Quién sabe si de motu propio o porque es el más pendejo y por eso lo enviaron a él a pedir la pena de muerte. Los que se preparan para seguir manteniendo el poder por asalto luego de la salida del usurpador actual, que no como decisión del pueblo, eso se acabó aquí también. Evidentemente en un acto más de corte electorero. Pero con implicaciones terribles porque en el fondo lo que se haría es legalizar las ejecuciones, como legalizaron el fraude.
Por María Teresa Jardí
Condenados estamos los mexicanos a no despertar de la pesadilla impuesta por la derecha fascista e inculta que desde hace varios sexenios tomó el poder con Carlos Salinas de Gortari. Pesadilla inaugurada con Echeverría y continuada con López Portillo, algunos quisimos creer que la terminaba Salinas y que lo que decía ese ex presidente, mientras sentaba las bases de lo que está, era cierto. Y el regreso a la misma pesadilla, con Zedillo, fue horrendo. Y ni qué decir de la continuación, con Fox y con Calderón salta a la vista la película de terror en que se ha convertido la misma. Y la posibilidad de despertar se aleja de la peor de las maneras.
Sí, AMLO es una esperanza, estoy de acuerdo. Sí, somos millones los que integramos el movimiento ciudadano y cada día se suman más. Y, sí, AMLO está haciendo lo que debe hacer todo líder consciente para no dejar que muera la esperanza de que en México se puede acceder al cambio de manera no violenta.
Pero ya no tenemos ni siquiera un partido para acceder de esa manera. A través del PRD no llegaría ni AMLO. Mucho menos va a llegar Ebrard y menos aún pagando una millonada por hacer galletitas frente a niños enfermos o enajenadas amas de casa. ¿A esa hora a ver quién más puede perder el tiempo sentado frente a la telebasura? Niños que no votan y mujeres que no votan por el PRD. Su ida a la telebasura le quita votos, no se los da, aunque él crea que sí. Dinero tirado a la basura.
Y siendo gravísimo no tener expectativa partidaria de cambio. Lo peor es el constatar el bajísimo nivel moral y el escandalosamente bajo nivel cultural de los que tienen y de los que aspiran a continuar controlando el poder. Es como si les hubieran ejecutado las células cerebrales que a los humanos nos convierten en seres pensantes.
Ebrard, por cuestiones de inteligencia, no debió ir a hacer galletitas con Galilea Montijo ni con la Virgen María si ella fuera la que trabajara en esa empresa, en lugar de llorar, como con toda seguridad hace, por los pecados de Televisa, la madre del hijo de Dios.
Moreira era la esperanza para el PRI. Los dinosaurios priístas producen tal horror que hasta se corre el riesgo de que la pesadilla la siga administrando otro panista.
Pero no. Moreira está liquidado como esperanza de cambio. Porque es el más pendejo, repito, y lo enviaron a hacer el trabajo sucio. O, peor aún, de motu propio, demostrando igual que la estupidez irredenta, —de quien hasta cree que eso le da puntos electoreros frente a los otros impresentables rivales que tiene el PRI tiene—, lo convierte en otro peligro para México.
¿A ver qué ciudadano pensante votaría por el impulsor de la pena de muerte en un país donde las ejecuciones se han convertido en la primera causa de muerte natural?
Está liquidada la esperanza de que del PRI surja alguien capaz de permitirnos despertar de la pesadilla sin final en la que estamos condenados a transitar a lo largo de este siglo o hasta que nos llegue “Made in USA” el cambio.
Una dictadura es lo que ya se perfila en el horizonte que viene y en lugar de cuidar lo poco que pueda mantener la esperanza volátil de un pueblo tan brutalmente agraviado se le tapa hasta la menor de las rendijas. La única certeza que nos dejan es la de la indiscutible verdad en cuanto a que la corrupción mata las neuronas.
viernes, diciembre 05, 2008
Referéndum y plebiscito
Aprueban en la Cámara de Diputados el dictamen que elevó a rango constitucional esas figuras de la democracia participativa
MEXICO, D.F., 4 de diciembre (LA JORNADA).- En consenso, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, en forma sorpresiva, el proyecto de dictamen con objeto de reformar la Constitución que permitirá, por vez primera en el país, crear las figuras de plebiscito y consulta popular. El texto será avalado por la mayoría de los legisladores federales, de acuerdo con el proceso parlamentario, el jueves de la semana próxima.
A pesar de no contemplarse entre las prioridades de la agenda legislativa del actual periodo ordinario de sesiones, las modificaciones constitucionales tienen su origen una década atrás, cuando por iniciativa del PRD se presentaron propuestas para impulsar el plebiscito y la consulta popular.
Incluso, se recordó en San Lázaro que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, el PRI y el PAN rechazaron sistemáticamente los ejercicios plebiscitarios y de consulta popular que emprendió la administración perredista en la capital del país, y por lo tanto aquellas iniciativas de reforma.
Y es que desde hace dos años, se constituyó un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezado por Mónica Fernández, legisladora del PRD, para emprender el trabajo de redacción y conjunción de las iniciativas que existían en el archivo parlamentario, relativas a ambos temas.
De tal forma, tras 26 reuniones del grupo especial de trabajo, y cinco negativas de ser aceptado en el pleno cameral del dictamen sobre ambas asignaturas, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales resolvió votar a favor de la propuesta de proyecto de decreto que reforma y adiciona los Artículos 26, 35, 36, 40, 73, 116, 122 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre las más relevantes se encuentran las siguientes adiciones. En el Artículo 26 se establece la obligación del Ejecutivo federal de someter a plebiscito consultivo aquellas decisiones de especial trascendencia, que previo acuerdo del Congreso de la Unión así se decidan. Eso implica que el Ejecutivo deberá sujetar a la aplicación de las políticas públicas en cuestión al resultado del plebiscito, y no que el Ejecutivo vaya a convocar a plebiscito, la cual será facultad del Congreso, tal y como se establece en el Artículo 73 de la Constitución.
La reforma planteada a los Artículos 35 y 36 se refiere a garantizar al ciudadano la facultad de participar en procesos de plebiscito y referéndum, dotándolo con ello de una herramienta fundamental para la democracia en la toma de decisiones.
Por lo que hace al Artículo 40 se atiende a reconocer la participación ciudadana como eje central del Estado, es decir, se establece la voluntad del pueblo mexicano para constituirse como una república participativa en el Estado Democrático.
Asimismo, la instancia legislativa aprobó de forma unánime el dictamen que reforma el Artículo 73 constitucional, de manera que el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia de secuestro y crimen organizado, informó el diputado Andrés Lozano. El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que sobre los cambios al artículo referido se acordó incluir, a petición de su partido, que en la exposición de motivos se precisara que no se criminalizará la lucha social. Ello era necesario, pues de otra forma la lucha emprendida por líderes sociales se clasificaría como crimen organizado, cuando se trata de una protesta de índole social, por lo que se incluyó en los antecedentes, no en la fracción primera del artículo constitucional referido, detalló.
Los cambios propuestos en el Artículo 73 consideran la necesidad de establecer la obligación del Congreso de legislar en materia de plebiscito y referéndum y, por consiguiente, la de convocar a los procesos que deriven del acuerdo de las Cámaras para que se realicen los procesos de referéndum y plebiscito. Estos deberán sujetarse a los procedimientos y a las condiciones que la ley determine para cada uno de los establecidos en la Constitución.
Por lo que hace al Artículo 116, se obligaría a los Congresos de las entidades federativas, con objeto de legislar lo conducente, a manera de garantizar en el ámbito de su competencia la sustanciación de los procesos de plebiscito y referéndum.
“Pero el referéndum constitucional, este, es de especial trascendencia para la vida democrática de México, porque pretende que las reformas o adiciones a la Constitución que traten sobre garantías sociales, la forma de Estado o el régimen de gobierno, deberán ser sujetas a referéndum ratificatorio con la finalidad de que la ciudadanía exprese el poder soberano que le otorga la Constitución y ratifique o en su caso rechace lo propuesto por los órganos legislativos que integran el proceso de reforma constitucional.
Hoy, una vez que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con objeto de que esta lo someta al pleno cameral en primera lectura, el martes próximo, y en segunda el miércoles, con objeto de que el texto se envíe a los Congresos locales y en 16 de los 31 sea ratificado para que el Ejecutivo, posteriormente, lo envíe para su publicación en el Diario Oficial y de esa forma se asiente definitivamente en la Constitución Nacional.
Pues ahora urge el referéndum revocatorio para mandar al usurpador a...
MEXICO, D.F., 4 de diciembre (LA JORNADA).- En consenso, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, en forma sorpresiva, el proyecto de dictamen con objeto de reformar la Constitución que permitirá, por vez primera en el país, crear las figuras de plebiscito y consulta popular. El texto será avalado por la mayoría de los legisladores federales, de acuerdo con el proceso parlamentario, el jueves de la semana próxima.
A pesar de no contemplarse entre las prioridades de la agenda legislativa del actual periodo ordinario de sesiones, las modificaciones constitucionales tienen su origen una década atrás, cuando por iniciativa del PRD se presentaron propuestas para impulsar el plebiscito y la consulta popular.
Incluso, se recordó en San Lázaro que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, el PRI y el PAN rechazaron sistemáticamente los ejercicios plebiscitarios y de consulta popular que emprendió la administración perredista en la capital del país, y por lo tanto aquellas iniciativas de reforma.
Y es que desde hace dos años, se constituyó un grupo de trabajo al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezado por Mónica Fernández, legisladora del PRD, para emprender el trabajo de redacción y conjunción de las iniciativas que existían en el archivo parlamentario, relativas a ambos temas.
De tal forma, tras 26 reuniones del grupo especial de trabajo, y cinco negativas de ser aceptado en el pleno cameral del dictamen sobre ambas asignaturas, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales resolvió votar a favor de la propuesta de proyecto de decreto que reforma y adiciona los Artículos 26, 35, 36, 40, 73, 116, 122 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre las más relevantes se encuentran las siguientes adiciones. En el Artículo 26 se establece la obligación del Ejecutivo federal de someter a plebiscito consultivo aquellas decisiones de especial trascendencia, que previo acuerdo del Congreso de la Unión así se decidan. Eso implica que el Ejecutivo deberá sujetar a la aplicación de las políticas públicas en cuestión al resultado del plebiscito, y no que el Ejecutivo vaya a convocar a plebiscito, la cual será facultad del Congreso, tal y como se establece en el Artículo 73 de la Constitución.
La reforma planteada a los Artículos 35 y 36 se refiere a garantizar al ciudadano la facultad de participar en procesos de plebiscito y referéndum, dotándolo con ello de una herramienta fundamental para la democracia en la toma de decisiones.
Por lo que hace al Artículo 40 se atiende a reconocer la participación ciudadana como eje central del Estado, es decir, se establece la voluntad del pueblo mexicano para constituirse como una república participativa en el Estado Democrático.
Asimismo, la instancia legislativa aprobó de forma unánime el dictamen que reforma el Artículo 73 constitucional, de manera que el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia de secuestro y crimen organizado, informó el diputado Andrés Lozano. El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que sobre los cambios al artículo referido se acordó incluir, a petición de su partido, que en la exposición de motivos se precisara que no se criminalizará la lucha social. Ello era necesario, pues de otra forma la lucha emprendida por líderes sociales se clasificaría como crimen organizado, cuando se trata de una protesta de índole social, por lo que se incluyó en los antecedentes, no en la fracción primera del artículo constitucional referido, detalló.
Los cambios propuestos en el Artículo 73 consideran la necesidad de establecer la obligación del Congreso de legislar en materia de plebiscito y referéndum y, por consiguiente, la de convocar a los procesos que deriven del acuerdo de las Cámaras para que se realicen los procesos de referéndum y plebiscito. Estos deberán sujetarse a los procedimientos y a las condiciones que la ley determine para cada uno de los establecidos en la Constitución.
Por lo que hace al Artículo 116, se obligaría a los Congresos de las entidades federativas, con objeto de legislar lo conducente, a manera de garantizar en el ámbito de su competencia la sustanciación de los procesos de plebiscito y referéndum.
“Pero el referéndum constitucional, este, es de especial trascendencia para la vida democrática de México, porque pretende que las reformas o adiciones a la Constitución que traten sobre garantías sociales, la forma de Estado o el régimen de gobierno, deberán ser sujetas a referéndum ratificatorio con la finalidad de que la ciudadanía exprese el poder soberano que le otorga la Constitución y ratifique o en su caso rechace lo propuesto por los órganos legislativos que integran el proceso de reforma constitucional.
Hoy, una vez que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con objeto de que esta lo someta al pleno cameral en primera lectura, el martes próximo, y en segunda el miércoles, con objeto de que el texto se envíe a los Congresos locales y en 16 de los 31 sea ratificado para que el Ejecutivo, posteriormente, lo envíe para su publicación en el Diario Oficial y de esa forma se asiente definitivamente en la Constitución Nacional.
Pues ahora urge el referéndum revocatorio para mandar al usurpador a...
Calderón, incapaz de controlar a los bancos
(y para qué no es incapaz este zoquete pelele)
Por Lilia Arellano
Estado de los Estados
“Pedir prestado no es mucho mejor que mendigar, así como el prestar con usura no es gran cosa menos que robar”: Gotthold Ephraim Lessing
Al igual que sus antecesoras, la actual administración federal que encabeza Felipe Calderón ha demostrado su incapacidad para controlar a los grandes grupos internacionales BBVA, Citigroup, Santander, HSBC y hasta el local Banorte, que dominan el sistema bancario mexicano, quienes han obtenido ganancias descomunales a través de prácticas predatorias, la usura y el abuso, que han puesto en verdaderos aprietos a millones de tarjetahabientes mexicanos y en riesgo la viabilidad del propio sistema financiero.
La presión de estos grandes grupos internacionales se resiente incluso en el Congreso de la Unión, en donde sus cabilderos presionan -y muy fuerte en términos económicos- a los legisladores federales para que quede intocable un tema de fondo, neurálgico, y que se refiere al hecho de que hasta la fecha no ha logrado prosperar ninguna legislación en torno a la reglamentación y limitación de los “intereses de usura”, que en muchos casos supera el 80 y hasta el 100 por ciento, tasas que no les permiten aplicar en sus países de origen y que en México lo hacen con total y absoluta impunidad, bajo la indiferente y complaciente mirada de Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México, y de Luis Pazos de la Torre, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Ortiz se ha negado terca y reiteradamente a establecer topes a las tasas de interés y controles a los comisiones.
Y es que los intereses en torno a este caso son realmente de peso. Como ejemplo baste señalar que tan sólo Banamex, filial de Citigroup, será el motor que ayudará al consorcio estadounidense a pagar los 20 mil millones de dólares que aportó el gobierno estadounidense para su rescate. No hay que olvidar que en 2007 Banamex aportó cerca de 19 mil millones de pesos de ganancias a Citigroup, y hasta el segundo semestre de este año las utilidades de Banamex sumaron 7 mil 490 millones de pesos. Al mes de septiembre el acumulado ya superaba los 8 mil 500 millones de pesos y la bolsa sigue subiendo. Este ritmo de ganancias ningún banquero que se respete está dispuesto a dejarlo, por lo que hacen todo lo posible por mantenerlo, aunque para eso tengan que invertir algunos cientos de millones de pesos.
