El Justo Reclamo

lunes, mayo 12, 2008

Rebelión en el PRI contra la reforma energética

Beatriz Paredes

Mientras algunos dirigentes y gobernadores del PRI se reúnen a puerta cerrada para apoyar y tratar de sacar provecho de la iniciativa energética del presidente Calderón, unos 30 diputados y una decena de senadores del mismo partido se rebelan contra la línea de Francisco Labastida Ochoa. Tanto ellos como numerosos integrantes del Foro Permanente de Legisladores coinciden: las propuestas calderonistas no sólo son privatizadoras y anticonstitucionales, sino que también contravienen el TLCAN y representarían la creación de una industria petrolera paralela y el principio del fin de Pemex…

En vísperas del inicio formal del debate sobre la reforma energética, este martes 13 de mayo, en el interior del PRI se ha gestado una auténtica rebelión, protagonizada por cerca de 30 diputados federales y una decena de senadores, contrarios a cualquier tipo de privatización en Pemex y a aceptar una reforma mínima “como moneda de cambio” para que avancen las cinco iniciativas enviadas por el presidente Felipe Calderón al Senado.La oposición es frontal y se emparenta con el rechazo expresado por el PRD y los integrantes del Frente Amplio Progresista. Consideran antinconstitucionales las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, se oponen a la intervención de la iniciativa privada en refinerías, ductos y transporte, así como a cualquier tipo de contrato con terceros para explorar en aguas profundas.El mismo día en que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, y el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, emprendieron una desangelada, contradictoria y criticada defensa del paquete energético de Calderón ante diputados y senadores reunidos en el patio central de la casona de Xicoténcatl, en una sede alterna del Senado, el exdirector de Pemex Francisco Rojas calificó como “a todas luces inviable” la propuesta enviada por Calderón.“En vez de fortalecer la industria petrolera y evitar su privatización –dos puntos en los que estamos de acuerdo–, lograría exactamente lo contrario”, afirmó Rojas, presidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio, acompañado del senador Heladio Ramírez López. El exgobernador de Oaxaca encabeza un bloque de una decena de senadores priistas opuestos a la línea favorable a la apertura que representa Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía.Rojas fue más allá en su duro diagnóstico de las iniciativas calderonistas. Afirmó que esas propuestas pueden constituir “una figura de fraude a la ley a través de leyes secundarias”. Y señaló que este caso se da “al tratar de permitir que las empresas privadas puedan refinar petróleo por medio de maquiladoras; que puedan transportarlo y almacenar refinados y petroquímicos, con una mínima participación de Pemex”.Para el último director que estuvo ocho años al frente de la paraestatal, la reforma que pretende Calderón busca “crear una industria petrolera privada, paralela a la nacional, pero sin seguridad jurídica”. “Este sería el principio del fin de Pemex, pues sería dejar que se vaya ebanizando y sólo se dedique a tratar contratos y exportar crudos”.Explicó que a Pemex no le dejan gastar 160 mil millones de pesos, producto de sus ganancias, que serían suficientes para construir dos de las tres refinerías que le urgen al país. “Tendrían que gastar únicamente 25% de los 160 mil millones de pesos para comprarlas en cinco años y además dar el mantenimiento que requieren los ductos”.La crítica de Rojas coincide con las expresadas en múltiples foros por el exsenador Manuel Bartlett, opositor frontal a los contratos de riesgo en el sector de la energía, pero también se acercó a posiciones expresadas en el Foro Permanente de Legisladores, una instancia dirigida por Gustavo Salinas que ha aglutinado a representantes de la vieja guardia del PRI, a exsecretarios de Hacienda como David Ibarra Muñoz, y a legisladores que están en contra de la posición negociadora de sus coordinadores Emilio Gamboa Patrón, en la Cámara de Diputados, y Manlio Fabio Beltrones, en el Senado.
Resistencia frontal
