia “la corrupción de los órganos de dirección”.“Se subordina la relación con el dirigente. Es un fenómeno de descomposición e incluso de lumpenización de la práctica política del partido. Me negaba a creer que en el PRD se vendían candidaturas, hasta que me lo confesó quien la compró en Chiapas. No creía que se llegaban a acuerdos con gobiernos de los estados para no registrar candidaturas a los ayuntamientos, como sucede en Puebla. Son signos de descomposición que marcan que el ciclo del partido ha concluido. Esto ya llegó a su fin, ya tocó fondo. Hay que ir a algo nuevo”, advierte.
Pese a todo, admite que hay gente de Nueva Izquierda que no es así.
Elección amañada
El viernes 9 por la noche los coordinadores de las áreas de Planeación y Jurídica de la Comisión Técnica Electoral del PRD, Amet Ramos y Fermín Pérez, respectivamente, emitieron el acta de cómputo de la elección para presidente y secretario general del PRD que le daba el triunfo a Jesús Ortega con una ventaja de 16 mil 214 votos.Previamente, el miércoles 7, el TEPJF ordenó a dicha comisión que contara 100% de las casillas de la elección del domingo, lo cual revirtió el acta emitida por la Comisión Nacional de Garantías el viernes 2, con 83% del conteo y que le daba el triunfo a Encinas.
–¿Cuál es la diferencia fundamental con Ortega? –se le pregunta
–Él dice que se debe computar todo porque así gana. Yo estoy de acuerdo que se compute todo, menos el fraude. Es una autoincriminación de Jesús. Yo pido que no se computen casillas que no se instalaron y que después aparecieron con boletas electorales, como la casilla de Cosoleacaque, Veracruz. Ahí, Nueva Izquierda destruyó la paquetería y al día siguiente apareció la boleta.“Pido que no se computen las casillas con más votos que boletas entregadas, con más votos que electores registrados, cuyas actas están firmadas por funcionarios que no fueron designados y en 172 casillas de Oaxaca, Veracruz, Chiapas que favorecen a Nueva Izquierda con más de 60 mil votos; yo no quiero ser cómplice de eso”.Así mismo, critica al expresidente de la CTE, Arturo Núñez, quien argumentó que no había norma para no computar las no instaladas. “Francamente llegamos al absurdo, por no usar otro calificativo. ¿Cómo computas lo que no existió?”, se pregunta Encinas.
–¿Plan con maña?
–Hay que decirlo: Nueva Izquierda hizo una elección a su modo. Modificaron los estatutos; establecieron de manera arbitraria las bases de la convocatoria. Tenían el control del aparato desde hace casi 12 años, desde que Jesús ocupó la secretaría general con López Obrador. Desde entonces han sido secretarios Jesús Zambrano, Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo. Son 12 años de control partidario.Encinas asegura que no piensa acudir al TEPJF a impugnar la decisión. No lo hará, dice, porque no quiere que el Estado intervenga en el problema interno y decida quién será el presidente del PRD. E insiste en que se debe limpiar el proceso electoral; le incomoda que “un pequeño grupo que hizo trapacerías empañe al partido”, asegura, en alusión a Nueva Izquierda.
Y remata: “Un punto de partida es no dejar en la impunidad actos fraudulentos. Esta debe ser una parte del acuerdo político, y no nombrar a un interino. Hay que cerrar este capítulo porque no podemos esconder la basura debajo del tapete. Se requiere un arreglo de largo plazo”. l

La red de los Bours

Eduardo Bours

Ricardo Ravelo

El inmenso poder de la familia Bours en Sonora no sólo se finca en la fortuna y el cargo del gobernador Eduardo Bours. Fuentes tan distintas como un recluso que lucha por demostrar su inocencia y la propia DEA estadunidense describen la relación de conocidos miembros del clan con presuntos narcotraficantes y su intervención en turbias maniobras para protegerlos.