Precisamente por esos cientos de millones de razones es sumamente difícil, por no decir imposible, la emisión de normas que realmente protejan a los clientes de las instituciones financieras de las prácticas predatorias de los intermediarios bancarios, y que puedan garantizar la protección de sus intereses particulares y del propio sistema financiero.
A pesar de sus multimillonarias ganancias, estos grupos financieros internacionales no han mejorado sus prácticas y por el contrario relajaron sus políticas para otorgar financiamiento y, por supuesto, incrementaron sus comisiones en muchos casos hasta por arriba del 100 por ciento, lo que ha ocasionado que cada vez más muchos usuarios de los servicios bancarios no puedan pagar sus tarjetas por las altas tasas de interés y por la multitud de comisiones. Esto ha hecho que la morosidad en el crédito al consumo fuera el mes pasado de 9.91 por ciento.
SOLO ALGUNOS CONTROLES
A Ignacio Deschamps, presidente de la unidad mexicana del banco español BBVA, al igual que a los capitanes de BBVA, Citigroup, Santander, HSBC, y hasta el local Banorte, no les cayó nada bien que legisladores de todas las fuerzas políticas en el Senado por fin pudieran ponerse de acuerdo y pusieran algún freno a sus abusos y hostigamientos en contra de los usuarios de tarjetas de crédito, a quienes impune e indiscriminadamente los despluman con el cobro de comisiones, de llamadas telefónicas, otorgamiento de tarjetas preaprobadas y hasta por no usarla, entre otras.
La Cámara Alta aprobó este jueves, con el aval de todas las fuerzas políticas, un paquete de reformas que busca controlar el “robo en despoblado” que llevan a cabo los grupos bancarios que operan en el país, a través de prácticas como las de otorgar tarjetas de crédito a menores de edad o preaprobadas a personas que no las solicitaron o incrementar los limites de financiamiento sin el consentimiento del usuario. Además de las altas tasas de interés, intocables hasta el momento, los usuarios nos vemos obligados a pagar comisiones anuales, mensuales, por disposición de efectivo, por exceder el límite de crédito y hasta por no usar el plástico.
Las nuevas normas ya aprobadas por los senadores y que tienen que ser también avaladas por los diputados federales -en donde se resentirán con mucha más fuerza los ”cañonazos” en efectivo detonados desde los poderosos grupos bancarios, quienes tienen trabajando horas extras a sus cabilderos- otorgan mayores facultades a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y abren la posibilidad para establecer un tope a las tasas de interés ordinarias que cobran los bancos en tarjetas de crédito. De acuerdo con el dictamen probado por 84 votos, dicha responsabilidad recaerá en el Banco de México con base en la Reforma de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. En este punto estaremos muy pendientes si Guillermo Ortiz cumple, ahora si, esta responsabilidad.
Las normas aprobadas por unanimidad determinan también que antes de otorgar una tarjeta de crédito, los bancos deberán comprobar que el cliente puede destinar hasta un 30 por ciento de su ingreso al pago de los abonos; otras medidas se refieren a la prohibición del incremento de los límites de crédito de manera unilateral y el cobro de comisiones que exceda el límite de crédito. También se estableció una expresa prohibición para que los bancos llamen a los domicilios particulares para la contratación de servicios financieros, lo cual sólo se podrá tramitar de manera física, con la autorización del usuario.
VA LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA
El yucateco Emilio Gamboa, coordinador de los diputados federales del PRI, volvió a hacer de las suyas en el Palacio Legislativo de San Lázaro y logró sacar a los legisladores del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con una modificación de última hora, los diputados acordaron que el Congreso salga de dicho consejo, con lo que éste quedará sólo en manos del Ejecutivo Federal y estatal. Fue José de Jesús Reina, diputado del PRI, el que propuso retirar a los dos integrantes del Congreso, un diputado y un senador, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el argumento de que el poder legislativo debe cumplir con la responsabilidad de legislar solamente en respeto a la autonomía de los poderes de la Unión, mientras que Manuel Cadena, del Partido anal, lamentó la autoexclusión a una responsabilidad que le corresponde a todos los ordenes de gobierno y no sólo al titular del Ejecutivo federal y estatales.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, luego de un debate de más de tres horas y con el voto en contra de Convergencia y la abstención de Alternativa. El dictamen que establece las bases para la coordinación entre la federación, estados y municipios en el combate a la delincuencia, se aprobó con 335 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones. Destaca que de última hora también se logró meter la garantía del resguardo de la información criminalística y las bases de datos de instituciones policíacas.
Por otra parte, tras darse a conocer “el fusilamiento” de 13 hombres originarios de Sonora, en un camino rural de Sinaloa, cuyos cuerpos estaban atados de mano, en fila y bocabajo, en la ciudad de México, el General de División, Javier del Real Magallanes, asumía la subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en sustitución de Facundo Rosas. Magallanes, un servidor público ajeno al primer círculo de Genaro García Luna, se convirtió así en el primer militar de alto rango en ocupar un puesto de funcionario en la SSP.
REPATRIAN CUBANOS
El desastre que dejo la administración de Vicente Fox –cuyas facultades mentales estaban y están seriamente dañadas- en cuanto a las relaciones de México con América Latina ha sido muy difícil de arreglar. Sin embargo, hay ya algunos avances, sobre todo en la relación con Argentina y con Cuba, cuyo distanciamiento con el gobierno comunista se agudizó en Marzo del 2002, durante la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo, a raíz del “comes y te vas” que le aplicó en Monterrey a Fidel Castro, con tal de quedar bien con George W. Bush, presidente de Estados Unidos.
En la segunda administración federal del PAN, el gobierno se ha tenido que esforzar por reparar los dinamitados lazos de amistad con los pueblos latinoamericanos, de quienes México se fue alejando por las estupideces del ex ejecutivo de Coca-Cola. Por lo que toca a Cuba, ya fue posible firmar el pasado 22 de octubre un “Memorando de Entendimiento para garantizar un Flujo Migratorio Legal, Ordenado y Seguro”, que fue signado por el canciller cubano Felipe Pérez Roque, y por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y cuyo propósito es abatir el tráfico ilícito de personas y la trata que ponen en riesgo la vida de los migrantes y personas inocentes.
Los gobiernos de Cuba y México subrayaron su propósito de proteger “a las víctimas del tráfico ilícito de personas y la trata, y preservar sus derechos humanos” y se comprometieron “a devolver a todos los nacionales de ambos países que se encuentren en situación irregular en el territorio de la otra parte, conforme a las categorías y procedimientos acordados; y a potenciar la cooperación y el intercambio de información permanente a través del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares de Cuba-México, para la ejecución y cumplimiento del Memorando acordado”.
Precisamente en base a dicho documento, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, y la Secretaría de Marina, Armada de México, repatriaron al primer grupo de 41 ciudadanos cubanos asegurados en territorio nacional y enviados a su país. La tarde de este jueves, desde Isla Mujeres, Quintana Roo, en el buque Huasteco, de la Armada de México, fueron embarcados 37 hombres y 4 mujeres cubanas, a fin de ser entregados al gobierno de la isla. De acuerdo con la información oficial, los nacionales cubanos recibieron, desde su aseguramiento hasta el traslado, atención de las autoridades migratorias y asistencia consular, así como alimentación, revisión médica, comunicación y “un trato apegado a los derechos humanos”.
DE LOS PASILLOS
Carlos Navarrte, coordinador del PRD en el Senado, acusó que el PRI y el PVEM utilizan electoralmente el debate sobre la aplicación de la pena de muerte a los secuestradores y les recordó que sin el apoyo del PAN y el Sol Azteca no se puede realizar una reforma a la Constitución. Sin embargo, Manlio Fabio Beltrones, el pastor de los senadores priístas, insiste en mantener el tema y llevarlo a “una discusión nacional” para “llenarnos de sabiduría”.
Ahora fue el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) el que ratificó que la economía de México, al igual que la de Estados Unidos, ya está en recesión, y explicó que el canal de transmisión directo de la misma es el sector manufacturero, sobre todo, la industria automotriz. A pesar de los dichos de Agustín Carstens, titular de la SHCP, el investigador Raúl Feliz aseguró que es improbable que el crecimiento de la economía mexicana alcance el 1.8% del PIB anunciado por el gobierno de Calderón, y en su lugar pronosticó que México crecerá sólo 0.34 por ciento el año próximo y repuntará en 2.6 por ciento en 2010.
( lilia_arellano@yahoo.com)
Por Lilia Arellano
Estado de los Estados
“Pedir prestado no es mucho mejor que mendigar, así como el prestar con usura no es gran cosa menos que robar”: Gotthold Ephraim Lessing
Al igual que sus antecesoras, la actual administración federal que encabeza Felipe Calderón ha demostrado su incapacidad para controlar a los grandes grupos internacionales BBVA, Citigroup, Santander, HSBC y hasta el local Banorte, que dominan el sistema bancario mexicano, quienes han obtenido ganancias descomunales a través de prácticas predatorias, la usura y el abuso, que han puesto en verdaderos aprietos a millones de tarjetahabientes mexicanos y en riesgo la viabilidad del propio sistema financiero.
La presión de estos grandes grupos internacionales se resiente incluso en el Congreso de la Unión, en donde sus cabilderos presionan -y muy fuerte en términos económicos- a los legisladores federales para que quede intocable un tema de fondo, neurálgico, y que se refiere al hecho de que hasta la fecha no ha logrado prosperar ninguna legislación en torno a la reglamentación y limitación de los “intereses de usura”, que en muchos casos supera el 80 y hasta el 100 por ciento, tasas que no les permiten aplicar en sus países de origen y que en México lo hacen con total y absoluta impunidad, bajo la indiferente y complaciente mirada de Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México, y de Luis Pazos de la Torre, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Ortiz se ha negado terca y reiteradamente a establecer topes a las tasas de interés y controles a los comisiones.
Y es que los intereses en torno a este caso son realmente de peso. Como ejemplo baste señalar que tan sólo Banamex, filial de Citigroup, será el motor que ayudará al consorcio estadounidense a pagar los 20 mil millones de dólares que aportó el gobierno estadounidense para su rescate. No hay que olvidar que en 2007 Banamex aportó cerca de 19 mil millones de pesos de ganancias a Citigroup, y hasta el segundo semestre de este año las utilidades de Banamex sumaron 7 mil 490 millones de pesos. Al mes de septiembre el acumulado ya superaba los 8 mil 500 millones de pesos y la bolsa sigue subiendo. Este ritmo de ganancias ningún banquero que se respete está dispuesto a dejarlo, por lo que hacen todo lo posible por mantenerlo, aunque para eso tengan que invertir algunos cientos de millones de pesos.
Precisamente por esos cientos de millones de razones es sumamente difícil, por no decir imposible, la emisión de normas que realmente protejan a los clientes de las instituciones financieras de las prácticas predatorias de los intermediarios bancarios, y que puedan garantizar la protección de sus intereses particulares y del propio sistema financiero.
A pesar de sus multimillonarias ganancias, estos grupos financieros internacionales no han mejorado sus prácticas y por el contrario relajaron sus políticas para otorgar financiamiento y, por supuesto, incrementaron sus comisiones en muchos casos hasta por arriba del 100 por ciento, lo que ha ocasionado que cada vez más muchos usuarios de los servicios bancarios no puedan pagar sus tarjetas por las altas tasas de interés y por la multitud de comisiones. Esto ha hecho que la morosidad en el crédito al consumo fuera el mes pasado de 9.91 por ciento.
SOLO ALGUNOS CONTROLES
A Ignacio Deschamps, presidente de la unidad mexicana del banco español BBVA, al igual que a los capitanes de BBVA, Citigroup, Santander, HSBC, y hasta el local Banorte, no les cayó nada bien que legisladores de todas las fuerzas políticas en el Senado por fin pudieran ponerse de acuerdo y pusieran algún freno a sus abusos y hostigamientos en contra de los usuarios de tarjetas de crédito, a quienes impune e indiscriminadamente los despluman con el cobro de comisiones, de llamadas telefónicas, otorgamiento de tarjetas preaprobadas y hasta por no usarla, entre otras.
La Cámara Alta aprobó este jueves, con el aval de todas las fuerzas políticas, un paquete de reformas que busca controlar el “robo en despoblado” que llevan a cabo los grupos bancarios que operan en el país, a través de prácticas como las de otorgar tarjetas de crédito a menores de edad o preaprobadas a personas que no las solicitaron o incrementar los limites de financiamiento sin el consentimiento del usuario. Además de las altas tasas de interés, intocables hasta el momento, los usuarios nos vemos obligados a pagar comisiones anuales, mensuales, por disposición de efectivo, por exceder el límite de crédito y hasta por no usar el plástico.
Las nuevas normas ya aprobadas por los senadores y que tienen que ser también avaladas por los diputados federales -en donde se resentirán con mucha más fuerza los ”cañonazos” en efectivo detonados desde los poderosos grupos bancarios, quienes tienen trabajando horas extras a sus cabilderos- otorgan mayores facultades a la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y abren la posibilidad para establecer un tope a las tasas de interés ordinarias que cobran los bancos en tarjetas de crédito. De acuerdo con el dictamen probado por 84 votos, dicha responsabilidad recaerá en el Banco de México con base en la Reforma de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. En este punto estaremos muy pendientes si Guillermo Ortiz cumple, ahora si, esta responsabilidad.
Las normas aprobadas por unanimidad determinan también que antes de otorgar una tarjeta de crédito, los bancos deberán comprobar que el cliente puede destinar hasta un 30 por ciento de su ingreso al pago de los abonos; otras medidas se refieren a la prohibición del incremento de los límites de crédito de manera unilateral y el cobro de comisiones que exceda el límite de crédito. También se estableció una expresa prohibición para que los bancos llamen a los domicilios particulares para la contratación de servicios financieros, lo cual sólo se podrá tramitar de manera física, con la autorización del usuario.
VA LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA
El yucateco Emilio Gamboa, coordinador de los diputados federales del PRI, volvió a hacer de las suyas en el Palacio Legislativo de San Lázaro y logró sacar a los legisladores del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Con una modificación de última hora, los diputados acordaron que el Congreso salga de dicho consejo, con lo que éste quedará sólo en manos del Ejecutivo Federal y estatal. Fue José de Jesús Reina, diputado del PRI, el que propuso retirar a los dos integrantes del Congreso, un diputado y un senador, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el argumento de que el poder legislativo debe cumplir con la responsabilidad de legislar solamente en respeto a la autonomía de los poderes de la Unión, mientras que Manuel Cadena, del Partido anal, lamentó la autoexclusión a una responsabilidad que le corresponde a todos los ordenes de gobierno y no sólo al titular del Ejecutivo federal y estatales.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, luego de un debate de más de tres horas y con el voto en contra de Convergencia y la abstención de Alternativa. El dictamen que establece las bases para la coordinación entre la federación, estados y municipios en el combate a la delincuencia, se aprobó con 335 votos a favor, 39 en contra y 13 abstenciones. Destaca que de última hora también se logró meter la garantía del resguardo de la información criminalística y las bases de datos de instituciones policíacas.
