Viene el ama a visitar, de la mano de su sirvientita, su patio trasero y de paso le ordena que no siga convirtiendo en gordos con la comida chatarra con las que las transnacionales, que a su marido mandan también en el imperio a modo que su marido encabeza, se llenan los refrigeradores que sirven para dar de comer a los niños de la criadita. Qué ternura, una chulada ver cómo la sirvientita escucha y calla, como la lacaya, que se sabe que es, la mujer de quien usurpa el poder. Crimen que no se resuelve en las primeras setenta y seis horas. Por no decir cuarenta y ocho por aquello de que hasta en la telebasura se sabe. Es difícil que sea resuelto. Aunque haya países con otra clase: de clase política, menos corrupta y más inteligente. Y con otra clase de gobernados: orgullosos de su pertenencia al país que es el suyo y por ende menos dejados y otra clase de ciudadanía: una ciudadanía capaz de poner candados a los, de suyo siempre, por poco que se les permita, abusivos gobernantes, en la que los investigadores se comprometen con algunos casos y aunque tarden años y años no cejan hasta dar con los asesinos. Países donde la regla impuesta por la clase política —que aquí al pueblo obliga a vivir a la deriva— no es la de que crimen cometido: crimen que impune se queda. Países donde la clase política nada tiene que ver con la que en México sufrimos de manera, por lo visto, irreversible. Suertudos países, donde los crímenes por los cuerpos policiacos se resuelven, en lugar de que sean estos cuerpos los que, cuando no los cometen directamente, los encubren. Aquí la regla es que todo crimen quede impune incluso aquellos que por sí mismos están resueltos desde la llegada de las autoridades al lugar del crimen. Y, claramente, hay dos crímenes, que sirven de ejemplo, curiosamente, los dos del Estado de México. El del asesinato del hermano de Salinas, que hasta el impresentable Navarrete, entonces procurador, antes abogadito de derecha encumbrado como defensor de los derechos humanos por la CNDH, luego policía en la PGR y en Gobernación, quien sabía, y así públicamente lo declaró, horas después de encontrado el cadáver dejado ex profeso en ese lugar para que él resolviera: como resolvió, es decir, encubriendo a los asesinos: “que en el asesinato de Enrique Salinas estaba la familia”. Pero… quien a cambio de la impunidad fue premiado con la patente de corso que el poder Legislativo con las curules otorga. E igual ocurre con el caso del asesinato, muy probablemente a manos del padre, cometido en contra de Paulette, una víctima, menor de edad y con discapacidades, que debido a la exageración del drama televiso —les ganó la “necesidad” de raiting como siempre, por otro lado no saben de otra forma de hacer telebasura— se les salió de las manos el encubrimiento acordado con las autoridades. Los que ya deberían ser indiciados por cómplices y ocultadores, por encubridores y por mierdas, funcionarios de la Procuraduría del Estado de México, seguirán en el puesto y queriendo implicar a las que coloquialmente llaman “nanas”, aunque fueran ellas las encargadas de la niña que a los padres estorbaba. E incluso, bien puede ser, como me hacía ver una psicóloga, que la madre sólo es una mujer más, abusada por el marido y víctima también de violencia intrafamiliar, en términos de la propias características que, la propia telebasura, encubridora también del pirruris cómplice del padre de la menor, que quiere imponernos la telebasura, como el objeto vendido que es, como el próximo usurpador, sucesor del actual usurpador, cuya mujer, tan poca cosa se ve: tan sirvientita, tan poco nana incluso, al lado de la mujer colonizadora, que su patio trasero revisa, aprovechando para dar la orden de que a los hijos de los criados no es sensato engordarlos, demasiado, con la comida chatarra que desde su país se envía, por aquello de que los criados deben estar en forma para cumplir raudos lo que los amos les mandan.
“La empresa consultora McKinsey fue contratada en enero de 2010, y está desarrollando actualmente una herramienta que sea capaz de integrar y optimizar los sistemas de refinación de petróleo, distribución de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica para contribuir a la planeación integral del sector”.
