miércoles, octubre 17, 2007


Fox aún tiene “cuentas pendientes”: Germán Martínez Cázares

* Con su activismo, Fox busca frenar el caso en su contra, acusa el senador Carlos Navarrete
México, D.F., 16 de octubre (apro).- Germán Martínez Cázares, candidato a la dirigencia nacional del blanquiazul, reveló --ante la cúpula panista de Querétaro-- que el expresidente Vicente Fox tiene “cuentas pendientes” y debe ponerse a disposición de la comisión especial de la Cámara de Diputados para aclarar cualquier duda respecto de su situación patrimonial.En el marco de una gira proselitista que lo llevará a visitar las 32 entidades del país, Martínez sostuvo que el guanajuatense debería ponerse a disposición del órgano creado en la Cámara baja para aclarar las acusaciones en su contra.“Creo, sin lugar a dudas, que el expresidente ha cumplido con su mandato; tiene cuentas buenas que entregó y también tiene cuentas pendientes. Ahí, debemos esperar el juicio sereno y sin apresuramientos de la historia”, dijo.El extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sostuvo que no hay de parte de su partido ningún reparo para que se investiguen en el Congreso de la Unión los reclamos que han surgido en torno de la situación patrimonial del exgobernante."No es Acción Nacional quien tiene la palabra en este caso, pero sí se le pide que aplique la ley sin linchamientos, y a Vicente Fox (se le pide) que se ponga a disposición (de la comisión especial) para que se investigue. (Fox) debe estar atento con los requerimientos que haga la Cámara (de Diputados)”, dijo.Mientras tanto, legisladores de PRD y PRI reprobaron la actitud asumida por el exmandatario, que a toda costa trata de frenar las investigaciones en curso.El senador Carlos Navarrete, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, dijo que lo que pretende Vicente Fox, con sus actos y declaraciones, es impedir que la Función Pública investigue lo que hizo como gobernante. El legislador perredista sostuvo que la posición asumida por Fox no es casual ni sólo de ocurrencias.En tanto, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del Revolucionario Institucional en el Senado, dijo que Fox se ha confirmado como un mentiroso. “Me parece un acto no nada más bochornoso, sino que debería generar enorme vergüenza en cada una de las declaraciones que acompañan al expresidente, tratando de negar lo evidente”, señaló Beltrones. Sobre los vehículos que ahora son motivo de escándalo, comentó que todos hemos visto que la “Hummer” la maneja él y el “Jaguar” blanco su esposa. Carlos Navarrete refirió que “hay un cálculo del señor Fox, con su activismo dentro y fuera del país, para atajar, tratar de inhibir que el gobierno de (Felipe) Calderón pueda entrar en una dinámica de investigación a lo realizado en la administración pasada”. El senador perredista dijo que esto es lo más grave de lo que hace el expresidente, aunque también cree que pretende seguir teniendo una parte del poder y que el PAN y el gobierno panista no han sabido cómo frenarlo.

Ecuador: Los desafíos para el gobierno de Rafael Correa y la nueva Constituyente

Eric Toussaint
Rebelión

En menos de un año, Rafael Correa se impuso en cuatro elecciones (las elecciones presidenciales a finales de 2006 a dos vueltas [1] , referéndum en favor de la elección de una Asamblea Constituyente en abril de 2007 y elección de los miembros de la Asamblea Constituyente el 30 de septiembre de 2007).

Mientras que toda la derecha hacía campaña en contra del movimiento de Rafael Correa agitando la amenaza comunista, el movimiento "Alianza País" obtuvo entre 70 y 80 escaños sobre 130, lo que le da una cómoda mayoría para la redacción y aprobación de la nueva constitución. Además, el MPD y Pachakutik, movimientos políticos de izquierda, deberían poder constituir una alianza con el movimiento de Rafael Correa con el fin de lograr reformas de fondo, de manera democrática, en la estructura política del país. El resultado de las elecciones para la constituyente es claramente más favorable para el cambio que en Bolivia, donde el movimiento político del Presidente Evo Morales y sus aliados no reúne los dos tercios de los escaños necesarios para la aprobación de una nueva constitución. Eso explica el callejón sin salida político actual de ese otro país andino.

Por otro lado, en los grandes medios de comunicación, que en su gran mayoría tomaron claramente partido contra Rafael Correa durante la campaña electoral, se percibe una evolución prudente. La desaprobación por parte del electorado de los partidos que los medios habían apoyado es tal, que éstos moderan, al menos en forma provisoria, sus críticas al Presidente y su movimiento político. Es necesario señalar que los partidos de derecha así como los de centro derecha (demócratas cristianos —UDC— y sociales demócratas —ÍD—) fueron aplastados. El PRIAN, el partido del magnate del plátano, Álvaro Noboa, que había sido derrotado el año pasado en la segunda vuelta de las presidenciales por Rafael Correa solo tendrá un 5% de escaños en la Constituyente. El Partido Social Cristiano, pilar de la derecha, está en desbandada. El ex Presidente Lucio Gutierez apenas se separó de los perdedores, con unos resultados bastante pobres (su partido tendrá entre 15 y 18 escaños). Estos resultados tomaron desprevenidos a los partidos mencionados ya que los sondeos daban resultados modestos a los candidatos sostenidos por Correa. La prudente evolución de los grandes medios de comunicación es sin embargo limitada: casi nunca otorgan la palabra a Rafael Correa ni a los dirigentes de su movimiento político. El Presidente se expresa por la radio en un programa semanal cada sábado. Varias radios privadas y comunitarias retransmiten en directo su intervención. En algunas semanas reaparecerá una cadena pública de radio y televisión...

Según Alberto Acosta con quien me encontré hace algunos días, el calendario de la nueva Constituyente es muy apretado. Una vez reunida, deberá emitir una propuesta de nueva constitución en seis meses. A continuación, el proyecto se presentará en referéndum 45 días más tarde. Al final de 2007 y durante el año 2008 habrá una serie de nuevas elecciones: referéndum sobre el contenido de la Constitución y, probablemente, elección de un nuevo Parlamento, y nueva elección presidencial. En efecto Rafael Correa tendría la intención de renunciar antes del término de su mandato (que normalmente sería a finales de 2010), para reforzar aún más su base popular y ejercer su presidencia en el marco de la nueva Constitución. Si este escenario se confirma, si la democracia ecuatoriana no es enterrada por un golpe de Estado militar, a finales de 2008 Ecuador podría dotarse de una nueva constitución democrática, con un nuevo Parlamento (en el cuál, a diferencia del actual, el movimiento político de Rafael Correa sería mayoría) y de un presidente elegido para un nuevo período. Esto abre el camino a reformas económicas y sociales que podrían ser profundas.

El economista Alberto Acosta, uno de los ex dirigentes de la campaña para la anulación de la deuda [2] , presidirá probablemente la nueva Asamblea Constituyente. Propondrá a ésta trabajar en comisiones temáticas y en Plenarios. En cuanto a deuda pública, su intención es asociar a la Comisión de Auditoría Integral del Crédito (CAIC) en los trabajos de la comisión económica de la Constituyente. La nueva constitución podría contener una definición clara de las condiciones en las cuales el Estado y los poderes públicos locales pueden contraer deudas públicas, proscribiendo las deudas odiosas y fijando un límite máximo en el reembolso de la deuda. Por ejemplo, la constitución podría prever que la parte del presupuesto del Estado dedicada al reembolso de la deuda nunca pueda superar la suma de los gastos en educación y salud.

Algunos días después de la victoria electoral del 30 de septiembre de 2007, el Gobierno de Rafael Correa anunció que en adelante las empresas petrolíferas que operan en el país deberían pagar al Estado una proporción mayor de sus beneficios. Monto que reportaría al Estado un ingreso suplementario de un poco más de mil millones de dólares, que podrá ser utilizado en el aumento de los gastos sociales.