GUAYMAS, SON.- Al amparo del gobierno encabezado por Eduardo Bours Castelo, diversas bandas del narcotráfico operan en todo el estado y no sólo mantienen bajo control las rutas de trasiego con el apoyo de la policía local, sino que el cártel de Sinaloa ha logrado mantener cautivo el mercado de drogas en las cárceles de la entidad con la protección de altos funcionarios sonorenses, entre ellos el procurador Abel Murrieta.De igual forma, la justicia “se tuerce” en contra de quienes acusan al gobernador y a favor de los que protegen sus intereses, y una de las víctimas del poder sin límites que ejerce Eduardo Bours es Rodrigo Parada Foulled, preso en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, quien lo acusa desde la prisión:“El gobernador Eduardo Bours es una pieza importante de todo el narcotráfico internacional que opera desde Sonora. Ricardo, su hermano, así como otros familiares, son los principales enlaces con los mafiosos y tienen protección de las autoridades federales.”Rodrigo Parada está preso desde el 21 de octubre de 1999 por un secuestro que, asegura, no cometió. Entrevistado en el interior de la cárcel, donde lleva ocho años sin conocer su situación jurídica (su expediente es el 168/03), señala que su caso se ha complicado debido a que ha puesto en evidencia la red protectora del narcotráfico en Sonora, donde altos funcionarios del gobierno y familiares del gobernador están detrás de este negocio.Y en cuanto a lo que llama “el negocio más rentable” –la venta de drogas entre los presos–, Parada Foulled afirma: “El consumo de drogas en los penales del estado es muy elevado, a grado tal que poco más de la mitad de la población recluida en los 15 penales del estado es adicta a algún tipo de drogas.“Yo me he cansado de denunciar este problema mediante cartas a la Presidencia de la República, al Congreso del estado y a la Cámara de Diputados; les he enviado denuncias escritas con pruebas, es decir, con grapas de crack, cigarros de mariguana y pastillas sicotrópicas (metanfetaminas) que se venden en las cárceles, y ninguna autoridad responde. Me he estrellado con un muro de silencio.”
–¿Quién protege el negocio del narcomenudeo en las prisiones de Sonora?
–El gobierno de Eduardo Bours. Ellos son los protectores del narco en el estado.
–¿Hay familiares del gobernador Eduardo Bours involucrados en el tráfico o en la protección de narcotraficantes? –se pregunta al recluso, quien se cubre de los rayos del sol bajo un árbol.
–Sí los hay. Lo que a mí me consta es que Abelardo Gil Castelo, actual jefe antisecuestros del estado y primo del gobernador, es uno de ellos; el otro es el procurador Abel Murrieta, quien es incondicional de Ricardo Bours, exalcalde de Ciudad Obregón.
Amistades reveladoras
Para reforzar su señalamiento sobre la familia de Bours, Parada Foulled cuenta su propia historia, que comenzó en 1999 cuando fue acusado –“falsamente”, dice– por el presunto narcotraficante Cristóbal Parada Morales del secuestro de su hijo, Cristóbal Parada Romo.El entrevistado señala que Parada Morales opera para el cártel de Sinaloa; agrega que tiene empresas camaroneras y trafica con grandes volúmenes de droga en barcos pesqueros por el golfo de California.Según sus antecedentes, Parada Morales está asociado con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula de los hermanos Beltrán Leyva, amos y señores del narcotráfico en Sonora desde que Eduardo Bours tomó posesión como gobernador, en 2003.De acuerdo con Parada Foulled, uno de los socios de Cristóbal Parada es Abraham Hernández, conocido como El Ruso y quien “tiene mayor nivel que Cristóbal dentro de la organización del cártel del Pacífico”. El Ruso “fue detenido en Manzanillo, Colima, el 6 de mayo de 2002, luego de que hundió un barco que iba repleto de droga. Recobró la libertad en poco tiempo. Es oriundo de Mazatlán, Sinaloa, y es un experto en el trasiego de droga por la vía marítima. Él y Cristóbal tenían su centro de operaciones en la empresa Congeladora de Camarón, localizada en la calle Gabriel Leyva esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Mazatlán, Sinaloa”, especifica el entrevistado.Y cuenta que conoció a Parada Morales en los años noventa. Llegaron a ser amigos, pero tiempo después se presentó lo del secuestro de Parada Romo y, entonces –comenta–, “Cristóbal me acusó de ese plagio, el cual no cometí”.
–¿Entonces por qué lo acusó a usted del secuestro?
–No lo sé. Él quería que yo me metiera al narcotráfico y yo me negué. Pude hacerlo, pero no quise. Me di cuenta cómo crecían económicamente él y su familia, conocí a qué organización pertenecía y quiénes eran sus jefes. Todos radican en Guadalajara, donde Cristóbal vive actualmente, aunque él es oriundo del municipio de Empalme, Sonora, demarcación cercana a Guaymas.Relata que durante la investigación del secuestro del hijo de Cristóbal, le sorprendió que Abelardo Gil Castelo, primo del gobernador Eduardo Bours, se acercó al presunto narcotraficante y conoció su entorno familiar, así como sus verdaderas actividades ilícitas.En ese entonces, narra, el acercamiento fue tan estrecho que terminaron “haciendo buenas migas” y tiempo después, cuando Eduardo Bours asumió la gubernatura, la identidad del acusador (es decir, Cristóbal Parada) desapareció del expediente 168/03.Explica: “Revisando ese expediente, donde yo estoy involucrado, vi con sorpresa que nunca se le llamó a declarar ni a ampliar su acusación; tampoco hay referencias sobre su lugar de origen ni respecto de las actividades a las que se dedica”.De acuerdo con la información de que dispone Rodrigo Parada Foulled, Gil Castelo recibió instrucciones de Miguel Ángel Cortés Ibarra, entonces procurador del estado, “para que ocultara y destruyera todas las pruebas y los antecedentes de Cristóbal Parada”. Incluso, recuerda, los secuestradores le enviaron una carta a Cristóbal, la cual desapareció del expediente junto con una lista de llamadas telefónicas que el padre del plagiado realizó a Guadalajara, donde pidió el apoyo de sus jefes, es decir, las cabezas grandes del narcotráfico. Al asumir Eduardo Bours la gubernatura, la protección oficial continuó y se mantiene hasta la fecha, pues “el gobernador, a través del actual procurador, Abel Murrieta, ha frenado la investigación impidiendo los careos con Cristóbal Parada y anteponiendo obstáculos a las testimoniales que hacen referencia al historial delictivo” del presunto narcotraficante.Según el entrevistado, Cristóbal Parada Morales “está bien protegido por el gobierno de Bours”, pues la hermana del presunto capo, Alicia, trabaja en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el municipio de Empalme, en tanto que Ricardo Romo Vega, cuñado de Cristóbal, tiene un puesto importante en el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora.Tres días después de su secuestro, perpetrado entre el 10 y el 14 de octubre de 1999, Parada Romo fue rescatado mediante el pago de 450 mil pesos. Por ese hecho fueron consignados, además de Rodrigo Parada, Luis Antonio Pacheco Martínez, Rafael Corona Hernández y Jorge Alberto J. Briseño, entre otros.Sin embargo, Rodrigo Parada asegura que no participó en el secuestro, y así lo sostiene uno de los guardaespaldas de Cristóbal Parada, Ramón Barraza Cajeme, quien en el expediente 398/99 dice que Cristóbal hizo la acusación “porque tenía celos, ya que sospechaba que Rodrigo sostenía algún tipo de relación sentimental con su esposa, María Concepción Romo de Parada, a quien solía golpear e insultar por esa supuesta relación sentimental”.Y en cuanto al secuestro, el jefe de seguridad de Parada Morales dice en su testimonio que “los verdaderos secuestradores fueron sus propios enemigos”.De todas formas, la situación legal de Rodrigo Parada se ha complicado. Lleva ocho años recluido en el penal de Guaymas sin conocer del avance de su caso, el cual se complica aún más debido a que, desde el interior de la prisión, ha denunciado la amplia red de narcomenudeo que opera en los 15 penales del estado.El panorama empeoró a partir del 21 de mayo de 2007, cuando mediante una carta solicitó al Congreso del estado que se investigara la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero del diario El Imparcial. Rodrigo Parada señala que, en su momento, tuvo información respecto a los verdaderos responsables y hasta del sitio donde supuestamente fue arrojado el cuerpo del periodista.Narra: “Hay dos presuntos responsables de esta muerte, cuyos nombres mantengo bajo reserva. Cuando pedí que se investigara el caso, así como mi asunto, contenido en el expediente 188/03, me vino a ver el licenciado Santamaría, quien dijo ser de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)”.
–¿Qué le dijeron?
–Querían toda la información sobre el caso Alfredo Jiménez. Les propuse un trato: que les declaraba todo lo que sé de este asunto, pero que me ayudaran con mi caso, que investigaran toda la red de narcomenudeo y de narcotráfico internacional que protegen los Bours.
–¿Y qué pasó?
–Quedaron se regresar a dialogar conmigo, pero nunca volvieron.Según datos proporcionados por Rodrigo Parada, en los penales del estado la droga fluye al amparo de las autoridades penitenciarias. Ahí, dice, se consume crack, cocaína, mariguana y metanfetaminas.
Este mercado cautivo deja ganancias millonarias. Cada penal tiene un pequeño capo, a quien las autoridades le otorgan la concesión a cambio de que pague una cuota fija, que puede llegar hasta 500 mil pesos semanales, a las autoridades policiacas.
Sombra protectora
De acuerdo con un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sinaloa es uno de los estados que más facilidades otorga para el narcotráfico internacional.Como acceso natural al mercado del oeste de Estados Unidos, de acuerdo con la DEA, Sonora “es una región altamente valorada por quienes se dedican al narcotráfico”. La agencia resalta otras “ventajas” que actualmente ofrece esa entidad en el mercado nacional e internacional de drogas:“La amplitud de su territorio permite vuelos con pocas posibilidades de ser detectados, y la importante cantidad de caminos rurales y brechas a lo largo de toda su geografía les aportan (a los operadores del narco), además de su condición de estado fronterizo, un amplio margen de maniobra para escapar de los programas y operativos de las autoridades federales y estatales encargadas de combatirlos.”En casi cinco años que lleva Eduardo Bours en el gobierno, sostiene la DEA, “es posible observar objetivamente cómo los grupos locales del narcotráfico, asociados a cárteles nacionales, tienen al estado en una situación de inseguridad que no tiene antecedentes en Sonora y que puede tener, entre otras explicaciones, las versiones internas de la policía local respecto del ajuste de acuerdos entre el narcotráfico y algunos funcionarios del gobierno estatal.“En Sonora, en el interior de la policía estatal investigadora del estado, se asegura que a partir de la presente administración del gobernador Bours se concedieron oportunidades a grupos de la delincuencia organizada para establecer y controlar en el estado el narcotráfico y el tráfico de indocumentados, muy especialmente el primero de ellos, lo que ha generado, como nunca se había percibido, una ola de ejecuciones que, según se interpreta, es parte de los acuerdos para limpiarle el terreno a los nuevos grupos encargados del negocio.”La mayor parte de las ejecuciones del narcotráfico se han perpetrado en ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales, Caborca y Agua Prieta, consideradas como “plazas primordiales del narco” a cargo de grupos locales “no perseguidos por el actual gobierno y que buscan el absoluto control del trasiego y venta de drogas”.A principios de 2007, Ricardo Bours, hermano y “cerebro” del llamado clan Bours, fue señalado como uno de los posibles “blancos” del narco. Esto ocurrió luego del hallazgo de una persona decapitada, cuyo cuerpo se encontraba tirado cerca de una escuela, en Hermosillo.Después de este hecho violento se desató un fuerte alud de mensajes que fueron captados por la policía local, en los que reiteradamente los sicarios decían que la siguiente víctima era una persona cercana al gobernador. La prensa local hizo referencia a Ricardo Bours Castelo, polémico personaje a quien lo mismo se le vincula con presuntas redes de narcotráfico que con multimillonarios negocios al amparo del poder. A partir de estos hechos, Ricardo Bours reforzó su seguridad personal.De acuerdo con datos de la DEA y otras fuentes consultadas en Ciudad Obregón y Hermosillo, con Eduardo Bours como gobernador han regresado a la entidad muchos personajes presuntamente ligados al narco que antes tuvieron que salir del estado por estar implicados en asesinatos.Es el caso de Adán Salazar Zamorano, quien había salido de la entidad perseguido por sus crímenes y por los choques entre bandas, y quien está nuevamente operando en Navojoa con el apoyo de sus hijos Abelardo y Alfredo Salazar Ramírez. Este personaje, según los datos confirmados por Proceso, responde a los intereses de Ismael Zambada García, El Mayo.Y en el sur del estado, el control del narcotráfico lo mantienen Wilfrido, Daniel, Irene e Idelfonso Enríquez Parra, todos oriundos de San Bernardo, municipio de Álamos, y enfrentados a los Salazar Zamorano por el control del narcotráfico.El informe de la DEA añade otro dato revelador: “Los Salazar y los Enríquez luchan descarnadamente en el sur del estado desde finales de los noventa, cuando el jefe de la Policía Municipal en Navojoa era Roberto Tapia Chan, quien le facilitó el trabajo a la familia Salazar, residente de esa plaza. Cuando Tapia Chan fue llevado como jefe de la Policía Municipal a Ciudad Obregón (2000-2003), nada les vino mejor, pues ampliaron con ello sus redes a esa ciudad, donde era presidente municipal Ricardo Bours Castelo, hermano del gobernador, Eduardo Bours”.Otros informes policiacos con los que cuenta Proceso añaden: “Los Salazar (crecieron) bajo el amparo de Tapia Chan y del entonces secretario del ayuntamiento de Ciudad Obregón, Abel Murrieta, quien actualmente funge como procurador general de Justicia del estado, y con quien Tapia Chan formó el llamado ‘círculo íntimo’ del entonces presidente municipal, Ricardo Bours”.Los informes citados encajan con la realidad actual. Después de que Eduardo Bours fue elegido gobernador de Sonora, Tapia Chan fue nombrado jefe de la Policía Judicial del estado, en tanto que Abel Murrieta fue designado subprocurador de justicia y luego procurador estatal.En medio de este reacomodo de grupos presuntamente ligados al narco, sobrevino la desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota (que hasta la fecha sigue impune), quien investigaba la relación de este grupo político con el narcotráfico, en particular con la familia Salazar. Tras este escándalo, Tapia Chan renunció al cargo y desapareció de la escena pública, aunque aquí se sabe que sigue bajo el amparo de los Bours Castelo. l