El párrafo anterior es cita textual del documento elaborado por Georgina Kessel, secretaria de Energía del régimen de facto, mediante el cual responde a 137 preguntas parlamentarias que le formuló la Cámara de Diputados con motivo del procedimiento legislativo para ratificar, o no, la Estrategia Nacional de Energía, hoy conocida como ENE.
La ENE representa el primer ejercicio de planeación prospectiva del Estado mexicano que incluye dos variables jamás contempladas en la ley. En primer lugar la estrategia energética cuenta con una visión a 15 años. En segundo lugar, y no por ello menos importante, por primera vez corresponde al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, otorgar la validez legal a este plan.
La importancia de este documento para los intereses de todas y todos los mexicanos contrasta con la desfachatez de quienes hoy controlan a este país. Por un lado Kessel reconoce haber contratado a McKinsey para “contribuir en la planeación integral del sector”. Por otro lado el Congreso actúa como si se tratase de un maestro corrupto.
Es el caso de la resolución del Senado en relación con la ENE. Resulta que el Senado optó por ratificar la ENE y después hacer observaciones para que una vez más corresponda toda la definición del plan al poder presidencialista. Como dijera Jaime Cárdenas: el Senado actuó como si un profesor calificara con 10 a un alumno y le diera, después de calificado, 90 días para contestar el examen. De ese tamaño es la visión republicana de Labastida.
Hoy la Cámara de Diputados, con el tiempo encima, tendrá que definir si sigue el método Labastida o el procedimiento legislativo que establece la Constitución en su artículo 72, y que recomendó el licenciado Emilio Suárez Licona, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara, a través de un estudio que elaboró el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria.
En otras palabras, la Cámara de Diputados puede ratificar la estrategia nacional de energía y pedirle a otro poder que le haga caso, o bien puede modificar y adicionar los artículos del decreto que el Senado aprobó.
Desde este espacio hago un llamado a que el Poder Legislativo actúe como tal, como todo un poder independiente.
De pasillo. Georgina Kessel desconoce cuáles son las reservas de hidrocarburos en Chicontepec. Basa la rentabilidad del proyecto en una investigación de tecnologías que desconoce. Incluso en el mundo todavía no se ha inventado la tecnología para la extracción en ese tipo de yacimientos. Lo que paradójicamente sí se conoce en otras latitudes son los llamados contratos de desempeño (mejor conocidos en México como contratos de riesgo). Dicho modelo de contrato aún no es aprobado por el Consejo de Administración de Pemex y ya está en manos de las empresas. Según dijo el secretario de Economía en Davos, son las empresas trasnacionales las que participaron en su elaboración. En él se establecen, entre otras cosas, que Pemex renuncia a los tribunales mexicanos, otorga jurisdicción a tribunales extranjeros y cede a los contratistas extranjeros el derecho exclusivo de explotar el petróleo. ¿Será esta la razón de tantas anomalías en la ratificación de la ENE?
Joaquín Sabina, quien se encuentra en México para promover su nuevo disco “Vinagre y rosas”, avinagró la visión rosa del gobierno mexicano en su cruzada contra el narcotráfico. “Calderón fue muy ingenuo, por decirlo de buena manera, cuando planteó esta batalla. Pareciera mentira que no supiera que la Policía estaba completamente infiltrada y a sueldo, y parece mentira que esa guerra no la puede ganar él ni la puede ganar nadie… Creo que todos los gobernantes y los centros del poder del mundo, antes o después, tendrán que hacer una cosa, que es la legalización, porque con la legalización no se acaba ciertamente con las drogas, pero sí con la corrupción, con las muertes, con los asesinatos y con la infiltración en el poder”. A diferencia de los especialistas, académicos y críticos de la oposición que hemos cuestionado la estrategia contra el crimen y el narcotráfico, Sabina recibió en esta ocasión una respuesta empática del gobierno mexicano, por parte del secretario de Gobernación. “Respecto a Don Joaquín Sabina, toda crítica respetuosa que haga cualquier persona sobre un dilema universal como es la seguridad, el narcotráfico, todo eso debe ser aquilatado. Yo sé que el Presidente Calderón tiene especial gusto por la música de Don