Esta medida ha sido muy apreciada por la población. Además, el Gobierno de Rafael Correa quiere conseguir que los bancos bajen los tipos de intereses, que actualmente son muy elevados. Hace algunos meses, el Parlamento que tiene una mayoría de derecha había rechazado el proyecto de ley para reducir los tipos de interés. La popularidad del Parlamento cayó en picada. Los sondeos realizados después de las elecciones del 30 de septiembre indican que la mayoría de la población es favorable a la dimisión del Parlamento actual con el fin de dejar el lugar a la Constituyente.

El pueblo espera mucho de Rafael Correa. Su discurso radical convenció a la mayoría de los ecuatorianos que un cambio fundamental es necesario y posible con la condición de dar una clara mayoría al presidente. El presidente Rafael Correa quiere reducir radicalmente la parte del presupuesto destinada al reembolso de la deuda pública. Simultáneamente su intención es aumentar los gastos sociales. ¿Llegará hasta la suspensión del pago de ciertas deudas en el 2008? ¿Decidirá repudiar las numerosas deudas odiosas e ilegítimas? [3] No es seguro, por varias razones. La principal es la siguiente: los importantes ingresos petroleros del Estado permitirían al gobierno continuar pagando la deuda, mientras que, al mismo tiempo, se aumenten progresivamente los gastos sociales. Para llevar a cabo esta política, como se indicó más arriba, se incrementan las deducciones a los beneficios de las empresas petroleras y se reestructuran las antiguas deudas con nuevos préstamos obtenidos en el mercado interno y externo. Esta política no es prudente ya que no tiene en cuenta los peligros que amenazan a Ecuador y a la mayoría de los países en desarrollo: un posible aumento de la tasa de interés (una parte importante de los nuevos préstamos se contraen con tipos de interés variables) y un descenso en el precio del petróleo y otras materias primas. Por otra parte, es muy probable que la CAIC identifique con toda claridad las deudas odiosas e ilegítimas. ¿El Estado ecuatoriano continuará reembolsándolas bajo el pretexto de evitar tensiones internacionales con los acreedores y tensiones internas con los grandes grupos privados que controlan una buena parte de la economía del país? Este debate fundamental tendrá lugar en 2008. ¿Rafael Correa tomará el camino hacia una solución soberana y justa a la deuda ilegítima? Lo esperamos, pero no se puede garantizar.

En el ámbito de la integración regional latinoamericana, la creación del Banco del Sur que se había anunciado para junio de 2007 se retrasó debido a las reticencias de Brasil. Con este propósito se desarrolló en Río de Janeiro una reunión ministerial importante los días 9 y 10 de octubre de 2007. Algunos obstáculos fueron superados. A pesar de la voluntad de Brasil y Argentina de revisar la norma un país - un voto (ratificada en mayo-junio de 2007) que había sido propuesta por Ecuador, parece que la reunión concluyó en favor de este principio democrático. El Banco del Sur, cuya sede será Caracas, podría ser lanzado el 3 de noviembre de 2007 en la capital venezolana.

El camino de las reformas sociales está sembrado de obstáculos. Varios Presidentes de izquierda fueron elegidos en América Latina estos últimos años, que propusieron romper con la política neoliberal de sus antecesores pero muy pocos han cumplido con sus promesas. Esperemos que Rafael Correa no dudará y realizará una política democrática de justicia social. En cualquier caso, hasta ahora su estrategia permitió aumentar y consolidar el apoyo popular en favor del cambio. Permitió también crear las condiciones de un cambio democrático de las instituciones. Reforzó la independencia del país ante los Estados Unidos consolidando al mismo tiempo un planteamiento de integración latino americano. Debemos considerar que un gran paso ya se ha dado.

La situación en Ecuador debe seguirse muy de cerca. El viernes 19 y el sábado 20 de octubre de 2007, el CADTM tendrá el gusto de acoger en Bruselas a una delegación ecuatoriana encabezada por el Ministro Ricardo Patino, encargado de la auditoría de la deuda y de la creación del Banco del Sur. La delegación participará el viernes y el sábado, en la sala de los congresos del Senado belga, en el seminario sobre la auditoría de la deuda (cuyo programa figura a continuación). Además, el viernes 19 de octubre por la tarde, se desarrollará, en el albergue Jacques Brel, a las 20:00 hs., una conferencia sobre el tema "Los desafíos del Gobierno de Rafael Correa y de la nueva Constituyente".

Traducido por Guillermo Parodi

SEXTO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO Y DEUDA

LA AUDITORIA DE LA DEUDA

El estado de la cuestión en cuatro países:
República Democrática del Congo, Malí, Ecuador y Filipinas
Fecha: Viernes 19 y sábado 20 de octubre de 2007, de 9 30 a 17 30 horas.
Lugar: Bruselas, Sala de los Congresos del Senado belga, 21, rue de Louvain.

Programa

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Sin rastro - Ahumada

La toga y la sotana - Rocha

Sin jurisdicción - Helguera

Partido Comunista Chino de hoy - El Fisgón

Convocan juristas a interponer amparos contra Ley del ISSSTE

Prevén respuesta de 2 millones de trabajadores más

Carolina Gómez Mena

La Unión de Juristas de México (UJM) y la Alianza de Trabajadores de la Salud anunciaron ayer la interposición de nuevos amparos contra la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debido al rezago de los recursos en los juzgados auxiliares y las sentencias desfavorables en las primeras resoluciones.

En los siete casos resueltos hasta el momento, el juzgador José Manuel Villeda Ayala sólo declaró inconstitucionales dos artículos “intrascendentes”, y ha hecho caso omiso a entrar al fondo del asunto. En otros 13 amparos dictó auto de sobreseimiento, porque los quejosos “no avalaron” el carácter de cotizantes del ISSSTE.

Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la UJM, señaló que ante la tendencia en los recursos, la unión está convocando a los “afectados” a interponer nuevos recursos en los primeros 15 días hábiles de enero de 2008, periodo en el que los trabajadores deberán optar por el Bonoissste o acogerse al décimo transitorio. La expectativa de la UJM es que se interpongan unos 2 millones de recursos.

Por su parte, Antonio Vital, líder de la Alianza de Trabajadores de la Salud, en conferencia de prensa ofrecida ayer afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que el próximo 23 de octubre van a meter una “nueva tanda de amparos” contra la aplicación de la citada ley.

Miranda Esquivel deploró que en las primeras 10 sentencias, Villeda Ayala –“quien ha mostrado poca sensibilidad y conocimiento de la seguridad social”– sólo haya otorgado la razón a los quejosos en relación con los artículos 20 y 25 de la ley, siendo que se impugnó toda la nueva legislación, la cual consta de 254 artículos y 47 transitorios.

Para el abogado laboral, ni optar por el Bonoissste ni por el décimo artículo transitorio de la ley es buena elección para los trabajadores, porque en “ambos sistemas propuestos se puede reducir hasta en 80 por ciento la cuantía del retiro establecida en la ley anterior, debido a que el cálculo se hace con base en un salario básico desintegrado que no toma en cuenta prestaciones ni compensaciones”.

Apuntó que por medio del Bonoissste las aportaciones van a una “cuenta individual para que constituya la base de un futuro retiro”, mientras que con el décimo transitorio se establece un sistema de “pensión garantizada”, pero la UJM considera que ninguna es favorable al trabajador. “La única opción es defender la abrogada ley de 1983”.

El litigante criticó la dilación en la impartición de justicia tanto del juzgado primero de distrito auxiliar como del segundo de distrito auxiliar, el cual empezó a operar el pasado 9 de octubre para atender los recursos interpuestos contra la Ley del ISSSTE.

Vital también lamentó la lentitud con que se ha tratado el asunto. “Están detenidos los procesos, especialmente los amparos grupales y colectivos”, dijo. Acotó que la convocatoria para interponer nuevos recursos contra la aplicación de la ley es para los trabajadores que no se ampararon. “La posibilidad es que ahora lo hagan más de millón y medio”.