En la más reciente conferencia organizada en el salón de usos múltiples de la sede nacional del PRI, el Foro Permanente de Legisladores invitó al exsecretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, y al doctor en derecho constitucional Raúl Jiménez Vázquez, quienes argumentaron que las iniciativas de Calderón son violatorias del artículo 27 constitucional y han caído en “un proceso autoritario” al tratar de imponer un modelo de autonomía de gestión vaga para Pemex.La noche de ese jueves 8 de mayo, en presencia de viejos líderes del PRI, como Jorge de la Vega Domínguez, Adolfo Lugo Verduzco, Humberto Lugo Gil, Augusto Gómez Villanueva, Manuel Aguilera y cerca de 50 exlegisladores y actuales diputados priistas, se paró el general Roberto Badillo Martínez, diputado federal.“Nos hemos reunido entre 25 y 30 diputados priistas que vamos a estar en contra de la privatización, aun si es en contra de la dirigencia del PRI”, advirtió Badillo ante el aplauso de los asistentes.“Desde que el general Vega y el candidato Roberto Madrazo me dijeron que iba a ser diputado federal, lo primero que tuve claro es que mi principal función sería defender Pemex y el artículo 27 constitucional”, agregó. Sin convocatoria a la prensa, en el foro estaban presentes varios de los diputados priistas que han expresado su voto en contra de cualquier intento de privatización parcial o total. Entre ellos, Carlos Rojas, Beatriz Pagés, Carlos Armando Biebrich.Rojas, hermano del exdirector de Pemex, consideró que “se ha generalizado la idea de la anticonstitucionalidad de las iniciativas de Calderón”. Expresó su preocupación por la creación de las “empresas espejo” que harían servicios adicionales a la paraestatal. “Me parece que es una trampa adicional”, afirmó el exsecretario de Desarrollo Social.En su larga y documentada exposición, el doctor Raúl Jiménez Vázquez afirmó que las iniciativas no sólo son violatorias del artículo 27 constitucional, sino que, de aprobarse, afectarían negativamente a México porque permitirían que empresas privadas de Estados Unidos y Canadá inviertan en el sector de hidrocarburos, a pesar de la prohibición expresa en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).“Más aún, la presencia de inversionistas en las actividades constitucionalmente reservadas a la nación generaría una industria petrolera integrada de carácter privado, paralela a la industria petrolera a cargo de Pemex.“La primera asumiría la forma de un negocio ciento por ciento particular y se regiría por las normas inherentes al derecho privado: es decir, en este contexto los inversionistas ni siquiera tendrían la obligación de tramitar y obtener una concesión administrativa, exactamente como sucedía antes del surgimiento de nuestro extraordinario artículo 27 constitucional”, argumentó Jiménez Vázquez.“¿Cómo se justificaría esa magna incongruencia? ¿Cómo se explicaría que el aprovechamiento de un recurso estratégico de los mexicanos, como lo es el petróleo, estuviese sujeto a dos regímenes jurídicos distintos y contrarios entre sí?”, cuestionó el especialista en derecho energético.En el mismo foro, Humberto Hernández Haddad argumentó que la deuda vía Pidiregas que ha adquirido Pemex asciende a 1 billón 618 mil millones de pesos, una deuda 30% mayor que el valor actual de la empresa. Tan sólo entre 2008 y 2012 se tendrán que pagar 730 mil millones de pesos por concepto de intereses y amortizaciones. Las iniciativas de Calderón no contienen ninguna medida para disminuir esta fuerte carga financiera para la paraestatal.
“Moneda de cambio” de gobernadores
En su participación, David Ibarra Muñoz advirtió que “el problema para el PRI es que no puede tratar como moneda de cambio la apertura de la petroquímica y la refinación” para que algunos gobernadores priistas obtengan beneficios de la renta petrolera.“Hay estados que quieren obtener parte de la renta petrolera, pero no se debe politizar esa renta para favorecer a un estado o a otro. Debe existir una bolsa global para todos; si no, estamos creando intereses”, advirtió el que fue secretario de Hacienda en la primera etapa del gobierno lopezportillista.Ibarra Muñoz se refirió así a un comentario de Adolfo Lugo Verduzco, expresidente nacional del PRI, quien expresó su preocupación porque un grupo de gobernadores de “estados petroleros” negocien con el gobierno federal el apoyo de sus bancadas a las iniciativas de Calderón.Una semana antes del inicio de los debates en el Senado, el martes 6 de mayo, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, sostuvo una reunión a puerta cerrada con los gobernadores de Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Durango para discutir justamente la posición de estos mandatarios, que reclaman