Joaquín Sabina y se encontrarán y ahí se dirán lo suyo. Como español, lo veo como hermano y es bienvenido a México”, declaró Fernando Gómez Mont. Acerca de la posibilidad de aplicar el artículo 33 constitucional al cantante y autor español por inmiscuirse en los asuntos políticos del país, el secretario de Gobernación descartó tal posibilidad porque Sabina, apuntó, “no busca ser candidato o líder en nuestro país”. Candidato a un cargo de elección popular ciertamente no lo es, pero líder de opinión sí, a través de sus canciones, como lo muestra el gran número de seguidores que Sabina tiene en México, entre otros, al propio Felipe Calderón, según lo consigna la página personal del titular del Ejecutivo federal en Facebook. A ver si ahora que lo dice Sabina, un mensajero con credibilidad y confianza para las cabezas del actual gobierno mexicano, se pasa de la ingenuidad a la asertividad, de la fantasía a la realidad y de la propaganda a la efectividad en la guerra contra el crimen, en su modalidad de tráfico de drogas. Hace tres años era un tabú social en el país hablar de “legalización de las drogas”. Hoy es una expresión de uso corriente. Hace tres años era un tabú político hablar de retirar el fuero militar a los soldados que incurrieran en “daños colaterales”, hoy hasta una iniciativa de ley en ese sentido se prepara en el Senado. El lado positivo de la guerra del gobierno mexicano contra las drogas es que ha ido derribando tabúes, pero en su lugar busca construir otros. Por ejemplo, que el combate al crimen es esencialmente policiaco y militar; que con penas más severas y un mayor número de cárceles de alta seguridad disminuirá la delincuencia; que el problema de la violencia es una cuestión de percepción y no de estructura y una realidad social. Ahora que Sabina, con la agudeza de su prosa y los acordes de su música, resume el curso errático de la guerra al narcotráfico, cabe preguntarse qué es necesario hacer para que esta cruzada se gane y no sucumba el Estado y la sociedad ante su enemigo común número uno: el crimen organizado. Retomo las sugerencias de una de las ONG que han destinado tiempo, recursos e ideas al tema de cómo emprender un combate eficaz en la guerra al narcotráfico, el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE). “Para que esta guerra se vuelque a favor del gobierno hay que tomar en cuenta cinco variables principales. En primer término, debe ser integral, no sólo militar o de inteligencia, y el Estado debe desplegar coordinadamente, con un fin compartido y sin rivalidades, burocracias o ineficiencias, los recursos de todas sus estructuras, incluyendo las de salud, educación, de comunicación o de infraestructura. Se debe comenzar por limpiar la casa para no estar durmiendo con el enemigo”. Es decir, un Estado desorganizado y minado por la corrupción, no podrá combatir al crimen organizado y corruptor. La segunda característica es que el gobierno debe atacar por igual a todos los cárteles. “Si el gobierno no actúa simétricamente contra todos y en todos los frentes –no sólo tratando de desarmar las células de sicarios-, se beneficiará a quienes menos puedan atacar las fuerzas del Estado, o en otras palabras, se producirá un efecto de concentración de poder entre los cárteles. Este es el debate sobre la falta de energía contra la organización criminal de El Chapo Guzmán”, quien además de llevar 10 años colgando el título de “el narcotraficante más buscado”, su lugarteniente -el segundo capo más buscado en México- ofrece una entrevista al semanario político más importante del país. En tercer término, “se deben respetar los derechos humanos. Contra el narcotráfico y en todos los frentes, el Estado es un ente superior, no puede emplear los mismos recursos que los cárteles y la población se debe sentir apoyada por su gobierno, sus Fuerzas Armadas y policiacas”. La muerte de personas inocentes, “los cateos, los retenes, las detenciones extrajudiciales, los interrogatorios in situ y la posibilidad de confundir ciudadanos con criminales podrían llevar a la población a no verse representada ni confiar en las fuerzas del Estado”. Como cuarta característica, “esta guerra es global, por lo que la cooperación internacional es fundamental. Argumentar soberanía es vivir creyendo que esta guerra es como las guerras del siglo XX. Se dé en otros países, con medios nuevos, como el internet, las transferencias electrónicas e, incluso, beneficiándose