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LA REBELIÓN DE LOS COLGADOS

LA REBELIÓN DE LOS COLGADOS

Janos.- Grupos de productores y ejidatarios repelieron este día la fuerza de la Policía Federal, durante un sorpresivo corte de suministro eléctrico a cientos de pozos agrícolas que no pagan su consumo. Los campesinos pertencientes a diversas organizaciones chocaron violentamente con los federales, luego que los oficiales llegaran a los ranchos a cortar la luz de los pozos de riego. Los cortes fueron ordenados por la CFE, cuyas brigads recorren los municipios de Janos, Ascensión, Casas Grandes, Cuautémoc, Jimenez y otros. El dirigente Armando Villarreal denunció el atropello de los agentes federales y responsabilizó de la violencia al gobierno de Felipe Calderón. -Calderón estrena la policía federal reprimiendo a los agricultores- dijo. Agregó que los agentes utilizan camionetas con los logos policiacos cubiertos con cartulinas y pidieron al agente del ministerio Público Federal, Raul Angel Castellanos, que acredite la identidad de los uniformados. Al repudio se unió el diputado Victor Quintana, quien acusó al gobirno federal de reprimir a los agriculotores y dejar que los gringos construyan muros en territorio mexicano. Pidió al gobierno estatal que no apoye con la fuerza pública este abuso contra los campiranos.

Contrario a los postulados del Presidente Legítimo(no podía ser de otra forma) EL USURPADOR le niega los recursos A LOS QUE NOS DAN DE COMER...Muy bravos con los legítimos dueños de los recursos para malbaratarlos ante los LADRONES INTERNACIONALES.

Bolivia: reiteran rechazo al bono para los ancianos

¿Qué clase de hijoeputas serán quienes se oponen a que se apoye a los ancianos con un bono de 350 pesos mensuales?

Rosa Rojas (Corresponsal)

La Paz, 16 de octubre. Las autoridades regionales y fuerzas opositoras de cinco departamentos de Bolivia se declararon hoy en movilización permanente, al reiterar su rechazo a que el gobierno del presidente Evo Morales financie la Renta Dignidad para mayores de 60 años mediante un recorte a sus ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Los municipios cruceños acordaron realizar movilizaciones a partir del próximo lunes 22, mientras las universidades decidieron movilizarse desde esta semana por la misma causa que enarbolan las prefecturas y comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba.

El vocero presidencial, Alex Contreras, dijo que para el gobierno el anuncio de medidas de presión constituye una acción “política partidaria y neoliberal”. Al gobierno no le preocupa la decisión de “la representación de la oligarquía boliviana”, ya que su último paro “fue un fracaso” pues, añadió, “no tienen poder de convocatoria”.

Esos sectores, que “nunca han peleado por la nacionalización”, ahora quieren abanderar la defensa del IDH, “no quieren una redistribución, no quieren que se beneficie a las personas de la tercera edad” y pretenden una vez más unirse para rechazar esta renta “que no solamente es digna, sino es sobre todo un fenómeno de justicia”, subrayó Contreras.

La víspera, los citados comités cívicos, prefecturas y municipios cruceños se reunieron en Santa Cruz, donde acordaron integrar un “bloque de protección a los recursos de coparticipación del IDH”, respaldando el pago de la Renta Dignidad, pero con los recursos del Tesoro General de la Nación o de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la empresa renacionalizada por el gobierno de Morales.

Además, anunciaron la conformación de un equipo jurídico para tomar acciones legales “contra todos los funcionarios que violen las leyes y cometan actos de malversación de fondos de los recursos provenientes del IDH”, luego que el presidente Morales advirtió que si el Congreso no saca adelante su propuesta para diciembre próximo, la pensión se aplicará mediante decreto supremo.

Mientras, al referirse a las críticas de la oposición sobre la aseveración del presidente venezolano, Hugo Chávez, de que su país “no se quedará cruzado de brazos” si Morales Ayma es derrocado o asesinado, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, comentó que “cualquier problema, controversia o disputa que se presente en Bolivia va a ser resuelto entre bolivianos en democracia y defendiendo la soberanía”.

Para el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, las palabras de Chávez constituyen “una expresión de solidaridad con el pueblo boliviano”. A su vez el titular de Defensa, Walker San Miguel, consideró que esas declaraciones son una muestra de “solidaridad continental”, al rechazar las críticas de injerencia hechas por la oposición de derecha.

El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, “anunció la posibilidad de declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg”, si el diplomático no se disculpa por sus declaraciones ofensivas respecto de la propuesta del presidente Morales sobre la necesidad de cambiar la sede de la Organización de Naciones Unidas, reportó la Red Radiofónica Erbol.

En otro orden, unos dos mil vecinos de El Alto apedrearon los locales de una veintena de bares, lenocinios y cantinas en los sectores de Río Seco y 12 de Octubre, sacaron a la calle mesas, sillas y todos los enseres y los quemaron, en protesta por la proliferación de estos giros.

Denunciaron que estos lugares, en su mayoría clandestinos, son “antros de perdición” de jóvenes y que predominan en las cercanías de planteles escolares. De acuerdo con imágenes de la televisión, los policías que presenciaron los hechos se limitaron a evitar que golpearan a las personas que encontraron en esos locales.

Cometen fraude fiscal en Brasil empresas de EU

Afp

Sao Paulo, 16 de octubre. Cuarenta y un personas fueron detenidas este martes en Brasil acusadas de fraudes impositivos que involucran a la multinacional estadunidense Cisco Systems, informó la Justicia Federal del estado de Sao Paulo en un comunicado.

La corporación así como una treintena de empresas brasileñas y estadunidenses montaron un esquema de importaciones y exportaciones fraudulentas que le permitía obtener reducciones de impuestos, según un comunicado de la Justicia de Sao Paulo.

Los detenidos enfrentan cargos de formación de cuadrilla, falsedad de documentos, uso de documentos falsos, evasión fiscal y corrupción activa y pasiva, dice la nota.

Según las autoridades, la multinacional y las otras 30 empresas que le servían de fachada fraguaron negocios de importación y exportación.

Decomisan jet ejecutivo

La Policía Federal dijo que 650 de sus agentes fueron movilizados el martes en los estados de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Bahía (noreste) para arrestar a los requeridos por la justicia. En la operación fueron decomisados 250.000 dólares, 10 millones de dólares en mercaderías, un jet ejecutivo y 18 autos, dijo la Policía Federal en una nota.

Añadió que “en los últimos cinco años, el grupo habría importado, de manera fraudulenta, aproximadamente unos 500 millones de dólares en valores declarados de productos para la multinacional americana y un volumen mensual de 50 toneladas de mercancías, lo que podría generar obligaciones tributarias de 1.500 millones de reales” (unos USD 800 millones).

La comisaria a cargo de la operación, Erika Nogueira, dijo que las autoridades brasileñas entraron en contacto con las estadunidenses para avanzar en el caso.

“Hemos contactado a las autoridades de Estados Unidos y ellos están tomando acciones. Es inevitable que lleguemos a las oficinas corporativas” de la empresa, declaró.

Pablo Gómez exige juicio político contra Mario Marín

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Acompañado por integrantes del Comité Permanente de la Ciudadanía Poblana y el Frente Cívico Poblano, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez demandó que la Cámara de Diputados inicie el juicio político contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, porque utilizó indebidamente su influencia para que la procuraduría de su estado realizara una serie de actuaciones en contra de la periodista Lydia Cacho. El perredista exhortó al diputado Diódoro Carrasco a que convoque a la subcomisión para iniciar el juicio político contra el mandatario estatal.

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Representantes de radios comunitarias exigen cumplir mandato constitucional

Di Bella Roldán, secretario del grupo plural que revisa la ley de medios electrónicos

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

El grupo plural que elabora la nueva legislación de medios electrónicos recibió ayer a representantes de radios comunitarias, quienes demandaron que se cumpla con el mandato constitucional y la resolución de la Suprema Corte de crear un marco jurídico con el propósito de que los pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar estaciones radiales y de televisión.