Sonora, el saldo ambiental de Bours

Eduardo Bours

silvia núñez esquer

Hermosillo, Son., 12 de mayo (apro-cimac).- Ocupado en acrecentar el patrimonio personal y familiar, en promover nuevos desarrollos turísticos e inmobiliarios, y en apaciguar los escándalos por sus presuntos nexos con el narcotráfico, el gobernador Eduardo Bours Castelo ha desatendido un viejo reclamo de sus gobernados que tiene que ver con la conservación y salvaguarda de los recursos naturales, y la protección del medio ambiente en la entidad.Y es que, a un año de que termine su gestión, los problemas en ese renglón lejos de aminorar van en franco ascenso, dice la ambientalista Rosa María O’leary, en cuyo honor se acaba de instituir el premio que lleva su nombre y recibirán los activistas que se distingan por su lucha en favor del medio ambienteEn entrevista, la química de profesión habla de la potencial crisis ambiental que se cierne sobre Sonora, la segunda entidad más grande del país.Enuncia, por ejemplo, que la actividad minera, particularmente la que desarrolla el Grupo México, es una de las principales fuentes de contaminación del agua y del suelo en la región. Con base en estudios realizados en los últimos años, afirma que la mayor parte de los desechos generados por esa actividad industrial afectan directamente las granjas acuícolas de la región.No es lo único. Sostiene que el uso indebido de plaguicidas es otra grave fuente de contaminación de la tierra fértil y, por ende, de los alimentos. Asegura que los agricultores utilizan plaguicidas que en otros países ya fueron desechados por ser cancerigenos. Dice que en ese aspecto ya lograron un avance: que no entren al país productos que estén prohibidos. O’leary Franco menciona que otro tremendo pasivo ambiental que arrastra Sonora es el basurero tóxico, conocido con el nombre de Cytrar.Según ella, ese sitio alberga actualmente unas 300 mil toneladas de basura tóxica, entre ellas una celda eléctrica que perteneció a la planta automotriz Ford. Dicha celda, dice, esta supuestamente sellada, pero nadie lo ha corroborado hasta ahora.Recuerda que hace tiempo técnicos de la empresa canadiense Pro Eco, estuvieron en ese lugar para evaluar los riesgos que entrañaba la presencia de dicha celda, pero menciona que los especialistas ni siquiera la tocaron. “Ellos estaban, realmente, espantados porque había mucha radioactividad en ese lugar”.La química dice que a pesar del equipo tecnológico que trajo a México Pro Eco, los técnicos nunca pudieron llegar hasta la “geomembrana”.“Se encontraron muchos contaminantes de los cuales teníamos antecedentes por las bitácoras de Semarnat, que, curiosamente, también estaban incompletas”, menciona.Cytrar fue construido a mediados de los años 80 por la planta Ford, como centro receptor de desechos tóxicos, pero no obtuvo la licencia de operación sino hasta 1988.Sin embargo, fue instalado a sólo seis kilómetros de la ciudad de Hermosillo, cuando las normas internacionales establecen que un rango de 25 25 kilómetros de distancia entre un punto y otro.Además, las autoridades ambientales nunca dieron información sobre el tipo de desechos depositados.Ante tales anomalías, grupos ambientalistas lograron que las autoridades federales clausuraran el basurero en 1998.Pero el peligro no desapareció: ahí, al aire libre, quedaron miles de toneladas de desperdicios tóxicos, cuyas partículas llegan a la ciudad, empujadas por los vientos.No es casual que las autoridades federales y estatales tengan considerado a Cytrar como uno de los principales “focos rojos” en materia de riesgo ambiental en el país.
El caso de Grupo México
En el caso de Grupo México, la especialista denunció que todas las lagunas de evaporación de la mina van a parar a los ríos de la entidad.Dice que la actividad minera está asociada directamente con la contaminación derivada de la propagación del arsénico. De acuerdo con O’leary, un estudio realizado en la franja norte del país reveló que Sonora es la entidad con más altas concentraciones de arsénico en el agua.Advierte que uno de los lugares más afectados es Caborca, donde se encuentra la minera Peñoles. “Se piensa que una se opone a esos proyectos porque se opone al desarrollo. Pero un verdadero desarrollo implica un crecimiento integral de toda la comunidad, y tanto inversionistas como gobierno no han querido integrar a los miembros de las comunidades”, acusó. Puso otro ejemplo, el caso de la empresa Molymex, que vierte sus aguas residuales al río. Se trata de una tostadora de molibdeno de origen chileno que tuesta y separa ese elemento proveniente de Perú, proceso que genera altas concentraciones de plomo. La activista destaca, así mismo, que la Procuraduría y la Secretaría del Medio Ambiente “siempre nos negaron que el plomo que había en Cumpas fuera de la tostadora”. Y lamenta que nos hayamos convertido en la maquiladora de América del Sur, de Chile y Perú. Otro “foco rojo” en la entidad es el que padece la población de Mulatos, donde, dice, se ubican las mineras canadienses, “que nada dejan a la economía mexicana y solamente nos heredan contaminación y muerte”.
Deforestación, agua y plaguicidas
La deforestación es otro pendiente del gobernador Bours Castelo. Según la especialista, el pastoreo es el principal agente depredador.Comenta también que el problema con los plaguicidas se agrava en el sur de la entidad, pues en esa región se han encontrado órganos clorados en flora y fauna de Yavaros, un pueblo pesquero.Además, en ese mismo lugar un grupo de adolescentes presentó signos de debilidad, temblores, dolores de cabeza y desmayos, lo que llamó la atención porque al parecer se trataba de un hecho inexplicable. Incluso el secretario de Salud local, Raymundo López Vucovich, consideró que se trataba de un caso de “histeria colectiva” producida por juegos como la Ouija. Sin embargo, la ambientalista aventura: “Se sabe que son los plaguicidas órgano clorados los que producen estos cuadros, no obstante que las autoridades no lo acepten”.Por último, recuerda el caso de una remesa de varilla radioactiva procedente de Ciudad Juárez, Chihuahua, en cuyo proceso de fundición accidentalmente la mezclaron con una cápsula de cobalto, hecho que contaminó toneladas de varilla que se distribuyeron en varias entidades.Refiere que el problema se detectó fortuitamente, pues una parte de esa varilla se exportaría a Estados Unidos y, al pasar la frontera, los detectores de radioactividad encendieron la alarma, por lo que se tuvo la certeza que esa varilla había sido fundida con uranio, con las respectivas consecuencias para la salud de quienes estuvieran expuestos a su cercanía.
Premio Rosa María O’leary
Por su parte, Sandra Martínez, coordinadora ejecutiva de la Red Fronteriza de Salud y Ambiente (RFSA), dijo que instituyeron ya el reconocimiento “Rosa María O’leary Franco” para premiar a los activistas que se distingan por su lucha en favor del medio ambiente. Dijo que decidieron llamarlo “Rosa María O’leary Franco” como un reconocimiento a la lucha de la ambientalista sonorense.El premio Rosa María O’leary se entregó por primera vez el pasado 26 de abril a Enrique Montaño Guzmán, fundador y presidente del comité pro limpieza del río Magdalena.

