lunes, octubre 06, 2008
El tricolor reconquista al IFE
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) por fin ha recuperado a su hijo pródigo. Después de 12 años y cuatro comicios federales en que el Instituto Federal Electoral (IFE) estuvo bajo el control de fuerzas ajenas al antiguo partido de Estado, el organismo electoral hoy ha regresado a casa.
Habría que recordar que originalmente la creación del IFE en 1990 no se hizo con el propósito de profesionalizar o independizar la organización de las elecciones, sino con el objeto de limpiar la cara de aquel régimen emergido del fraude de 1988. En esa coyuntura, el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) se aliaron para crear un engendro institucional que se vendió como organismo autónomo, pero que en realidad nunca buscó serlo. El secretario de Gobernación presidía el consejo general, la mayoría de los lugares en éste eran controlados por el PRI y los “consejeros magistrados” que formaban parte del consejo eran todos propuestos por el presidente de la República. El nacimiento del IFE fue entonces producto de la simulación.
La situación cambió a partir de 1996 porque el PRI cometió el “error” de permitir el nombramiento de un grupo de jóvenes consejeros que nunca dudaron en defender sus principios democráticos al confrontar los intereses del régimen del partido de Estado. Jaime Cárdenas, Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Juan Molinar y Alonso Lujambio rápidamente formaron el famoso “pentágono”, conjunto que logró vencer las posiciones más conservadoras o “conciliadoras” que caracterizaron a sus colegas consejeros que habían llegado al cargo como propuestas del PRI.
En los nombramientos de los consejeros de 2003, el Revolucionario Institucional perdió de nueva cuenta, ya que la mayoría de las personas que colocó en el consejo terminaron respondiendo más a los intereses de Elba Esther Gordillo que a los del partido. Una vez más los intereses priístas fueron desplazados en el seno del árbitro electoral.
Hoy, sin embargo, parece que el PRI finalmente saboreará los frutos de la victoria. Un nuevo “pentágono” está tomando forma, en esta ocasión bajo la influencia del viejo partido de Estado. Por su fidelidad a esta causa, los consejeros Virgilio Andrade y Marco Gómez recibieron el premio de terminar sus nombramientos originales hasta 2010. Les acompañan los consejeros Marco Baños y Francisco Guerrero, vinculados con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, respectivamente. A ellos hoy se les suma el consejero presidente Leonardo Valdés para completar el elenco del nuevo bloque dominante.
La semana pasada tuvimos indicadores contundentes de las funestas consecuencias de esta nueva correlación de fuerzas. El “nuevo” IFE hizo gala de su parcialidad y falta de profesionalismo al realizar una selección sesgada de casos para resolver e imponer multas arbitrarias e inequitativas. Tanto la exagerada multa al PRD como la sanción al PAN carecen de una argumentación jurídica sólida o una individualización precisa de las faltas cometidas.
En cambio, el PRI salió casi ileso con una sanción menor. Los consejeros también mandaron un claro mensaje de impunidad al dar un carpetazo irresponsable a las quejas contra la intromisión ilegal del Consejo Coordinador Empresarial.
El IFE de ninguna manera logró “cerrar el expediente de 2006”, ya que todavía existen casi 200 casos pendientes de aquel proceso electoral. Entre otros, todavía están por resolver las quejas en contra de Vicente Fox y el PAN por la masiva campaña mediática del gobierno en favor de Felipe Calderón, así como las impugnaciones por la utilización del correo electrónico por servidores públicos federales para denostar a López Obrador.
Los consejeros también se han negado a utilizar sus nuevas facultades de investigación de información bancaria, fiduciaria y fiscal para llegar al fondo del financiamiento irregular tanto de las campañas como de la propaganda televisiva de 2006.
El colofón ha sido el nombramiento por el nuevo “pentágono” de Marco Antonio Baños como presidente de la “supercomisión” de Capacitación y Organización Electoral, lo cual sin duda pone en riesgo las elecciones de 2009. Baños es uno de los “dinosaurios” de la institución; ha laborado allí desde 1990, y es muy cercano tanto a Felipe Solís Acero como al mismo Beltrones.
Durante el proceso electoral recientemente inaugurado, el titular de esta comisión tendrá poderes similares a los del mismo consejero presidente, ya que estará a cargo de los detalles más delicados de la elección, desde la impresión y resguardo de las boletas electorales hasta la capacitación de los funcionarios de casilla. También habría que recordar que tres de las otras comisiones más importantes (del Registro Federal de Electores, de Quejas y Denuncias, y el Comité de Radio y Televisión) son presididas por consejeros pertenecientes al mismo grupo de consejeros filopriístas.
Tanto el PRD como el PAN fueron claramente chamaqueados. El desesperado “exhorto” promovido por estos partidos el jueves pasado en la Cámara de Diputados, exigiendo mayor imparcialidad al árbitro electoral, no es sino una patada de ahogado de quienes con su participación en la selección de los nuevos consejeros son los únicos responsables de que el IFE todavía no cuente con la independencia y pluralidad necesarias para recuperar la legitimidad perdida.
Investigación y abuso
Ayer, luego de varios días de permanecer preso en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, fue puesto en libertad el médico radiólogo Carlos Martínez Neri, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y acusó por la fuga del presunto secuestrador Ángel Cisneros Marín, quien escapó del Hospital de Xoco, en el que labora Martínez Neri, donde aquel se encontraba en calidad de detenido bajo el resguardo de tres agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes también fueron arrestados y consignados. Hasta donde se sabe, el supuesto delincuente ingresó al hospital con lesiones de consideración, fue sometido a examen por Martínez Neri y aprovechó para escapar cuando el radiólogo fue a revelar las placas que le había tomado.
La captura del médico generó movilizaciones de solidaridad de sus compañeros de trabajo, y el Gobierno del Distrito Federal, de cuya Secretaría de Salud depende el nosocomio mencionado, asumió la defensa del especialista.
El episodio no sólo es ilustrativo de la incapacidad de las autoridades responsables de la procuración de justicia hasta para vigilar a presuntos infractores detenidos, sino también de su tendencia a afectar a inocentes y a responsabilizarlos por la ineptitud policial.
El manifiesto abuso cometido contra Martínez Neri desafía la lógica elemental y resulta lamentable tener que recordar que la tarea del personal médico y paramédico no consiste en impedir la fuga de los pacientes acusados de hechos delictivos, sino en curarlos. Sin embargo, el episodio dista de ser un hecho aislado. Se inscribe en una vieja práctica conocida como “fabricación de culpables”, característica de autoridades que han perdido el control de la situación, como ocurre actualmente con las instituciones encargadas de prevenir y perseguir a los criminales.
Es preocupante la posibilidad de que la captura referida indique el resurgimiento de esta práctica, que fue habitual en el sexenio pasado. Cuando la PGR estuvo a cargo de Rafael Macedo de la Concha, era común que la policía judicial, después AFI, intentara subsanar su ineptitud presionando y hostilizando a periodistas para que revelaran sus fuentes de información, y saltaron a la luz pública persecuciones y encarcelamientos de inocentes: baste recordar los casos de Artemisa Aguilar, empleada del Instituto Nacional de Migración (INM), injustamente acusada y encarcelada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), entonces a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos, de pertenecer a una organización dedicada al tráfico de personas; las imputaciones contra Nahum Acosta Lugo, ex director de Giras de la Presidencia, a quien se acusó, sin fundamentos, de vínculos con el cártel de Juárez y fue recluido en el penal de alta seguridad de La Palma, y la pesadilla que vivió el arquitecto Joaquín Romero Aparicio, sujeto a un prolongado arraigo porque agentes de la AFI le encontraron parecido físico con el narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes.
Actualmente, los abusos como el que sufrió el radiólogo Martínez Neri tienen como telón de fondo el empecinamiento gubernamental en corresponsabilizar a la sociedad del combate contra la delincuencia, pretensión absurda y carente de toda justificación legal: salvo lo que se especifica en la tipificación del delito de encubrimiento, la prevención del delito y la persecución de quienes lo cometen es responsabilidad de las autoridades, no de la población. El llamado a los ciudadanos a que se involucren en la “guerra” proclamada por la administración calderonista contra la criminalidad resulta, además, irresponsable y sumamente peligroso para quienes lo acaten, habida cuenta de que las corporaciones policiales se encuentran, con toda evidencia, infiltradas por el narcotráfico y por las bandas de secuestradores, y no son capaces, en consecuencia, de garantizar la seguridad ni siquiera de sus propios jefes.
Es necesario, en suma, que el gobierno federal asuma sus responsabilidades y las consecuencias de sus propias acciones y deje de criminalizar a la ciudadanía. Cierto, el país está lleno de delincuentes en libertad, y eso es muy grave. Pero es incluso peor que, ante el fracaso de la política oficial de seguridad pública, y en un acto de simulación inaceptable, se opte por llenar las cárceles con gente inocente.
Provocan al México bronco
Seis muertos y una decena de heridos es el saldo del desalojo de ejidatarios de Miguel Hidalgo, ubicado en el municipio de La Trinitaria , Chiapas, que realizaron la tarde del viernes 3 a punta de gas lacrimógeno y balazos durante 40 minutos, 250 elementos uniformados de la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal Preventiva.
Las autoridades federales, por medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dirigido por Alfonso de María y Campos Castelló, y las estatales encabezadas por Juan José Sabines Guerrero, formalmente de filiación perredista, sostienen un litigio con los 7 mil habitantes de Miguel Hidalgo porque éstos acordaron en asamblea, realizada el 7 de septiembre, apoderarse de la zona arqueológica de Chincultik, que se ubica en medio de los terrenos ejidales, bajo el argumento de que INAH “la tiene muy abandonada”. Ésta, por cierto, no es la excepción sino la constante del país.