“El país debe aprovechar la oportunidad que representa esta etapa de reformas a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones para ponerse a la vanguardia jurídica y atender las recomendaciones de organismos internacionales para establecer una legislación que reconozca a las radios comunitarias y les dé acceso a frecuencias con criterios democráticos”, señaló Aleida Calleja, dirigente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-Mexico.

Resaltó que en la reciente resolución de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la llamada ley Televisa, los ministros resaltaron la omisión de legisladores en relación con las estaciones para grupos indígenas.

De entrada, dijo, la nueva legislación debe “reconocer y promover el derecho de las comunidades, grupos y asociaciones sociales sin fines de lucro, para prestar el servicio de radiodifusión”.

Planteó la necesidad de eliminar la figura de permisos y dejar exclusivamente el de concesiones, ya que la existencia de ambas “ha contribuido en la práctica legal y administrativa a generar marcos discriminatorios tanto para la adjudicación de frecuencias, como para el reconocimiento de actividades económicas que permitan su sostenibilidad”.

La propuesta es que el Estado otorgue concesiones de radiodifusión comercial con fines lucrativos a entidades privadas, públicas o estatales, y concesiones sin fines de lucro a entidades institucionales del Estado, así como de radiodifusión comunitaria a entidades de propiedad social.

Calleja hizo notar que el Estado mexicano debe crear un fondo destinado a garantizar la transición digital de las estaciones comunitarias. Alertó también al grupo plural, encabezado por los senadores Carlos Sotelo, Alejandro Zapata y Ángel Aguirre sobre el cuidado que deberán tener con la regulación de contenidos en la ley.

Por otra parte, el senador Sotelo presentará hoy, como secretario del grupo para la revisión de la ley de medios electrónicos, a Julio di Bella Roldán, ex director de Canal 11.

Por órdenes de la Presidencia, Fox deberá devolver el vehículo Hummer

Instruyen al EMP a poner fin a los contratos de comodato con empresas automotrices

Claudia Herrera Beltrán

El presidente Felipe Calderón ordenó ayer al Estado Mayor Presidencial (EMP) que cancele a la brevedad posible los contratos de comodato suscritos con empresas automotrices, de modo que el ex presidente Vicente Fox deberá devolver la camioneta Hummer modelo 2005 que le fue asignada para las actividades de su seguridad.

A raíz de la polémica que suscitó la aparición de Fox conduciendo esta lujosa camioneta en San Francisco del Rincón, Guanajuato, y las acusaciones que pesan en su contra por un presunto enriquecimiento ilícito, Calderón Hinojosa determinó poner fin a estos contratos de comodato.

Apenas el día anterior, la Presidencia de la República informó que Fox tiene asignados dos vehículos Hummer. El primero, modelo 2005, placas LYF 6071, entregado por General Motors de México al EMP conforme a la figura de comodato, y el segundo, modelo 1995, éste sí propiedad del EMP.

Al filo de las 10 de la noche y luego de que el jefe del Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con los integrantes de su círculo cercano en la residencia oficial de Los Pinos, la Presidencia difundió el comunicado de un párrafo donde informa: “esta tarde el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, instruyó al Estado Mayor Presidencial a dar por terminados, a la brevedad posible, todos los contratos de comodato que tiene con compañías automotrices”.

La Coordinación de Comunicación Social después confirmó a este diario que Fox deberá regresar la camioneta Hummer –que tiene un costo de entre 500 mil y un millón de pesos–, ya que el día anterior la propia Presidencia de la República aclaró el origen de dicho vehículo.

El mandatario tomó esta decisión a su regreso de una gira que realizó por Zacatecas. De manera inusual, a su llegada al hangar presidencial recibió un sobre con sellos rojos, del que extrajo algunas tarjetas que luego comentó con Miguel Ángel Yunes, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La polémica creció, luego de que el EMP dio a conocer un listado de 215 vehículos que hasta ese momento estaban registrados bajo su propiedad, pero en el que no estaba incluida la Hummer.

El lunes pasado Los Pinos justificó el hecho diciendo que el vehículo pertenece a General Motors y está en cómodato al EMP desde el 12 de noviembre de 2004, y tres días después se destinó a las actividades de seguridad del ex mandatario, y Fox estrenó la unidad.

Con ello, la Presidencia prácticamente contradijo a Fox, quien la semana pasada declaró a la cadena CNN que la Hummer era propiedad del EMP, cuando en realidad pertenecía a la citada empresa automotriz.

–Pero, ¿usted la usa? –le preguntó entonces Claudia Palacios, la conductora del noticiario de CNN.

–¡Claro! Muchos coches uso. ¿Quién me lo prohíbe? La manejo, no la uso, la manejo, sí, a veces.

Todavía el guanajuatense le sugirió a la conductora esperar: “deja que investiguen, deja que hagan su tontería…” A pesar del comunicado de Los Pinos, Fox insistió anteayer, en un boletín de su centro, en que los vehículos pertenecían al EMP y señaló: “¡Basta de mentiras, basta de engaños”.

Esperamos que también dé órdenes para que: devuelva todas las propiedades adquiridas con el dinero que se ha robado, explique en qué gastó los excedentes del petróleo, se indague con qué construye su Centro foxilandia, aclare los manejos de Martha en la Lotería, se investiguen los latrocinios de los Bribiesca, en fin, se transparenten todas las irregularidades que aparecen en el manejo presupuestal de la chachalaca ladrona y su familia, y se le haga un juicio político por delincuente electoral para que lo refundan en la cárcel que es donde debiera estar con todo y estatua, porque si todo queda en que devuelva las Hummer es que nos quiere dar atole con el dedo, y su dedo está muy requete puerco. También de paso el pelele debiera explicarnos las contrataciones a sus cuñados, las privatizaciones que se están haciendo con nuestra energía, nuestro petróleo y nuestras playas, y ya si no es mucha molestia que renuncie al cargo que usurpó mediante un fraude electoral.

Izquierda y hegemonía cultural

Luis Linares Zapata

Los desencuentros entre legisladores y concesionarios de la radio-televisión han hecho aflorar un defectuoso e injusto arreglo entre las fuerzas que componen el espectro político y social de México. Mientras la izquierda demostró (1988 y 2006) que puede levantar la suficiente masa electoral para hacerse con el poder público federal en las urnas, el empresariado de gran tamaño (nacional y trasnacional) muestra el control que tiene sobre el aparato comunicativo. A través de esta grosera manera se ha impuesto la hegemonía de la derecha en el espacio colectivo, posibilitando de facto su prolongación en el poder de la República. Como corolario derivado, la izquierda no ha podido ocupar lo que legalmente le corresponde de acuerdo con el mandato de la voluntad popular. La lucha presente y futura en México ya no sólo será por conjuntar una mayoría social, ya suficientemente probada y en organizada consolidación, sino por la más refinada y actual hegemonía cultural, así como para retener la suficiente fuerza política de la que se ha apropiado una rala capa directiva de conservadores a ultranza.

El dominio sobre el espacio difusivo ha permitido a la derecha, sea de matiz panista o priísta, introducir y amacizar conceptos de peso en la conciencia de los ciudadanos para lograr tranquilizar los arrestos y protestas de muchos mexicanos por los continuos y feroces atropellos que padecen. Así, Miguel de la Madrid evitó culpabilidades, pues se sentía irresponsable si entregaba el poder al ingeniero Cárdenas (FND), efectivo triunfador en las elecciones de 88. La posterior colaboración del panismo con Salinas permitió propalar y hacer valedera la especie de una legitimidad adquirida con las acciones de fuerza y golpes espectaculares, muy a pesar del fraude en las urnas y el amañado conteo de votos. Legitimación espuria en la que colaboró de manera por demás efectiva Carlos Castillo Peraza, ahora propalado como gran “intelectual”, padrino de Calderón, al que se quiere otorgar la medalla Belisario Domínguez.