Monseñor Robles Ortega, símbolo del conservadurismo

Francisco Robles Ortega

arturo rodríguez garcía

Monterrey, N.L., 12 de mayo (apro).- A menos de seis meses de haber obtenido el birrete cardenalicio, Francisco Robles Ortega se ha convertido en uno de los símbolos del conservadurismo católico en el norte del país.

Afincado en Monterrey desde 2004, el sucesor del cardenal recientemente fallecido, Adolfo Suárez Rivera, en la Arquidiócesis regiomontana, ha sido el principal impulsor de cambios dentro y fuera de la curia y en la propia legislación estatal, en áreas como la educación y la familia.Investido como Cardenal por Benedicto XVI el 24 de noviembre de 2007, Robles Ortega fue, por ejemplo, un defensor de la llamada Ley de la Familia que el Partido Acción Nacional (PAN) adoptó como suya y, valiéndose de su mayoría en el Congreso estatal, logró que fuera aprobada por el Congreso del estado. Sin embargo, la polémica legislación, que reproducía párrafos íntegros de una encíclica de Juan Pablo Segundo, fue vetada por el gobernador Natividad González Parás.
Ese fue el comienzo.
En abril pasado, se pronunció en contra de la educación laica al fragor de la discusión sobre la reforma educativa; elogió el despliegue del Ejército para combatir el narcotráfico, horas después de una balacera que protagonizaron dos militares ebrios, con saldo de seis muertos, y censuró la toma de las tribunas del Congreso de la Unión que encabezó el PRD, en demanda del debate energético.Robles Ortega egresó del seminario de Guadalajara (bastión de grupos de ultraderecha); fue alumno del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y férreo opositor de la teología de la liberación, a cuyos simpatizantes ha perseguido.
Más:
A Robles Ortega le bastaron menos de seis meses para desarticular el trabajo del Secretariado Arquidiocesano de Pastoral Social de Monterrey (con presencia en 10 obispados del noreste), que no pudo ser sometido en cuatro décadas por el empresariado aglutinado en la Organización Nacional de El Yunque, los Legionarios de Cristo y el Opus Dei.Conformada por sacerdotes y religiosas progresistas, la Pastoral Social en la región sobrevivió a las presiones de esos grupos que llegaron a pedir al Vaticano la remoción del anterior arzobispo, el fallecido cardenal Adolfo Suárez Rivera, por la protección que brindaba a los clérigos de la liberación.Esa es la conclusión a la que llegan sacerdotes consultados por el reportero que prefieren guardar el anonimato, para evitar ser objeto de represiones. Y es que algunos de ellos, por manifestar abiertamente su inconformidad, han sido relegados a parroquias ubicadas en comunidades pequeñas y alejadas o, bien, marginados o relevados de sus cargos dentro de la Arquidiócesis.Es el caso de Pedro Pantoja, excoordinador del Secretariado de Pastoral Social del Noreste, quien resume así su salida:“Fui relevado por alguien que tiene su propio esquema de trabajo que no coincide con la nuestra y por eso quedamos fuera. El esquema del cardenal Robles Ortega no tiene la misma metodología ni el mismo proceso de acercamiento ni compromiso con el pueblo.”
La exclusión
En entrevista, el actual encargado de una Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila, el sacerdote Pantoja tiene claro que el cardenal Francisco Robles sigue una línea en la cual no tienen cabida los pobres.Cuenta que antes de su llegada la Pastoral Social operaba sobre cuatro ejes temáticos: derechos humanos; lucha contra el empobrecimiento mediante el fortalecimiento de la economía solidaria popular; construcción de ciudadanía, y fundación de comunidades eclesiales de base. “Estos ejes ya no entraron y se me pidió que dejara la coordinación del noreste a nivel institucional”, explica.El del padre Pantoja no es el único caso de exclusión dentro de la Arquidiócesis regiomontana. Los sacerdotes, Luis Eduardo Villarreal y Francisco Gómez, fueron obligados a renunciar a todos los cargos que tenían en la Arquidiócesis y fueron enviaron a distintas parroquias.Además, a la religiosa Marianela Madrigal recibió la ordend e regresar al convento y, en el caso de Beatriz de la Vega, una laica que colaboró con ellos, fue despedida de la curia.

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Irak: Los refugiados palestinos

El peligro está por todas partes y lo corren especialmente los más pequeños

leonardo boix

Londres, 12 de mayo (apro).- El peligro está por todas partes y lo corren especialmente los más pequeños. La tierra está infestada de escorpiones y víboras. Las precarias tiendas de campaña en el campo de refugiados palestinos de Al-Tanf, en la frontera entre Irak y Siria, que sirven como escuelas para los niños, no cuentan con ninguna protección y están muy cerca de las rutas por donde transitan diariamente camiones y vehículos a alta velocidad.