Desde entonces, cuenta un lugareño al reportero Elio Henríquez, ”cobramos 20 pesos por la entrada, no los 35 que cobraba el INAH”. Entre semana obtenían entre 300 y 400 pesos diarios, y los sábados y domingos entre mil y mil 500.
Enseguida comenzaron las negociaciones y la más reciente reunión con funcionarios del gobierno estatal se efectuó un día antes de la masacre y acordaron continuar las pláticas, pues los ejidatarios rechazaron el ofrecimiento de un apoyo de 600 mil pesos para cosechar jitomates, aguacates y duraznos.
Al día siguiente por la mañana, asegura José Vázquez López, uno de los representantes del ejido, llegaron elementos de la PFP y desalojaron a los 25 campesinos que cuidaban las ruinas e incluso a personas ajenas. Previamente desalojaron a los indígenas de otras comunidades que tenían el control de los lagos de Montebello, ubicados a 10 kilómetros del ejido. ( La Jornada , 5-X-08, p. 3).
Enseguida, 250 elementos de la PFP y de la PEP lanzaron gases lacrimógenos en las casas y la escuela primaria, y sitiaron el poblado. Los integrantes de la comunidad se defendieron con machetes y palos, detuvieron a 77 policías, los desarmaron y encerraron en la casa ejidal.
La respuesta de los agentes --convertidos en energúmenos-- y sus jefes tardó cinco horas, con el trágico saldo mencionado. Entre los seis muertos se encuentran tres heridos rematados en el vehículo particular que los trasladaba al hospital, incluido el conductor.
De corroborarse esta última parte de la versión ejidal, estaríamos ante una conducta policiaca de naturaleza delincuencial sin la menor duda, como bien lo entiende Amador Rodríguez Lozano, ministro de justicia chiapaneco.
El ejidatario Vázquez López formula públicamente una interrogante que encierra la clave del problema y que es indispensable darle una respuesta ministerial y judicial pronta y veraz: “Preguntamos al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines: ¿por qué nos mandaron matar si un día antes habíamos tenido un diálogo con las autoridades para resolver el problema?”
La masacre de La Trinitaria pone en relieve el resurgimiento en Chiapas de una añeja tradición de violencia represiva contra las protestas campesinas e indígenas que hicieron crisis con Carlos Salinas de Gortari y perduran bajo el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León y su guerra de contrainsurgencia y el torpe y derrochador Vicente Fox Quesada.
Difícilmente puede sustraerse esta provocación al México bronco, el de las praderas demasiado secas y la irritación popular a flor de piel, de la relativamente nueva pero peor tradición autoritaria del panismo hecho gobierno, integrada por los criminales y falocráticos episodios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México; el asesinato de metalúrgicos en Sicartsa, Lázaro Cárdenas, Michoacán; las cobardes agresiones a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca...
Acuse de recibo
El palenquero Julio Fausto Pomar Jiménez escribió para Argenpressinfo, el 3 de octubre: “Los funcionarios panistas se arrogan el uso arbitrario de dichos recursos, con fines partidistas y parciales, como lo ejemplifica la persecución a innumerables publicaciones independientes, pero en especial a revistas como Forum, que está en la ‘lista negra’ del panismo usurpador derechista.”… Para el general Samuel Lara Villa forumenlinea, distribuidora de Utopía en la red, desarrolla una “Excelente cobertura informativa, gracias, por favor sigan la lucha contra la prensa vendida. Saludos de la Federación ‘Gral. Francisco J. Múgica’ de Militares Retirados.’”… En tanto que al general y doctor José Francisco Gallardo Rodríguez, Guerra entre policías (29-X-08) le pareció “Buena nota”… Juan N. Meléndez García, periodista e historiador con doctorado en la Universidad Patricio Lumumba, de Moscú, falleció el 1 de octubre. Coincidimos gratamente en el semanario Oposición y en la campaña presidencial de Arnoldo Martínez Verdugo. Un abrazo fraternal para su hermano Iván García Solís, su hijo David Meléndez y su compañera Susana Avilés.
PLHINO, o caos
La triste realidad es que la desintegración ecodel sistema financiero internacional del FMI basado en el dólar, esta "Era de la Tinieblas", no es un rollo de pose académica ("¿recesión o depresión, crisis del capitalismo, Fobaproa de EU?"), sino un asunto desesperado de vida o muerte para millones de humanos alrededor del mundo.
-RegioEnResistencia
3 de octubre de 2008 (LPAC).— Si México no lleva a cabo proyectos de desarrollo de la infraestructura como el PLHINO (Plan Hidráulico del Noroeste), advirtió de nuevo LaRouche en su conferencia transmitida por internet del 1 de octubre, se verá sujeto a un enorme caos económico y social en la medida en que millones de inmigrantes mexicanos son embarcados de regreso a México, bajo las actuales condiciones de depresión. Y es del interés de seguridad vital, inmediato, de Estados Unidos, el participar en proyectos como el PLHINO, con el fin de promover la estabilidad y el desarrollo de nuestros vecinos.
Considere lo que está pasando ahora con la caida en picada de las remesas que envian a sus lugares de origen los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, producto del desplome de la economía estadounidense. Según el Banco de México, en agosto las remesas cayeron en 12.2% comparadas con agosto del 2007, por mucho la mayor caida en la historia. De hecho, la tasa de desplome de las remesas se está acelerando en la medida en que la depresión arrasa en Estados Unidos: en el primer trimestre del 2008, las remesas cayeron 3.4%; en el segundo trimestre, cayeron "solo" 1.1%; pero después en julio la caida fue de 6.9%; y en agosto se desfondó con una caida del 12.2 %.
El 1 de agosto —el mismo dia que LaRouche daba su discurso transmitido por internet en Washington en donde presentó una alternativa al caos— se celebraban audiencias en el Congreso de México, en donde el gobernador del estado de Michocaban, Leonel Godoy, informaba que su estado era el mayor recipiente de remesas, con 14% del total y que la mitad de la población del estado, está en Estados Unidos (4 millones de personas). Godoy advirtió que el gobierno tiene que estar preparado para el influjo masivo de inmigrantes que regresan, cosa que por supuesto, no está preparado.
El mismo razonamiento setacó dirigente de un grupo de inmigrantes mexicanos del estado de Hidalgo, con sede en Tampa, Florida, quien informó que por lo menos 10,000 hidalguenses regresarán a México debido a la crisis financiera estadounidense, en la medida en que golpea el sector de la construcción. Hasta hace un año, el grupo tenía 40,000 miembros, que ahora se ha reducido a 30,000. Y cerca de 700 personas salen semanalmente de regreso a México. Localmente, muchos pequeños negocios propiedad de mexicanos han cerrado.
Alianza por la calidad de la educación
POR: José Angel Miramontes Cordero
Esta Alianza se sustenta en 5 ejes rectores: Modernización de los centros escolares, Profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas, Bienestar y desarrollo integral de los alumnos, Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo y, por último, Evaluar para mejorar. (http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/alianzaporlacalidaddelaeducacion). Por cuestiones de espacio sólo me referiré en este documento a los dos primeros aspectos.
Sin duda, en el papel estos 5 ejes parecen impecables; sólo que en la práctica, en la realidad cotidiana a la que se enfrentan los maestros y las maestras de México, ah qué pelón está el cochi. Comenzando con las condiciones en que se encuentran la mayoría de los planteles educativos del país. Si en las zonas urbanas tenemos todavía escuelas con techos y paredes de lámina o de cartón, con mobiliario inadecuado, pisos de tierra, imagínense cómo están en las zonas marginadas. El testimonio de la profesora guerrerense Vanesa López es más que elocuente:
“Soy maestra. de una secundaria de la región montaña alta de Guerrero, radico en Chilpancingo, viajo 8 hrs. de mi casa al trabajo (…) en la mayoría de estos lugares las escuelas están construidas con adobe, paja, madera o debajo de los árboles, sin luz y ni la más mínima comparación a escuelas urbanas, y para acabarla, el acceso a medios de comunicación (teléfono, televisión, radio) es imposible (…)
Tiene razón la profesora. El uso de la tecnología educativa -aún a pesar de que este concepto comenzó a utilizarse en la década de los 50’s en otros países más avanzados-, a estas alturas en México todavía estamos, como se dice, en pañales. En la mayoría de las aulas de medios de las escuelas públicas los equipos de cómputo son insuficientes y obsoletos. Los docentes encargados de esos centros no son especialistas en la materia y, al carecer del perfil adecuado, hacen verdaderos milagros para atender su encomienda.
Es más, en muchas de las escuelas privadas del país, sobre todo, en esas que han proliferado como hongos en lo que va de los ocho años de gobiernos panistas y que la vox populli conoce como “patitos”, en no pocos casos adolecen no tan sólo de computadoras, sino hasta laboratorios de biología, física y química. Si alguien lo duda, basta con echarle una “inspeccionadita” a alguna de esas escuelas de la localidad para corroborar lo que aquí señalo. Salvo las de renombre, las demás están para llorar.
En cuanto a lo que los medios de circulación nacional, las autoridades y las cúpula sindical que encabeza, Elba Esther Gordillo, nos quieren vender como el quid del problema: la selección del personal docente de nuevo ingreso y la promoción de los que ya están en servicio, mediante exámenes y que pregonan como la panacea mediante la cual se resolverán los problemas del sistema educativo nacional, eso es una trampa que quieren que nos traguemos los maestros y la sociedad. ¿Por qué?