El más actual argumento esgrimido durante 2006 de que López Obrador era “un peligro para México” y que unificó a ciertas clases sociales con grupos fácticos para birlar a la izquierda sus derechos políticos se impuso mediante intensivo bombardeo en radio y televisión. El dominio ejercido sobre los medios electrónicos desde irreductibles posturas conservadoras y, aún más, reaccionarias y golpistas, quedó al descubierto. Por eso, en estos días de subastas y regalos el régimen oficialista de Calderón premiará las decididas acciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante la campaña por la Presidencia. A ese grupo de aventureros trata su administración de concederle la propiedad de Aeroméxico, con su gerente (Barraza) a la cabeza que, en ese entonces, fungía como mandón por encargo en el CCE.

Por ello la batalla para separar el dinero de las campañas, explícito en la reforma electoral recién aprobada, cobra mayor significancia para el avance democrático de la nación. No se puede levantar el dedo de tal renglón y pensar que ya se avanzó. Menos aún ser complaciente con la andanada de descalificaciones y contrargumentaciones que ensayan los patrones de los medios y sus múltiples y visibles aliados, muchos por completo subordinados a su ideología e intereses, en la academia, la crítica, el ensayo y el periodismo. Sus propósitos, inocultables a pesar de la retórica, pretenden preservar y aumentar los vastos privilegios de los que gozan sin medida. Se debe y puede continuar con las modificaciones que faltan para contar con un entramado que posibilite los balances que la realidad imperante ya dibuja con precisión. Se trata de remover las ataduras que no permiten a la izquierda dar la batalla conceptual con la suficiente capacidad reproductiva para dotarse de la mayoría política que bien le corresponde a su trabajo con y por la gente.

Para lograr tal cometido, la Ley de Medios (ley Televisa) que se estudia y discute en el Congreso es crucial. Aumentar la participación de los agentes difusivos, ajenos al empresariado, tiene que quedar impreso en las modificaciones bajo estudio. Pensar en una cadena televisiva adicional, per se, no es suficiente, si por ello se entiende dar acomodo a otro grupo de negociantes (nacionales o extranjeros). Se estaría aumentando el número de jugadores con la misma orientación y similares o idénticos intereses. La apertura de nuevos canales de radio o televisión, en cadena o no, tiene que ser relativa y embonar con las distintas corrientes de pensamiento y corresponder a la pluralidad de componentes que integran la nación. Tanto el duopolio televisivo como el oligopolio de la radio, a pesar de lo afirmado por el clásico agente privatizador (Luis Téllez), manipulan a su antojo partes sustantivas del imaginario colectivo. De ahí que la derecha pueda preservar su dominio sobre conceptos básicos que sobreimponen al eficientismo globalizador sobre la soberanía o la independencia nacionales, la honradez del empresario sobre la del político o funcionario público, la lucha liberadora latinoamericana como una forma de populismo denigrante, la efectividad de la empresa privada creadora de riqueza y bienestar sobre la calidad de la administración de entidades públicas, el compadrazgo y la corrupción congénita; las privatizaciones inmediatas y arregladas de antemano sobre la preservación de los bienes nacionales que han sido construidos por los mexicanos.

En este pleito ideológico y mediático la izquierda ha ido perdiendo terreno durante los últimos 25 años cuando menos. Ya sea en forma de flagrantes mentiras finalmente aceptadas como válidas o mediante disfraces grotescos, tales como los Pidiregas, las Afore o imbéciles apelaciones a la competencia y orden de los mercados cuando lo que rigen son las concentraciones, francas manipulaciones y controles indebidos del libre juego de la oferta y la demanda.

El pastor del terror

Bernardo Barranco V.

Por delitos de lesa humanidad, cometidos en el contexto del genocidio que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983, fue condenado a cadena perpetua el ex capellán de la policía bonaerense, el sacerdote Christian Federico Von Wernich. Es la primera sentencia contra un miembro de la Iglesia católica por violaciones a los derechos humanos. El Tribunal Oral Federal de La Plata lo condenó con la pena máxima, el pasado martes 9 de octubre, por siete crímenes y privaciones ilegales de la libertad cometida durante la dictadura militar. El sacerdote fue considerado partícipe y coautor de secuestros, torturas y asesinatos perpetrados durante el terrorismo de Estado cometidos en el marco de un genocidio.

Luego de tres meses de juicio oral, que atrajo la atención de los medios de comunicación, el tribunal juzgó a Von Wernich, de 69 años, quien fue capellán de la funesta policía de la provincia de Buenos Aires durante los años de brutal represión.

Creemos necesario hacer una desapasionada lectura de este caso por las indudables lecciones a la circunstancia mexicana; no se trata de escarnio ni de desprestigiar a la Iglesia, sino de analizar y registrar cambios importantes de cómo decepcionan a la sociedad tanto lo religioso como la estructura eclesiástica.

En cuanto a la participación de Von Wernich en las torturas, numerosos sobrevivientes lo identificaron sin dudar. En su testimonio, una víctima afirmó: “¿Lo podés creer? Fue un tipo que torturó sicológicamente. Decía que no debíamos culpar a nuestros torturadores –cuenta Zaidman, quebrantado por las torturas y quien radica actualmente en Madrid–. Defendía la tortura y decía que teníamos que pagar porque le habíamos hecho daño a la patria”.

Testigos de aquella tarde lluviosa en que fue sentenciado Von Wernich señalan que lo vieron frío, seguro, soberbio y que sin asomo de culpa en el rostro expuso con teatralidad litúrgica que había hecho lo que tenía que hacer, que Dios y la Iglesia se lo habían pedido y ordenado, que había cumplido su encomienda.

El doctor en sociología de la religión Fortunato Mallimaci comenta con indignación: “Pero estamos ante un confesor que no confiesa, que enmudece cuando debe decirnos dónde están los cuerpos de los detenidos-desaparecidos cuando era el asesor del coronel Camps; dónde están los cuerpos de las madres asesinadas luego de dar nacimiento a sus bebés; dónde están los bebés nacidos en cautiverio; quiénes armaron con él los planes de exterminio, colaboraron en torturar y asesinar... aquí la Iglesia católica, como lo viene haciendo desde 1976, vuelve a callar, a no hablar, a seguir apostando al vínculo entre militarización y catolización, entre patria y nación católica, en preferir pactos corporativos a la búsqueda de la justicia, ese nuevo nombre de la paz” (“La Iglesia católica habló: ‘el demonio es el testigo falso’”, Página 12, Buenos Aires).

Es cierto que no toda la Iglesia fue cómplice de las atrocidades, no todos los católicos callaron ni justificaron la barbarie militar en los setenta; pareciera como si en ese país hubo dos iglesias, pero también es cierto que la jerarquía católica tiene una gran deuda con el pueblo argentino por su complacencia y legitimación ante la dictadura militar.

En el marco del jubileo y los perdones impuestos por Juan Pablo II, la jerarquía esbozó un tímido y pálido asomo de arrepentimiento. Insuficiente porque la represión también alcanzó al alto clero, como al obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, quien fue asesinado por militares el 4 de agosto de 1976 en una burda simulación de accidente, sin que el episcopado argentino emitiera ni una nota de protesta. Otros casos relevantes fueron el asesinato de cinco religiosos palotinos, dos religiosas francesas y desde luego destaca el caso del padre Carlos Mujica, asesinado prematuramente por la temible ultraderechista triple A, el sábado 11 de mayo de 1974.

El sacerdote Capitanio, uno de los testigos en el juicio, cree que la Iglesia católica argentina fue “la única madre que no salió a buscar a sus hijos”, en referencia a las masivas desapariciones de personas, religiosos inclusive, ocurridas durante el gobierno de facto. Capitanio reiteró a la prensa que la Iglesia “no se ocupó de proteger a sus propios hijos. Tuvimos laicos, seminaristas, religiosas, religiosos, sacerdotes e incluso dos obispos secuestrados, desaparecidos, encarcelados, torturados y muertos”.

El caso del sacerdote Von Wernich tiene como trasfondo las elecciones presidenciales y una tensa relación entre la Iglesia y el actual gobierno, particularmente el abierto encono entre la jerarquía y la familia Kirchner.

¿Qué lecciones tiene el caso para México?