“La situación de los niños en el campo es miserable. Es imposible describir el sufrimiento que padecemos los que vivimos aquí, algo que no es normal de ningún modo. Hemos padecido en este campo de refugiados por dos años y desde nuestra llegada no hemos recibido ningún tipo de apoyo…. Trabajamos muy duro, pero ahora las mujeres tenemos prohibido salir del campo y participar de muchas actividades”, narra Awad al-Qiqh, una mujer de Al-Tanf.“Todos nos sentimos oprimidos psicológicamente. Recientemente se han registrado unos 25 casos de abortos naturales en el campo debido a las malas condiciones sanitarias. ¿Hasta cuándo terminará nuestra pesadilla”, se pregunta Al-Qiqh, de 58 años.El campo Al-Tanf está instalado sobre una estrecha franja de tierra, seca y polvorienta, entre un muro de hormigón y la principal carretera de Bagdad a Damasco. Allí suelen alcanzarse temperaturas superiores a los 50 grados centígrados en verano, mientras que en invierno se registra un clima bajo cero. La única protección contra el calor, la nieve y las cegadoras tormentas de arena son una serie de improvisadas tiendas de campaña donde están hacinados los refugiados palestinos.Los sistemas de calefacción y cocina dentro de las tiendas de campaña han causado incendios en al menos 42 de ellas, provocando lesiones graves a decenas de niños, mujeres y ancianos, los más vulnerables del campo.Éstas y muchas otras quejas recopila Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado el 30 de abril pasado, y que da cuenta de la dura situación por la que siguen atravesando miles de refugiados palestinos en Medio Oriente.Un incendio ocurrido en abril de 2007 en una de las tiendas de campaña de Al-Tanf dejó a 25 personas heridas de gravedad, en su mayoría niños. Todas sus pertenencias, que eran pocas, fueron destruidas.Según AI, estas condiciones demuestran cuán inapropiado y peligroso es el campamento de refugiados; pero a pesar de las difíciles condiciones en Al-Tanf, la población de refugiados palestinos procedentes de Irak sigue creciendo como consecuencia de la violencia sectaria en ese país árabe.Al-Tanf fue creado el 2 de mayo de 2006, cuando 389 palestinos que escapaban de horrendas persecuciones en Irak se trasladaron a la frontera con Siria, pero fueron rechazados por las autoridades de ese país. El gobierno de Damasco ha permitido el ingreso de más de un millón de refugiados procedentes de Irak, pero generalmente rechaza a los refugiados palestinos por razones de etnia.En la actualidad, Al-Tanf cuenta con unos 4.000 refugiados palestinos, y esa cifra crece diariamente a medida que las autoridades sirias descubren a más cantidad de palestinos tratando de falsificar pasaportes para poder ingresar a Siria, quienes tras ser capturados son enviados al campo de refugiados.Según el informe de AI, los palestinos en Irak son blancos de abusos de derechos humanos desde la invasión anglo-estadunidense a ese país, en marzo de 2003.Ellos han sido amenazados, secuestrados, torturados y hasta asesinados por los grupos chiítas armados, en particular por la Armada Mahdi, seguidora del clérigo chiíta Muqtada Al-Sadr, aunque también han recibido ataques por parte de las fuerzas del gobierno iraquí.Los cuerpos de los secuestrados y asesinados muchas veces son hallados con mutilaciones o con marcas claras de torturas. Los palestinos son atacados debido a su etnicidad y porque se considera que recibieron un trato preferencial durante el gobierno Baath del derrocado Saddam Hussein. Como resultado de la persecución, miles de palestinos se han visto obligados a abandonar sus viviendas, en su mayoría de Bagdad, luego que ellos o sus familiares sufrieron abusos o recibieron amenazas de muerte.De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde 2003 el número de palestinos en Irak se redujo de 34.000 a unos 15 mil.Ese organismo de la ONU considera a los palestinos, especialmente aquellos que se encuentran en la actualidad en Al-Tanf, entre los más vulnerables de los dos millones de refugiados que escaparon de Irak.ACNUR es el principal organismo internacional que está ayudando actualmente a aquellas personas que huyen de la persecución iraquí, proveyendo a los refugiados de Al-Tanf con provisiones de alimentos, agua y combustible. Además, los empleados de este organismo en Siria visitan diariamente el campo de refugiados, según destaca AI. En tanto, la agencia UNRWA, creada para ayudar a los refugiados palestinos desde 1950, provee a Al-Tanf de asistencia sanitaria básica, educación y servicios sociales, aunque con serios problemas de presupuesto.Otras dependencias de la ONU también asisten al campo, incluida la UNICEF, que ha creado una zona de protección dentro de Al-Tanf dedicada sólo a niños pequeños, 18 de los cuales han nacido allí de familias que escaparon de Irak y que no conocen otra vida más que aquella del campo. Pero a pesar de la ayuda, Amnistía indicó en su reporte que muchas personas necesitan tratamientos más complejos de salud, y agregó que esos pacientes deberían ser atendidos en hospitales de Siria o Jordania, para evitarse muertes.AI informó que en diciembre de 2007, un palestino de 62 años murió como consecuencia de problemas renales. En un principio y bajo la negativa de las autoridades sirias, había sido tratado en un hospital de Damasco, pero cuando su situación empeoró, el campo de Al-Tanf no pudo asistirlo por falta de tecnología o personal especializado.Muchos residentes del campo de refugiados describieron a AI los hechos horribles que padecieron para poder escapar velozmente de Irak, situaciones que los han dejado totalmente traumatizados.La mayoría denunció haber sido secuestrado y torturado, o admitió que algún miembro de su familia fue asesinado, mutilado o perseguido.Entre las prácticas más comunes denunciadas contra la Armada Mahdi, se encuentra el haberles cortado las orejas, arrancado los ojos o arrojado ácido a sus rostros. Mas’ud Nur al-Din al-Mahdi y Adnan Abdallah Melham, ambos que viven en la actualidad en Al-Tanf, pertenecían a un grupo de cuatro palestinos que fueron arrestados en mayo de 2005 y más tarde, detenidos por las fuerzas de seguridad iraquíes.Ambos denunciaron haber sido torturados salvajemente y obligados a desfilar ante la televisión local, “confesando” haber planeado un ataque terrorista con bombas.El grupo de cuatro palestinos fue liberado en mayo de 2006, luego que una corte local dictaminó que no había evidencia suficiente para acusarlos de haber planeado atentado alguno.Mas’ud Nur al-Din al-Mahdi contó a AI que entre las torturas que se le practicaron, estuvo haber sido colgado boca abajo durante varias horas al sol de verano, o habérsele puesto una roca sobre sus genitales.Otra familia de Al-Tanf dijo que las fuerzas iraquíes fueron responsables por el asesinato de dos hermanos palestinos en Bagdad, Mohammad Hussain Sadeq, ejecutado en marzo de 2006, y Omar Hussain Sadeq, que fue asesinado un año más tarde. Los refugiados del campo dicen estar muy traumatizados por las experiencias vividas en el pasado, que se suman al deterioro psicológico y emocional debido a las condiciones en Al-Tanf y el temor de tener que permanecer allí por muchos años más; pero ese no es el único campo de refugiados palestinos en la frontera sirio-iraquí que sufre de problemas. Unos 2.000 refugiados palestinos se encuentran actualmente en el campo de Al-Waleed, en el desierto de Irak, en condiciones aún más severas, dada la extremada dificultad que tienen las organizaciones de ayuda y el ACNUR para acceder a él. Además, en febrero de 2008, otras 300 personas palestinas se encontraban en el campo de Al-Hol, situado en la gobernación de Al-Hassakah, en la región noreste de Siria. La mayoría de ellas habían sido trasladadas en mayo de 2006, procedentes de la frontera entre Irak y Jordania.ACNUR considera que en la actualidad el reasentamiento a terceros países es la única solución duradera y posible para los palestinos procedentes de Irak. El gobierno chileno se ha ofrecido a reasentar un grupo inicial de 116 palestinos de Al-Tanf. Hasta el momento, sólo 64 han llegado a Chile, aunque se espera que los restantes se reúnan con ellos en breve.Uno de los refugiados del campo, Abdul Mahmud Al-Nahr, de 52 años, narró en pocas palabras su situación y la de muchos como él en el campo: “Sálvenos de este infierno”.“Un ser humano no sólo vive para comer. Es lamentable que nuestras vidas dependan de decisiones políticas en lugar de consideraciones humanitarias”, dijo el indignado hombre oriundo de Ramallah.