Por que se quiere culpar de todos los males en este renglón a los docentes. Y si este es rebelde, si no se deja, si sale a la calle a protestar exigiendo mejores condiciones para desempeñar su trabajo, por que la autoridad y el congreso otorguen mayor presupuesto a la educación y lucha por salarios más decorosos, con mayor razón lo tildan de revoltoso, de pelafustán, de holgazán y hasta de traidor a la patria. Nomás investiguen si el docente en las mismas escuelas “patito” tiene, ya no digamos salario decoroso sino, seguro social o issste -ni a hospitalito llega- y aguinaldo. Es una explotación voraz en la que ni las manos puede meter por que no hay nadie que lo defienda. Los dueños de los colegios particulares, muy católicos y todo lo que sea, pero ah qué pesados están en lo tacaño. Y el sindicato, bien gracias. Si este es quien lo está acuchillando con esta alianza de marras.
Con esto no quiero eximir de la responsabilidad que le corresponde al maestro ya que, hay que entenderlo, este es parte de todo un sistema en el que también juegan su papel las autoridades educativas nacionales y estatales, los padres de familia y la sociedad en su conjunto. Ah pero si el alumno reprobó, el maestro tiene la culpa. Si en los indicadores de la OCDE el país ocupa los últimos lugares en Ciencias, Español y Matemáticas, al que hay que colgar es al profesor. Momento señores, hay que ver el bosque, no sólo el árbol.
Por eso digo que todo esto es un falso debate ya que resulta paradójico que hoy que se discute elevar la calidad de la educación, el presidente solicite al Congreso un incremento para el año 2009 del 1.5 por ciento en comparación con este 2008 –ni tan siquiera equiparable con el índice inflacionario del año que corre- y pretenda otorgar un aumento de casi un 50 por ciento en materia de seguridad. Cuando está comprobado que no hay mejor inversión que la que se hace en educar a un pueblo.
Lo que indigna a muchos trabajadores de la educación es que esos acuerdos sean firmados a su nombre por alguien que desde hace varias décadas no sabe lo es tomar en sus manos un gis o un plumón. Por alguien que por muchos años no sabe lo que es hacer una planeación, elaborar un examen ni llevar la guardia o la tiendita en una escuela. Qué le importa a Elba Esther que los maestros egresados que aspiran a una plaza, muchos de ellos hijos de profesores que cuentan con el perfil requerido, anden ahora mendingando una oportunidad para ingresar al servicio.
A la “maestra” eso no le preocupa. A ella el gobierno federal ya le dio las plazas que necesitaba. Su yerno Fernando Sánchez, en la SEP. Sus amigos, Roberto Campa, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (aunque acaba de renunciar), Francisco Yáñez, flamante Director de la Lotería Nacional, Miguel Angel Yunez, la plaza de Director del ISSSTE y a ella, con la reforma de la Ley del Instituto, le dio el control del Fondo de Pensiones (Pensionissste), que por tres años forzosos jineteará los recursos que generosamente pondrá el gobierno federal en sus manos (algo así como 160 mil millones de pesos) sic.
Finalmente, el maestro, también de Guerrero, Octavio Pineda Giles, cuestiona: “¿Aceptará Vázquez Mota y Elba Esther someter a concurso sus cargos? ¿Aceptarán la aplicación de un examen de los que actualmente nos aplican a nosotros para ver si como roncan duermen?” Bueno, el tema da para más, mucho más, que espero tratar en los próximos puntos de vista.
1968 y la revolución juvenil a nivel mundial
domingo, octubre 05, 2008
Puro amor puro
En Londres, unos ingleses criaron a un león desde pequeño al que nombraron Christian. Cuando éste ya estaba demasiado grande para el ambiente humano doméstico, decidieron dejarlo en una reserva para que se readaptara a su entorno natural. Después de un año, a pesar de que les advirtieron que ya no los reconocería pues se había reincorporado a su ambiente y recuperado sus instintos, ellos insistieron en visitarlo y esto fue lo que sucedió:
http://www.youtube.com/watch?v=adYbFQFXG0U
Más de la historia de Christian:
http://www.youtube.com/watch?v=cvCjyWp3rEk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nhzCk6TLXTw&feature=iv&annotation_id=event_925932
DOCUMENTAL (Cinito de fin de semana)
Dirección: Alejandro LandesAño: 2006
País de producción: Bolivia-Argentina
Producción: Julia Solomonoff, Alejandro Landes.
Fotografía: Jorge Manrique Behrens.
Montaje: Kate Taverna, Jorge Manrique Behrens, Lorenzo Bombicci y Jacopo Quadri.
Música: Leo Heiblum, Jacobo Lieberman.
Sinopsis
Alejandro Landes dice que Cocalero es menos una película sobre Evo Morales que sobre el movimiento de los cultivadores de coca, que después de dos décadas consiguió llevar a uno de los suyos al poder. Landes –nacido hace 26 años en Brasil, criado en Ecuador y graduado en Economía en la universidad norteamericana de Brown– empezó a pensar en la figura de Evo cuando trabajaba para el programa Oppenheimer presenta, del periodista Andrés Oppenheimer, destinado al público latino aunque producido en Estados Unidos. Landes le propuso a la producción un diálogo vía satélite entre el líder cocalero y Gonzalo Sánchez de Lozada, quien acababa de abandonar La Paz para instalarse en Estados Unidos. “Era octubre del 2003, una semana después de lo que para Sánchez de Lozada había sido un golpe de Estado y para Evo una fuga. Era como tener a Batista y a Fidel”, cuenta Landes. “Evo tenía de fondo una bufanda de wipala, la bandera indígena, que decía Evo Presidente y se caía. Alguien tenía que entrar en cuadro mientras Evo hablaba y volver a ponerla. Era una cosa de color que resultaba muy graciosa pero a la vez te hacía notar la bandera. Y te hacía pensar por un momento ¿será que este hombre puede ser presidente?”La anécdota de la bandera es mínima, pero Landes sabe que expresa algo que en la película aparece reflejado en el seguimiento de la campaña de Evo Morales, dos años después de aquel programa, a fines de 2005: la precariedad de recursos con los que parece construirse su carrera hacia la presidencia. El “seguimiento de campaña” es un subgénero documental que ya cuenta con cierta tradición; Landes evoca uno de sus mayores referentes, que es The War Room, la película de D. A. Pennebaker y Chris Hegedus sobre Stephanopoulos y Carville, los estrategas de la operación electoral de Bill Clinton para su primera presidencia, en 1992. Y en parte la menciona para establecer diferencias: las que tienen que ver con el enorme aparataje que rodea a un candidato a jefe del país más poderoso del mundo, y la aparente inmediatez en la que, por momentos, parece moverse el líder cocalero en campaña. “En Cocalero no hay una estructura dramática clásica como la que se construye con Clinton, en choque con la voz en off de Bush. Acá era sólo observarlo a él, lo más detenidamente posible, para permitir que afloren los matices. En todo caso, Cocalero es mucho más parecida a Entreatos, el film de Joao Moreira Salles (el hermano de Walter) sobre la llegada de Lula al poder, y Peones, de Eduardo Coutinho, que explora las raíces sindicalistas de Lula, su trabajo en la ensambladora de autos y la consolidación del PT.”Pero la película sobre la construcción de un candidato político y el marketing electoral más interesante de los últimos años, dice Landes, es Our Brand is Crisis: “La hizo una chica norteamericana que accedió a una compañía consultora de James Carville –el socio del protagonista de The War Room–, cuando estaba haciendo trabajos de consultoría para candidatos en Africa, Asia y América latina. Su intención era estudiar varios casos, pero el boliviano terminó pareciéndole el más interesante; entonces llegó con el equipo consultor para asesorar la campaña de Sánchez de Losada, lo ayudó a ganar, y después pasa lo que pasó y ella sigue todo este proceso. Pero lo que ella hace es acompañar al candidato más rico con la compañía de mercadeo político más cara y sofisticada del mundo, mientras que en Cocalero tenemos una mirada sobre alguien con un olfato político impresionante, con una astucia en circunstancias muy precarias, en un movimiento medio cenicienta, en el sentido de que nadie cree que pueda llegar, y con una mirada verdaderamente de abajo hacia arriba”.
"¡Espurio!"
Los ciudadanos en resistencia civil pacífica, que acuden a la Asamblea Informativa que se lleva a cabo cada domingo en el hemiciclo a Juárez, recibieron a Gerardo Fernández Noroña quien llevó un documento con la cronología de la "naturalización" de Juan Camilo Mouriño, traficante de influencias y Secretario de Gobernación, mejor conocido como "Ivan."CRONOLOGIA DE LA NATURALIZACION MEXICANA DE LA FAMILIA MOURIÑO - TERRAZO
11 de Septiembre de 1906, nace en Avion Camilo Terrazo Vales abuelo de “IVAN”.
28 de Octubre de 1917, nace en Avion María Duran Blanco abuela de “IVAN”.
8 de Diciembre de 1942, se naturaliza Mexicano Camilo Terrazo Vales.
4 de Marzo de 1943, nace en Vigo Carlos Mouriño Atanes.
14 de Octubre de 1946, matrimonio de Camilo Terrazo y Maria Duran.
14 de Octubre de 1950, nace Mª Ángeles Terrazo Blanco madre de “IVAN”.
2 de Octubre de 1969, contraen matrimonio en Vigo Carlos Mouriño y Ángeles Terrazo figurando ella con nacionalidad mexicana y con domicilio en Vigo, Camelias 129, lo que hoy debe ser seguramente Camelias 113 donde reside su madre Maria Blanco, ya que hace años se reordeno la numeración de esa calle.
1 de Agosto de 1971, nace en Madrid Juan Camilo Mouriño.
Octubre 1971, con la obtención de la mayoría de edad en aquella época a los 21 años Ángela Terrazo Blanco obtiene el DNI español nº 36010471-S, cuando Mouriño Terrazo se inscribió en el Consulado Mexicano en Madrid en 1979 su madre era española de pleno derecho y tenia DNI español exactamente el mismo número que tiene en la actualidad.