Por otra parte, tras darse a conocer “el fusilamiento” de 13 hombres originarios de Sonora, en un camino rural de Sinaloa, cuyos cuerpos estaban atados de mano, en fila y bocabajo, en la ciudad de México, el General de División, Javier del Real Magallanes, asumía la subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en sustitución de Facundo Rosas. Magallanes, un servidor público ajeno al primer círculo de Genaro García Luna, se convirtió así en el primer militar de alto rango en ocupar un puesto de funcionario en la SSP.
REPATRIAN CUBANOS
El desastre que dejo la administración de Vicente Fox –cuyas facultades mentales estaban y están seriamente dañadas- en cuanto a las relaciones de México con América Latina ha sido muy difícil de arreglar. Sin embargo, hay ya algunos avances, sobre todo en la relación con Argentina y con Cuba, cuyo distanciamiento con el gobierno comunista se agudizó en Marzo del 2002, durante la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo, a raíz del “comes y te vas” que le aplicó en Monterrey a Fidel Castro, con tal de quedar bien con George W. Bush, presidente de Estados Unidos.
En la segunda administración federal del PAN, el gobierno se ha tenido que esforzar por reparar los dinamitados lazos de amistad con los pueblos latinoamericanos, de quienes México se fue alejando por las estupideces del ex ejecutivo de Coca-Cola. Por lo que toca a Cuba, ya fue posible firmar el pasado 22 de octubre un “Memorando de Entendimiento para garantizar un Flujo Migratorio Legal, Ordenado y Seguro”, que fue signado por el canciller cubano Felipe Pérez Roque, y por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y cuyo propósito es abatir el tráfico ilícito de personas y la trata que ponen en riesgo la vida de los migrantes y personas inocentes.
Los gobiernos de Cuba y México subrayaron su propósito de proteger “a las víctimas del tráfico ilícito de personas y la trata, y preservar sus derechos humanos” y se comprometieron “a devolver a todos los nacionales de ambos países que se encuentren en situación irregular en el territorio de la otra parte, conforme a las categorías y procedimientos acordados; y a potenciar la cooperación y el intercambio de información permanente a través del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares de Cuba-México, para la ejecución y cumplimiento del Memorando acordado”.
Precisamente en base a dicho documento, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, y la Secretaría de Marina, Armada de México, repatriaron al primer grupo de 41 ciudadanos cubanos asegurados en territorio nacional y enviados a su país. La tarde de este jueves, desde Isla Mujeres, Quintana Roo, en el buque Huasteco, de la Armada de México, fueron embarcados 37 hombres y 4 mujeres cubanas, a fin de ser entregados al gobierno de la isla. De acuerdo con la información oficial, los nacionales cubanos recibieron, desde su aseguramiento hasta el traslado, atención de las autoridades migratorias y asistencia consular, así como alimentación, revisión médica, comunicación y “un trato apegado a los derechos humanos”.
DE LOS PASILLOS
Carlos Navarrte, coordinador del PRD en el Senado, acusó que el PRI y el PVEM utilizan electoralmente el debate sobre la aplicación de la pena de muerte a los secuestradores y les recordó que sin el apoyo del PAN y el Sol Azteca no se puede realizar una reforma a la Constitución. Sin embargo, Manlio Fabio Beltrones, el pastor de los senadores priístas, insiste en mantener el tema y llevarlo a “una discusión nacional” para “llenarnos de sabiduría”.
Ahora fue el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) el que ratificó que la economía de México, al igual que la de Estados Unidos, ya está en recesión, y explicó que el canal de transmisión directo de la misma es el sector manufacturero, sobre todo, la industria automotriz. A pesar de los dichos de Agustín Carstens, titular de la SHCP, el investigador Raúl Feliz aseguró que es improbable que el crecimiento de la economía mexicana alcance el 1.8% del PIB anunciado por el gobierno de Calderón, y en su lugar pronosticó que México crecerá sólo 0.34 por ciento el año próximo y repuntará en 2.6 por ciento en 2010.
( lilia_arellano@yahoo.com)
Murió el líder Othón Salazar
El legendario profesor normalista, ícono del movimiento comunista en el país / Destacado defensor del Magisterio Democrático
CHILPANCINGO, Gro., 4 de diciembre (APRO).- El legendario profesor normalista, ícono del movimiento comunista en el país, Othón Salazar Ramírez, falleció esta tarde, debido a una insuficiencia renal e hipertensión.
Salazar murió en su casa de Tlapa, Guerrero, y será trasladado a su natal Alcozauca, donde será sepultado, informó el profesor universitario, Leoncio Domínguez Covarrubias, amigo y cofundador del último movimiento social que dirigió el histórico dirigente magisterial en 1999, el movimiento Socialista de la Montaña.
El profesor Othón Salazar nació en Alcozauca de Guerrero, región de la Montaña, el 17 de mayo de 1924. Estudió en las escuelas normales rurales de Oaxtepec, Morelos y Ayotzinapa, Guerrero, entre 1942 y 1943, y en la Escuela Normal Superior de México, de 1951 a 1954, donde fue presidente del Comité de Huelga en 1954, primera huelga que estalló en la historia de este plantel de nivel superior.
Fue profesor en escuelas primarias del Distrito Federal entre 1949 y 1960 y profesor fundador de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior (ESANS) de México en 1955, de la que fue expulsado al oponerse a que se expulsara injustamente a un alumno de tercer grado.
En 1960 fue cesado por el gobierno de Adolfo López Mateos en sus dos plazas.
De 1987 a 1989, Salazar fue presidente municipal de Alcozahuaca de Guerrero, hecho histórico porque se convirtió en el primer municipio comunista en el país.
Militante del Partido Comunista Mexicano, fundador del PSUM, fue reconocido como pilar de la izquierda mexicana y destacado defendor del magisterio democrático.
Ésta sí es una pérdida para México, a diferencia de Carlos Abascal, enemigo de la nación a quien el pueblo le gritó que se largara cuando acompañó a Encinas a dar el grito de Independencia el 15 de septiembre de 2006.
CHILPANCINGO, Gro., 4 de diciembre (APRO).- El legendario profesor normalista, ícono del movimiento comunista en el país, Othón Salazar Ramírez, falleció esta tarde, debido a una insuficiencia renal e hipertensión.
Salazar murió en su casa de Tlapa, Guerrero, y será trasladado a su natal Alcozauca, donde será sepultado, informó el profesor universitario, Leoncio Domínguez Covarrubias, amigo y cofundador del último movimiento social que dirigió el histórico dirigente magisterial en 1999, el movimiento Socialista de la Montaña.
El profesor Othón Salazar nació en Alcozauca de Guerrero, región de la Montaña, el 17 de mayo de 1924. Estudió en las escuelas normales rurales de Oaxtepec, Morelos y Ayotzinapa, Guerrero, entre 1942 y 1943, y en la Escuela Normal Superior de México, de 1951 a 1954, donde fue presidente del Comité de Huelga en 1954, primera huelga que estalló en la historia de este plantel de nivel superior.
Fue profesor en escuelas primarias del Distrito Federal entre 1949 y 1960 y profesor fundador de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior (ESANS) de México en 1955, de la que fue expulsado al oponerse a que se expulsara injustamente a un alumno de tercer grado.
En 1960 fue cesado por el gobierno de Adolfo López Mateos en sus dos plazas.
De 1987 a 1989, Salazar fue presidente municipal de Alcozahuaca de Guerrero, hecho histórico porque se convirtió en el primer municipio comunista en el país.
Militante del Partido Comunista Mexicano, fundador del PSUM, fue reconocido como pilar de la izquierda mexicana y destacado defendor del magisterio democrático.
Ésta sí es una pérdida para México, a diferencia de Carlos Abascal, enemigo de la nación a quien el pueblo le gritó que se largara cuando acompañó a Encinas a dar el grito de Independencia el 15 de septiembre de 2006.
Grave, el nivel de intoxicaciones por plaguicidas en México, dicen expertos
Proponen promover control biológico para el combate a plagas
Javier Salinas Cesáreo
La Jornada
Al menos 3 millones de trabajadores agrícolas en el mundo resultan intoxicados cada año con plaguicidas, y unos 20 mil mueren directamente por el uso de agroquímicos, advirtieron investigadores que participan en la Jornada por los alimentos sanos, libres de plaguicidas y transgénicos en la Universidad Autónoma Chapingo (Uach).
Fernando Bahena Juárez, miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), puntualizó que en México la situación no es menos preocupante, ya que en la segunda mitad de los años 90 hubo oficialmente más de 5 mil intoxicados por año, pero la cifra real es de cinco a 50 veces mayor.
Destacó que aunque los reportes se encuentran dispersos, existen denuncias que han documentado intoxicaciones en Sonora, Sinaloa, estado de México, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Nayarit, Chiapas y San Luis Potosí.
Al presentar el libro Enemigos naturales de las plagas agrícolas del maíz y otros cultivos, el especialista expuso que es necesario modificar la forma de combatir las plagas. En su investigación enlista 20 insectos benéficos que están en parcelas nativas de maíz, que son reflejo de la biodiversidad, “que habría que potencializar con prácticas de conservación in situ y que son el otro camino para preservar la biodiversidad y tener un control efectivo de plagas y elevar la productividad, pero sin arriesgar y sin sacrificar la salud y el ambiente”.
En la inauguración de la reunión también participó Aleira Lara Galicia, coordinadora de la campaña agrícola sustentable y transgénicos, de Greenpeace, quien habló de los graves impactos de la utilización de transgénicos.
Dio a conocer que la contaminación de cultivos de maíz en el valle de Cuauhtémoc, Chihuahua, por organismos genéticamente modificados (reconocida por las autoridades), se documentan debidamente para ser presentada a escala internacional en el Tribunal de los Pueblos, el próximo año en Roma.
Señaló que las propias autoridades reconocieron que 70 hectáreas estaban contaminadas por transgénicos, pero que no existe certeza de que las demás 250 mil hectáreas estén libres de la contaminación.
Puntualizó que la Secretaría de Agricultura no ha dado respuesta oficial, por lo que exigió a la dependencia actuar de manera contundente para evitar la implantación de transgénicos en dicho estado.
Javier Salinas Cesáreo
La Jornada
Al menos 3 millones de trabajadores agrícolas en el mundo resultan intoxicados cada año con plaguicidas, y unos 20 mil mueren directamente por el uso de agroquímicos, advirtieron investigadores que participan en la Jornada por los alimentos sanos, libres de plaguicidas y transgénicos en la Universidad Autónoma Chapingo (Uach).
Fernando Bahena Juárez, miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), puntualizó que en México la situación no es menos preocupante, ya que en la segunda mitad de los años 90 hubo oficialmente más de 5 mil intoxicados por año, pero la cifra real es de cinco a 50 veces mayor.
Destacó que aunque los reportes se encuentran dispersos, existen denuncias que han documentado intoxicaciones en Sonora, Sinaloa, estado de México, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Nayarit, Chiapas y San Luis Potosí.
Al presentar el libro Enemigos naturales de las plagas agrícolas del maíz y otros cultivos, el especialista expuso que es necesario modificar la forma de combatir las plagas. En su investigación enlista 20 insectos benéficos que están en parcelas nativas de maíz, que son reflejo de la biodiversidad, “que habría que potencializar con prácticas de conservación in situ y que son el otro camino para preservar la biodiversidad y tener un control efectivo de plagas y elevar la productividad, pero sin arriesgar y sin sacrificar la salud y el ambiente”.
En la inauguración de la reunión también participó Aleira Lara Galicia, coordinadora de la campaña agrícola sustentable y transgénicos, de Greenpeace, quien habló de los graves impactos de la utilización de transgénicos.
Dio a conocer que la contaminación de cultivos de maíz en el valle de Cuauhtémoc, Chihuahua, por organismos genéticamente modificados (reconocida por las autoridades), se documentan debidamente para ser presentada a escala internacional en el Tribunal de los Pueblos, el próximo año en Roma.
Señaló que las propias autoridades reconocieron que 70 hectáreas estaban contaminadas por transgénicos, pero que no existe certeza de que las demás 250 mil hectáreas estén libres de la contaminación.
Puntualizó que la Secretaría de Agricultura no ha dado respuesta oficial, por lo que exigió a la dependencia actuar de manera contundente para evitar la implantación de transgénicos en dicho estado.
Uribe financió su guerra sucia con fondos de cooperación internacional
Se estima que más de 2.100 civiles han sido asesinados para cobrar recompensas
Gorka Castillo
Público
Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escándalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombrías cañerías del Estado, ahora se suma la filtración de que el Ejército ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que además han sido financiadas con fondos de la cooperación internacional.
La espoleta de esta eliminación sistemática fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.
La artimaña que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría.
Organizaciones civiles calculan que el número de víctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la UE- mostró ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas "procederán del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional".
Extracto del documento en el que se especifica la financiación de las recompensas
Este protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe. También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países, entre ellos España.
1.300 euros por ‘guerrillero'
El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.
Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.
Asesinatos impunes o falsos positivos
El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como eufemísticamente las denomina el Gobierno de Álvaro Uribe, se destapó hace un mes, cuando un militar reveló que 20 civiles de clase baja desaparecidos cerca de Bogotá habían sido secuestrados para ser asesinados y presentados a la sociedad como guerrilleros de las FARC. Al principio, Uribe entró en cólera contra el autor de difundir esta “falaz” información. En los días siguientes, su tono perdió agresividad hasta llegar al reconocimiento de que aquella atrocidad “era cierta, aunque no generalizada, en unas Fuerzas Armadas modélicas con los derechos humanos”. Dimitió el jefe del Ejército, Mario Montoya, el ingeniero de la liberación de Betancourt, y 27 oficiales fueron destituidos. Alguien, también militar, aseguró que era la punta del iceberg de una política que legaliza la impunidad “y propaga el miedo”.
Gorka Castillo
Público
Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escándalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombrías cañerías del Estado, ahora se suma la filtración de que el Ejército ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que además han sido financiadas con fondos de la cooperación internacional.
La espoleta de esta eliminación sistemática fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.
La artimaña que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría.
Organizaciones civiles calculan que el número de víctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la UE- mostró ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas "procederán del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional".
Extracto del documento en el que se especifica la financiación de las recompensasEste protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe. También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países, entre ellos España.
1.300 euros por ‘guerrillero'
El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.
Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.
Asesinatos impunes o falsos positivosEl escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como eufemísticamente las denomina el Gobierno de Álvaro Uribe, se destapó hace un mes, cuando un militar reveló que 20 civiles de clase baja desaparecidos cerca de Bogotá habían sido secuestrados para ser asesinados y presentados a la sociedad como guerrilleros de las FARC. Al principio, Uribe entró en cólera contra el autor de difundir esta “falaz” información. En los días siguientes, su tono perdió agresividad hasta llegar al reconocimiento de que aquella atrocidad “era cierta, aunque no generalizada, en unas Fuerzas Armadas modélicas con los derechos humanos”. Dimitió el jefe del Ejército, Mario Montoya, el ingeniero de la liberación de Betancourt, y 27 oficiales fueron destituidos. Alguien, también militar, aseguró que era la punta del iceberg de una política que legaliza la impunidad “y propaga el miedo”.