Durante el coloquio sobre el decimoquinto aniversario del establecimiento de la relaciones diplomáticas con el Vaticano, el obispo de León, Martín Rábago, me comentó, después de una sólida intervención sobre las demandas de cambio constitucional que ha venido formulando la Iglesia, que es la historia el principal obstáculo para la plena instauración de la libertad religiosa en nuestro país. Le repliqué que no podíamos fingir alzheimer: la reminiscencia de por lo menos dos guerras fratricidas ahí está, y no podemos sustraernos; en todo caso, reinterpretar los mitos de memorias sesgadas.

El caso de Von Wernichde nos lleva a los cambios de percepción histórica de la sociedad sobre el comportamiento de sus actores religiosos. ¿Podríamos atrevernos a pedir a los argentinos que olviden la guerra sucia? ¿Hasta dónde puede sustraerse la actuación de la jerarquía durante los momentos de terror y de violaciones? ¿O a los chilenos, frente al potencial que tienen como país, podríamos recomendarles que olviden el golpe militar de Pinochet porque inhibe el despliegue como país líder latinoamericano?

Se antoja difícil, porque las heridas ahí están y requieren más que tiempo para cicatrizar. Otra lección es constatar que tanto en México como en Argentina, país que ha consentido mediáticamente a la Iglesia, la impunidad, los privilegios políticos y sociales del clero son reconsiderados.

Tuvieron que pasar más de 30 años para que el cura del terror fuera juzgado; es el inicio en nuestras sociedades del fin el fuero eclesiástico, tema que estará sin duda en la opinión pública en estos días.

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La Nueva Izquierda y sus acuerdos bajo la mesa

Miguel Ángel Velázquez

Las voces que pretenden que nada ha pasado en el PRD se han multiplicado en los últimos días con un curioso discurso que invita a la reconciliación y al olvido de las afrentas –por el bien del partido–, aunque queden sin resolver, ni por asomo, las terribles diferencias que existen o que supuestamente existen entre los grupos antagónicos.

Hay quien describe la situación como el pleito de dos astillas que provienen del mismo árbol, es decir, se trata de diferencias, muy profundas, entre dos alas de la socialdemocracia, una de ellas radical, pero a fin de cuentas social democracia, dispuesta a llegar al arreglo que sea y al precio que sea necesario pagar.

Timoratos, dispuestos a aceptar el que parece destino ineluctable, manifiesto, los jefes tribales del ala radical que hasta ahora se mantenían en la idea de no ceder frente a quienes quieren hacer de su partido un apéndice del poder, sin importar el signo político, buscan ahora, bajo el cobijo de la supuesta unidad, palabra mágica que libra todos los pecados políticos, arreglos inconfesables para dar gusto a quienes los pueden emplear en el futuro.

Pero esa misma fachada, la de la unidad, será el argumento que impida que el PRD continúe como hasta ahora, basta con echar una mirada al presupuesto de egresos federal para el ejercicio 2008, en el ramo 23 Provisiones salariales y económicas, en el que la petición de la ex delegada de Venustiano Carranza, Ruth Zavaleta, hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se convierte en una exigencia del gobierno de Calderón.

Se piden, como lo hizo la militante de Nueva Izquierda, la friolera de 250 millones de pesos para crear infraestructura en el lugar donde se asientan los poderes Legislativo y Judicial, antes aún de que el presupuesto sea negociado por las fracciones políticas.

Como se debe recordar, durante la negociación del presupuesto anterior la delegación Venustiano Carranza, a cargo de la señora Zavaleta hasta el fin del año pasado, aparentemente alcanzó un acuerdo durante las negociaciones del presupuesto 2007 para que la SHCP destinara recursos para la remodelación en torno al Palacio Legislativo.

Además, en el Presupuesto de Egresos 2007 para el Distrito Federal se aprobó una asignación por 247 millones de pesos para el mismo fin, que sería financiada con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DF (Fortatum).

El dinero nunca se otorgó porque contravenía los términos que establece la Ley de Coordinación Fiscal para el Fortatum. No obstante, la Cámara de Diputados logró un punto de acuerdo para que se diera el financiamiento, y la SHCP propuso a la Secretaría de Finanzas del DF el traspaso de dichos recursos con cargo al ramo 23, que ya citamos.

Con esa idea se elaboró un convenio de otorgamiento de subsidios entre el gobierno federal y el del Distrito Federal, que fue remitido a la Subsecretaría de Egresos de la propia Secretaría de Hacienda, y del que nunca se obtuvo respuesta. Del mismo modo, según se nos informa, Hacienda propuso una transferencia de recursos a la delegación Miguel Hidalgo para financiar una vialidad en esa demarcación, que tampoco se logró concretar por falta de respuesta de la autoridad federal.

Ahora la propuesta de la ex jefa delegacional llega por vía del gobierno federal, que denota un nuevo acuerdo entre la corriente de Nueva Izquierda y el equipo de Felipe Calderón, y los 250 millones de pesos quedarán en manos de la delegación Venustiano Carranza, que gobierna Nueva Izquierda.

Como ya es notorio, los acuerdos bajo cuerda entre la corriente que encabeza René Arce en el DF y Calderón corren sin tomar en cuenta al resto del partido. Otro caso es el de la delegación Iztapalapa, que logró recursos de la Secretaría de Gobernación para solventar los problemas de agrietamiento de la tierra en aquella delegación, mientras que en Alvaro Obregón, que ya suma varios meses clamando por ayuda federal, para casi el mismo fin, no se ha otorgado ni un centavo.

La ruptura en el PRD no es cosa del deseo de unos o el capricho de otros, es simplemente la oportunidad que puede generar el organismo para poner en claro su horizonte. Lo que está roto no es posible unirlo, y el PRD, en su interior, está hecho garras, si no se entiende ahora, tal vez dentro de algún tiempo las soluciones sean tardías.

De pasadita

En este espacio estamos en total desacuerdo con que el monumento a la tontería que se erigió en Boca del Río, Veracruz, se haya derribado. Por el contrario, allí debería quedarse para, una vez al año cuando menos, en ese lugar, con esa estatua, se celebrara el día del burro; pero que nadie se dé por frustrado, hay algún edil en el estado de México que levantará otro de esos monumentos para poder celebrar el día del asno. Menos mal.

Nos permitimos disentir: ningún pueblo con dignidad y que se precie de medianamente razonable puede admitir que se levante una estatua a la tontería y mucho menos al latrocinio.

Aeroméxico, guerra de orgullo empresarial

Carlos Fernández-Vega

De cualquier manera la línea quedará en manos de inexpertos, pero favoritos del poder

Aeroméxico, que “no vale un centavo más de lo que ofrecemos”, según comentario del primero de los postores, se ha convertido en una guerra de orgullo empresarial entre la familia Saba y el Citigroup disfrazado de Banamex y aderezado con un grupo de ex accionistas de esa institución, otrora de capital mexicano, muchos de ellos orgullosamente Forbes.

Poco menos de dos meses atrás, y de la nada, Alberto y Moisés Saba por la libre ofrecieron 98 millones de dólares por 100 por ciento de las acciones de la citada aerolínea, o lo que es lo mismo ni un centavo más de “lo que vale”. Poco después, Citigroup y su “grupo de empresarios mexicanos” brincó a la palestra, con la chequera en la mano, para mostrar su interés en la adquisición de Aeroméxico. Días más adelante, y de forma por demás sorpresiva, Gastón Azcárraga y sus guajiros de Mexicana de Aviación hicieron lo propio, presumiendo 200 millones de dólares, que muchos consideraron de saliva pura, como la “inminente quiebra” de esta empresa que presumen sus propietarios.

En el camino se quedó la oferta de Mexicana de Aviación, mientras la familia Saba y Citigroup desataron una guerra de aumentos en sus respectivas posturas originales. Todo para una empresa, Aeroméxico, que, decían al principio, “no vale un centavo más” de lo ofrecido en un principio.

