Izquierda y hegemonía cultural

Luis Linares Zapata

Los desencuentros entre legisladores y concesionarios de la radio-televisión han hecho aflorar un defectuoso e injusto arreglo entre las fuerzas que componen el espectro político y social de México. Mientras la izquierda demostró (1988 y 2006) que puede levantar la suficiente masa electoral para hacerse con el poder público federal en las urnas, el empresariado de gran tamaño (nacional y trasnacional) muestra el control que tiene sobre el aparato comunicativo. A través de esta grosera manera se ha impuesto la hegemonía de la derecha en el espacio colectivo, posibilitando de facto su prolongación en el poder de la República. Como corolario derivado, la izquierda no ha podido ocupar lo que legalmente le corresponde de acuerdo con el mandato de la voluntad popular. La lucha presente y futura en México ya no sólo será por conjuntar una mayoría social, ya suficientemente probada y en organizada consolidación, sino por la más refinada y actual hegemonía cultural, así como para retener la suficiente fuerza política de la que se ha apropiado una rala capa directiva de conservadores a ultranza.

El dominio sobre el espacio difusivo ha permitido a la derecha, sea de matiz panista o priísta, introducir y amacizar conceptos de peso en la conciencia de los ciudadanos para lograr tranquilizar los arrestos y protestas de muchos mexicanos por los continuos y feroces atropellos que padecen. Así, Miguel de la Madrid evitó culpabilidades, pues se sentía irresponsable si entregaba el poder al ingeniero Cárdenas (FND), efectivo triunfador en las elecciones de 88. La posterior colaboración del panismo con Salinas permitió propalar y hacer valedera la especie de una legitimidad adquirida con las acciones de fuerza y golpes espectaculares, muy a pesar del fraude en las urnas y el amañado conteo de votos. Legitimación espuria en la que colaboró de manera por demás efectiva Carlos Castillo Peraza, ahora propalado como gran “intelectual”, padrino de Calderón, al que se quiere otorgar la medalla Belisario Domínguez.

El más actual argumento esgrimido durante 2006 de que López Obrador era “un peligro para México” y que unificó a ciertas clases sociales con grupos fácticos para birlar a la izquierda sus derechos políticos se impuso mediante intensivo bombardeo en radio y televisión. El dominio ejercido sobre los medios electrónicos desde irreductibles posturas conservadoras y, aún más, reaccionarias y golpistas, quedó al descubierto. Por eso, en estos días de subastas y regalos el régimen oficialista de Calderón premiará las decididas acciones del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante la campaña por la Presidencia. A ese grupo de aventureros trata su administración de concederle la propiedad de Aeroméxico, con su gerente (Barraza) a la cabeza que, en ese entonces, fungía como mandón por encargo en el CCE.

Por ello la batalla para separar el dinero de las campañas, explícito en la reforma electoral recién aprobada, cobra mayor significancia para el avance democrático de la nación. No se puede levantar el dedo de tal renglón y pensar que ya se avanzó. Menos aún ser complaciente con la andanada de descalificaciones y contrargumentaciones que ensayan los patrones de los medios y sus múltiples y visibles aliados, muchos por completo subordinados a su ideología e intereses, en la academia, la crítica, el ensayo y el periodismo. Sus propósitos, inocultables a pesar de la retórica, pretenden preservar y aumentar los vastos privilegios de los que gozan sin medida. Se debe y puede continuar con las modificaciones que faltan para contar con un entramado que posibilite los balances que la realidad imperante ya dibuja con precisión. Se trata de remover las ataduras que no permiten a la izquierda dar la batalla conceptual con la suficiente capacidad reproductiva para dotarse de la mayoría política que bien le corresponde a su trabajo con y por la gente.

Para lograr tal cometido, la Ley de Medios (ley Televisa) que se estudia y discute en el Congreso es crucial. Aumentar la participación de los agentes difusivos, ajenos al empresariado, tiene que quedar impreso en las modificaciones bajo estudio. Pensar en una cadena televisiva adicional, per se, no es suficiente, si por ello se entiende dar acomodo a otro grupo de negociantes (nacionales o extranjeros). Se estaría aumentando el número de jugadores con la misma orientación y similares o idénticos intereses. La apertura de nuevos canales de radio o televisión, en cadena o no, tiene que ser relativa y embonar con las distintas corrientes de pensamiento y corresponder a la pluralidad de componentes que integran la nación. Tanto el duopolio televisivo como el oligopolio de la radio, a pesar de lo afirmado por el clásico agente privatizador (Luis Téllez), manipulan a su antojo partes sustantivas del imaginario colectivo. De ahí que la derecha pueda preservar su dominio sobre conceptos básicos que sobreimponen al eficientismo globalizador sobre la soberanía o la independencia nacionales, la honradez del empresario sobre la del político o funcionario público, la lucha liberadora latinoamericana como una forma de populismo denigrante, la efectividad de la empresa privada creadora de riqueza y bienestar sobre la calidad de la administración de entidades públicas, el compadrazgo y la corrupción congénita; las privatizaciones inmediatas y arregladas de antemano sobre la preservación de los bienes nacionales que han sido construidos por los mexicanos.

En este pleito ideológico y mediático la izquierda ha ido perdiendo terreno durante los últimos 25 años cuando menos. Ya sea en forma de flagrantes mentiras finalmente aceptadas como válidas o mediante disfraces grotescos, tales como los Pidiregas, las Afore o imbéciles apelaciones a la competencia y orden de los mercados cuando lo que rigen son las concentraciones, francas manipulaciones y controles indebidos del libre juego de la oferta y la demanda.