Pemex impide la organización gremial, denuncian técnicos y profesionistas
La paraestatal cesa a unos 40 empleados que presentan registro ante la STPS
Afirma la empresa que buscamos dañarla; sólo apelamos al derecho de libre asociación, dicen
Carolina Gómez Mena
Pemex de manera sistemática “boicotea” cualquier intento de organización que realicen sus técnicos, señaló Didier Marquina Cárdenas, secretario general de la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros (UNTPP), quienes tramitan su registro como organización gremial ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En entrevista, el ingeniero narró que “no es la primera vez que esto ocurre en cada ocasión que los técnicos y profesionistas hemos formado un sindicato, la dirección de Pemex despide al comité ejecutivo y a los principales activistas. Sucedió en 1975 cuando formamos la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (ANTPP); en 2004, con la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), y cuando la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP) había ganado ya su registro en la Suprema Corte”.
Asimismo, indicó que la dirección de la paraestatal continúa obligando a los miembros de la unión a firmar un documento en el que se retractan de su afiliación para enviarlo a la STPS, se constate que carece de miembros suficientes y se le niegue el registro.
Marquina Cárdenas, quien era encargado del departamento de informática del complejo petroquímico Cangrejera, hasta que fue “desalojado” de su lugar de trabajo por elementos de seguridad de la empresa, encabezó ayer una manifestación a las afueras de la oficinas de la paraestatal, en donde expuso que la unión espera que pronto se solucione el problema de los más de 40 “ceses injustificados” de integrantes de la UNTPP, así como la intención de la empresa de impedir que se obtenga el registro sindical.
“Eso fue un acto de represión y no sabemos en qué estado estamos, porque no nos han entregado un solo papel que diga si estamos despedidos o no”, comentó al reiterar que fue el 14 de noviembre cuando “con lujo de violencia, dirigentes y afiliados de la UNTPP fuimos desalojados de nuestros centros de trabajo (refinerías, terminales de distribución y reparto, complejos petroquímicos, oficinas centrales, e instalaciones de Pemex Exploración y Producción), por integrantes de un grupo de ‘especiales’, el cual está dirigido por militares en retiro”.
Apuntó que de acuerdo con Marco Antonio Murillo Soberanis, subdirector corporativo de recursos humanos, los integrantes de la UNTPP son “desleales” a Pemex por su interés de formar un sindicato y “buscamos dañar a nuestra empresa, lo cual no es verdad sólo queremos ejercer nuestro derecho de asociación lo cual está consagrado en la Constitución, así como en el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT, sobre la libertad gremial y la protección del derecho de sindicación, que fue firmado por nuestro país y, por lo tanto, es de observancia obligatoria para el gobierno mexicano”.
Afirma la empresa que buscamos dañarla; sólo apelamos al derecho de libre asociación, dicen
Carolina Gómez Mena
Pemex de manera sistemática “boicotea” cualquier intento de organización que realicen sus técnicos, señaló Didier Marquina Cárdenas, secretario general de la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros (UNTPP), quienes tramitan su registro como organización gremial ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
En entrevista, el ingeniero narró que “no es la primera vez que esto ocurre en cada ocasión que los técnicos y profesionistas hemos formado un sindicato, la dirección de Pemex despide al comité ejecutivo y a los principales activistas. Sucedió en 1975 cuando formamos la Asociación Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (ANTPP); en 2004, con la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (UNTCIP), y cuando la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP) había ganado ya su registro en la Suprema Corte”.
Asimismo, indicó que la dirección de la paraestatal continúa obligando a los miembros de la unión a firmar un documento en el que se retractan de su afiliación para enviarlo a la STPS, se constate que carece de miembros suficientes y se le niegue el registro.
Marquina Cárdenas, quien era encargado del departamento de informática del complejo petroquímico Cangrejera, hasta que fue “desalojado” de su lugar de trabajo por elementos de seguridad de la empresa, encabezó ayer una manifestación a las afueras de la oficinas de la paraestatal, en donde expuso que la unión espera que pronto se solucione el problema de los más de 40 “ceses injustificados” de integrantes de la UNTPP, así como la intención de la empresa de impedir que se obtenga el registro sindical.
“Eso fue un acto de represión y no sabemos en qué estado estamos, porque no nos han entregado un solo papel que diga si estamos despedidos o no”, comentó al reiterar que fue el 14 de noviembre cuando “con lujo de violencia, dirigentes y afiliados de la UNTPP fuimos desalojados de nuestros centros de trabajo (refinerías, terminales de distribución y reparto, complejos petroquímicos, oficinas centrales, e instalaciones de Pemex Exploración y Producción), por integrantes de un grupo de ‘especiales’, el cual está dirigido por militares en retiro”.
Apuntó que de acuerdo con Marco Antonio Murillo Soberanis, subdirector corporativo de recursos humanos, los integrantes de la UNTPP son “desleales” a Pemex por su interés de formar un sindicato y “buscamos dañar a nuestra empresa, lo cual no es verdad sólo queremos ejercer nuestro derecho de asociación lo cual está consagrado en la Constitución, así como en el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT, sobre la libertad gremial y la protección del derecho de sindicación, que fue firmado por nuestro país y, por lo tanto, es de observancia obligatoria para el gobierno mexicano”.
Teme Globovisión que “en el momento menos esperado” su señal salga del aire 72 horas
Las autoridades acusan a la televisora de incitación a la violencia en Venezuela
Notimex, Reuters y Dpa
Caracas, 4 de diciembre. La televisora venezolana Globovisión manifestó hoy su temor de que “en el momento menos esperado” sus transmisiones salgan del aire por 72 horas, por haber incurrido de acuerdo con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en “incitación a la violencia” durante el proceso electoral del mes pasado.
Ya es hora de que ese cáncer de la sociedad venezolana sea extirpado. Es inexplicable que ese medio de comunicación que ha envenenado a muchos venezolanos con la mentira, la calumnia y la desinformación siga asesinando la inteligencia de los ciudadanos. Cómo es posible que un canal que montó un golpe de estado y que coadyuvó al asesinato de muchos venezolanos en el 2002 haya seguido operando. Cómo es posible que ese canal que incita a asesinar al presidente democráticamente electo continúe al aire. Globovisión debe salir del aire ¡YA! y sus dueños debieran ser procesados por delincuentes, homicidas y traidores a su patria.
Juan Beaumont, coordinador de información de la cadena los fines de semana, señaló que la Conatel está retrasando a propósito la fecha en que el canal saldrá del aire con el objetivo de “crear tensión” entre sus trabajadores.
La semana pasada, el organismo gubernamental comenzó dos investigaciones administrativas contra Globovisión, por faltas a la ley electoral e incitación a la violencia, lo cual podría causar el cierre definitivo de la televisora.
Elda Rodríguez, directora de la Conatel, notificó el pasado 27 de noviembre a Globovisión que se le iniciaría una investigación por haber infringido la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, específicamente la parte que prohíbe los mensajes que “promuevan, hagan apología o inciten” a alterar el orden público.
Rodríguez indicó que Globovisión violó la ley al reproducir una declaración del candidato opositor a la gubernatura de la provincia de Carabobo, Henrique Salas Feo, quien el 24 de noviembre llamó a sus simpatizantes a “apersonarse” ante el Consejo Nacional Electoral para exigir los resultados de los comicios.
Ésta es la segunda acusación que debe enfrentar el canal privado. Conatel empezó en octubre una investigación por las declaraciones de un líder opositor que comparaban a Hugo Chávez con Benito Mussolini y que, según las autoridades, incitaban a su asesinato.
Beaumont afirmó que al gobierno le molesta la labor informativa de Globovisión, que se ha dedicado a reflejar los problemas del país, y dijo que el pueblo manifestará su repudio al cierre de la emisora, en caso de que suceda.
Las tensiones entre Chávez y Globovisión, propiedad del magnate venezolano Gustavo Cisneros, tienen como antecedente directo la polémica que causó la decisión del gobierno de no renovar la concesión de la emisora Radio Caracas Televisión, en 2007.
La decisión fue duramente criticada por varios medios de comunicación, pero Chávez defendió la medida alegando que su gobierno ejerció su facultad de recuperar una frecuencia de televisión que pertenece al Estado, y recordó que la televisora tuvo una participación activa en el fallido golpe de Estado de abril de 2002.
En este escenario, un grupo de diputados disidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela llamó a conformar una coalición contra la enmienda constitucional que le permitiría a Chávez aspirar a la relección continua sin límite de tiempo, en momentos en que el anunció que seguirá impulsando dicha iniciativa.
Notimex, Reuters y Dpa
Caracas, 4 de diciembre. La televisora venezolana Globovisión manifestó hoy su temor de que “en el momento menos esperado” sus transmisiones salgan del aire por 72 horas, por haber incurrido de acuerdo con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en “incitación a la violencia” durante el proceso electoral del mes pasado.
Ya es hora de que ese cáncer de la sociedad venezolana sea extirpado. Es inexplicable que ese medio de comunicación que ha envenenado a muchos venezolanos con la mentira, la calumnia y la desinformación siga asesinando la inteligencia de los ciudadanos. Cómo es posible que un canal que montó un golpe de estado y que coadyuvó al asesinato de muchos venezolanos en el 2002 haya seguido operando. Cómo es posible que ese canal que incita a asesinar al presidente democráticamente electo continúe al aire. Globovisión debe salir del aire ¡YA! y sus dueños debieran ser procesados por delincuentes, homicidas y traidores a su patria.
Juan Beaumont, coordinador de información de la cadena los fines de semana, señaló que la Conatel está retrasando a propósito la fecha en que el canal saldrá del aire con el objetivo de “crear tensión” entre sus trabajadores.
La semana pasada, el organismo gubernamental comenzó dos investigaciones administrativas contra Globovisión, por faltas a la ley electoral e incitación a la violencia, lo cual podría causar el cierre definitivo de la televisora.
Elda Rodríguez, directora de la Conatel, notificó el pasado 27 de noviembre a Globovisión que se le iniciaría una investigación por haber infringido la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, específicamente la parte que prohíbe los mensajes que “promuevan, hagan apología o inciten” a alterar el orden público.
Rodríguez indicó que Globovisión violó la ley al reproducir una declaración del candidato opositor a la gubernatura de la provincia de Carabobo, Henrique Salas Feo, quien el 24 de noviembre llamó a sus simpatizantes a “apersonarse” ante el Consejo Nacional Electoral para exigir los resultados de los comicios.
Ésta es la segunda acusación que debe enfrentar el canal privado. Conatel empezó en octubre una investigación por las declaraciones de un líder opositor que comparaban a Hugo Chávez con Benito Mussolini y que, según las autoridades, incitaban a su asesinato.
Beaumont afirmó que al gobierno le molesta la labor informativa de Globovisión, que se ha dedicado a reflejar los problemas del país, y dijo que el pueblo manifestará su repudio al cierre de la emisora, en caso de que suceda.
Las tensiones entre Chávez y Globovisión, propiedad del magnate venezolano Gustavo Cisneros, tienen como antecedente directo la polémica que causó la decisión del gobierno de no renovar la concesión de la emisora Radio Caracas Televisión, en 2007.
La decisión fue duramente criticada por varios medios de comunicación, pero Chávez defendió la medida alegando que su gobierno ejerció su facultad de recuperar una frecuencia de televisión que pertenece al Estado, y recordó que la televisora tuvo una participación activa en el fallido golpe de Estado de abril de 2002.
En este escenario, un grupo de diputados disidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela llamó a conformar una coalición contra la enmienda constitucional que le permitiría a Chávez aspirar a la relección continua sin límite de tiempo, en momentos en que el anunció que seguirá impulsando dicha iniciativa.
Prevé López Obrador “crecimiento cero” para el país en los años 2009 y 2010
No ve fin a “esta pesadilla”; inicia gira por municipios de Michoacán, Jalisco y Colima
Exige que haya precios de garantía en productos del campo y rebajas en artículos de consumo generalizado
Fabiola Martínez (Enviada)
Chinicuila, Mich., 4 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador dijo que la situación económica del país se agravará a corto plazo y previó que el crecimiento será “cero” durante los años 2009 y 2010. “No hay para cuándo termine esta pesadilla”, expresó.
Al inicio de una nueva gira semanal –esta vez por municipios de Michoacán, Jalisco y Colima–, el “presidente legítimo de México” destacó que los próximos meses serán muy delicados. De ahí que el movimiento que encabeza se dedicará fundamentalmente a pugnar por el establecimiento de precios de garantía para productos del campo y también exigir una reducción de precios en productos de consumo generalizado.
El ex candidato presidencial reiteró que el país vive bajo una “dictadura encubierta”, integrada por un pequeño grupo de 30 personas que manejan México bajo tres bases: “el pelele, la dupla partidista PRI-PAN y la televisión”.
Esos 30, agregó, tienen amplia influencia en la ruta de la política económica que tiene sumido al país en un estancamiento con severas consecuencias en el nivel de vida de la población; además, sustentan sus acciones en un “títere mayordomo”, en la persona de Felipe Calderón. “El gobierno usurpador está secuestrado y al servicio de los potentados. Son dos partidos, un pelele y la tele. Así es como dominan”, expresó.
López Obrador inició un recorrido por los municipios del país en enero de 2007. Hasta este momento ha visitado cerca de mil 800 ayuntamientos de los 2 mil 37 gobernados por el régimen de partidos políticos. Le restan alrededor de 230 y los regidos por usos y costumbres; espera concluir esta larga gira en los últimos días de febrero.
Nueva etapa
Tras la lucha por impedir la reforma petrolera, enviada al Congreso por Felipe Calderón en abril pasado y aprobada hace un mes, el político tabasqueño ha iniciado una nueva etapa de movilización ciudadana en defensa de la economía popular, especialmente ahora que Estados Unidos se encuentra en recesión y México no logra salir del proceso de descomposición política, económica y social.
Ante simpatizantes, primero en Nuevo Urecho y más tarde en Coalcomán de Vázquez Pallares, Villa Victoria (Chinicuila) y Aquila, López Obrador explicó que la situación actual no se desprende de un designio divino, sino de la corrupción de gobernantes que han aplicado una política económica errada durante los últimos 25 años.
Por ello advierte que la situación “se pondrá peor” y los efectos negativos en materia económica se prologarán hasta 2010, en un contexto de decadencia y degradación en todos los ámbitos, especialmente en los valores.
Al transitar cientos de kilómetros por la montaña y zona de costa de Michoacán, López Obrador augura un “panorama negro, un huracán”, del que, sin embargo, no se ha alertado a la población.
El ex candidato presidencial pidió a sus seguidores no desanimarse y “buscar la manera de seguir en este movimiento”. En diversas ocasiones se refirió al panorama adverso, derivado de la recesión estadunidense y de la ausencia de medidas que se hayan tomado ante elementos importantes para el país como la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo, la reducción en los envíos de dinero (remesas) y una baja en la actividad turística.
“Lo que viene es algo delicado, grave; definitivamente se acerca una etapa que no es la mejor. Por ello, nuestro movimiento se va a dedicar a defender la economía popular”, dijo.