Myanmar: La indefensión

Aung San Suu Kyi

elisa reche

Bago, Myanmar, 12 de mayo (apro).- El silencio acompaña a los cerca de mil monjes budistas que comen en una enorme sala del monasterio Ma Soe Yein Nu Kyaung en Mandalay, en el norte de Myanmar. Una profesora de un colegio de Monywa, un pueblo cercano, corre con todos los gastos de la comida de hoy. Y cuando el señor Naung repite la pregunta en voz alta a los monjes más ancianos sobre si la Junta Militar que gobierna el país es budista, el silencio se acentúa, seguido de una carcajada general cuando uno de ellos responde: “El gobierno es budista sobre el papel; no hay más que mirar la realidad”.Lo cierto es que la Junta Militar birmana no avisó a la población de la llegada del ciclón Nargis y está obstaculizando en gran medida la entrada y distribución de la ayuda internacional, en un ejercicio de paranoia que ni siquiera es capaz de escapar a los momentos más trágicos.
Llueve sobre mojado…
Naung es un antiguo profesor de Informática de la Universidad de Yangón, la antigua capital, que prefiere dar clases particulares y ayudar a los monjes con sus problemas con los ordenadores en Mandalay, que seguir trabajando para el gobierno. “Estamos esperando a ver qué sucede en mayo, cuando es posible que se repita la revuelta”, dice Naung a Apro, al referirse a la celebración del referéndum constitucional del próximo 10 de mayo en parte del país y a la Revolución Azafrán del pasado septiembre.El gobierno sólo ha retrasado la celebración de la consulta sobre la futura Constitución hasta el próximo 24 de mayo en las regiones afectadas de Irrawaddy, Pegu, Rangún y los estados Karen y Mon, donde habita aproximadamente la mitad de la población.La Junta clama que el plebiscito es parte de una hoja de ruta que conducirá a la celebración de elecciones democráticas en 2010, aunque el hecho de que impida la participación del partido político de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, no parece indicarlo. La Junta no reconoció el resultado de los comicios celebrados en 1990 cuando la coalición opositora, encabezada por Suu Kyi, obtuvo el 82% de los votos. La dama, como también se conoce a la líder birmana, se encuentra desde 1989 bajo arresto domiciliario. Los birmanos llenan de elogios a Suu Kyi, una figura respetada en el país. “Si Than Shwe --jefe de la Junta Militar birmana-- viniera de visita a Bago nadie saldría a recibirle, pero todo el mundo se agolparía para escuchar a la dama, aun cuando no se hubiera anunciado su llegada”, explica Shaeng, dueño de un hotel de esta localidad meridional del país. En su hartazgo ante la situación que atraviesa uno de los diez países más pobres del mundo, señala que “la gente es cada vez más pobre y el gobierno más rico. Tendría muchas más posibilidades de hacer negocios con el turismo, pero la Junta no se ocupa del turismo ni de nada. En primer lugar habría que solucionar el suministro de electricidad, los problemas con las comunicaciones y el transporte y poco a poco la educación y la sanidad. No quiero siquiera votar en el referéndum; los odio. Este gobierno no se rige por ninguna ley internacional, no acepta ningún protocolo y aquí no existe absolutamente ninguna justicia”, afirma Shaeng.Pero si este pequeño empresario se encuentra frustrado ante la falta de expectativas, es inimaginable los esfuerzos a los que se ve sometida la mitad de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza, ante la implacable y permanente subida de precios, actualmente más acuciante como consecuencia del ciclón Nargis.Mohla conduce a los turistas que visitan Bago en su moto-taxi alquilada. Paga al dueño chino del vehículo 1.500 kyats al día (1,5 dólares). Este tiene otras siete motocicletas, tres automóviles y establecimientos.Explica. “Los chinos son propietarios de muchos negocios aquí en Birmania. No me gustan porque apoyan a este gobierno. Le debo ya cuatro días de alquiler al dueño de la motocicleta, y tengo muchas dificultades para alimentar a mi familia. En una ocasión nos tuvimos que mudar a un monasterio porque me era imposible ganar dinero y pagar el alquiler de nuestra propia casa. Desde los acontecimientos de septiembre hay muy pocos turistas. Durante la temporada de lluvias trabajo de pescador, lo que tampoco es mejor”. Mohla pertenece a la minoría Shan, cuyo idioma es similar al tailandés, por lo que cada día está más convencido de atravesar la selva y viajar en forma ilegal al país vecino, donde podría trabajar en la industria textil y comprarse su propio vehículo. Muchos de los jóvenes, como Mohla, están obsesionados con emigrar, aunque también son conscientes de que es una tarea muy difícil en un país aislado del mundo exterior.Los principales aumentos en los precios se dan en la gasolina, que además está racionada en las ciudades a dos galones diarios, 7,5 litros, a cambio de siete dólares, cantidad insuficiente para muchos birmanos, que se ven obligados a comprarla en el mercado negro por el doble de dinero.La espectacular subida de los precios de los combustibles, hasta de un 500%, ocasionó las protestas de los monjes budistas por todo el país en septiembre de 2007, en lo que se denominó la Revolución Azafrán. “Los monjes se levantaron porque se dieron cuenta de que la población era cada vez más pobre, dieron la cara y se pusieron al frente de las manifestaciones; aun así les dispararon. La gente está todavía más enojada después de septiembre porque hay monjes en la cárcel”, afirma Sheung, un monje, de 43 años de edad, quien vive en el viejo monasterio Shwe In Bin Kyaung de Mandalay. Afirma que aún siguen presos unos mil monjes. La población birmana es profundamente budista: todos los niños pasan una temporada en el monasterio; los ciudadanos rellenan el bol de arroz de los monjes todas las mañanas, y las pagodas son verdaderos centros de reunión social, donde familias completas pasan la tarde rezando y meditando. La interconexión entre monjes y birmanos es absoluta, de manera que lo sucedido en septiembre se convirtió en un enorme agravio para la población. La pésima gestión de la tragedia ocasionada por Nargis es una terrible muestra más de la indiferencia de la Junta Militar hacia la población, en un país que estaba destinado a ser la joya del sureste asiático.