de leyes permisivas como las de posesión y compra libre de armas en Estados Unidos”. Por último, como quinto factor, “no se deben rechazar a priori otras formas de acción estatal, como la liberalización de algunas drogas ligeras para adictos, despenalizar el consumo para no mezclar enfermos con delincuentes, y abrirse a opciones como las que han aparecido en algunos países europeos o en algunos estados de Estados Unidos” (Raúl Benítez Manaut, “La encrucijada de la guerra y la inseguridad”, Enfoque, suplemento dominical del diario Reforma, 11 de abril de 2010, p.7). En virtud de la eficacia de Sabina para ser escuchado, atendido y respetado por los altos mandos del actual gobierno mexicano, habría que pedirle el favor completo: que produzca una buena “rola” musical para acompañar y vestir estas cinco propuestas en materia de seguridad y democracia. ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
Calderón es ingenuo con su guerra contra el narco: Sabina
“Con la legalización no se acaba con las drogas, pero sí con la corrupción, con las muertes… y con la infiltración en el poder.” Joaquín Sabina
El presidente Felipe Calderón no puede decirse sorprendido. Conoce bien a Joaquín Sabina, ese cantante y compositor español del que se ha confesado admirador. El bardo de Úbeda no es precisamente alguien que cuide sus declaraciones o se incline por las causas conservadoras. Más que liberal, Sabina es libertario. Es autor de “19 días y 500 noches”, ese canto de un hombre abandonado: “Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas… pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína.” Este lunes 12 de abril Sabina ofreció una conferencia de prensa previa a su gira de conciertos “Vinagre y rosas” en México en la que dijo en referencia a la guerra contra las drogas: “Calderón fue muy ingenuo, por decirlo de buena manera, cuando planteó esa batalla… Parece mentira que no supiera que la policía estaba infiltrada y a sueldo, y parece mentira que no supiera que esa guerra no la puede ganar él ni la puede ganar nadie”. Sabina se pronunció, como en otras ocasiones, por la legalización de las drogas. La declaración pudo haber quedado ahí, en un simple dicho de un músico bohemio, pero el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le dio otra dimensión. En una conferencia de prensa el 13 de abril descartó que pudieran tomarse medidas contra el cantante español por haber cuestionado la política mexicana y dijo que los puntos de vista se habían expresado de forma respetuosa. Añadió: “Yo sé que el presidente Calderón tiene un gusto especial por la música de don Joaquín Sabina y se encontrarán y ahí se dirán lo suyo”. Más tarde la propia Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que señaló que lo verdaderamente ingenuo es suponer que los delitos del crimen organizado “se van a resolver si el gobierno federal no hace nada”. La información disponible señala que el presidente regresó de Washington en la tarde del martes para asistir al primer concierto de Sabina en el Auditorio Nacional. Yo no lo vi, pero me preguntó si coreó al final, junto con los casi 10 mil asistentes, las palabras de la canción “Crisis” con la que Sabina cerró el concierto: “Crisis en la escuela, quien no corre vuela; sexo, drogas, rock and roll.” Sabina no es el único personaje importante que está pidiendo la legalización de las drogas. Recientemente el escritor Carlos Fuentes se pronunció por la despenalización. Antes, el ex presidente de México Ernesto Zedillo, con los ex presidentes de Colombia, César Gaviria, y Brasil, Fernando Henrique Cardoso, firmaron un estudio de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que hacía la misma recomendación. Me imagino que Barack Obama habría asumido la misma posición en el pasado, ya que ha confesado haber utilizado drogas en su juventud. El propio presidente Calderón ha tocado este tema antes tabú en una entrevista para Fareed Zakaria de CNN. Dijo ahí que él en lo personal no está de acuerdo con la legalización, pero que en todo caso, si ésta se hace, tendría que empezar en Estados Unidos. Me pregunto, por lo pronto, si el presidente Calderón se encontró con Sabina al terminar su concierto del martes. ¿Se habrán dicho lo suyo?, como sugirió el secretario de Gobernación. ¿Habrán conversado acerca de la posible legalización de la droga al calor de un buen tequila, estimulante que sí es legal hasta este momento?