López Obrador puntualizó las acciones para exigir que se fijen precios de garantía para productos del campo; particularmente, plantear (a través de los legisladores del Frente Amplio Progresista) subsidios que permitan fijar los precios de los fertilizantes, así como de gasolina, luz, gas y diesel.
Bajo ese eje discursivo el político tabasqueño optó por no pronunciarse acerca de otros temas coyunturales como el debate acerca de la pena de muerte o la situación de su partido, el PRD.
Para él es necesario discutir y analizar los temas relativos a la situación económica venidera y la forma en que puedan atajarse las “fechorías de la mafia que se ha apoderado del país.
“Hasta el gobierno usurpador ha tenido que aceptar que viene lo peor y que nos va a pegar fuerte”, dijo.
Con el recorrido de este jueves, el ex jefe de Gobierno capitalino concluirá prácticamente su gira por los municipios de Michoacán (le restaría sólo uno), con el fin de avanzar en otras entidades, como Jalisco, y mantener su plan de acción con diversas estrategias en la ciudad de México.
La gira sigue.
Exige que haya precios de garantía en productos del campo y rebajas en artículos de consumo generalizado
Fabiola Martínez (Enviada)
Chinicuila, Mich., 4 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador dijo que la situación económica del país se agravará a corto plazo y previó que el crecimiento será “cero” durante los años 2009 y 2010. “No hay para cuándo termine esta pesadilla”, expresó.
Al inicio de una nueva gira semanal –esta vez por municipios de Michoacán, Jalisco y Colima–, el “presidente legítimo de México” destacó que los próximos meses serán muy delicados. De ahí que el movimiento que encabeza se dedicará fundamentalmente a pugnar por el establecimiento de precios de garantía para productos del campo y también exigir una reducción de precios en productos de consumo generalizado.
El ex candidato presidencial reiteró que el país vive bajo una “dictadura encubierta”, integrada por un pequeño grupo de 30 personas que manejan México bajo tres bases: “el pelele, la dupla partidista PRI-PAN y la televisión”.
Esos 30, agregó, tienen amplia influencia en la ruta de la política económica que tiene sumido al país en un estancamiento con severas consecuencias en el nivel de vida de la población; además, sustentan sus acciones en un “títere mayordomo”, en la persona de Felipe Calderón. “El gobierno usurpador está secuestrado y al servicio de los potentados. Son dos partidos, un pelele y la tele. Así es como dominan”, expresó.
López Obrador inició un recorrido por los municipios del país en enero de 2007. Hasta este momento ha visitado cerca de mil 800 ayuntamientos de los 2 mil 37 gobernados por el régimen de partidos políticos. Le restan alrededor de 230 y los regidos por usos y costumbres; espera concluir esta larga gira en los últimos días de febrero.
Nueva etapa
Tras la lucha por impedir la reforma petrolera, enviada al Congreso por Felipe Calderón en abril pasado y aprobada hace un mes, el político tabasqueño ha iniciado una nueva etapa de movilización ciudadana en defensa de la economía popular, especialmente ahora que Estados Unidos se encuentra en recesión y México no logra salir del proceso de descomposición política, económica y social.
Ante simpatizantes, primero en Nuevo Urecho y más tarde en Coalcomán de Vázquez Pallares, Villa Victoria (Chinicuila) y Aquila, López Obrador explicó que la situación actual no se desprende de un designio divino, sino de la corrupción de gobernantes que han aplicado una política económica errada durante los últimos 25 años.
Por ello advierte que la situación “se pondrá peor” y los efectos negativos en materia económica se prologarán hasta 2010, en un contexto de decadencia y degradación en todos los ámbitos, especialmente en los valores.
Al transitar cientos de kilómetros por la montaña y zona de costa de Michoacán, López Obrador augura un “panorama negro, un huracán”, del que, sin embargo, no se ha alertado a la población.
El ex candidato presidencial pidió a sus seguidores no desanimarse y “buscar la manera de seguir en este movimiento”. En diversas ocasiones se refirió al panorama adverso, derivado de la recesión estadunidense y de la ausencia de medidas que se hayan tomado ante elementos importantes para el país como la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo, la reducción en los envíos de dinero (remesas) y una baja en la actividad turística.
“Lo que viene es algo delicado, grave; definitivamente se acerca una etapa que no es la mejor. Por ello, nuestro movimiento se va a dedicar a defender la economía popular”, dijo.
López Obrador puntualizó las acciones para exigir que se fijen precios de garantía para productos del campo; particularmente, plantear (a través de los legisladores del Frente Amplio Progresista) subsidios que permitan fijar los precios de los fertilizantes, así como de gasolina, luz, gas y diesel.
Bajo ese eje discursivo el político tabasqueño optó por no pronunciarse acerca de otros temas coyunturales como el debate acerca de la pena de muerte o la situación de su partido, el PRD.
Para él es necesario discutir y analizar los temas relativos a la situación económica venidera y la forma en que puedan atajarse las “fechorías de la mafia que se ha apoderado del país.
“Hasta el gobierno usurpador ha tenido que aceptar que viene lo peor y que nos va a pegar fuerte”, dijo.
Con el recorrido de este jueves, el ex jefe de Gobierno capitalino concluirá prácticamente su gira por los municipios de Michoacán (le restaría sólo uno), con el fin de avanzar en otras entidades, como Jalisco, y mantener su plan de acción con diversas estrategias en la ciudad de México.
La gira sigue.
Un gobiero inmoral e inepto no puede controlar el crimen
Por más que:
Aprueban diputados la Ley General del Sistema de Seguridad Pública
Las policías, sin facultad para investigar; aprueban en el Senado la reforma penal
Un militar asume la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial de SSP
Diputados acuerdan que leyes antiplagio no se apliquen a los luchadores sociales
La realidad es ésta:
Ejecutan a 13 jóvenes en Sinaloa y en Chihuahua fusilan a cinco
Implican a más de 10 policías en el caso de 12 degollados descubiertos en Yucatán
Preservación de derechos humanos, gran deuda del gobierno: expertos
Los ataques a periodistas, “contra toda la sociedad”
Porque un gobierno inmoral e inepto plagado de delincuentes no puede controlar el crimen, tendría que comenzar por enjuiciarse a sí mismo y recluirse en la cárcel.
La ciudadanía tiene que tomar el poder para salvar a México del desastre.
Aprueban diputados la Ley General del Sistema de Seguridad Pública
Las policías, sin facultad para investigar; aprueban en el Senado la reforma penal
Un militar asume la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial de SSP
Diputados acuerdan que leyes antiplagio no se apliquen a los luchadores sociales
La realidad es ésta:
Ejecutan a 13 jóvenes en Sinaloa y en Chihuahua fusilan a cinco
Implican a más de 10 policías en el caso de 12 degollados descubiertos en Yucatán
Preservación de derechos humanos, gran deuda del gobierno: expertos
Los ataques a periodistas, “contra toda la sociedad”
Porque un gobierno inmoral e inepto plagado de delincuentes no puede controlar el crimen, tendría que comenzar por enjuiciarse a sí mismo y recluirse en la cárcel.
La ciudadanía tiene que tomar el poder para salvar a México del desastre.
La presunción
Luis Javier Garrido
El gobierno de facto de Felipe Calderón, envalentonado por haber podido permanecer estos dos años, cree que por medio de propaganda puede lograr hacer pagar a los mexicanos el año próximo el costo de la crisis y aceptar una nueva imposición electoral, y está lanzando ya nuevas campañas propagandísticas.
1. La autocampaña propagandística de Felipe Calderón para festejar que ha cumplido dos años durmiendo en Los Pinos, lo mismo en entrevistas a los medios que en múltiples discursos y declaraciones, no ha logrado más que poner otra vez de manifiesto que al grupo gobernante panista no le preocupa el desastre social del país y que su primordial obsesión es seguir en el gobierno, para lo cual le resulta imprescindible imponerse en las elecciones de 2009, lo que no pudo ocultar, como tampoco que están dispuestos a todo con tal de lograrlo.
2. La afirmación que hizo Calderón en El Noticiero de Canal 2 el lunes primero de que su peor momento en el ejercicio ilegítimo del cargo en estos años fue el avionazo de Mouriño, generó gran escándalo en los medios no porque se ignorara que no le importa lo que le pasa al pueblo de México, sino porque la derecha aún se sorprende de su ineptitud, como ha acontecido en todos los lamentos y lloriqueos del último mes.
3. El patrimonialismo del PAN en el ejercicio del gobierno no se distingue del que marcó los últimos años del PRI, salvo en una cuestión: la ideológica. El reclamo panista desde los años de Salinas era que el aparato estatal debería ser compartido entre priístas y panistas, y así desde el año 2000 los panistas y sus aliados han dispuesto de empleos y se han otorgado contratos y concesiones con las mismas prácticas corruptas del pasado, pero también han actuado siguiendo otro patrón de comportamiento: entregar enclaves estratégicos del aparato estatal a cuadros de la derecha surgidos no tan sólo del partido (insuficiente para ello), sino de las agrupaciones de El Yunque, de los grupos empresariales que controlan a Calderón y de las agrupaciones afines al clero católico conservador, y a esos intereses privados les urge que el PAN se imponga en 2009.
4. El nervioso activismo de Calderón en su semana de entrevistas, discursos y declaraciones, no pudo evitar, en consecuencia, que evidenciara su obsesión por las elecciones, y dejara entrever cuál es la estrategia gubernamental para tratar de imponer a Acción Nacional como fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados y lograr espacios significativos en el Distrito Federal a costas del PRD. Calderón no ocultó, si se leen sus múltiples declaraciones entre líneas, que la campaña panista, coordinada por su ex secretario particular César Nava, es para ellos un asunto prioritario de Estado como lo eran antaño las campañas priístas, que él va a meter las manos y que como en 2006 el gobierno va a utilizar los medios masivos de comunicación para ello, a pesar de la reforma electoral de 2007. El problema fundamental lo sigue constituyendo, sin embargo, el PRI, ya que el gobierno calderonista tratará de tener más fuerza que los priístas, pero sin afectar su “alianza estratégica”.
5. Y es ahí donde aparece la obsesión panista que marcará la campaña para hacer ver a los mexicanos, según dijo a López Dóriga el lunes primero, por qué ellos son mejores que los otros. La afirmación que ha venido haciendo de manera reiterada en el sentido de que no permitirá que el narco penetre en la campaña de 2009, cuando éste se halla en todos los ámbitos de su gobierno espurio, hace ver los problemas que va a tener la campaña panista para hacer pasar al PRI como el portador de todos los males.
6. Los gobiernos del PAN a nivel local y federal han estado siempre marcados por insistentes señalamientos en torno a su vinculación con el narcopoder: lo mismo las administraciones estatales, desde las primeras encabezadas por Ernesto Ruffo en Baja California (1989-1995) y Francisco Barrio en Chihuahua (1990-1996) hasta varias de los más recientes, como la de Sergio Estrada Cajigal en Morelos (2000-2006), y a nivel federal la cuestión es mucho más grave. En 2000 y en 2006 se hicieron señalamientos de la muy probable penetración de dinero sucio en las campañas de Fox y de Calderón; Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont fueron objeto de señalamientos en 1997 por su vinculación con el cártel de Juárez; el secretario de Fox, Emilio Goicoechea, fue fotografiado con prominentes capos en fotos publicadas en 2007 y ahora con la supuesta guerra contra el narco todos los días aparecen señalados en los medios colaboradores allegados a Calderón y en particular Genaro García Luna, titular de la SSP.
7. La extrema derecha mexicana ha dado muestras de una absoluta ineptitud e incompetencia para gobernar en función de los intereses de los mexicanos, pero ha sido muy hábil para irse adueñando de los principales recursos del país en connivencia con las trasnacionales e ir controlando al mismo tiempo el aparato estatal y en particular el aparato electoral, y ése es el riesgo para lo que viene. Con un IFE y un tribunal electoral sometidos al gobierno las elecciones del año próximo corren, por lo mismo, el riesgo de ser un operativo de Estado.
8. La otra propaganda, ya no de corte fascistoide sino abiertamente fascista, que Calderón y sus cómplices están impulsando estos días en los medios sobre “el crimen organizado”, y que va paralela a las acciones de violencia llevadas a cabo por sus fuerzas represivas en el país, anuncia que en 2009 –que para los mexicanos va a ser sobre todo el año del agravamiento de la crisis– el gobierno va a crear un escenario del miedo mucho más extremo a fin de buscar someter al pueblo al proyecto de la ultraderecha, y que PAN y PRI van a entrar en abierta competencia para ello. La iniciativa totalitaria del gobernador priísta coahuilense Humberto Moreira sobre la pena de muerte no es más que un anuncio de lo que puede venir si no se ataja desde ahora a los facinerosos en el poder.
9. La apuesta de Los Pinos para imponerse parece estar sustentada en la constante de que las elecciones legislativas intermedias son de baja participación y la presunción de que por la vía de la propaganda pueden confundir a importantes sectores del electorado, pero se olvida, sin embargo, de un hecho fundamental y es que el escenario electoral tiene una importancia cada vez menor para los mexicanos y que la lucha popular se da también a través de otras formas.
10. El problema fundamental de esta derecha integrista, que trata de gobernar, es que controla cada vez más el aparato estatal, pero cada día está más distante del pueblo mexicano y de sus necesidades y preocupaciones, y por lo mismo no puede prever ni va a entender su respuesta.
El gobierno de facto de Felipe Calderón, envalentonado por haber podido permanecer estos dos años, cree que por medio de propaganda puede lograr hacer pagar a los mexicanos el año próximo el costo de la crisis y aceptar una nueva imposición electoral, y está lanzando ya nuevas campañas propagandísticas.
1. La autocampaña propagandística de Felipe Calderón para festejar que ha cumplido dos años durmiendo en Los Pinos, lo mismo en entrevistas a los medios que en múltiples discursos y declaraciones, no ha logrado más que poner otra vez de manifiesto que al grupo gobernante panista no le preocupa el desastre social del país y que su primordial obsesión es seguir en el gobierno, para lo cual le resulta imprescindible imponerse en las elecciones de 2009, lo que no pudo ocultar, como tampoco que están dispuestos a todo con tal de lograrlo.
2. La afirmación que hizo Calderón en El Noticiero de Canal 2 el lunes primero de que su peor momento en el ejercicio ilegítimo del cargo en estos años fue el avionazo de Mouriño, generó gran escándalo en los medios no porque se ignorara que no le importa lo que le pasa al pueblo de México, sino porque la derecha aún se sorprende de su ineptitud, como ha acontecido en todos los lamentos y lloriqueos del último mes.
3. El patrimonialismo del PAN en el ejercicio del gobierno no se distingue del que marcó los últimos años del PRI, salvo en una cuestión: la ideológica. El reclamo panista desde los años de Salinas era que el aparato estatal debería ser compartido entre priístas y panistas, y así desde el año 2000 los panistas y sus aliados han dispuesto de empleos y se han otorgado contratos y concesiones con las mismas prácticas corruptas del pasado, pero también han actuado siguiendo otro patrón de comportamiento: entregar enclaves estratégicos del aparato estatal a cuadros de la derecha surgidos no tan sólo del partido (insuficiente para ello), sino de las agrupaciones de El Yunque, de los grupos empresariales que controlan a Calderón y de las agrupaciones afines al clero católico conservador, y a esos intereses privados les urge que el PAN se imponga en 2009.