Myanmar: Ayuda “a fuerzas”

La Junta Militar de Myanmar no permite la entrada de personal extranjero

marta durán de huerta

México, D.F., 12 de mayo (apro).- A casi una semana del paso del huracán Nargis, la Junta Militar de Myanmar no permite la entrada de personal extranjero en brigadas humanitarias a las zonas afectadas. “El gobierno acepta los suministros y el dinero pero no a las personas”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar, Win Aung, mediante un comunicado publicado este viernes en el periódico oficial La Luz de Myanmar. Y añadió: “Actualmente Myanmar da prioridad a recibir suministros de emergencia y está haciendo esfuerzos extraordinarios para transportar esos bienes sin retraso con sus propios equipos a las áreas afectadas”.Cuatro vuelos que transportaban suministros del Programa Mundial de Alimentos de la ONU llegaron a Rangún el jueves 8, así como otro del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Los cargamentos fueron decomisados.En respuesta, la ONU suspendió el envío de ayuda humanitaria a Myanmar. El anuncio fue hecho por un vocero del PMA en Tailandia, quien acusó al régimen militar de apoderarse de 38 toneladas de alimentos y equipo que habían llegado el jueves al aeropuerto de la excapital birmana.Sin embargo, varias horas después los miembros del Programa Mundial de Alimentos pensaron en los damnificados y reanudaron el envío de ayuda humanitaria en tanto siguen tratando de convencer a la Junta Militar que conceda visas a los brigadistas.Este día Paul Risley, portavoz del PMA, dijo en conferencia de prensa: “Nos preocupa mucho que estos alimentos no estén llegando a las víctimas seis días después que se registró el ciclón”.La ONU no cree que los militares birmanos tengan la capacidad para lidiar solos con la devastación y hacer llegar a tiempo la ayuda a los lugares incomunicados, los que, según las fotos satelitales de la NASA, aún están bajo las aguas.Los temores de la ONU crecen debido a que ha pasado casi una semana y mucha gente no ha recibido atención médica, agua potable y alimentos.India y Tailandia enviaron suministros, los que fueron repartidos por los soldados. La televisión oficial mostró a oficiales y generales visitando a los sobrevivientes y repartiendo botellas de agua y paquetes de comida.En conferencia de prensa el director de asistencia humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, John Colmes, dijo que hasta el 6 de mayo treinta países habían entregado ayuda por un monto de 30 millones de dólares.Un escaso número de agencias de ayuda humanitaria que operan en Birmania informan que lograron distribuir alimentos en la zona del delta de río Irrawaddy, pero asumen que sólo lograron llegar a 10% de la población en riesgo.
Cerrado de lunes a lunes
Myanmar cerró sus fronteras desde 1962, año del golpe militar contra el presidente U Nu, y prácticamente desde entonces han permanecido selladas.Son muy pocas las organizaciones humanitarias extranjeras que trabajan en ese país, entre ellas World Vision y Save The Children.Esta última ha desarrollado proyectos para la infancia desde hace 14 años y tiene 35 oficinas y centros de apoyo para los niños en todo el país. Después del paso del huracán, los militares birmanos prohibieron la entrada a la prensa extranjera.Sin embargo, mucha de la información no oficial sobre la catástrofe se conoce gracias a los activistas que se encuentran sobre el terreno. Tim Costelo, director de World Vision en Myanmar, fue una de las primeras fuentes para la prensa.Y Andrew Kirkwood, director de Save The Children Myanmar, cada día, a manera de bitácora, escribe cómo van las cosas y la BBC lo reproduce. A pesar de las prohibiciones, el reportero de la BBC Paul Danahar logró entrar al país y atestiguar el desolador panorama.Danahar advierte en sus despachos que es urgente retirar los cadáveres en estado de descomposición que se han convertido en una fuente de infección.El canciller birmano Win Aung afirmó hoy en un comunicado que “Myanmar no está lista para recibir equipos de búsqueda y rescate, así como miembros de la prensa extranjera”. El ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, sostuvo el martes que París otorgaría una contribución de 200 mil euros (poco más de 300 mil dólares). “No es mucho dinero, pues no confiamos en el uso que los ministros birmanos puedan dar al dinero”, dijo.También declaró que el gobierno francés plantearía la cerrazón del gobierno birmano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para que el organismo tomara cartas en el asunto. Y sugirió se hiciera llegar la ayuda humanitaria “por aire y por la fuerza”. En conferencia de prensa el 6 de mayo desde la sede de la ONU en Nueva York, el director de asistencia humanitaria, John Holmes, reconoció que los organismos internacionales enfrentan dificultades para entrar al país, pero descartó la sugerencia del canciller francés, pues consideró que eso generaría una “confrontación innecesaria”. La hipótesis de arrojar en paracaídas víveres y medicinas es una de las opciones tomadas en consideración, si continuara la prohibición de ingresar al país.La televisión estatal de Myanmar informó que los muertos ascienden a 22 mil 980.Sin embargo, la Junta Militar estimó que tan sólo en el distrito de Labutta, en el delta del río Irrawaddy, la zona más afectada, 80 mil personas habrían perdido la vida.Andrew Kirkwood, director de Save the Children en Myanmar, afirmó: “Existe una urgencia humanitaria La situación es tan grave como la del tsunami de 2004.En sus informes y reportes diarios difundidos por la BBC y plasmados en la página web de la ONG, Kirkwood alerta:“Sabemos perfectamente que la población del delta del río Irrawaddy está compuesta en 40% de niños menores de 18 años, y tememos por ellos. Hemos tenido acceso a esas comunidades a lo largo de 13 años de trabajo. Hay 41 mil personas desaparecidas y tememos que ya estén muertas”.La ONU estimó que un millón de personas perdieron su vivienda. “Temo que descubriremos otras tragedias en los próximos días”, dijo en Ginebra Pierette Vu Thi, responsable de los Programas de Emergencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).El subsecretario de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, reportó que unos 5 mil kilómetros cuadrados del delta del Irrawady están aún bajo el agua.
Negligencia asesina
La oficina de las Naciones Unidas para Estrategias Internacionales para la Reducción de Desastres (UNISDR) responsabilizó al gobierno en Myanmar del enorme número de víctimas por no haber tomado las precauciones necesarias, por no haber advertido a tiempo a la población y por haber reaccionado tarde y mal. El gobierno de Myanmar no instaló un sistema de alarmas, indispensable en la región que está casi al nivel del mar. Tampoco invirtió un centavo en un sistema de diques, presas y compuertas, como el que preparó Bangladesh con ayuda de especialistas holandeses, expertos en ganarle terreno al mar. Para colmo, Birmania ha destruido buena parte de sus manglares, una barrera protectora natural contra tsunamis y huracanes.El exministro sueco Jens Orback estaba en la ciudad de Yangón cuando llegó el huracán. Atestiguó ante los micrófonos de la BBC la parálisis de las autoridades ante la emergencia.A principios de los sesenta Birmania era uno de los países más prósperos de Asia. En 1962 los militares perpetraron un golpe de Estado y asumieron el poder. Hoy el país está sumido en la miseria. La ONU estima que la población, de unos 50 millones de habitantes, gasta hasta 70% de sus ingresos mensuales sólo en comida.El reciente aumento del precio del combustible, resultado directo de lasreformas patrocinadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), volvió la situación insoportable para decenas de millones.Los golpistas disolvieron el Parlamento, abolieron la Constitución, desmontaron la organización municipal, acabaron con las autonomías de las diversas etnias, las sometieron con puño de hierro, acabaron con todas las libertades y garantías individuales, cerraron las fronteras, aplicaron una censura draconiana y le cambiaron de nombre al país por Myanmar.Las diversas etnias fueron condenadas a trabajos forzados, incluso los niños. Human Rights Watch ha documentado por décadas la leva, secuestro y trabajo forzado de infantes. Birmania fue una colonia inglesa (1885-1948), y los diversos grupos étnicos tuvieron una autonomía relativa, aunque con segregación racial.La Junta Militar que asumió el poder en 1962 abolió dicha autonomía.En nombre de la “unidad nacional” sometió a las etnias Karen, Shan, Rakhine, Kachin, Chin, Arkanesen y Mon. Ellas constituyen 40% de la población.Los grupos indígenas resistieron, lo que fue utilizado por la Junta Militar para justificar la represión. Después la resistencia se transformó en guerra civil. Su argumento: evitar “el desmembramiento” del país. El “estado de excepción” se volvió parte de la vida cotidiana y los horrores contra los civiles se perpetuaron.Al amparo del poder, los miembros de la Junta Militar, sus familiares y allegados multiplicaron las prácticas de corrupción que los enriquecieron. Than Shew, el comandante en jefe del Ejército, mandó construir una casa tan grande que cuenta con un campo de golf de 18 hoyos en su jardín. Las fotos satelitales de su hogar se pueden ver en Google Earth.El septuagenario general tiene una debilidad por las limosinas y cada año estrena una nueva. La boda de su hija Thandar Shwe en 2006 fue impresionante.La joven lució ese día un collar de piedras preciosas valuado en 50 millones de dólares, equivalente a tres veces el presupuesto nacional para la educación del país, según estimaciones de Burma Buro Germany. El video de la ceremonia también se puede ver en You Tube.Birmania posee riquezas naturales como gas, maderas preciosas, jade, perlas, rubís, zafiros y sobre todo es una gran productora de arroz, té, cacahuates, canela, cobre, plomo, carbón, amapola y petróleo.Pero los ingresos de sus exportaciones se quedan en la cúpula militar. El informe más reciente de Transparencia Internacional adjudica el primer lugar en corrupción a los generales birmanos en una lista de 180 países.El gas es actualmente el principal producto de exportación birmano y deja enormes ganancias. Actualmente, la mayoría de estos ingresos --entre mil y mil 500 millones de dólares por año, dependiendo de las fluctuaciones de los precios-- provienen de Tailandia.El gas de Birmania, entubado a tierra desde el Golfo de Martaban, genera aproximadamente 20% del suministro de electricidad de Bangkok.Además está en puerta la construcción de un ducto para surtir de gas a la provincia China de Yunán.Se trata de un contrato de mil millones de dólares. El profesor de economía Sean Turnell, de la Universidad Macquarie en Sydney, Australia, estima que las ganancias de Birmania por la venta de gas rondaron los mil 200 millones de dólares en el periodo 2006-2007.De manera que, dadas sus riquezas energéticas descubiertas recientemente, uno podría esperar que las finanzas públicas de Birmania fueran más bien florecientes, con excedentes en abundancia como para invertir en salud, educación y muchas otras cosas que el país tan desesperadamente necesita. Sin embargo, los ingresos por gas de Birmania prácticamente no alimentan su presupuesto. El huracán arrasó con todos los cultivos, lo que representará un golpe económico para la Junta Militar y hambruna para la población.
La Revolución Azafrán
En marzo de 1998 la insufrible situación económica y social detonó una serie de protestas y movimientos sociales que buscaban una apertura democrática.El Ejército reprimió en agosto de 1988 a los manifestantes, la mayoría estudiantes en las calles de Rangún, la capital. Sin embargo a cada embate de los uniformados, las protestas crecían. La Junta anunció elecciones “libres”.En esa coyuntura nació la Liga Nacional por la Democracia (NLD). Esta propuso como candidata a la presidencia a Aung San Suu Kyi, hija de Aung San, héroe de la independencia birmana.La NLD ganó 396 de los 485 escaños, pero la Junta no reconoció el triunfo de la oposición. Aung San Suu Kyi fue arrestada. La emblemática luchadora social recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991, pero no se le permitió viajar a Suecia a recibirlo.La líder opositora birmana lleva 11 de los últimos 17 años bajo arresto domiciliario. Por su parte, la NLD formó un gobierno en el exilio.En septiembre del 2007, 70 mil personas salieron a la calle exigiendo democracia. Al frente de las manifestaciones había 30 mil monjes budistas.Los militantes de la NLD también participaron, aunque fueron pocos en número. Las protestas surgieron a raíz de los altos precios de los combustibles que irremediablemente produjeron el aumento del costo de todos los productos básicos.Sin embargo, la Junta reaccionó como siempre: con violencia desproporcionada.Cuando la situación parecía incontrolable, la Junta Militar hizo un anuncio: convocaría a un referéndum para preparar una nueva Constitución. La fecha prometida fue este 10 de mayo.En plena emergencia nacional por la destrucción que dejó el huracán a su paso, el comisionado para Birmania de la Unión Europea, Piero Fassino, pidió a la Junta posponer el referéndum. Los militares aceptaron recorriendo la fecha para el próximo 24 de mayo en las zonas afectadas por el ciclón, pero mantuvieron la fecha del 10 de mayo para el resto del país. Aung Naing, un analista político birmano exiliado en Tailandia, opinó que la prisa de la Junta es para no darle tiempo a la oposición de organizar una contrapropuesta. Las peores sospechas indican que la nueva Constitución estaría enfocada a perpetuar a los militares en el poder, a pesar de la promesa de “elecciones libres” para el 2010.