11 de Agosto de 1976, el Registro Civil de Avion expide certificado de nacimiento para la obtención del DNI español a favor de D. Camilo Vales Terrazo, y el día 12 de Agosto de 1976 otro a favor de María Duran Blanco con el mismo fin.
Según comentarios de sus vecinos, a su vuelta a España, los abuelos cotizan a la Seguridad Social Española y de hecho obtienen una pensión por sus años de cotización en España. Ejercen alguna actividad agraria o de algún otro tipo de autónomo.
11 de Enero de 1979, Juan Camilo Mouriño comparece ante el Consulado de México en Madrid, para inscribir en el consulado su nacimiento de 1 de Agosto de 1971. Justo después del restablecimiento de relaciones diplomáticas (1978) sin duda para obtener los beneficios que concede la doble nacionalidad pues no consta en ningún registro civil la renuncia a la nacionalidad española y de existir lo lógico es que el mismo lo hiciera público.
2 de Octubre de 1989, certificado de nacionalidad mexicana nº 5419 a favor de Juan Camilo Mouriño (al cumplir 18 años). Con fecha 2 de octubre de 1989 y número de folio 5419, el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raúl Solórzano Díaz, le expidió a Juan Camilo Mouriño el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento "en atención a que comprobó haber nacido en Madrid, España, el 1 de agosto de 1971, hijo de madre mexicana". Ahí se hace constar que desde ese día "renunció expresamente a todo derecho inherente a cualquier otra nacionalidad, así como a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier gobierno extranjero, especialmente a aquellos que le han reconocido como su nacional".
29 de Julio de 1991, fallece en Vigo Camilo Terrazo Vales, “abuelo naturalizado” Mexicano de Juan Camilo Mouriño, fallece con la nacionalidad Española.
1997, Juan Camilo Mouriño usa el pasaporte español nº 8800581 expedido por el consulado español de Miami.
Año 2003, Hacienda Española expide dos números NIF M5400366N y M5400365B a favor de Ángeles Terrazo y Carlos Mouriño, siendo titulares de DNI, siendo ambos españoles, solicitan un NIF de extranjeros.
Todos los miembros de la familia Mouriño Terrazo están censados en España. Falta comprobar si lo estuviera en Madrid Juan Camilo Mouriño.
Todos los miembros de la familia Mouriño terrazo tienen DNI españoles incluido Juan Camilo Mouriño.
María Blanco Duran está censada en España y tiene DNI Español.
Después de dar a conocer el escrito, Fernández Noroña, comentó el acto valeroso de resistencia que realizaron los jóvenes Andrés Leonardo Gómez Emilsson y Mario Jiménez Santiago. El primero, acreedor del Premio Nacional de la Juventud, que le gritó -"¡Espurio!"- al presidente espurio y el segundo joven, que en apoyo replicó "¡no hay libertad en este país, no hay libertad!". por lo que ambos jóvenes se llevaron los aplausos de los asistentes. -"Por eso"-, dijo Noroña, "nuestros senadores del FAP tienen la obligación de reclamar, Andrés Leonardo ya les puso el ejemplo, porque se necesita valor para hacer lo que hizo y vamos a esperar ver que hacen nuestros Senadores, ya Andrés les puso la barda muy alta" puntualizó.
Convocó a estar presentes, este martes 7 de octubre a las diez de la mañana, en la esquina de Donceles y Eje Central Lázaro Cárdenas porque el Presidente usurpador estará presente en la entrega de La Medalla de Honor “Belisario Domínguez” que el Senado de la República le otorgó al Miguel Ángel Granados Chapa y que mejor momento para manifestar la libertad de expresión para recordarle, a quien se robó la presidencia, lo que hace unos días Andrés Gómez le gritó -"¡Espurio!"-
Al fin se vio la eficacia del aparatoso dispositivo de seguridad y logística que se despliega en los actos públicos del presidente Felipe Calderón: el viernes 3, elementos del Estado Mayor logra-ron someter a los estudiantes Andrés Gómez y Marco Virgilio Jiménez, que increparon al mandatario durante la entrega del Premio Nacional de la Juventud por lo que consideraron un discurso "hipócrita" y "falso" acerca de la libertad y la democracia. Aunque en términos de seguridad fue un incidente menor, los estudiantes de esta época lograron resquebrajar -a cuatro décadas de la matanza de Tlatelolco- al menos la impunidad verbal.
Si una de las jornadas más aciagas para el presidente Felipe Calderón fue la del 15 de septiembre -tras el estallido de dos granadas en pleno festejo patrio en el zócalo de Morelia-, el viernes 3 quedará en las crónicas de su sexenio como el día en que un estudiante de 18 años, Andrés Gómez Emilsson, le gritó "¡espurio!" en pleno Palacio Nacional.
Esa mañana Calderón llegó al patio central para encabezar la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2007, cuyo inicio estaba programado a las 10:30 horas. Llevaba un traje gris claro y camisa blanca. Sonreía. Fue saludando a los galardonados formados frente al templete: de beso a las mujeres y con un fuerte apretón de mano a los hombres.
Le tocó el turno a Andrés Gómez, que cursa el bachillerato internacional becado en Oslo, Noruega, gracias a su alto rendimiento en matemáticas.
Pelirrojo y vestido con un sencillo traje negro, Andrés le dijo a Calderón: "No, no te puedo saludar", y enfatizó su negativa cruzando las manos a su espalda. Movía la cabeza y agitaba su larga cabellera. "Está bien, muchacho", le respondió el presidente y le dio una palmada a la altura de la cadera.
Los militares del EMP, encabezados por el general Jesús Castillo, lo mismo que el equipo de logística, no tuvieron tiempo de actuar en ese momento. De todas formas, el joven no parecía haber llamado mucho la atención y permaneció en el templete, sentado con el resto de los galardonados que esperaban ser llamados uno a uno.
Paciente, Andrés presenció desde la tercera fila el discurso de Isabel Priscila Vera Hernández, directora del Instituto Mexicano de la Juventud y encargada de elaborar la lista de invitados especiales. También escuchó a Eufrosina Cruz Mendoza, quien no pudo ser presidenta municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca, por el delito imperdonable de ser mujer e indígena. También habló la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota.
Poco después llegó el turno de Felipe Calderón, quien al prometerle todo su apoyo a Eufrosina Cruz decía: "Quien te niega, se niega a reconocer tus derechos, y los de tu gente y los de las mujeres en su comunidad, no puede permanecer impune. Por eso, cuenta con nuestro apoyo, por la dignidad humana, por la de las mujeres indígenas, por la democracia...".
Apenas estaba terminando de pronunciar la última palabra cuando Andrés Gómez ya estaba de pie, señalándolo con el índice derecho. Su grito resonó en el Palacio: "¡Espurio!".
El estudiante -hijo del catedrático Luis Gómez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México- permaneció de pie, mirando fijamente a Calderón. "Lo hice para llamar la atención", reconoce en la noche, en entrevista con Proceso.
El presidente miró de reojo al muchacho, hizo una breve pausa y continuó con su discurso. A partir de entonces improvisó:
"Nuestro país necesita mexicanos como ustedes, que pueden hablar con toda libertad, expresarse con cualquier tipo de mecanismos pacíficos. Y creo que lo que marca nuestro país, precisamente, a diferencia de lo que ocurría no hace muchos años, hace 40 años, donde por cierto muchos de quienes ahora no reconocen o recriminan al gobierno federal participaban en aquel régimen autoritario. Hace 40 años no había libertad; hoy tenemos libertad, hoy tenemos instituciones democráticas que pueden tener espectáculos como éste."
Uno de los jóvenes que estaba sentado entre los invitados, Marco Virgilio Jiménez -tesista de la licenciatura en Historia de la UNAM- le gritó también a Calderón: "¿Cuál libertad? ¡No hay libertad!".
Desde el templete, Andrés Gómez levantaba su brazo derecho y decía: "¡No, no... no es cierto!". Dos elementos del EMP ubicados atrás de él trataban de tranquilizarlo, pero lo jaloneaban para retirarlo del estrado. El muchacho se zafaba con manazos y codazos.
Calderón perdió la concentración, se enredó:
"Nuestro país necesita, precisamente, hoy que conmemoramos 40 años, al día de ayer, de la masacre de Tlatelolco que fue, precisamente, uno de los momentos más tristes de la historia del México contemporáneo y, a la vez, de un momento que marcó el inicio de una nueva etapa de lucha democrática para el país..."
Mientras Calderón concluía esta "reflexión", Marco Virgilio fue sacado en vilo por un grupo de militares. Lo sometieron por la espalda con una llave de judo. A Andrés Gómez unos efectivos del EMP lo seguían jalando del saco para bajarlo del estrado pero no podían porque les estorbaban las sillas. Además, la prensa lo estaba fotografiando sin cesar y frente a donde ocurría el forcejeo estaba sentada la secretaria de Educación Pública.
Calderón continuaba su deshilado discurso sobre el 2 de octubre de 1968. Dijo que México debe fortalecerse para que nunca más vuelvan a repetirse hechos tan lamentables. "Hoy México, como se acaba de ver, nuevamente tiene espacios de libertad y tolerancia que entonces hubiesen sido inimaginables; tiene instituciones democráticas sólidas, fundamentadas en la libertad y en la pluralidad de ideas", agregó abriendo los brazos y con media sonrisa.
Los invitados aplaudieron. En el estrado, Andrés Gómez era custodiado por dos o tres militares. En esos momentos Marco Virgilio ya era interrogado en algún lugar de Palacio Nacional.
"Estoy convencido -agregó Felipe Calderón- que sólo por la vía del diálogo, sólo por la vía de la democracia, sólo por la vía del respeto recíproco, los mexicanos podremos prosperar, que es, precisamente, la construcción de un México distinto y mejor lo que debe unirnos y debe darnos la capacidad de entendernos..."