Ninguno de los oferentes está acostumbrado a perder. Los Saba son orgullosamente Forbes; han librado cualquier cantidad de acusaciones por negocios oscuros, incluyendo operaciones calificadas de fraudulentas cuando Moisés, asociado con Ricardo Salinas Pliego, protagonizó un escándalo financiero (Codisco-Unefón) en Estados Unidos por sospechosas operaciones de compra-venta de deuda para una misma compañía, con la que, junto con el dueño de Tv Azteca, se embolsó alrededor de 200 millones de dólares.

Citigroup y sus “empresarios mexicanos” tampoco acotumbran morder el polvo. La trasnacional financiera estadunidense está acostumbrada a hacer y deshacer a su gusto y albedrío: se quedó con Banamex, pagaré Fobaproa incluido, mientras su ahora “grupo de empresarios mexicanos” evadía al fisco con total cinismo.

Ambos oferentes han contado, cuentan con las gracias del poder público, tienen derecho de picaporte en las más altas esferas gubernamentales y suelen salir impunes de sus francachelas. Aún así, hay de amigos a amigos, y una simple familia, por orgullosamente Forbes que sea, no tiene el alcance de Citigroup, su banda de “empresarios mexicanos” y su mapache electoral disfrazado de ex dirigente gremial como cabeza visible.

Aún no se reciben oficialmente las posturas, todavía no se cierran los plazos, cuando el IPAB, el heredero del Fobaproa, rescatador oficial de la aerolínea en pugna y su accionista mayoritario, ya mostró su debilidad (léase el cobre): los bancos, de preferencia extranjeros, y en la operación de compra-venta de Aeroméxico ya tomó partido (léase Citigroup). Lo anterior, en caso de que “otros” no mejoren la oferta en un plazo tan amplio como hoy mismo.

Como recordábamos días atrás, de cualquier suerte Aeroméxico quedará en manos de “hombres de negocios” sin experiencia alguna en el manejo de líneas aéreas. Un rápido repaso de su historial nos indica que en ambos grupos sobresalen usureros, textileros, cerveceros, lecheros, tequileros, toalleros, dueños de supermercados y tiendas departamentales, gaseros, acereros, cableros, vendedores de automóviles, telefonistas, vendedores de inmuebles y un mapache electoral con careta de ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pero de aerolíneas, nada.

Lo anterior sólo reproduce y resume el esquema privatizador utilizado desde el sexenio salinista. Muestra superlativa la constituye la reprivatización bancaria: farmacéuticos, especuladores bursátiles, cerveceros, refresqueros y demás expertos, todos amigos del inquilino de Los Pinos en turno, se quedaron con las 18 ex sociedades nacionales de crédito. El resto de la historia es conocida, y la factura aún no la terminan de pagar los mexicanos, mientras muchos de esos “expertos” ahora se meten al negocio de las aerolíneas.

Lo único cierto es que tanto a las “autoridades” como a los “hombres de negocios” les urge aterrizar la compra-venta de Aeroméxico para evadir impuestos, una vez más, como en su momento lo hicieron en la compra-venta de Banamex (2001). Si se tardan, se esfumarán las gracias fiscales garantizadas para las transacciones vía Bolsa Mexicana de Valores.

Las rebanadas del pastel

Mientras el de las ideas cortas y la lengua larga reparte epítetos a discreción en su intento por justificar lo injustificable, General Motors se animó a dar su versión, aunque no aclara nada, sobre la Hummer 2005 que “no es mía, pero sí la uso” (Fox dixit). La trasnacional automotriz confirma lo del comodato con el Estado Mayor Presidencial, que la propiedad es de la propia GM de México y que se entregó “para el uso de actividades de seguridad del ex presidente Vicente Fox”. El comodato, apunta, “resulta una práctica común a nivel de la industria y a través de ella se han asignado unidades al EMP para apoyar cuestiones de seguridad de los mandatarios, incluso en sexenios anteriores al del ex presidente Fox. Esta es una práctica que permite apoyar temas de seguridad y, al mismo tiempo, recibir retroalimentación del desempeño de nuestras unidades. GM de México continúa reafirmando (sic) su compromiso por apoyar al EMP en sus actividades de seguridad”. Bien, pero ¿qué hace una trasnacional “comprometida” con la seguridad presidencial?

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Chente se enoja

Julio Hernández López

Sintomática pataleta en Telemundo

Panistas “rateros y narcos”: Moreira

“Por el momento”, Norberto se salva

Vicente Fox y los dos vehículos Hummer que tenía asignados, en imagen tomada el 8 de octubre de 2006 Foto: Martín Diego Rodríguez

Chente se amarró al cuello el lazo de la ira y se tumbó solito en una entrevista con Rubén Luengas para Telemundo, Canal 52, de Los Ángeles. Intolerante, se enojó porque no fue tratado con la superficialidad complaciente que le otorgaron otros espacios televisivos de Estados Unidos y, ante la petición de que respondiera a señalamientos (documentados en libros y reportajes) sobre propiedades y enriquecimientos bajo sospecha, perdió toda compostura y acusó a su anfitrión de mentir y calumniar, exigiéndole que se retractara en público (incluso, sugerente de boicots publicitarios, advirtió del “mal uso” que Luengas estaría haciendo de un espacio, lo que debería preocupar a los anunciantes).

Las descomposturas mentales del presidente de Foxilandia se dispararon frente a cámaras luego de que el entrevistador mencionó al padrastro de los Bribiesca el notabilísimo crecimiento económico de Venezuela (11 trimestres seguidos con un promedio de 12.6 por ciento) frente a los pobres resultados del último año del foxiato. El Manco de Boca del Río ironizó diciendo que al premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, lo habrían comprado con un barril de petróleo para que elogiara los logros económicos (“muy impresionantes en los últimos años”) del régimen de Hugo Chávez. El economista estadunidense, que fue asesor de Bill Clinton en la Casa Blanca, destacó la buena aplicación, para beneficio colectivo, de la bonanza de los precios petroleros.

El punto de quiebre llegó, sin embargo, al hablar de propiedades de la señora Marta y su vocero Vicente (¡ah, el amor, el amor!). El periodista Luengas apenas pudo aludir a datos del Registro Público de la Propiedad cuando ya estaba encima el primer gringo llegado a presidente de México. “Me sentí intimidado por Fox”, dijo el entrevistador de Telemundo, a quien el ex gobernador de Guanajuato acusaba con el índice por delante antes de levantarse de su asiento y retirarse. La significativa rabieta del hombre con rancho y lago adjunto estaba programada para ser exhibida ayer, íntegra, a las once de la noche, en el programa de Rubén Luengas y estaría disponible a partir de hoy en www.telemundo52.com en la sección denominada “En contexto”.

Muy enfadada también estaba ayer la cúpula panista en general, y en especial la de Coahuila, porque por primera vez un gobernador ha dicho con todas sus letras que miembros de la elite blanquiazul son rateros y narcos. Humberto Moreira es un priísta de mescolanzas raras que lo mismo hace equipo con Elba Esther Gordillo (él mismo es profesor, y uno de sus hermanos es líder de una de las secciones sindicales de la entidad) que sostiene relaciones con La Habana (por ejemplo, la cirugía de cataratas denominada Operación Milagro, y la apertura de centros de atención oftalmológica, con equipo donado por la isla, que han sido denominados José Martí, Comandante Fidel Castro y República de Cuba).

Pero, además, Humberto Moreira, que ha visto la manera cínica y desbordada en que ciertos personajes políticos del panismo estatal han ido tomando el control del narcotráfico, sobre todo en la región de la Comarca Lagunera, donde un senador, Guillermo Anaya, ha hecho muestra pública de gran relación con el actual presidente formal de la República, al grado de que éste fue padrino de bautizo de un hijo y, políticamente, convirtió a Anaya en otra forma de Padrino. Panistas que desplazaron a sangre y fuego al cacique históricamente encargado de esos negocios oscuros, el priísta Carlos Herrera, baleado y virtualmente exiliado. Panistas que combinan poder económico reciente y oscuro con ambiciones políticas que les permitan dar cumplimiento a los compromisos subterráneos que les ayudaron a hacerse de cargos y representaciones. Acicateado por el panismo que lo criticó durante la lectura de un informe de gobierno, Moreira ha respondido acusando a los panistas de narcos y rateros.