4. El nervioso activismo de Calderón en su semana de entrevistas, discursos y declaraciones, no pudo evitar, en consecuencia, que evidenciara su obsesión por las elecciones, y dejara entrever cuál es la estrategia gubernamental para tratar de imponer a Acción Nacional como fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados y lograr espacios significativos en el Distrito Federal a costas del PRD. Calderón no ocultó, si se leen sus múltiples declaraciones entre líneas, que la campaña panista, coordinada por su ex secretario particular César Nava, es para ellos un asunto prioritario de Estado como lo eran antaño las campañas priístas, que él va a meter las manos y que como en 2006 el gobierno va a utilizar los medios masivos de comunicación para ello, a pesar de la reforma electoral de 2007. El problema fundamental lo sigue constituyendo, sin embargo, el PRI, ya que el gobierno calderonista tratará de tener más fuerza que los priístas, pero sin afectar su “alianza estratégica”.
5. Y es ahí donde aparece la obsesión panista que marcará la campaña para hacer ver a los mexicanos, según dijo a López Dóriga el lunes primero, por qué ellos son mejores que los otros. La afirmación que ha venido haciendo de manera reiterada en el sentido de que no permitirá que el narco penetre en la campaña de 2009, cuando éste se halla en todos los ámbitos de su gobierno espurio, hace ver los problemas que va a tener la campaña panista para hacer pasar al PRI como el portador de todos los males.
6. Los gobiernos del PAN a nivel local y federal han estado siempre marcados por insistentes señalamientos en torno a su vinculación con el narcopoder: lo mismo las administraciones estatales, desde las primeras encabezadas por Ernesto Ruffo en Baja California (1989-1995) y Francisco Barrio en Chihuahua (1990-1996) hasta varias de los más recientes, como la de Sergio Estrada Cajigal en Morelos (2000-2006), y a nivel federal la cuestión es mucho más grave. En 2000 y en 2006 se hicieron señalamientos de la muy probable penetración de dinero sucio en las campañas de Fox y de Calderón; Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont fueron objeto de señalamientos en 1997 por su vinculación con el cártel de Juárez; el secretario de Fox, Emilio Goicoechea, fue fotografiado con prominentes capos en fotos publicadas en 2007 y ahora con la supuesta guerra contra el narco todos los días aparecen señalados en los medios colaboradores allegados a Calderón y en particular Genaro García Luna, titular de la SSP.
7. La extrema derecha mexicana ha dado muestras de una absoluta ineptitud e incompetencia para gobernar en función de los intereses de los mexicanos, pero ha sido muy hábil para irse adueñando de los principales recursos del país en connivencia con las trasnacionales e ir controlando al mismo tiempo el aparato estatal y en particular el aparato electoral, y ése es el riesgo para lo que viene. Con un IFE y un tribunal electoral sometidos al gobierno las elecciones del año próximo corren, por lo mismo, el riesgo de ser un operativo de Estado.
8. La otra propaganda, ya no de corte fascistoide sino abiertamente fascista, que Calderón y sus cómplices están impulsando estos días en los medios sobre “el crimen organizado”, y que va paralela a las acciones de violencia llevadas a cabo por sus fuerzas represivas en el país, anuncia que en 2009 –que para los mexicanos va a ser sobre todo el año del agravamiento de la crisis– el gobierno va a crear un escenario del miedo mucho más extremo a fin de buscar someter al pueblo al proyecto de la ultraderecha, y que PAN y PRI van a entrar en abierta competencia para ello. La iniciativa totalitaria del gobernador priísta coahuilense Humberto Moreira sobre la pena de muerte no es más que un anuncio de lo que puede venir si no se ataja desde ahora a los facinerosos en el poder.
9. La apuesta de Los Pinos para imponerse parece estar sustentada en la constante de que las elecciones legislativas intermedias son de baja participación y la presunción de que por la vía de la propaganda pueden confundir a importantes sectores del electorado, pero se olvida, sin embargo, de un hecho fundamental y es que el escenario electoral tiene una importancia cada vez menor para los mexicanos y que la lucha popular se da también a través de otras formas.
10. El problema fundamental de esta derecha integrista, que trata de gobernar, es que controla cada vez más el aparato estatal, pero cada día está más distante del pueblo mexicano y de sus necesidades y preocupaciones, y por lo mismo no puede prever ni va a entender su respuesta.
El EZLN y la Cocopa
Jaime Martínez Veloz
Hoy que las agendas nacionales se entrecruzan con paradigmas hasta hace poco insospechados y la aparición de nuevos conflictos desplazan muchos de los temas de fondo que hace tiempo deberían haber sido abordados y resueltos, convendría que la clase política gobernante no olvidara el compromiso que contrajo el Estado con los pueblos indígenas de Mexico vía los acuerdos de San Andrés. La apuesta del sistema político mexicano ha sido la minimización del tema indígena. En el mejor de los casos, los acuerdos de San Andrés surgen como promesa de campaña sólo en tiempos electorales. El discurso oficial frente al zapatismo ha consistido en eludir cualquier mención al EZLN, en un vano intento de minimizar sus demandas o en una apuesta ladina, de suponer que con el tiempo se desvanecerán sus causas y demandas.
El incumplimiento del gobierno de los compromisos pactados con los indígenas vino acompañado de una mayor presencia militar en la zona de conflicto. El Estado mexicano ha optado por el acotamiento militar en lugar de buscar opciones políticas para la solución del conflicto, como pudiera ser la reposición del procedimiento legislativo para la aprobación de la iniciativa de ley que en 1996 fue aceptada por el EZLN.
El dramatismo de los acontecimientos de los últimos años, donde el crimen organizado, con vastas zonas de influencia y control territorial, así como la creación de estructuras financieras, judiciales, policiacas, políticas e incluso hasta culturales; ha demostrado la actitud falaz y cuentachiles que el gobierno mexicano ha mantenido frente al zapatismo. Para decirlo en otras palabras, mientras a los criminales les permitió la entrada hasta la cocina, a los zapatistas les dio con la puerta en la cara.
Ante la polarización social, promovida por un modelo económico que a nivel mundial ha demostrado su fracaso y la polarizacion política promovida y prohijada desde todos los ámbitos de la política mexicana, sería conveniente recordar el trabajo realizado por los miembros de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), cuya capacidad para procesar sus naturales y explicables diferencias les permitieron construir la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas, derivada del compromiso pactado entre el gobierno federal y el EZLN, a través de lo que hoy conocemos como los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Éste no es un asunto de nostalgia, sino el ejercicio sobre un método de trabajo y compromiso para abordar las tareas que en ese tiempo la República nos encomendó y que realizamos en forma responsable, atendiendo los propósitos y los objetivos que nos fueron encomendados y que hoy se requiere sean recuperados, antes de que otra cosa suceda.
La primera ocasión que nos entrevistamos ante la comandancia indígena del EZLN, en la comunidad de La Realidad, municipio de Las Margaritas, sin habernos puesto de acuerdo, cada legislador se presentó sin hacer alusión al partido que pertenecía, lo cual fue ponderado por el subcomandante Marcos. Los miembros de aquella comisión legislativa pusimos por encima de los intereses partidarios el objetivo de la paz y en ése nos mantuvimos en todo momento. Fueron condiciones ajenas a sus integrantes las que impidieron la concreción de lo acordado.
La presencia y empuje de los senadores Heberto Castillo y Luis H. Álvarez constituyeron la piedra angular que permitió a la Cocopa encarar los momentos difíciles por los que transitamos. Los senadores del PAN Luis Felipe Bravo Mena y Benigno Aladro desempeñaron su trabajo con seriedad, acompañados del empuje de Rodolfo Elizondo Torres, Alejandro González Alcocer y Fernando Pérez Noriega. Del lado del PRD, Juan Guerra y César Chávez le imprimieron una dosis de activismo y reflexión desde una óptica de los movimientos sociales mexicanos. El senador Guillermo del Río Ortegón, a pesar de un estado de salud precario, se constituyó en un apoyo importante en las tareas legislativas. Del PRI, los senadores Óscar López Velarde y Pablo Salazar Mendiguchía aportaban elementos jurídicos y políticos que le brindaban orden y método a la discusión sobre los quehaceres de la comisión. A Marco Antonio Michael y al que esto escribe nos correspondió aguantar los vendavales oficiales por no plegarnos a la política gubernamental del desconocimiento de los acuerdos pactados. Del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez y José Narro Céspedes le imprimieron un gran compromiso a sus tareas. Juan Roque Flores, representante del Congreso del estado, Roberto Domínguez y Juan Carlos Gómez Aranda, representantes del gobierno del estado, le brindaron a la comisión las necesarias definiciones locales, así como el apoyo y la logística para la realización de las tareas legislativas.
El trabajo colectivo que realizamos quienes integramos esa comisión nos dejó marcados para siempre y, a pesar de no concretar lo que nos propusimos, desde nuestras trincheras hicimos hasta lo imposible por lograrlo sin importar el partido al que pertenecíamos.
Hace 12 años casi todos los aquí mencionados nos reunimos en San Cristóbal de las Casas y elaboramos la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas, conocida como ley Cocopa, la cual fue aceptada por los zapatistas y rechazada por un gobierno que faltó a su palabra y a los compromisos contraídos durante el proceso de negociación. Esa iniciativa de ley es hoy una de las pocas posibilidades de rencauzar lo que todo predice será una nueva etapa de movilizaciones a lo largo y ancho del país.
Hoy que las agendas nacionales se entrecruzan con paradigmas hasta hace poco insospechados y la aparición de nuevos conflictos desplazan muchos de los temas de fondo que hace tiempo deberían haber sido abordados y resueltos, convendría que la clase política gobernante no olvidara el compromiso que contrajo el Estado con los pueblos indígenas de Mexico vía los acuerdos de San Andrés. La apuesta del sistema político mexicano ha sido la minimización del tema indígena. En el mejor de los casos, los acuerdos de San Andrés surgen como promesa de campaña sólo en tiempos electorales. El discurso oficial frente al zapatismo ha consistido en eludir cualquier mención al EZLN, en un vano intento de minimizar sus demandas o en una apuesta ladina, de suponer que con el tiempo se desvanecerán sus causas y demandas.
El incumplimiento del gobierno de los compromisos pactados con los indígenas vino acompañado de una mayor presencia militar en la zona de conflicto. El Estado mexicano ha optado por el acotamiento militar en lugar de buscar opciones políticas para la solución del conflicto, como pudiera ser la reposición del procedimiento legislativo para la aprobación de la iniciativa de ley que en 1996 fue aceptada por el EZLN.
El dramatismo de los acontecimientos de los últimos años, donde el crimen organizado, con vastas zonas de influencia y control territorial, así como la creación de estructuras financieras, judiciales, policiacas, políticas e incluso hasta culturales; ha demostrado la actitud falaz y cuentachiles que el gobierno mexicano ha mantenido frente al zapatismo. Para decirlo en otras palabras, mientras a los criminales les permitió la entrada hasta la cocina, a los zapatistas les dio con la puerta en la cara.
Ante la polarización social, promovida por un modelo económico que a nivel mundial ha demostrado su fracaso y la polarizacion política promovida y prohijada desde todos los ámbitos de la política mexicana, sería conveniente recordar el trabajo realizado por los miembros de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), cuya capacidad para procesar sus naturales y explicables diferencias les permitieron construir la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas, derivada del compromiso pactado entre el gobierno federal y el EZLN, a través de lo que hoy conocemos como los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Éste no es un asunto de nostalgia, sino el ejercicio sobre un método de trabajo y compromiso para abordar las tareas que en ese tiempo la República nos encomendó y que realizamos en forma responsable, atendiendo los propósitos y los objetivos que nos fueron encomendados y que hoy se requiere sean recuperados, antes de que otra cosa suceda.
La primera ocasión que nos entrevistamos ante la comandancia indígena del EZLN, en la comunidad de La Realidad, municipio de Las Margaritas, sin habernos puesto de acuerdo, cada legislador se presentó sin hacer alusión al partido que pertenecía, lo cual fue ponderado por el subcomandante Marcos. Los miembros de aquella comisión legislativa pusimos por encima de los intereses partidarios el objetivo de la paz y en ése nos mantuvimos en todo momento. Fueron condiciones ajenas a sus integrantes las que impidieron la concreción de lo acordado.
La presencia y empuje de los senadores Heberto Castillo y Luis H. Álvarez constituyeron la piedra angular que permitió a la Cocopa encarar los momentos difíciles por los que transitamos. Los senadores del PAN Luis Felipe Bravo Mena y Benigno Aladro desempeñaron su trabajo con seriedad, acompañados del empuje de Rodolfo Elizondo Torres, Alejandro González Alcocer y Fernando Pérez Noriega. Del lado del PRD, Juan Guerra y César Chávez le imprimieron una dosis de activismo y reflexión desde una óptica de los movimientos sociales mexicanos. El senador Guillermo del Río Ortegón, a pesar de un estado de salud precario, se constituyó en un apoyo importante en las tareas legislativas. Del PRI, los senadores Óscar López Velarde y Pablo Salazar Mendiguchía aportaban elementos jurídicos y políticos que le brindaban orden y método a la discusión sobre los quehaceres de la comisión. A Marco Antonio Michael y al que esto escribe nos correspondió aguantar los vendavales oficiales por no plegarnos a la política gubernamental del desconocimiento de los acuerdos pactados. Del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez y José Narro Céspedes le imprimieron un gran compromiso a sus tareas. Juan Roque Flores, representante del Congreso del estado, Roberto Domínguez y Juan Carlos Gómez Aranda, representantes del gobierno del estado, le brindaron a la comisión las necesarias definiciones locales, así como el apoyo y la logística para la realización de las tareas legislativas.
El trabajo colectivo que realizamos quienes integramos esa comisión nos dejó marcados para siempre y, a pesar de no concretar lo que nos propusimos, desde nuestras trincheras hicimos hasta lo imposible por lograrlo sin importar el partido al que pertenecíamos.
Hace 12 años casi todos los aquí mencionados nos reunimos en San Cristóbal de las Casas y elaboramos la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas, conocida como ley Cocopa, la cual fue aceptada por los zapatistas y rechazada por un gobierno que faltó a su palabra y a los compromisos contraídos durante el proceso de negociación. Esa iniciativa de ley es hoy una de las pocas posibilidades de rencauzar lo que todo predice será una nueva etapa de movilizaciones a lo largo y ancho del país.
Bancos: detener el abuso
Editorial
Las medidas aprobadas ayer por el Senado de la República para atenuar los abusos de los bancos privados son tardías y se quedan cortas, y parecen más destinadas a cuidar a las empresas bancarias de su propia irresponsabilidad que a proteger a los clientes: quedaron prohibidas las prácticas de incrementar los límites de crédito sin autorización de los usuarios y de contratar servicios financieros vía telefónica, y se otorgaran a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atribuciones adicionales, cuando es claro que, más que nuevas facultades, esa institución requiere de voluntad política para ejercer las que ya tiene. En medio de recriminaciones por las presiones de cabilderos enviados por los bancos, los propios legisladores reconocieron la insuficiencia de las medidas y la falta de capacidad o de determinación del Legislativo para poner en orden a las empresas bancarias.