MORALISMO SEXUAL “Los problemas de la pederastia se deben a varios factores. La sociedad ha tendido a ser muy liberal en ética sexual y se ha promovido la no prohibición (sic), sino la tolerancia a todo desorden”. Esto dice Víctor Rodríguez Gómez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pero si la pederastia fuera producto del libertinaje, no se entendería porqué hay tantos casos de pederastia entre sacerdotes que viven en un ambiente de moralismo y no de libertinaje. www.sergiosarmiento.com
“¿Sabra el Presidente Calderón las consecuencias de sus acciones para los mexicanos? Ayer yo dudada; hoy, ya no; parece que él vive en otro país”
Francisco Reyes Arjona.
I
Anticípase sospechosa la afirmación de Fernando Gómez Mont, secretario del despacho de Gobernación del titular de facto del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón en el sentido de que los generales ofrecen resistencia a cumplir órdenes.
El señor Gómez Mont –cuya rotundez retórica va a la par de su rotundez abdominal y su prominente papada en la sobarba-- desmintió de esa guisa un reiterado aserto del general Guillermo Galván, secreario del despacho de la Defensa Nacional.
En el curso de la semana pasada, el mílite había dicho en dos ocasiones a diputados y, luego, a senadores que enfrentaba resistencias de sus generales a combatir a los cárteles del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos.
¿Cuáles son los motivos de esa resistencia de los generales en el frente de guerra a cumplir las órdenes giradas por el comandante supremo, el señor Calderón, y por su segundo en la línea de mando, el general Galván?
Don Guillermo fue breve, contuendente y explícito en ambas ocasiones: los generales se sienten desprotegidos jurídicamente, pues actúan en un limbo de franca inconstitucionalidad que puede traducirse, llegado el caso, a riesgos enormes.
¿Y cuáles serían –si no es que ya son— esos riesgos? Ser acusados de la comisión de un delito my grave, de lesa humanidad: crímenes de guerra. El Ejército está mal distinguiéndose por sus atropellos y homicidios de civiles desarmados e inocentes.
II
El Ejército y, en menor medida, la Armada de México, libran una guerra cuyos planificadores políticos subestimaron la capacidad de organización de los cárteles y desestimaron el poder de fuego de éstos.
Ignoraron, además, la incapacidad estructural y orgánica y hasta superestructural del Ejército Mexicano y la Armada de México para realizar tareas muy ajenas a las que realizaban hasta entonces. Carecen de la filosofía y la doctrina para ese tipo de guerra.
El enemigo no es uno convencional, aunque tampoco es una insurgencia atípica ni mucho menos una guerrilla urbana y/o rural. Es una guerra sui generis que escapa, hoy, a la definición taxonómica. “Den la cara”, les grita el señor Gómez Mont.
Para ese tipo de guerra, el Ejército Mexicano y la Armada de México no están preparados. Su doctrina se inspira en la filosofía de un conflicto entre ejércitos en un campo de batalla dado. Ello configura la génesis de un error tan grave por fatal.
Y es que cuando el comandante supremo, el señor Calderón, dio la orden de atacar a los cárteles, ni el Ejército ni la Armada estaban preparados logísticamente, ni mucho menos en lo operativo y ni siquiera en lo psicológico. Han tratado de cumplir la orden.
Pero no lo han logrado; cae en lo posible que tampoco lo logren en los diez años que, al decir del general Galván, el Ejército debe estar en las calles y zócalos e incluso en zonas rurales –otrora ejidos-- del país, y no replegarse a los cuarteles.
Ello es causal de enorme frustración en los jefes militares, vigilados por añadidura por el monitoreo celoso y puntual de los organismos no gubernamentales por los derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ente del Estado.
Esos organismos han documentado actuaciones sangrientas atroces y han compilado una larga relación de víctimas civiles y desarmados del Ejército y la Armada y presentadas ante la CNDH; ésta ha originado cientos de recomendaciones.
III
Las recomendaciones de la CNDH y las quejas y denuncias de los ONG no son atendidas por las Fuerzas Armadas, aunque algunos generales –entre ellos el propio señor Galván— tengan o no tienen conciencia de la importancia del monitoreo civil.