Cuando terminó el discurso, los ganadores del Premio Nacional de la Juventud fueron invitados a colocarse al frente para una fotografía con el presidente. En el grupo de galardonados faltaba el matemático en ciernes, ya que antes de que pudiera abotonarse el saco el EMP lo bajó del estrado.
El catedrático Luis Gómez comenzó a buscar a su hijo. Le preguntaba a la directora del Instituto Mexicano de la Juventud por el paradero de su hijo, pero ni Isabel Priscila Vera ni el personal de la Presidencia le dieron una respuesta concreta.
"El Estado Mayor se lo llevó, dicen que ahorita me lo van a traer. Ellos están hablando de tolerancia, de respeto a la opinión de los demás, de libertad, y se lo llevan. Me parece aberrante que se lo llevaran para que no saliera en la foto. Mi hijo lo único que hizo fue no estar de acuerdo con una declaración del presidente. Es una estupidez que lo hayan sacado del evento", argumentaba el padre de Andrés.
También los reporteros le preguntaban a Isabel Priscila Vera, que iba con prisa, buscando la salida: "¿Dónde está el muchacho?". Su respuesta: "¿Me permiten pasar por favor?". Tenía la voz quebrada y las manos temblorosas.
Entre las 11:55 y las 12:45 no hubo pistas sobre el paradero de los muchachos. Corrió el rumor de que ambos jóvenes eran trasladados a la Agencia 33 del Ministerio Público, pero no se sabía qué cargos les imputarían.
En los portales electrónicos de algunos diarios ya se reportaba la desaparición de los estudiantes, cuando la Presidencia emitió un comunicado:
"El día de hoy elementos del Estado Mayor Presidencial, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación que regula la organización y funcionamiento de este cuerpo castrense, pusieron a disposición de las autoridades competentes del Distrito Federal a los jóvenes Andrés Leonardo Gómez Emilsson y Marco Virgilio Jiménez Santiago, por la probable realización de conductas que son sancionadas penal o administrativamente por la legislación vigente. La Presidencia de la República anticipó que no formulará cargos contra estos jóvenes."
El reglamento del EMP sólo establece que su obligación es garantizar la seguridad del mandatario, pero no especifica cómo debe proceder en estos casos.
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Cuando Andrés Gómez vio a Marco Virgilio sentado en la habitación del Palacio Nacional, custodiado por la Policía Federal y el EMP al igual que él, le preguntó:
-¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí?
-Yo fui quien te aplaudió y gritó que en este país no hay libertad.
Marco Virgilio, de 24 años, acudió al acto invitado por las autoridades educativas después de presentar un proyecto para el Concurso Nacional de Ensayo Político Juvenil.
"Ya dijiste lo que querías, y ya te cargó la chingada", le dijeron los militares mientras lo sometían para sacarlo del patio central del Palacio. Recuerda que le prohibieron hacer llamadas telefónicas y que abiertamente policías y militares discutían si lo llevarían a un cuartel o a las instalaciones de la Policía Federal.
Cuando preguntó de qué lo acusarían, un elemento del EMP le respondió: "Pregúntale a tu pinche conciencia".
Ya en la habitación donde los aislaron, los dos estudiantes escucharon que un oficial del EMP reprendió a uno de los organizadores del acto por "haber dejado entrar esa gente". Luego fueron interrogados y fotografiados con teléfonos celulares y cámaras digitales. También les hizo unas fotos "un tipo que llevaba una cámara impresionante, supuestamente era el fotógrafo de Calderón", recuerda Marco Virgilio.
El acoso acabó cuando los subieron a una patrulla de la Policía Preventiva. "Incluso los policías simpatizaron con nosotros, celebraron que le hubiera gritado 'espurio' a Calderón y que Marco me hubiera apoyado", dice Andrés en la entrevista telefónica.
Relata que sólo había pensado negarse a saludar a Calderón, como en efecto hizo en dos ocasiones: cuando llegó al Palacio Nacional y cuando recibió el reconocimiento. No obstante, dice, no pudo aguantar callado el discurso "hipócrita" sobre la libertad y la democracia.
Andrés Gómez Emilsson tiene un historial académico destacado, según él "accidentalmente". Ha sido premiado en olimpiadas nacionales de matemáticas, representó a México en la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe, donde obtuvo la medalla de plata, así como en la Olimpiada de Matemáticas de la Cuenca del Pacífico, donde alcanzó el bronce.
Volvió a obtener bronce en la Primera Olimpiada Internacional Juvenil de Ciencias, en Indonesia, y luego ganó el primer lugar en el concurso Leamos la Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica.
De igual forma, obtuvo un reconocimiento por haber obtenido 120 de 128 aciertos posibles en el examen único de bachillerato de la UNAM, y como estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel sur fue becado por la Asociación Mexicana Pro Colegios del Mundo para estudiar en Noruega.
En ese país ganó el quinto lugar de un concurso de matemáticas y se ubicó en séptimo lugar dentro de su materia en la región escandinava.
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La patrulla de la Policía Preventiva llevó a los estudiantes al Juzgado Cívico 33, que está a un costado de la estación Pino Suárez del Metro. Ya estaba con ellos el padre de Andrés. Les explicaron que estaban en calidad de "presentados por disturbio de ceremonia solemne", lo que implicaría faltas administrativas y por lo tanto sanciones como arresto o multa.
En tanto, Marco Virgilio recibió muestras de solidaridad de la secretaria general de la Facultad de Filosofía y Letras, Tatiana Sule Fernández, quien le ofreció asesoría jurídica.
Ambos permanecieron 50 minutos en el juzgado. Marco Virgilio dice que él se considera la oveja negra de su familia, que vive en Monterrey y a la que califica de "reaccionaria y panista".
"No me retracto de nada, asumo las consecuencias. Lo que me incomodó fue el interrogatorio y que tengan todos mis datos. Eso me tiene tenso, que haya represalias a mediano o largo plazo", comenta.
Por su parte, Andrés Gómez sostiene que fue congruente con sus convicciones: "Estoy inconforme con este presidente y con el anterior (Vicente Fox); era el colmo que hablara de valores democráticos cuando hizo fraude en 2006, y eso no es una opinión, es un análisis de datos".
Explica que al término de la jornada electoral del 2 de julio de 2006 realizó un análisis estadístico de la información difundida por el Programa de Resultados Electorales Preliminares durante varios meses, y llegó a la conclusión de que hubo un fraude electoral.
Se define como un "ciudadano del mundo" y "no como un ferviente promotor de un partido político, pero sí de la democracia". Por eso considera que es una "gran paradoja hipócrita" el hecho de que, después de que Calderón se refiriera al 2 de octubre de 1968, militares del EMP lo detuvieran y lo sacaran de la premiación.
Al quedar libres, Andrés Gómez y su familia se dirigieron al hotel Fiesta Americana, donde se alojaron los galardonados. Algunos de sus compañeros lo felicitaron e incluso le pidieron autógrafos.
Nacido el 23 de septiembre de 1990 en la Ciudad de México, Andrés dijo que Salvador Martínez della Rocca, amigo de su padre, lo comunicó con el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
"Marcelo estaba encantado y agradecidísimo de que se lo comunicara", relata Martínez della Rocca, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien recuerda que él llamaba a Andrés El Ciclón cuando tenía cinco años, porque desde entonces expresaba una curiosidad intelectual destacada.
"Este muchacho nos reivindicó a nosotros, a la generación del 68, reivindicó a nuestros hijos y a nuestros nietos", dice el exdirigente estudiantil, que piensa llevar a la tribuna de la ALDF una denuncia pública por la detención ilegal de los dos jóvenes.
Luis Gómez Sánchez, quien fuera asesor de Martínez Della Rocca en la LVI Legislatura federal, señala que aunque la privación ilegal de la libertad de la que su hijo fue víctima amerita una denuncia penal, no la presentará.
"Considero que no haber formulado cargos es una disculpa, que acepto, aunque no admito que se le haya detenido ilegalmente. No haremos más, porque generó una bola de nieve, una reacción que expresa la polarización de este país: por un lado quienes apoyan a Andrés y otros que lo denuestan."
Como hombre de izquierda, dice el catedrático, "respeto a mi hijo, yo no sé si hubiera sido capaz de hacer lo que hizo, porque junto a mí había padres que reprobaban en voz baja lo que decía Calderón, pero sólo Andrés se atrevió a gritar lo que pensaba".
El círculo de complicidades que protege al empresariado calderonista se cerró la semana pasada con la decisión, por parte del Consejo General del IFE, de no sancionarlo por la campaña negra que desplegó en la elección de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Por el Bien de Todos. Como único referente de la ilegal actuación del Consejo Coordinador Empresarial quedó la determinación del Tribunal Electoral en el sentido de que, además de violar la ley, los spots del CCE beneficiaron al PAN y al PRI.
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) decretó la impunidad del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la elección presidencial del 2006, a pesar de acreditarse la ilegalidad de las conductas de sus directivos.
El organismo que agrupa a las cúpulas patronales del país contó con una red de complicidades para burlar cualquier sanción por los cientos de spots de televisión y radio transmitidos en la parte final de la campaña del 2006: El gobierno de Felipe Calderón, Televisa, Televisión Azteca e inclusive funcionarios y consejeros del IFE.
Conforme a la información que los directamente involucrados ofrecieron oficialmente al IFE, que los interrogó por escrito y de cuyos documentos Proceso tiene copia, los spots transmitidos por el CCE simplemente no existieron.
Televisa ni siquiera respondió a los oficios que, desde mayo del 2007, le fueron enviados por el secretario ejecutivo del IFE, Manuel López Bernal -todavía con Luis Carlos Ugalde como presidente del Consejo General-, al vicepresidente jurídico de la empresa, Joaquín Balcárcel, para detallar la transmisión de los spots.