En efecto, los senadores dejaron intacta la parte sustancial de la acción depredadora y usurera de la banca en México: el cobro de comisiones desorbitadas a los usuarios de servicios financieros y el libertinaje en tasas de interés, especialmente en el crédito al consumo. El jueves, en estas páginas, Ignacio Deschamps, presidente de la filial mexicana del banco español BBVA, se manifestó en contra de cualquier regulación en estas materias y opinó que los precios de los servicios bancarios “deben responder al libre comportamiento del mercado”. Tal falacia resulta especialmente insostenible en momentos en que el mundo se asoma a la desolación económica provocada, precisamente, por el “libre comportamiento del mercado”, que ha sido, en realidad, la libertad irrestricta para especular.
En el contexto de la crisis provocada por los intereses financieros mundiales –presentes en nuestro país por conducto de empresas rescatadas con dinero público, cedidas luego en forma sospechosa a los mismos especuladores, y después revendidas a grandes consorcios extranjeros–, la generalidad de los bancos han elevado las tasas de interés en forma insaciable e incrementado hasta grados inadmisibles las comisiones que cobran a sus clientes. En contraste con la tendencia antirrecesiva que cobra fuerza en Europa y en Estados Unidos, y que consiste en bajar los intereses de manera radical –como hicieron el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, y como lo indujo la Reserva Federal estadunidense en el mercado hipotecario de su país–, la banca extranjera en México opera en forma depredadora y con total ausencia de compromiso para con las necesidades nacionales de desarrollo y de reactivación económica, todo ello a ciencia y paciencia del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entidades que se limitan, por una parte, a formular exhortos retóricos a los directivos de las compañías financieras y, por la otra, a gastar las reservas de divisas para satisfacer la frenética especulación cambiaria.
El poder político del país tiene ante sí la obligación de poner un alto a esta forma de saqueo nacional que es el desmesurado margen de intermediación –la diferencia entre lo que los bancos pagan a los ahorradores y lo que cobran a sus deudores– y de depauperación programada de los usuarios de servicios financieros, quienes habrán de resentir el impacto de la crisis en forma particularmente descarnada. Los tipos de interés cobrados por los bancos deben ser regulados por la autoridad, y se debe establecer como tope máximo a las comisiones bancarias lo que los propietarios extranjeros de los bancos cobran en sus países de origen. Sin esos instrumentos de control –y sin la voluntad política para ponerlos en práctica–, las estrategias anticrisis anunciadas por el gobierno se reducirán a buenos (e inútiles) deseos.
Las medidas aprobadas ayer por el Senado de la República para atenuar los abusos de los bancos privados son tardías y se quedan cortas, y parecen más destinadas a cuidar a las empresas bancarias de su propia irresponsabilidad que a proteger a los clientes: quedaron prohibidas las prácticas de incrementar los límites de crédito sin autorización de los usuarios y de contratar servicios financieros vía telefónica, y se otorgaran a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atribuciones adicionales, cuando es claro que, más que nuevas facultades, esa institución requiere de voluntad política para ejercer las que ya tiene. En medio de recriminaciones por las presiones de cabilderos enviados por los bancos, los propios legisladores reconocieron la insuficiencia de las medidas y la falta de capacidad o de determinación del Legislativo para poner en orden a las empresas bancarias.
En efecto, los senadores dejaron intacta la parte sustancial de la acción depredadora y usurera de la banca en México: el cobro de comisiones desorbitadas a los usuarios de servicios financieros y el libertinaje en tasas de interés, especialmente en el crédito al consumo. El jueves, en estas páginas, Ignacio Deschamps, presidente de la filial mexicana del banco español BBVA, se manifestó en contra de cualquier regulación en estas materias y opinó que los precios de los servicios bancarios “deben responder al libre comportamiento del mercado”. Tal falacia resulta especialmente insostenible en momentos en que el mundo se asoma a la desolación económica provocada, precisamente, por el “libre comportamiento del mercado”, que ha sido, en realidad, la libertad irrestricta para especular.
En el contexto de la crisis provocada por los intereses financieros mundiales –presentes en nuestro país por conducto de empresas rescatadas con dinero público, cedidas luego en forma sospechosa a los mismos especuladores, y después revendidas a grandes consorcios extranjeros–, la generalidad de los bancos han elevado las tasas de interés en forma insaciable e incrementado hasta grados inadmisibles las comisiones que cobran a sus clientes. En contraste con la tendencia antirrecesiva que cobra fuerza en Europa y en Estados Unidos, y que consiste en bajar los intereses de manera radical –como hicieron el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, y como lo indujo la Reserva Federal estadunidense en el mercado hipotecario de su país–, la banca extranjera en México opera en forma depredadora y con total ausencia de compromiso para con las necesidades nacionales de desarrollo y de reactivación económica, todo ello a ciencia y paciencia del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entidades que se limitan, por una parte, a formular exhortos retóricos a los directivos de las compañías financieras y, por la otra, a gastar las reservas de divisas para satisfacer la frenética especulación cambiaria.
El poder político del país tiene ante sí la obligación de poner un alto a esta forma de saqueo nacional que es el desmesurado margen de intermediación –la diferencia entre lo que los bancos pagan a los ahorradores y lo que cobran a sus deudores– y de depauperación programada de los usuarios de servicios financieros, quienes habrán de resentir el impacto de la crisis en forma particularmente descarnada. Los tipos de interés cobrados por los bancos deben ser regulados por la autoridad, y se debe establecer como tope máximo a las comisiones bancarias lo que los propietarios extranjeros de los bancos cobran en sus países de origen. Sin esos instrumentos de control –y sin la voluntad política para ponerlos en práctica–, las estrategias anticrisis anunciadas por el gobierno se reducirán a buenos (e inútiles) deseos.
Asimetrías "Back to Reality…"
05 diciembre 2008
"El poder autoritario es insano y se compra por incontables mecanismos y no suele emparentarse con valores universales como la ética, el humanismo y el conocimiento productivo".
Arnoldo Kraus
I
Transcurrida la euforia y el frenesí celebratorio de la elección de Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos, el investido con tal jerarquía y potestades inherentes, ha retornado de ese periplo lúdico. "Back to reality".
Retornado a la realidad, el Presidente Electo de EU ha conformado ya su equipo de colaboradores de primera línea de su inminente presidencialado y se apresta a ejercer su investidura desde que asuma ésta el 20 de enero.
Como jefe de Estado y, a la vez, de Gobierno –tal es la naturaleza de su investidura-- el señor Obama tiene ante sí muchos desafíos, siendo el mayor de ellos lograr equilibrios entre los intereses del imperio y el pueblo de EU.
Ese desafío es mayúsculo, dado el contexto nacional –el interno estadunidense— y los imperativos geoeconómicos y geopolíticos en el entorno internacional, el cual exhibe una crisis estructural causada por EU.
Dígase de otro estilo que el Presidente Electo tendrá que salirle al paso a la tarea colosal de hacer prevalecer los intereses del imperialismo estadunidense y conciliar éstos con los de sus connacionales.
Ello, predeciblemente, es una tarea que le exigirá a don Barack andar y desandar por una cuerda floja intrínsecamente inestable y, para colmo, sin una red de seguridad política abajo en el caso de caer al vacío.
II
Y, a no dudarlo desde cualesquier perspectivas, afectará a México: incidirá en los intereses estratégicos verdaderos de los mexicanos, distintos e incluso opuestos los que representa el Espuriato.
Ese Espuriato, según la óptica de la cultura de los intereses estratégicos estadunidenses, es en sí un riesgo a la seguridad nacional del país vecino ya que no ha garantizado hasta ahora gobernabilidad alguna en México.
Y es que, verismo antójase, en México prevalece tal volatibilidad económica, incertidumbre política e inestabilidad social que conforman un peligro más que latente para los intereses del Estado mexicano, el Espuriato mismo y EU.
Además, en la percepción de esa cultura de seguridad nacional estadunidense el Espuriato ha perdido la guerra que declaró unilateralmente a los traficantes organizados de estupefacientes y psicotrópicos.
El saldo de esa guerra ha sido negativo, no sólo por sangriento –unos cinco mil muertos--, sino por su efecto corrosivo (más incertidumbre, mayor inseguridad, terror, militarización, etcétera) en la sociedad.
A ello sumaríase el exorbitante costo financiero de esa guerra, financiado, en primera y última instancia, por el propio pueblo de México, de por sí muy endeudado por los "rescates" hechos por el Estado en beneficio de las élites.
Por lo que toca al segundo objetivo de la guerra que libra el Espuriato –el de intimidar, disuadir y/o someter y reprimir disidencias sociopolíticas organizadas--, lo que se ha logrado es antagonizar y polarizar más al pueblo.
III
Ante ese riesgo que el Imperio corre en su flanco sur –la frontera con México--, la cultura de los intereses creados de la seguridad nacional de EU resolvería acercarse otra vez al PRI e ignorar al PAN y al Espuriato mismo.
No desestimese un sucedido factual clave: fue Bill Clinton quien implícitamente patrocinó la candidatura de Vicente Fox a la Presidencia ocupada a la sazón por Ernesto Zedillo, obsequioso con los intereses de EU.
Y, hoy, en el gobierno que presidirá pronto el señor Obama, los hombres de don Bill y su esposa, Hillary Clinton, y sus socios y afines ideológicos y políticos conforman el grueso del equipo del nuevo mandatario.
La relación bilateral con México se inserta en ese retorno a la realidad. Dicha relación es asaz asimetríca; es decir, desigual, inequitativa y no pocas veces, históricamente, aviesa y hasta pérfida por la parte estadunidense.
Cierto. La realidad del poder geoeconómico y geopolítico fija las reglas reales de la relación bilateral. El imperialismo hace posible financiar el bienestar –desigual también— de los estratos societales medios de EU.
Esos estratos padecen la crisis del Imperio, por lo que resulta imposponible para el señor Obama vencer o reducir aquella lo más pronto posible. Para ello es prioritaria la certidumbre de sus fuentes de abasto de materias primas, petróleo sobre todo.
Más no sólo eso. También es central para el Imperio fortalecer condiciones que permitan el usufructo del mercado cautivo de bienes y servicios estadunidenses –incluyendo derivados del petróleo-- que es el de México.
ffponter@gmail.com
Glosario:
Lúdico: alegre, celebratorio.
Narcotraficante núm 82, Álvaro Uribe, terrorista de estado
El terrorista No. 82, Álvaro Uribe Vélez, impuso un sistema de premios y recompensas a los miembros del ejercito colombiano por la cabeza de guerrilleros de las FARC, lo que ha ocasionado la muerte de cientos de personas inocentes.
$1600 dólares por la cabeza de un guerrillero y hasta 2 millones de dólares por la cabeza de un cabecilla.
Ruben Luengas, "En contexto": http://es.youtube.com/watch?v=
Reforma energética: se afianza la inversión privada
| Autor: Yenise Tinoco | |
1 Diciembre 2008
Con la aprobación de la reforma energética, Calderón y sus colaboradores lograron el objetivo planteado desde 2006: concesionar a empresas privadas bloques en el Golfo de México para exploración y explotación. En la nueva Ley de Pemex se mantiene la adjudicación directa en contratos, "uno de los principales males de la petrolera", según especialistas. Además, la paraestatal pagará la deuda total de Pidiregas: 1.2 billones de pesos
Bajo el argumento de que el gobierno federal no tiene recursos para invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex), prevaleció la apertura a los privados en las siete iniciativas aprobadas por el Congreso de la Unión. Se legalizó la concesión de bloques a particulares para explorar y explotar en territorio y aguas nacionales, como ya sucede en la Cuenca de Burgos y Chicontepec, dice Mario Di Costanzo, especialista económico.
El 23 y 28 de octubre, el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, aprobaron casi por unanimidad la reforma energética, con la que se expiden cuatro nuevos cuerpos normativos: Ley de Petróleos Mexicanos; Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, y Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Además, se reforma y adiciona: la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Di Costanzo dice que dentro de la reforma energética se aprobó la asignación de bloques para la exploración y extracción del petróleo. Las concesiones de áreas en el Golfo de México pueden darse de tal manera que se le entreguen a una misma empresa varios espacios cuyo tamaño promedio es de la extensión del estado de Tlaxcala o Colima.
Para el especialista, se estaría generando "un Telmex marino", es decir, una sola compañía extraería "una buena cantidad de petróleo", sin contar con que la exploración la debe hacer Pemex, por considerar que es información estratégica que no debe pasar a manos privadas.
Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que desde 2006 el equipo de transición del entonces presidente electo, Felipe Calderón, planeó dividir el Golfo de México en bloques para su exploración y explotación.
Barbosa Cano sostiene, en su estudio Perspectivas de la producción petrolera 2007-2012, que el equipo de transición de Calderón dividió las aguas territoriales en 239 bloques para ser licitados y explotados, en lo que llaman "alianzas estratégicas con empresas privadas".
El investigador considera que si el gobierno federal pensara en el contrato tradicional de servicios, ¿por qué dividir el Golfo de México en bloques? Se está tratando de legalizar el esquema de contratos de servicios múltiples.
Agrega que los funcionarios de la paraestatal aseguran que con el nuevo esquema de contratación no se contempla entregar territorios, sino dar concesiones de bloques de producción y exploración de crudo, hasta por 20 años, tiempo estimado de vida productiva de los pozos petroleros. "Cuando termine la autorización se regresará el campo vacío".
Pemex desmantelado
Francisco Garaicochea, ingeniero petrolero y coordinador del Grupo de Ingenieros Pemex-Constitución de 1917, considera que la reforma aprobada no tiene grandes beneficios para Pemex ni para la sociedad en general. Se le dará más presupuesto, pero durante años la paraestatal fue desmantelada en su capacidad de análisis, ejecución y diseño.
Además, dice, se le permite a Pemex contratar proyectos que no están económicamente bien justificados, como es el caso de Chicontepec, donde las empresas que están trabajando son Schlumberger, Weatherford y Halliburton, las tres de capital extranjero.
Garaicochea sostiene que su agrupación ha demostrado que en la explotación de Chicontepec, encargada a las tres trasnacionales, Pemex pierde alrededor de 2 mil 372 millones de pesos semestralmente.
Rolando Cordera, coordinador de asesores del Frente Amplio Progresista (FAP), considera que la reforma abre la posibilidad de planear mejor el desempeño de Pemex, ya que se establece como mandato tener más transparencia en sus actividades.
Agrega que el Consejo de Administración tendría que revisar la forma en que actualmente funciona Pemex con sus subsidiarias y examinar la posibilidad de desarrollar una industria integrada, es decir, que todas las partes respondan a una misma línea de mando y planificación de mediano y largo plazo.