más recursos de los excedentes petroleros.En la sesión estuvieron presentes también los senadores Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida Ochoa, así como el diputado Raúl Cervantes Andrade, coordinador de Asuntos Jurídicos del PRI y autor de una iniciativa de apertura a inversionistas privados en Pemex.El recelo ante lo que ahí se negoció ha cundido entre los sectores intermedios priistas. Y así se ha expresado en eventos como el organizado por el Foro Permanente de Legisladores.Otro frente conflictivo ha sido la presión del sindicato petrolero, encabezado por Carlos Romero Deschamps, para salvaguardar sus intereses y su participación en el rediseño del Consejo de Administración de Pemex.El senador Francisco Labastida Ochoa ha sido el conducto para favorecer los intereses del sindicato, mientras que el coordinador de la bancada del PRI en la cámara alta, Manlio Fabio Beltrones, ha señalado que este asunto debe estar al margen de las negociaciones legislativas.
Al ser cuestionado sobre este punto, el 6 de mayo, Beltrones afirmó:
“Las relaciones laborales de una industria con su sindicato deben ser abordadas entre empresa y sindicato. No forman parte de ninguna legislación. Si la empresa y el gobierno desean hacer modificaciones al contrato colectivo de trabajo, que se plantee de manera transparente y que no se esconda en la obligación que pueda tener el Legislativo de revisar un asunto que es contractual puro.”
–¿Corre riesgo el PRI de dividirse por la reforma? –se preguntó a Beltrones.
–Cualquier partido creo que corre el riesgo de dividirse en el caso de que no consensúe sus propuestas internamente; por eso nosotros estamos llevando a cabo todas estas consultas.
La “iniciativa” del PRI y los foros
Un equipo compacto de priistas, con la participación del propio Labastida y de Beltrones, elabora una iniciativa que sería alterna a las cinco presentadas por el Ejecutivo federal.El adelanto más aproximado al contenido de esta iniciativa lo expresó el senador Raúl Mejía, durante el foro del 8 de mayo, ante la secretaria de Energía y el director de Pemex.“Nosotros sí vamos a una reforma. Haremos una propuesta los próximos días, una propuesta seria, responsable; quizás nos quedaríamos en reformar la propuesta del Ejecutivo, pero no nos gusta cómo está planteada por el gobierno federal.”Mejía señaló que coincide con el titular del Ejecutivo en que Pemex vive una situación crítica a nivel operativo y financiero, pero en materia de autonomía de gestión “aspiramos a una autonomía real”. Planteó que la iniciativa del PRI propondrá que los dos nuevos consejeros que nombre el presidente en el Consejo de Administración de Pemex sean ratificados por el Congreso.Por el lado de la inversión, el senador adelantó que el PRI se opone a “que se conviertan monopolios privados en algunos de los segmentos, ya sea de transporte, ya sea de la refinación; que sean empresas filiales quizás, que se invierta con recursos públicos y que sean públicos esos recursos y esas empresas quizá filiales, pero que sean absolutamente del Estado”.Los distintos sectores priistas, ajenos a la negociación que se ha realizado en el Senado, plantean que primero se debe expresar la anticonstitucionalidad de las iniciativas de Calderón.Esta posición ha ido ganando consenso entre los especialistas, incluyendo los que ha invitado el Frente Amplio Progresista a sus foros alternos, y en coincidencia con lo expresado por figuras como Manuel Bartlett, autor del libro El petróleo y Pemex / Despojo a la nación.Entre los expertos que han argumentado esta postura se encuentran Jorge Cárdenas Gracia, exconsejero del IFE; el doctor Raúl Carrancá y Rivas –quien incluso afirmó que legisladores como Francisco Labastida Ochoa, beneficiario de los fondos del escándalo Pemexgate, deberían excusarse de la discusión y dictaminación de las iniciativas calderonistas– y el profesor Arnaldo Córdova. Todos ellos participarán en la primera fase del debate.Los cuatro primeros foros, que se realizarán el 13, 15, 20 y 22 de mayo, abordarán precisamente el tema de “los principios que deben regir la reforma energética de México”, y el del “análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”.En los primeros participará la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, pero también existe una fuerte presión entre los liderazgos intermedios para que, a propuesta del PRI, se incorporen Francisco Rojas y Manuel Bartlett.