Pero no todo fue negativo para la derecha política: por lo pronto, no encontró “evidencias suficientes” el juez de California que atiende las denuncias contra Norberto Rivera por presunta protección a un cura pederasta. No es una exoneración plena, y ese “por el momento” y esa insuficiencia pueden cambiar, pero en lo inmediato la decisión del juez constituye un golpe a quienes largamente han tratado de probar ante las instituciones judiciales estadunidenses que el cardenal mexicano ayudó a un sacerdote abusador de niños a que se refugiara en el país vecino y continuara violando pequeños. A Rivera le llega este tanque de oxígeno cuando ha decidido enfrentar a los grupos de feligreses que le reprochan partidismo y presuntos vínculos con pederastas.

El comité nacional espinista-foxista, por su parte, emitió ayer la convocatoria para elegir de manera adelantada a un nuevo presidente nacional. El forcejeo con el calderonismo, que pretende imponer a Germán Martínez como sustituto, será 8 y 9 de diciembre próximos. El proceso interno tiene, sin embargo, una semilla envenenada pues, en una maniobra jurídica que podría ser impugnada ante el tribunal electoral federal, los miembros del comité nacional blanquiazul renunciarán el 8 del último mes del año, ante los consejeros nacionales reunidos. Con esas renuncias se dará paso a la elección de un dirigente que no será interino (para cubrir el lapso que va de esa renuncia a marzo de 2008, cuando oficialmente terminaría el encargo para el que formalmente fueron elegidos los miembros de ese comité) sino definitivo para un nuevo periodo de tres años. Espino pretende dejar a Martínez con el sambenito de una elección manoseada y oscura.

Y, mientras mañana se exhibe (18 horas, en el auditorio del Congreso de Michoacán) el cortometraje La hija de María, de Sergio García Michel, el cineasta underground más representativo de México, que había sido censurado en el Festival de Cine de Morelia por mojigaterías que han sido condenadas por diputados locales, ¡hasta mañana, con el gobierno de España que prepara la visita del vicepresidente mexicano, Juan Carlos Mouriño, nacido en Madrid, para 2008!

Curas abusadores: fuero de hecho

Editorial

Elihu M. Berle, juez de la Corte Superior de Los Ángeles, rehusó atender la demanda en contra del cardenal Norberto Rivera Carrera por el presunto encubrimiento que éste habría cometido a favor de Nicolás Aguilar, sacerdote acusado de múltiples agresiones sexuales contra menores. El magistrado consideró que las pruebas presentadas por la parte acusadora son insuficientes para que el tribunal californiano pueda, “por el momento”, iniciar un proceso contra el prelado mexicano. Por su parte, los acusadores de Rivera Carrera han anunciado que apelarán de la decisión referida, lo que indica que el proceso legal iniciado en Estados Unidos contra el arzobispo primado de México continuará.

Para poner el fallo del juez Berle en su contexto, debe recordarse que la acusación contra Rivera Carrera por brindar protección al sacerdote Aguilar y fungir en un papel determinante en su traslado a Estados Unidos –donde, a su vez, el cura fue acusado por la violación de 26 niños– es sólo un aspecto de las demandas de justicia por parte de las múltiples víctimas del religioso, y que las andanzas criminales de Aguilar en Puebla y en Los Ángeles son sólo la punta del iceberg de un patrón de abusos sexuales contra menores cometidos en el ámbito de la Iglesia católica.

Las víctimas de tales delitos han debido acudir a las instituciones estadunidenses de justicia porque, ante el grave problema que constituyen los abusos sexuales a menores por parte del clero católico, las autoridades civiles mexicanas se han comportado en forma cuando menos remisa en sus obligaciones y han evitado ejercer sus facultades para procurar e impartir justicia. Por otro lado, habrá de recordarse el lamentable episodio de encubrimiento oficial a Rivera Carrera protagonizado por el Instituto Nacional de Migración (INM) en septiembre del año pasado, cuando a representantes de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual (SNAP, por sus siglas en inglés), y a los abogados defensores de Joaquín Aguilar, responsable de la demanda en contra del jerarca católico, se les pretendió detener y luego se les prohibió el ingreso a territorio nacional. En conjunto, la reticencia de las procuradurías federal y estatales a presentar imputaciones a los curas pederastas, así como los actos de hostigamiento gubernamental en contra de sus demandantes, conforman un fuero de hecho para los integrantes del clero, por más que éste fue abolido de jure en 1867.

Por lo demás, el Arzobispado de la ciudad de México sigue sin entender ni atender el problema, como lo pone de manifiesto el documento Criterios de la Arquidiócesis de México en relación con comportamientos inadecuados, principalmente con menores, que pudieran suceder por parte de clérigos. Dicho escrito pretende eximir a la Iglesia católica de la responsabilidad de informar a las autoridades judiciales sobre los casos de agresión sexual de los que tenga conocimiento, y en él se establecen cosas tan insensatas como que, si llega a comprobarse que un religioso incurrió en “alguna falta que involucre a un menor, debe ofrecerle la asesoría sicológica, espiritual y pastoral necesaria para tratar de resarcir el daño”. Cabe imaginar a una víctima de abuso sexual recibiendo esa clase de asesorías por parte de su victimario, o asistiendo a “careos” realizados por la propia institución eclesial. Para colmo, el texto prescribe que, ante la “sospecha razonable” de agresiones sexuales por parte de un clérigo, deberán tomarse “medidas cautelares, ya sea traslado o suspensión”, es decir, recomienda hacer justamente aquello de lo que se acusó a Rivera Carrera en Los Ángeles: trasladar al agresor a otro lugar, aun a sabiendas de que puede repetir su conducta delictiva.

En suma, independientemente de lo que ocurra con el caso en Estados Unidos, las autoridades federales, y las estatales de Puebla y Morelos tienen ante sí el deber ineludible de ejecutar la orden de aprehensión emitida hace una década en contra de Nicolás Aguilar, presentarlo ante un tribunal e indagar a Rivera Carrera por el presunto encubrimiento de ese cura acusado por la violación de decenas de niños. Si las instituciones mexicanas de justicia pretenden recuperar algo de credibilidad deben esclarecer las agresiones sufridas por las personas más inermes del país: menores de familias de escasos recursos y, muchos de ellos, indígenas.

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Dos mundos

En 1519, cientos de españoles entre los que sin duda había árabes, africanos, judíos renegados etc., iniciaban su recorrido de la tierra desconocida que posteriormente se llamaría América en honor a Américo Vespucci, cartógrafo, quien dio a conocer una aproximación gráfica de estos lugares en Europa y antes que nadie.
A su paso, según lo relata Bernal Díaz del Castillo, los peninsulares se dedicaron a asaltar, arrasar y asesinar poblaciones ayudados por la superioridad de su armamento. En uno de tantos poblados, en lo que ahora es la península de Yucatán, se dice que recibieron como regalo del mandamás de ese lugar a un grupo de mujeres entre las cuales había una mujer llamada Malintzi. Malintzi, cuya habilidad políglota ayudó al jefe de los violentos invasores de apellido Cortés en la posterior conquista de las civilizaciones más avanzadas del altiplano del Anáhuac: el valle de México.
Y así como los tlaxtcaltecas y otras naciones indígenas llevaron a cabo la conquista y se la atribuyen a los peninsulares, Malintzi se lleva hasta la fecha el título de traidora que es como en ocasión se usa la palabra malinche en el castellano de México. Lo irónico es que siendo Malintzi mujer del Yucatán no traicionó a persona alguna o a nación alguna, pues los suyos eran los de su tierra y el mismo Cortés.
Ya en 1964 el maestro Daniel Castillo, visionario de la historia, reivindicaba la figura de la Malintzi mujer políglota, esposa de Cortés, madre de algunos de los primeros mestizos e invaluable consejera del más alto rango.
Arq. Eduardo Bistráin
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