De acuerdo con la nueva Ley, el Consejo estará formado por 15 integrantes: seis representantes del Estado y cuatro consejeros profesionales, designados por el ejecutivo federal, éstos últimos ratificados por el Senado, y cinco trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Contratos de riesgo y participación
Cordera considera que se avanzó en el régimen de contratos, cerrando el paso a los de riesgo y similares. Agrega que distintas personalidades pretendían que se plasmara la prohibición expresa de no otorgar áreas exclusivas de exploración.
"El hecho de que no esté prohibido expresamente, no quiere decir que esté permitido; ésa es una interpretación muy laxa del derecho público, que indica que lo que no está establecido, no está permitido en el caso del Estado", expone.
Mario Di Costanzo considera que no se eliminó la posibilidad de entregar contratos por adjudicación directa, así como firmar contratos de riesgo y de servicios múltiples. Sí se prohíbe que se pague con un porcentaje del petróleo, pero no queda muy claro ni está cerrada la posibilidad de que sea en función del valor de la producción.
El artículo 60, fracción IV, dice: "Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago, por los servicios que se presten a las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante".
El 28 de octubre pasado, Andrés Manuel López Obrador expuso ante los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados la necesidad de incluir una séptima fracción al artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, donde se incorporara la prohibición expresa de entregar áreas o bloques del territorio o aguas nacionales para exploración y explotación, en exclusiva, a compañías nacionales o extranjeras. Las minutas no tuvieron ningún cambio, fueron aprobadas tal y como las envió el Senado.
José Ascensión Orihuela Bárcenas, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que las 12 palabras que exigía López Obrador se incluyeran en la reforma no eran necesarias. Lo califica como un montaje. "Es más un escenario de protagonismo. No tienen ninguna importancia ni jurídica ni estratégica para Pemex y menos la posibilidad de que con esas palabras se pueda evitar la posible violación de la Ley".
Manuel Barquín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que los contratos de participación existen desde hace décadas, los suscritos durante el gobierno de Miguel Alemán eran leoninos y no favorecían al interés nacional, no por ser de riesgo, sino porque las compañías recibían un beneficio excesivo, convirtiéndolas casi en concesionarias.
A decir del jurista, cuando Pemex celebra contratos de perforación –que siempre han existido– no son de riesgo ni de participación, sino de servicios. Y considera que no está fuera de la ley concesionar bloques, ya que es sólo circunscribir el ámbito del contrato; es un dato técnico que nada tiene que ver con la soberanía nacional. "Es un problema técnico, no político".
Sin grandes avances
Rolando Cordera dice que dentro de la reforma se logró que todos los contratos se liciten y sólo en determinados casos se dé por asignación directa o licitación restringida.
En el artículo 54 de la Ley de Pemex se estipula: "Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como las obras y servicios relacionados con las mismas, se efectuarán, por regla general, a través de licitaciones públicas (…) Cuando, por excepción, las licitaciones públicas no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones mencionadas en el párrafo anterior, las contrataciones podrán llevarse a cabo por medio de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa".
Francisco Garaicochea considera que no se lograron grandes avances con la reforma energética, ya que no se cerró la puerta a la asignación directa de contratos, la integración de Pemex, la eliminación de los precios de transferencia y la autonomía de gestión, que se maneja como un triunfo por algunos sectores.
Agrega que sólo se le dio mayor flexibilidad a la paraestatal para otorgar contratos; sin embargo, la entrega de éstos es uno de los principales focos de corrupción que minan a Pemex.
El especialista dice que la falta de capacidad operativa y técnica de Pemex ocasiona que las compañías privadas sean las más beneficiadas con la renta petrolera. "Éstas proponen dónde y cuándo perforar, cómo deben ser terminados los pozos y hasta cuánto hay que invertir. El objetivo de las trasnacionales es maximizar el valor económico de sus inversiones, mientras que el de una empresa pública debe ser maximizar la recuperación de hidrocarburos".
Ingenieros petroleros
Garaicochea dice que desde hace años Pemex no contrata ingenieros petroleros. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la compañía Schlumberger tiene un cubículo de reclutamiento, desde donde identifica a los estudiantes destacados y les ofrece contratarlos antes de terminar su carrera.
Agrega que Halliburton y Marronjackson siguen los pasos de la trasnacional de origen francés, ya que a la paraestatal no le interesa usufructuar el recurso humano tan valioso con el que cuenta México.
Bonos ciudadanos
Mario Di Costanzo considera que los bonos ciudadanos son una forma más de privatizar la renta petrolera, ya que tienen características de acciones, pues pagarán un rendimiento en función de las utilidades de Pemex.
En la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 47 dice: "Los bonos ciudadanos a que se refiere el presente apartado tendrán como finalidad poner a disposición de los mexicanos, de manera directa, los beneficios de la riqueza petrolera nacional.
"Las contraprestaciones que se consignen en los bonos ciudadanos por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derechos corporativos, ni sobre la propiedad, control o patrimonio de Petróleos Mexicanos".
En el artículo 48 de la citada Ley se estipula que los tenedores de bonos contarán con la información oportuna sobre la veracidad, suficiencia y racionalidad de la documentación presentada ante el Consejo de Administración o procesada por el mismo, así como de las políticas y resultados de la paraestatal.
Además, se creará la figura de comisario, nombrado por el Ejecutivo Federal, que se encargará de velar por los intereses de los tenedores de bonos y elaborar un reporte sobre la información arriba citada.
Di Costanzo califica de absurdo que en la Ley se estipule que dichos bonos no otorgarán derechos corporativos ni patrimoniales sobre Pemex; pero que exista un comisario en el Consejo de Administración que vele por los intereses de los tenedores.
"La figura del comisario existe en Estados Unidos cuando la gente tiene acciones en una empresa. Pemex es una empresa de los mexicanos, no tiene porque haber dos clases de mexicanos, los que no tienen bonos y los que tienen bonos. Y una persona que les esté cuidando su inversión dentro de la paraestatal", dice.
Agrega que se puede dar un acaparamiento de bonos, pese a la prohibición expresa de que éstos no van a poder ser adquiridos por casas de bolsa, situación que se puede violentar con la creación de fideicomisos, generando concentración de la renta petrolera en manos privadas.
Pemex, explica, va a poder emitir el 0.5 por ciento de su deuda. Antes de asumir los pasivos de los Pidiregas (Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto), sólo iba a poder emitir entre 25 y 50 mil millones de pesos de bonos; pero con una mayor deuda se corre el riesgo de que la paraestatal se convierta en una emisora de bonos.
Problema fiscal
Di Costanzo califica de error el cargar a Pemex la deuda adquirida en Pidiregas, que asciende a 1.2 billones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. La propuesta ciudadana, presentada por intelectuales, sugería que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asumiera dicho adeudo.
Agrega que el principal problema de Pemex es fiscal y presupuestario; una gran carga fiscal, pocos recursos para su expansión y corrupción en las inversiones. En los últimos años, la paraestatal asignó la mayoría de sus recursos a la producción de petróleo –80 por ciento–, dejando de lado la exploración y ocasionando disminución en las reservas probadas.
El legislador Ascensión Orihuela dice que la nueva Ley de Pemex otorga a la paraestatal autonomía presupuestaria y de gestión para que pueda manejar su deuda y celebrar contratos de obra y de prestación de servicios con particulares en las áreas no exclusivas.
Sin embargo, Di Costanzo expone que Pemex no puede tener autonomía presupuestaria, ya que es una empresa pública que no puede actuar al margen del presupuesto. Siempre va a estar de alguna manera subordinada a los techos de endeudamiento que le apruebe la SHCP.
En el artículo 45 de la Ley de Pemex se estipula que la SHCP aprobará, a propuesta de Pemex, lineamientos respecto de las características de su endeudamiento, de acuerdo con la estrategia de financiamiento del gobierno federal.
En la propuesta de los intelectuales se planteaba que se le quitara a la paraestatal el control completo que ejerce la Secretaría de Hacienda, para que dicha dependencia no asuma las decisiones que le corresponde tomar a Pemex. Además, de dejarle los recursos suficientes para funcionar de manera óptima. "No que todo cambie para que al final todo quede igual", dice Di Costanzo.
El especialista explica que en la Ley de Pemex se estableció un régimen de transición para que en un periodo no mayor de cuatro años la paraestatal sea disminuida en su carga fiscal total. Pero indica que dicha acción debe estar acompañada de reformas tributarias en otros sectores de la economía, para que cuando llegue el momento el gobierno no se quede sin ingresos.
De acuerdo con la nueva norma, a partir de que Pemex cumpla, a juicio del Ejecutivo federal, las metas establecidas en el plan de negocios, podrá emplear hasta el 50 por ciento de sus excedentes o hasta 12 mil 500 millones de pesos. El siguiente año sería 62.5 por ciento o 14 mil millones de pesos (lo que resulte mayor); hasta poder hacer uso del 75 por ciento o 15 mil millones de pesos para incrementar su gasto de inversión.
Aguas profundas
En las reformas y adiciones en la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo petrolero, se establece, en su artículo primero, que son yacimientos transfronterizos los que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella. También aquellos fuera de la jurisdicción nacional, compartidos con otros países de acuerdo con los tratados en que México sea parte o bajo lo dispuesto en la Convención sobre Derechos del Mar de las Naciones Unidas.
Fabio Barbosa explica que no se han detectado yacimientos transfronterizos, aunque precisa que hay estructuras geológicas transfronterizas. Sólo se habla de descubrimiento en el momento que la barrena rompe las formaciones productoras, se saca una muestra y se constata que ésta contiene hidrocarburos.
Estados Unidos, dice, ha realizado 36 perforaciones en aguas profundas en el Golfo de México, una de éstas se ubica cerca de la frontera con México, a 6 kilómetros, pero se encuentra a una profundidad tal que no existe tecnología para explotar a esa profundidad.
El investigador sostiene que las 36 perforaciones se empezaron a realizar hace ocho años; hoy, ninguna está en operación. "La inversión está parada, no se cosechó un solo dólar, porque los problemas de tecnología no están resueltos".
Francisco Garaicocha afirma que el sector energético estadunidense está suspendiendo los proyectos de exploración y explotación en aguas profundas, reduciendo los planes a los campos que considera tienen una rentabilidad asegurada, y Pemex pretende incursionar en aguas profundas sin tener certeza de nada.
Agrega que todavía hay mucho que hacer en el territorio, el litoral, la cuenca del sureste, en aguas someras y en recuperación mejorada. Por lo que no existe ningún argumento sólido para justificar que Pemex esté invirtiendo tanto en Chicontepec como en aguas profundas del Golfo de México.
El especialista expone que en el Golfo de México se tienen arrendadas ocho plataformas de perforación para aguas profundas. El costo promedio diario de cada una de éstas es de 500 mil dólares. Los resultados hasta ahora no son importantes. El costo de descubrimiento de un barril es de alrededor de 10 dólares.
No es una reforma integral
Antonio Soto Sánchez, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que no se cerró la posibilidad de entregar contratos a una sola empresa, lo que no permite que sea una reforma integral ni nacionalista.
En la reforma, dice, se debió legislar para que Pemex avanzara más en nuevos proyectos en petroquímica básica y secundaria, que no se contemplan de manera precisa y profunda en la nueva Ley.
Soto considera que a partir de 2009, la paraestatal tendrá más recursos para inversión. Contará con un nuevo régimen fiscal donde tienen mayores ingresos, ya que pagará menos derechos por explotación de hidrocarburos.
El diputado Ascensión Orihuela considera que Pemex podrá restablecer en el corto plazo –cinco o seis años– sus posibilidades de inversión y restituir las reservas de petróleo que el país necesita para mantener su plataforma de producción de petróleo.
Para el legislador de extracción priista, contar con una plataforma de producción de petróleo garantiza la seguridad energética del país, así como la certeza de contar con recursos para financiar todo lo que se requiere en obras: atención social, construcción de carreteras, hospitales y escuelas, y todos los compromisos que el gobierno hace con la sociedad.
Orihuela asegura que no le falta nada a la reforma energética, y quien considera lo contrario y dice que ésta es pequeña es porque piensan que Pemex se debería privatizar.
El diputado sostiene que el Estado mexicano tiene la capacidad y posibilidad de financiar la construcción de refinerías, ductos y almacenamiento, ya sea a través de Afore (administradoras de fondos para el retiro), dinero público o créditos de otras características.
Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
Se instituye la Comisión Nacional de Hidrocarburos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía. Tendrá un órgano de gobierno que se compondrá de cinco comisionados designados por el ejecutivo federal.
La Comisión tendrá como objeto fundamental regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, lo acompañen o se deriven de él, así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos.
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
Pretende establecer las bases que permitan la instrumentación de acciones en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, entendida como el uso óptimo de ésta en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética.
Se propone el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, como un instrumento que contendrá estrategias, objetivos, acciones y metas tendientes a, entre otras, promover la aplicación de tecnología y el uso de equipos, aparatos y vehículos eficientes energéticamente; establecer un programa de normalización para la eficiencia energética y propiciar la investigación científica y tecnológica en la materia.
Además, se contempla la creación de un Consejo Consultivo conformado por el titular de la Secretaría de Energía y seis investigadores académicos con amplia experiencia en la materia, que colaboren en instituciones de educación superior y cuya actuación será de carácter honorífico y sin remuneración alguna.
Se establece la creación del Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de la Energía, el cual tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información sobre el consumo de energía en los principales usos finales de la misma.
Más burocracia
En la sección cuarta de la Ley de Pemex se contempla la creación de siete comités integrados por tres consejeros.
En el artículo 22 se establece que para la correcta realización de sus funciones, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos contará con los comités que al efecto establezca.
I Auditoría y Evaluación de Desempeño (dar seguimiento a la gestión de Pemex, revisar la documentación concerniente y evaluar el desempeño financiero y operativo).
II Estrategia e inversión (análisis del plan de negocios y el portafolio de inversiones).
III Remuneraciones (proponer el mecanismo de remuneraciones del director general y de los funcionarios de los tres niveles jerárquicos inferiores de la paraestatal).
IV Adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios (revisar, evaluar, dar seguimiento y formular las recomendaciones conducentes sobre los programas anuales de adquisiciones, arrendamiento, servicios y obras públicas. Dictaminar la procedencia de no celebrar licitaciones públicas. Cada subsidiaria contará con su propio comité).
V Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (coadyuvar en el cumplimiento de las políticas de preservación del medio ambiente y del logro del desarrollo sustentable).
VI Transparencia y Rendición de Cuentas (proponer las mejores prácticas en la materia, los criterios para determinar la información que se considera relevante sobre Pemex, así como las normas y recomendaciones para su divulgación).
VII Desarrollo e Investigación Tecnológica (proponer acciones de investigación científica y desarrollo de tecnología en los distintos campos de la industria petrolera.
Líneas rojas
El comité de asesores del FAP realizó para la reforma petrolera un análisis de las siete iniciativas aprobadas por el Congreso, dando como resultado el documento denominado Líneas rojas:
• Se acentúa la artificial especialización de Pemex en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado.
• Se prevén sanciones más rigurosas para la paraestatal y sus subsidiarias que para los permisionarios privados, en caso de caer en una falta.
• Se abandona la propuesta de crear una empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de Pemex, en cuanto al número objetivo y permanencia de sus organismos subsidiarios.
• La emisión de bonos ciudadanos es el primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de Pemex.
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