Televisión Azteca, a través de su apoderado legal, Félix Vidal Mena Tamayo, de plano aseguró que nada sabía de tales spots: "Tengo conocimiento por afirmaciones de las personas del área de ventas que en los archivos con los que se cuenta en TV Azteca de las transmisiones de junio de 2006 no aparece registro de que mi representada haya transmitido los anuncios referidos por la autoridad en el oficio que se contesta."
Y el gobierno de Felipe Calderón actuó, también, con completa opacidad en los spots difundidos por el organismo cúpula del sector privado durante junio del 2006 que, según un monitoreo y las tarifas vigentes en esa fecha, tuvieron un costo superior a los 130 millones de pesos.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Irma Pía González Luna Corvera -hermana de la exconsejera del IFE María Teresa González Luna- aceptó que se transmitieron spots, pero sólo dos veces, ambos el mismo día, 27 de junio, y sólo en el canal 9: Uno a las 20:09 horas y el otro a las 21:19.
En otro oficio, enviado en agosto -un mes después del primero-, el IFE fue más explícito y le solicitó la información aludiendo inclusive al nombre de las cadenas radiofónicas y televisivas, "y cualquier otro de los medios, con impacto a nivel local y/o nacional", donde pudieran haberse transmitido los spots del CCE, pero la respuesta fue la misma, incluyendo los dos casetes de formato VHS que le adjuntó.
Todavía en julio de este año, la misma RTC, ahora a cargo de Norberto Tapia Latisnere -y ya con González Luna Corvera como subsecretaria de Normatividad de Medios-, la respuesta fue también negativa: "... debido a la antigüedad de las fechas de los materiales de su interés, ya no se encuentran disponibles en nuestros archivos electrónicos materiales de los períodos requeridos".
Y a pesar de haber contratado su propio sistema de monitoreo, ni en el propio IFE hubo vestigios de los spots del CCE, "en virtud de que la información relativa a los promocionales de las empresas o personas ajenas a los partidos o coaliciones políticas no fueron sujetos al monitoreo", según el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agiss.
Esta lógica del ocultamiento la impuso el propio CCE desde que, en agosto del año pasado, su representante legal, Luis Miguel Pando Leyva, se escabulló de las preguntas que le formuló la autoridad electoral como parte de la investigación de una queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el Partido Acción Nacional (PAN) y la Alianza por México, integrada por el Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM).
El PRD presentó la queja después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció en el dictamen sobre la validez de la elección que los spots del CCE no sólo violaron la ley, sino que beneficiaron al PAN y al PRI, en perjuicio del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.
"Los spots a que se refiere en el presente cuestionamiento no son ni han sido promocionales", declaró textualmente Pando Leyva en un oficio recibido por el secretario ejecutivo del IFE y, a la pregunta de cuál fue "el motivo finalidad de la emisión de dichos promocionales", el directivo adujo que "la única finalidad fue difundir algunos temas que el CCE considera primordiales para el crecimiento y desarrollo de nuestro país".
López Bernal le preguntó sobre el nombre de la persona o las personas que ordenaron y/o contrataron la difusión de los promocionales del organismo presidido entonces por José Luis Barraza, y Pando Leyva respondió: "No se tiene noticia de contratación de 'promocional' alguno".
Pregunta: Si los promocionales en cita forman parte de alguna estrategia de difusión o promoción de actividades relacionadas con la materia electoral, particularmente con la difusión del voto.
Respuesta: No, y no son promocionales.
Pregunta: De ser afirmativa la respuesta precedente, los términos en que se difundió o difunde la estrategia mencionada, precisando el tiempo que abarcó o ha abarcado la misma, los medios en los que se difundió o difunde, el costo que ha implicado, así como la forma y nombres de las personas que han intervenido en el subsidio de dicho costo.
Respuesta: La respuesta anterior es negativa.
Pregunta: Si la asociación civil que usted representa o alguno de sus miembros pertenecientes a los órganos de dirección de la misma pertenecen a algún partido político, agrupación política u organización adherente a cualquiera de ellos.
Respuesta: No.
Agravio de Calderón al IFE
Estas conductas evasivas de los involucrados en la difusión de los spots, que el TEPJF estableció que violaron la ley y perjudicaron a López Obrador, fueron subrayadas por los consejeros Alfredo Figueroa y Virgilio Andrade, la madrugada del martes 30 de septiembre, en un caso que fue opacado por las millonarias multas a los tres principales partidos políticos.
Figueroa fue el único de los nueve consejeros que votó en contra del proyecto de resolución de la queja por sus "deficiencias procesales", entre ellas las de no haber profundizado, por ejemplo, el interrogatorio al CCE, cuyo expresidente, José Luis Barraza, encabeza el consejo de administración de Aeromexico, empresa privatizada por Calderón.
"El partido demandante pidió que se le repreguntara al Consejo Coordinador (Empresarial), pero el área jurídica de esta institución decidió no preguntar para no molestar", dijo Figueroa, quien reprochó la conducta de las televisoras y de la Secretaría de Gobernación.
"La dirección de RTC nos dijo que esos spots aparecieron dos veces en la televisión mexicana; se le preguntó a Televisa sobre la difusión de esos spots y la respuesta nunca llegó; se le preguntó a TV Azteca sobre la difusión de esos spots y la respuesta no tiene tampoco desperdicio."
Andrade, quien sí votó a favor de declarar infundada la queja, afirmó que el CCE sí violó la ley al difundir los spots
-"decir lo contrario es el equivalente a caer en un asunto de simulación"-, y también condenó la actitud del gobierno de Calderón en el esclarecimiento del caso, particularmente la Secretaría de Gobernación.
"No podemos pasar por alto la respuesta de la Secretaría de Gobernación, porque no sólo agravia en términos de percepción de todos los mexicanos, está agraviando al sentido común, desde luego, y agravia al Instituto Federal Electoral," expuso Andrade.
Y añadió: "Esto es lo que no puede pasar en un sistema como el nuestro. El gobierno federal ignoró siquiera las intervenciones del Instituto Federal Electoral en el caso y es importante señalarlo para que también quede constancia del agravio."
Por su parte, Figueroa reprochó que la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE haya determinado declarar infundada la queja simplemente porque los representantes del PAN y del PRI se deslindaron de los spots del CCE -algo que el presidente de ese órgano, Marco Antonio Gómez, consideró suficiente-, pese a que el TEPJF estableció que sí se beneficiaron y así se establece en el propio proyecto de resolución.
En efecto, ese proyecto, si bien proponía al Consejo General declarar infundada la queja -como ocurrió-, sustentó que los directivos del organismo empresarial sí violaron la ley, en perjuicio de López Obrador:
"No pasa inadvertido para éste órgano colegiado, aun cuando no forma parte de la litis, el hecho de que el Consejo Coordinador Empresarial, A.C. difundió en radio y televisión propaganda con la finalidad de disminuir las preferencias político-electorales de una fuerza política, por lo que es posible afirmar que dicho ente privado conculcó lo dispuesto en el artículo 48, párrafos 1 y 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales".
Tales disposiciones del Cofipe establecían, antes de la reforma, el derecho exclusivo de los partidos políticos a contratar tiempos en radio y televisión para difundir mensajes orientados a la obtención del voto durante las campañas electorales y, en ningún caso, se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido político o candidato por parte de terceros.
Y textualmente, indica: "Así las cosas, este órgano resolutor estima que la conducta desplegada por el Consejo Coordinador Empresarial, A.C. constituye un posicionamiento político, a través del cual se perjudicó a la otrora Coalición Por el Bien de Todos, lo que dio lugar a la transgresión de las condiciones de equidad que deben prevalecer en toda contienda electoral, toda vez que sólo a los partidos políticos se les permite la contratación de propaganda político electoral y no a los terceros ajenos al sistema de partidos políticos.
"En virtud de lo expuesto anteriormente, se concluye que el Consejo Coordinador Empresarial, A.C. efectuó hechos violatorios de la ley, por lo que se reitera que, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el artículo 6 del Código Civil Federal, relativas a que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla, dicho ente jurídico tiene la obligación de ceñirse en todo tiempo a las disposiciones legales, con independencia de la existencia o no de procedimientos o sanciones específicas, ya que es condición suficiente la existencia de una norma, como la que fue transgredida en el presente asunto (de orden público y de observancia general), para que una persona moral se ciña a ella y procure su debido cumplimiento."
Los consejeros del CCE
Estas consideraciones en el documento irritaron a los consejeros Benito Nacif y Arturo Sánchez Gutiérrez, identificados con el PAN, y propusieron eliminarlas de la resolución para no sentar un "precedente peligroso", sobre todo en materia de libertad de expresión.
Nacif reconoció que el TEPJF se pronunció en ese sentido en su dictamen de la elección presidencial. "Sin embargo, debemos tomar en cuenta que este asunto no se puede considerar cosa juzgada, pues en realidad no hubo juicio alguno. El dictamen del Tribunal fue un acto administrativo estrictamente y la parte, una de las partes acusadas, en este caso la parte implicada, no tuvo oportunidad de presentar alegatos en su defensa, dado que no era propiamente un juicio."
Y advirtió del riesgo de declarar ilegales los spots del CCE: "Si lo hace está sentando un peligroso precedente que introduce, por vía administrativa, una restricción injustificada al derecho a la libertad de expresión y al derecho concomitante a la información sobre asuntos de interés público que tienen los ciudadanos. Esto ahora está afectando a un consejo de empresarios, pero de igual manera afectaría a sindicatos, asociaciones civiles que persiguen causas justas"
En el mismo sentido se pronunció Sánchez Gutiérrez, quien elogió la actitud del CCE, porque "no me queda claro que estuviera obligado a contestar", y se pronunció, con un tono persuasivo, por eliminar los señalamientos de que ese organismo violó la ley:
"¿Por qué creo que es factible y no afecta el desarrollo de la queja eliminar estos considerandos? Porque no es necesario. La queja finalmente afirma y no plantea como litis si el Consejo Coordinador Empresarial violó o no violó la ley. Esa no es la litis de la queja. La queja era si los partidos se habían beneficiado o no de los spots, y lo declara infundado."