Defensa del Petróleo y la Electricidad - Actividades

Urgente!!!!: Se realizarán 5 programas sobre la
reforma energética a partir del próximo lunes 12 de
mayo de 2008 a las 21:30 horas por canal 411 de
Cablevisión, 255 de SKY o canal 22 de UHF en Televisón
abierta Corran la voz...

Actualización:

Al parecer es con CARMEN ARISTEGUI.

Puntos de vista: el petróleo y la reforma energética

Del 12 al 16 de mayo a las 21:30 horas (repeticiones al día siguiente a las 14:00 horas

en TV UNAM, canal 411 de cablevisión.

Comunicado 083/08 del PRD

domingo, 11 de mayo de 2008

NO SE VALIDÓ EL ACTA DE CÓMPUTO FAVORABLE A ORTEGA

El día de hoy, Guadalupe Acosta Naranjo encabezó una reunión ilegal del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, pretendiendo validar un acta de cómputo hecha a modo de los intereses de Jesús Ortega y de Nueva Izquierda.

A pesar de que a la reunión acudieron sólo siete integrantes del CEN, todos de Nueva Izquierda, a excepción de Ángel Cedillo, de ADN y aliado de éstos, no se validó el acta de cómputo nacional que pretende dar el triunfo en la Presidencia Nacional a Jesús Ortega.

La reunión duró cinco minutos y, en sus prisas, ni siquiera se dieron cuenta de su enorme yerro. El supuesto acuerdo del CEN CEN/033/2008 entregado a lo medios de comunicación a la letra dice: “UNICO (SIC).- Se avala el acta de cómputo nacional publicada el 9 de mayo de 2008, misma que fue firmada por el C, Amet Ramos Tronconis, coordinador del área planeación (sic) y el C. Fermín Pérez Montes, coordinador del área jurídica, ambos de la Comisión Técnica Electoral”.

“Así lo acordó el Comité Ejecutivo Nacional”

Como puede observarse, en ningún caso se hace mención a qué elección se trata, peor aún, ni siquiera se habla de elección alguna sino de acta de cómputo nacional. ¿Con relación a qué? Sólo ellos lo saben.

En resumen, que hasta sus albazos más preparados los hacen mal. No tienen remedio.

“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”

Lic. Gerardo Fernández Noroña

Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del CEN del PRD