Pocos minutos después de la segunda declaración del general Galván, el señor Gómez Mont afirmó que los generales no se resisten a marchar al frente de batalla, acatando y cumpliendo las órdenes del comandante supremo, don Felipe.
El general Galván no es un político; es un soldado. Pero ninguno de sus generales es suicida. El señor Gómez Mont es un político, no un soldado, que también acata y cumple órdenes sin chistar del mismo comandante supremo.
Por ello, su declaración opuesta a la del señor Galván obedece a un propósito de controlar daños, pues el aserto del mílite mueve a suponer, informadamente, que se han dado y tal vez continúen dándose casos de desobediencia castrense.
¿Qué hará el comandante supremo ante esas manifestaciones que pueden rayar en indisciplina --o desobediencia--, negativa e incluso motín y hasta rebelión? ¿Cuántos generales apoyan a ese comandante supremo al parecer inepto y sin autoridad moral?
¿Qué lectura nos merecen esas palabras, las del general Galván y las del secretario del despacho de Gobernación? Entre líneas, esos mensajes contradictorios tienen varios significados, el principal de los cuales es que nadie, en realidad, está al mando del país.
Sin negar que la decisión que tomaron los senadores priístas de no condenar a Cuba por los presos políticos. Por haber dejado morir de hambre al activista Zapata quien falleció a los 85 días de haber suspendido su alimentación. Y por no hacer nada para evitar que Guillermo Fardiñas, quien se encuentra en una extraña huelga de hambre, pues lo alimentan vía endovenosa y así pudiera seguir vivo mucho tiempo, corra la misma suerte.
Puede obedecer a que mal nos veríamos pidiendo la liberación de presos políticos a otros gobiernos. Además de que correríamos el riesgo de que nos dijeran lo mismo. O peor, que primero liberáramos a los que tenemos nosotros, antes de andar abogando por los demás.
Sin embargo, como la decisión se tomó respaldada en la Doctrina Estrada, que establece el respeto por la autodeterminación de los pueblos. Basada por supuesto en el principio juarista del respeto al derecho ajeno, se puede decir que es lo mejor que se pudo haber hecho.
Siendo una lástima que en otros asuntos de tanto a más interés social, los honorables senadores no sean tan aplicados.
-------------------------------------------------------------------------------- http://www.diariolibertad.org.mx/diario/index.php Diario Libertad Av. Manuel Ávila Camacho N° 90-11 Jalapa, Ver. Centro Tel. 01 22 88 17 24 80
WASHINGTON, 15 de abril (apro).- Bajo el más estricto hermetismo por parte de las autoridades militares y civiles de México, el secretario de Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, y el secretario de Marina (Semar), Mariano Francisco Saynez Mendoza, realizaron una visita al Pentágono, para abordar con los mandos militares estadunidenses el tema de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, entre otros asuntos. “El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Mike Mullen, se reunió hoy en el Pentágono con el secretario de la Defensa Nacional de México, general Guillermo Galván Galván; el secretario de la Marina mexicana, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, y con el Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Freddy Padilla de Leon”, informó, en un comunicado de 4 párrafos, la oficina de prensa de Mullen. Como ya es común en los viajes secretos a Washington de los titulares de la Sedema y la Semar, las autoridades mexicanas mantuvieron en el más estricto secreto la presencia en esta ciudad de los mandos militares mexicanos. “Durante el largo curso de la sesión de todo el día, los cuatro lideres hablaron de una amplia rama de retos de seguridad mutua, incluyendo los esfuerzos para combatir al crimen transnacional de las drogas y sus asociaciones con la violencia”, subraya el comunicado. En Washington aumentan las voces en el Congreso federal de Estados Unidos que piden al presidente Barack Obama enviar a la Guardia Nacional a vigilar la frontera sur, para evitar un contagio de la narcoviolencia ante la falta de éxitos de la lucha militarizada contra los carteles de la droga que emprendió hace tres años el presidente Felipe Calderón. Al mismo tiempo, aumentan las denuncias, en el sentido de que el Ejercito mexicano comete graves violaciones a los derechos humanos bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico, argumento que también sustentó este año el Departamento de Estado en su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en el Mundo durante 2009 y que dio a conocer en marzo pasado. Esta fue la primera ocasión en que líderes militares de estos tres países (Estados Unidos, México y Colombia) se reúnen en Washington para hablar de los retos comunes. El almirante Mullen destacó “la utilidad y candor de las conversaciones”, informó la oficina del Estado Mayor Conjunto, aunque no dio a conocer ningún detalle de los temas abordados ni de acuerdos. Como parte de la llamada Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos ofrece a México asistencia militar en materia de inteligencia, además de que especialistas del Pentágono entrenan a grupos especiales del Ejercito y la Marina mexicana para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. También, bajo la Iniciativa Mérida, está pendiente la entrega a las autoridades militares mexicanas por parte del Pentágono, de equipo militar, como helicópteros y aviones Casa, que son la parte esencial de la cooperación bilateral antidrogas. “Todos tenemos algo que aprender de cada uno, y creo que el hecho de haber compartido nuestra experiencia positiva en los últimos años, tanto con el Ejercito mexicano como con las fuerzas de Colombia, nos ha instruido sobre como afrontar la amenaza regional que representa el crimen relacionado con las drogas”, señaló el almirante Mullen.