El representante del PRD, Rafael Hernández, reprochó a ambos consejeros su actitud ante el dictamen del TEPJF -"por cierto, consejero Nacif, ese dictamen para algunas cosas sí vale y para otras no vale, ¿verdad?"- y sobre los spots: "Tal parece que aquí la consigna de varios consejeros, espero que no de la mayoría, es (que) al Consejo Coordinador Empresarial (no se puede tocar) ni con el pétalo de una rosa."
Al final, aunque Nacif y Sánchez Gutiérrez no desaparecieron de la resolución que el CCE violó la ley por la difusión de los spots contra López Obrador, sí sumaron sus votos al resto de los consejeros -salvo Figueroa- para evitar cualquier sanción por esa conducta, de la que se ufanó en el 2006 su presidente, José Luis Barraza.
Inclusive cuando, el 5 de septiembre, el TEPJF emitió su dictamen que acreditó la violación a la ley, Barraza ni se inmutó.
-¿Se arrepiente? -le preguntó el entrevistador Carlos Loret de Mola.
-¡Claro que no!
De la inacción al exceso
El 30 de septiembre pasado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral resolvió sancionar con 57 millones de pesos al Partido de la Revolución Democrática por la realización de protestas poselectorales. Entre éstas destacan el bloqueo de Paseo de la Reforma, la toma de la tribuna del Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 2006 y el intento de impedir la toma de posesión de Felipe Calderón el 1 de diciembre del mismo año.
De conformidad con lo establecido en los incisos "a" y "b" del párrafo primero del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene atribuciones legales para sancionar a los partidos políticos por las conductas de sus militantes. Ello, siempre y cuando éstos actúen como tales y no como servidores públicos o ciudadanos.
Es decir, el IFE no puede sancionar a un partido político por los delitos o infracciones de cualquier orden que cometan sus militantes, incluso en el caso de autoridades o gobernantes, postulados como candidatos por dicho instituto. Lo anterior, porque existen instancias legales que deben determinar primero si se cometieron los delitos o irregularidades administrativas; segundo, identificar a los responsables de las mismas; y, tercero, determinar cuáles son las sanciones aplicables. En todo caso, será el elector el que castigue mediante su voto al partido político por las arbitrariedades, deshonestidades, abusos o atropellos en que hayan incurrido los servidores públicos surgidos de sus filas.
En caso de que la autoridad competente determine que hubo delitos o irregularidades administrativas y que éstos fueron producto de una instrucción o acuerdo tomado en las instancias directivas del partido político, o bien implicaron un beneficio directo para el mismo, el IFE podrá sancionar a esa organización, ya que el servidor público actuó en su calidad de militante.
También es posible que los militantes actúen por su cuenta, pero en asuntos estrictamente electorales o que competen a la autoridad electoral (como es el caso de las campañas electorales, la vida interna de los partidos políticos, el manejo de las finanzas del partido, etc.). En ese caso, el instituto puede determinar la existencia de violaciones y, por lo mismo, sancionar al partido.
Pero el IFE no puede determinar que la actuación de un grupo parlamentario impidió "el funcionamiento regular" del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, o que el bloqueo de una arteria de la capital de la República afectó el "derecho de seguridad jurídica de los ciudadanos no sólo en contra de los habitantes de la zona en la que se ubicaron los campamentos, sino también de los propios individuos que los establecieron".
En estos casos el instituto debería esperar a que una autoridad competente determine si hubo violación a las disposiciones legales y, previo estudio de las responsabilidades o beneficios para el partido político, proceder a sancionarlo. El castigo debe aplicarse en caso de que sea evidente que los militantes actuaron en función de una directriz del partido, o que éste se benefició claramente con sus acciones.
Sin embargo, el Consejo General del IFE sí es responsable, conforme al inciso "h" del párrafo 1 del artículo 118 del Cofipe, de "Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a este Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos".
Un resolutivo del consejo nacional de un partido que llama a impedir la toma de protesta de un presidente constitucional va en contra de los principios del Estado democrático y pretende impedir el funcionamiento regular de un órgano de gobierno.
Ese es precisamente el caso del PRD, pues el VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en el octavo Pleno Ordinario celebrado los días 10 y 11 de noviembre de 2006, resolvió en su punto segundo: "Reitera su determinación de impedir la toma de protesta del usurpador el 1° de diciembre."
El hecho de que un partido político incite a sus militantes a no ajustar su conducta a los cauces legales, al margen de los resultados de dicha acción, viola las disposiciones de los incisos "a" y "b" del párrafo primero, que establecen entre las obligaciones de los partidos políticos nacionales: "Conducir sus actividades dentro de los cauces legales... y abstenerse de ... cualquier acto que tenga por objeto... impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno".
Es verdad que el PRD violó las disposiciones contenidas en la resolución del Consejo General del IFE, pero no fue por las acciones que realizaron sus militantes, sino por los acuerdos de sus órganos de dirección, en este caso el consejo nacional.
El otro asunto debatible es el monto de la sanción que, obviamente, debe ser proporcional a la gravedad de la falta y la capacidad de pago del responsable. Aunque la falta puede calificarse de grave y, por lo mismo, es importante desestimular su repetición, además de que el partido cuenta con un cuantioso financiamiento público, también tiene que considerarse que no existen precedentes de una multa como esa.
En la resolución no se aclara por qué se decidió esa sanción y no otra más alta o más baja. Se trata de una decisión arbitraria, que no se encuentra suficientemente motivada y parece excesiva dado que es la primera ocasión que el PRD incurre en este tipo de violaciones.
En fin, este Consejo General del IFE pretende evitar los errores del anterior, pero todo indica que esa obsesión lo conducirá al otro extremo y, por lo mismo, a otros errores. Al anterior consejo se le cuestionó su inacción y, ahora a éste -a juzgar por sus primeras decisiones- se le puede acusar de excesivo. Y la autoridad tiene que ubicarse en el justo medio: no paralizarse, pero tampoco sobreactuar. l
Los Zetas, el grupo formado por el cártel del Golfo para contener a sus rivales, no sólo se deslindó de sus creadores, sino que decidió formar su propia organización y lanzarse contra el gobierno federal. Además, impone sus reglas a los otros cárteles de la droga. Luis Astorga, especialista en temas de seguridad nacional y narcotráfico, sostiene que la violencia impulsada por la estructura de "la última letra del abecedario" obliga a los demás organismos criminales a reforzar sus estructuras. La paramilitarización empieza a hacerse presente, dice.
Violentos de origen, creados a finales de los noventa para proteger al cártel del Golfo, Los Zetas se transformaron rápidamente y ahora son un cuerpo paramilitar que utiliza tácticas guerrilleras y estrategias de la mafia italiana para imponer su hegemonía a lo largo del territorio nacional.
En plena guerra contra el gobierno federal, esta organización logró diversificar sus actividades criminales y ahora impone sus criterios a las bandas rivales; lo mismo cobra impuestos que participa en secuestros y controla la piratería de discos compactos con la música que ellos seleccionan.
Tal es su poder que están obligando al resto de los cárteles de la droga a desechar sus plantillas de sicarios tradicionales para que estén en condiciones de enfrentar a sus "núcleos paramilitares", que ya actúan prácticamente en todo el territorio nacional.
Luis Astorga, especialista en temas de seguridad y narcotráfico, considera que "justamente esta variable (el paramilitarismo) que introduce el cártel del Golfo obliga a los demás a tratar de competir con esa lógica y a medir fuerzas para ver quién dispone del aparato paramilitar más poderoso".
Autor de los libros El siglo de las drogas y Seguridad, traficantes y militares, Astorga sostiene que lo anterior "tiene que ver con el hecho de que el Estado ya no es el árbitro de las disputas entre las organizaciones del tráfico de drogas; ya no tiene esa capacidad que tuvo en la época del sistema de partido de Estado. Al perder esa capacidad, los grupos criminales luchan por imponer su hegemonía, y en medio de sus competencias por tener el control territorial surge el paramilitarismo".
Adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Astorga insiste: en esta etapa de disputas entre los cárteles los sicarios tradicionales, los que participaban en las ejecuciones de policías o de rivales, están en desuso. Según el investigador, ahora los nuevos grupos paramilitares ponen en práctica las lecciones que les inculcaron los militares de élite que los entrenaron.
Dice: "No es lo mismo contar con un aparato sicarial de origen civil, que forma parte de los cuerpos de seguridad de cualquier organización dedicada al tráfico de drogas, que disponer de un grupo entrenado con técnicas y estrategias militares. Hoy, los cárteles de la droga ya no pueden competir con un grupo de sicarios (como Los Zetas).
"Si una organización criminal quiere realmente tener la hegemonía, no tiene más alternativa que utilizar el paramilitarismo como arma, o asociarse con el grupo más fuerte y formar una coalición."
La sustitución de las bases de sicarios por grupos paramilitares bien entrenados ocurre precisamente en el momento de mayor violencia, precisa Astorga y afirma que estas estrategias son copiadas de Italia, pero sobre todo de Colombia, país donde los cárteles de la droga se enfrentaron al Estado en la década pasada, como ocurre hoy en México.
Explica que en Colombia hubo una fragmentación cuando los cárteles de Medellín y de Cali fueron desarticulados. "Eso dio origen al cártel del Norte del Valle, conformado por 'traficantes pura sangre' que vieron modificar el mapa criminal con la irrupción de los paramilitares y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), cuyos miembros comenzaron a controlar buena parte del mercado de la cocaína", asegura.
Esa situación, agrega, "aún no la vemos en México... Aquí se da una división y el mercado de las drogas en Colombia ahora está manejado por narcotraficantes puros, grupos paramilitares y la guerrilla".
Explica que en el caso de México los cárteles de la droga están utilizando estrategias de la guerrilla para multiplicarse en células y así ocupar mayor espacio territorial.
Dice Astorga: "Aquí los grupos violentos ya no se disfrazan tanto de militares o de policías federales; ya tienen sus propios uniformes. La gente de los hermanos Beltrán Leyva y de La Familia están diseñando sus propios atuendos para distinguirse de los demás y para marcar la identidad del grupo.
"Dentro de esta lógica paramilitar, estos ejércitos del narcotráfico tienen la característica de contar con entrenamiento de tipo militar, capacitación con base en estrategias contrainsurgentes y tácticas guerrilleras, pues vemos grupos pequeños bien entrenados dando golpes por aquí y por allá cuyo objetivo es desarticular a las fuerzas federales y atomizar la capacidad del Estado. Esto es justamente una técnica de guerrilleros aplicada por el narcotráfico con un fin no ideológico, sino de clara defensa de su negocio."
Poder expansivo
A finales de los noventa, como parte del reforzamiento de la lucha contra el narcotráfico, la PGR solicitó el apoyo del Ejército para disponer de personal en varias regiones del país donde la violencia del narcotráfico ya era avasallante.
Así fue como el gobierno de Ernesto Zedillo dispuso de unos 30 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) para incorporarlos a la recién creada Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS).
Sin embargo, de manera paralela a la estrategia del gobierno, Osiel Cárdenas, entonces jefe del cártel del Golfo, urdió su propio plan en Tamaulipas. Ante el temor de ser asesinado por su socio Salvador Gómez Herrera, El Chava, le pidió a su amigo Arturo Guzmán Decenas conformar un grupo y capacitarlo para que le brindara protección. Así surgieron Los Zetas. Guzmán fue conocido como Z-1 y fue ejecutado en 2003.
Diez años después, y tras la captura de Cárdenas Guillén, Los Zetas no sólo dejaron de servir al cártel del Golfo como escudo protector, sino que ahora actúan de manera independiente. Según las autoridades, son mil 200 los elementos que conforman este grupo y cada día se refuerza.
Los nuevos zetas entrenan dentro y fuera de México y se especializan en técnicas militares; incluso ampliaron su abanico de actividades delictivas y ahora controlan mayor espacio territorial. Cobran derechos de piso, extorsionan, secuestran, trafican con personas, controlan el mercado de la piratería, así como a los dueños de table dances, casas de citas, prostíbulos, bares, cantinas, además de agiotistas, tratantes de blancas y abigeos.
En las entidades que dominan -Veracruz, Tabasco, Campeche, Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero, entre otras-, Los Zetas cobran a transportistas y a empresarios cuotas de mil pesos semanales; cuando participan en secuestros cobran entre 2 y 3 millones de pesos; además, mantienen amenazados de muerte a los vendedores de música robada, y los autorizan a vender sólo los discos que ellos les distribuyen.
Así mismo, Los Zetas apuntalaron su estructura con exmilitares guatemaltecos, de los conocidos como kaibiles, y lograron afianzarse en México como grupo paramilitar al servicio del narcotráfico.
En la causa penal 10/2006 se incluye información proporcionada por William Mendoza González, El Cerebro, El Kaibil o El Dandy, acerca de la forma en que Los Zetas reforzaron su aparato paramilitar con kaibiles:
"Luego de salirse del ejército de Guatemala (Mendoza González) permaneció como un mes en su casa; al cabo de ese tiempo, un amigo de nacionalidad guatemalteca, también exkaibil y al que había conocido en el Primer Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, Eduardo Morales Valdez, quien también se hace llamar Juan Carlos Fuentes Castellanos o El Trinquetes, le dijo que si quería trabajar en México como encargado de darle seguridad a un empresario, sin explicar más, que recibiría 3 mil pesos quincenales, que luego de algunos meses de trabajo le aumentarían el sueldo.
"Como le pareció atractivo el sueldo, dijo que sí, contestando que él (Morales Valdez) le avisaría cuándo partirían, que mientras iba a buscar más exmilitares guatemaltecos porque así se lo había pedido el empresario al que iban a dar seguridad... Que dos días después acudió a su domicilio en Santa Amelia para decirle que en ese momento quería que fuera a la casa de un sujeto al que conocía como El Ponchado, para ver lo del trabajo en México; haciéndolo así, se dirigieron al barrio de Poptún, departamento de El Petén, en Guatemala.
"Que estando en ese domicilio, donde ya estaba El Ponchado, fueron llegando más sujetos hasta completar 13, compuestos por 12 exkaibiles guatemaltecos, entre ellos Eduardo Morales Valdez, Édgar Giovanni Reyes López, quien dice llamarse José María Calderón García o Carlos Enrique Martínez Méndez, alias El Panudo, Mario Enrique Gómez, Sebastián N. y otros más, así como un exmiembro de la Policía Nacional de Guatemala..."
Una vez organizados, el testigo Mendoza González refiere que llegaron a México el 12 de mayo de 2004, ingresaron por Tenosique, Tabasco, y que al llegar a la garita "las autoridades aduanales de México les dieron permiso por 72 horas para pasar a México, como normalmente ocurre con la gente que desea entrar a conocer y a comprar ropa".
El grupo permaneció dos días en el puerto de Veracruz y, según Mendoza González, de ahí se trasladó a Tampico, Tamaulipas, donde se hospedó en un hotel. Ahí los recibieron dos sujetos. Ellos "nos dijeron que éramos bienvenidos al grupo de Los Zetas".
La policía del calendario
Ante el avasallante poder de fuego de Los Zetas, los otros cárteles decidieron crear sus propios ejércitos. Los hermanos Arellano Félix, por ejemplo, desmantelaron su estructura sicarial por incosteable. Desde 2005 este grupo criminal contrata los servicios de particulares, a quienes les paga por cada trabajo que realicen.
A su vez, el cártel de Sinaloa creó el grupo armado Los Pelones, que en 2004 hicieron su aparición en Guerrero, territorio dominado entonces por la célula de los hermanos Beltrán Leyva. Conformado por unos 350 hombres, según datos oficiales, este grupo incorporó a sus filas a elementos de la Mara Salvatrucha, quienes suelen decapitar y mutilar a sus víctimas. Pronto comenzaron a competir con Los Zetas en niveles de violencia.
Un grupo novedoso es la llamada "policía del calendario", cuyos integrantes presuntamente tienen formación militar y están al servicio exclusivo del El Mayo Zambada, uno de los pilares del cártel de Sinaloa.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2008, integrada contra el presunto narco colombiano Ever Villafañe Martínez o Marco Antonio Espinoza Tovali, se refiere que tanto él como su pareja Altagracia Espinoza Aguilar fueron secuestrados por elementos de esa "policía del calendario" el 30 de julio pasado, cuando circulaban por la carretera libre a Cuernavaca, Morelos.
A Villafañe Martínez se le relaciona con capos colombianos vinculados con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, rival de El Mayo Zambada y de El Chapo Guzmán.
En su declaración ministerial, Altagracia Espinoza cuenta que ese 30 de julio, como a las 20:00 horas, cuatro vehículos les cerraron el paso. En éstos iban hombres armados que portaban placas de policías. "Pensé que se trataba de un secuestro", dice.
Y agrega: Nos apuntaron con sus armas y nos obligaron a bajar, por lo que me asusté y empecé a correr, ya que no nos presentaron ninguna orden de detención, por lo que temí que fuera un secuestro... Me sometieron a mí y a mi acompañante y nos metieron en la parte de atrás de mi camioneta, preguntándoles si nos estaban secuestrando, a lo que contestaron que ellos eran "policías del calendario", y que nos calláramos.
Mi pareja les insistía si se trataba de un secuestro, repitiendo ellos que eran "policías del calendario", y empezaron a hablar por celular. Decían que ya tenían los paquetes... Me hicieron muchas preguntas sobre personas que no conozco y me dijeron que esto era un levantón y que si no coo-peraba iban a matar a mis hijos, les iban a mochar la cabeza. Al ver que no les contestaba, me empezaron agarrar de todo mi cuerpo, me quitaron mi pantalón. Para entonces estaba esposada, me pusieron frente a un carro y me comenzaron a violar entre cuatro o cinco personas, quienes me insultaban y me tomaban fotografías.
... Les pregunté por qué me tomaban fotografías, y dijeron "esta pinche vieja nos está viendo y nos va a reconocer", por lo que una mujer me puso un kotex en los ojos y me volvieron a vendar, dejándome un rato sin hacerme tocamientos ni violarme, pero me decían que iban a matar a mis hijos, ya que según ellos ya los tenían en mi casa... Después sentí como que me bajaron a un pozo que olía muy feo y estaba muy frío, diciéndome que me iban a matar.
Altagracia Espinoza asegura que durante la tortura le mostraron una fotografía -presuntamente la de Arturo Beltrán- y le preguntaban si era socio de su marido. Luego el grupo armado entregó a la pareja a la policía, y ésta los puso a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde siguieron las amenazas: "Me dijeron que si declaraba en contra suya y no decía lo que me habían ordenado, sólo vería la cabeza de mis hijos".
Refiere que después de estar en la SIEDO fue llevada a su casa de Yautepec, Morelos, por los policías, entre los que se encontraban Miguel y Roy, dos agentes de la agencia federal antidrogas de Estados Unidos que traían una camioneta blindada.

