En su fase acelerada de decadencia pareciera que con Obama Estados Unidos desea otorgar su oportunidad a la diplomacia cuando fracasó su fuerza bélica con la dupla Cheney-Bush y sus controladores neoconservadores straussianos.
Pareciera que Obama se ha inclinado por “contener” a Irán (más que a Norcorea), a quien pretende cercar mediante el despliegue de su cosmogonía nuclear (la nueva “doctrina Obama” de revisión de postura nuclear, el Start II, la Cumbre de Seguridad Nuclear y la próxima revisión en la ONU del Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares) hasta el esbozo de un desgarrador reajuste en el Medio Oriente.
Tres días después a la trascendental firma de la segunda versión del Start (siglas en inglés del Tratado de Reducción de Armas Nucleares), y en vísperas de la relevante Cumbre de Seguridad Nuclear de 47 países convocada por Obama en Washington (ver Bajo la Lupa, 11/4/10) –ya no se diga a tres días de la notable cumbre del BRIC en Brasil– Zbigniew Brzezinski –muy influyente geoestratega, ex asesor de seguridad nacional de Carter e íntimo de Obama–, delineó un “audaz (sic)” plan de paz para el Medio Oriente en The Washington Post (11/4/10), rotativo del establishment estadunidense.
Brzezinski compartió los créditos de su artículo con el muy controvertido anterior congresista por Nueva York Stephen Joshua Solarz, muy cercano a los intereses de Israel, quien quizá fue requerido para seducir al poderoso “lobby israelí” (ver libro de John J.Mearsheimer y Stephen M.Walt) que desde el Congreso puede torpedear la agenda de paz –local, regional y global– de Obama.
Cabe señalar que Joshua Solarz, personaje menor en la política, se presenta ahora como “miembro del consejo” de International Crisis Group, entidad filo-sionista donde figuran, como era de esperarse, el megaespeculador George Soros y el cordobista Zedillo (encargado en sepultar la otrora banca nacional de México y confeso admirador del etnocida Henry Kissinger).
¡Por piedad!: ¿Qué sabe Zedillo de “crisis internacionales”?
Brzezinski sintetiza ahora su previo ensayo en la muy influyente revista Foreign Affairs (enero-febrero 2010): “Por qué la política exterior de EU debe moverse de la esperanza a la audacia (sic)” –en alusión al conocido libro de Obama La audacia (sic) de la esperanza– en el que explaya persuasivamente los obstáculos, en particular al interior de la presente administración que cuenta con muchos operadores que anteponen los intereses unilaterales de Israel a los de EU.
Pareciera que el inapelable tiempo venció el gran diseño de la política exterior de Obama cuando, después del desastre bushiano en Iraq –sin contar la caída de Kirguizistán en Asia Central que beneficia a Rusia– se empieza a desmoronar el andamiaje de la intervención militar de casi nueve años en Afganistán, donde hasta el presidente Karzai se ha percatado de la notoria vulnerabilidad estadunidense y se ha acercado tanto a Irán como a Turquía (lo que valió un vuelo dramáticamente intempestivo de Obama a Kabul por unas cuantas horas).
En la misma línea de pensamiento del general Petraus (ver Bajo la Lupa, 21/3/10), Brzezinski considera que el plan de paz “es del interés nacional (sic) de EU, debido a que la ocupación del Margen Occidental palestino y el aislamiento forzado de la franja de Gaza aumentan el resentimiento (sic) a EU, y obstaculiza los objetivos diplomáticos y militares en la región”. Nótese el orden secuencial entre “diplomático” y “militar”.
No hay que perder de vista lo que hemos denominado la “línea Brzezinski”: la concatenación de los contenciosos palestino-israelí, Iraq, Irán y Af/Pak (Bajo la Lupa,19/7/09). A juicio de Brzezinski, la inminente exhumación de un plan de paz para el Medio Oriente por Obama “no será suficiente” y requiere un gesto audaz (sic) y dramático”.
El plan de Brzezinski se centra en dos aspectos: la parte coreográfica, con mucha pirotecnia, y la otra parte sustancial.
La coreografía pirotécnica, nada desdeñable, consta de un viaje espectacular de Obama –prácticamente a suplicar por la paz mediante su vibrante retórica– tanto al Knesset (Parlamento) de Jerusalén, en imitación del viaje histórico del asesinado presidente egipcio Anuar Sadat, como a Ramala (hoy la capital de facto de la Autoridad Nacional Palestina), donde “deberá (sic) ser acompañado por los “líderes árabes” y el llamado Cuarteto (el grupo diplomático conformado por EU, Rusia, la Unión Europea y la ONU).
¿Aceptará el belicoso premier israelí Bibi Netanyahu, quien padece ostensiblemente el “complejo Massada” (la masiva muerte fundamentalista) y acaba de boicotear la relevante Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington, recibir a Obama para ser solemnemente pontificado en Jerusalén?
Basta leer la apreciación autista de Debka (12/4/10), presunto portal del Mossad (el vilipendiado servicio de espionaje israelí), que desecha el plan de Brzezinski, “repleto de falacias”.
En caso de la esperada intransigencia del belicoso primer ministro israelí, entonces “EU deberá buscar el apoyo del Consejo de Seguridad” al plan de paz de Obama.
Brzezinski expone que las cuatro líneas generales básicas del inminente Plan Obama “son conocidas por todos”, cuya “mayoría de parámetros ha sido endosada (sic) por el plan árabe de paz de 2002 y el Cuarteto”, así como por dos ex-primer ministros israelíes, el general Barak y Olmert:
1. Una “píldora amarga” para los refugiados palestinos a quienes se les prohibiría su “principio sagrado: el derecho de retorno” a Israel del que “no se puede esperar se suicide (sic) en aras de buscar la paz”.
2. “Reparto de Jerusalén como capital de cada Estado”. El este de Jerusalem sería la capital palestina.
3. “Arreglo territorial basado en las fronteras de 1967”.
Y 4.“Estado palestino desmilitarizado (¡súper sic!) con soldados de EU o la OTAN a lo largo del río Jordán para proporcionar mayor (¡súper sic!) seguridad a Israel”. Brzezinski no aborda la dotación clandestina de alrededor 400 bombas nucleares de Israel.
Nos detendremos sucintamente en el muy polémico primer punto, que expone obscenamente las dos pesas y dos medidas sobre el mismo tema.
Mientras prohíbe el “retorno sagrado” de los refugiados palestinos a su tierra de origen, EU ha permitido que en Israel el mismo principio haya sido erigido en ley, la Ley del Retorno de 1950, que le “confiere a los judíos, de origen judío, y a sus esposas el derecho de emigrar y asentarse en Israel y obtener la ciudadanía”.
No nos adentraremos en el más polémico asunto de la multiplicidad de definiciones entre judío, israelí, hebreo, semita y “khazar”, lo cual expone lúcidamente Shlomo Sand, insigne historiador de la Universidad de Tel Aviv en su libro imprescindible La invención (sic) del pueblo judío.
Sin el ánimo de aguar la fiesta de Brzezinski, pero suena absurdo prohibir el retorno de palestinos –de raza árabe semita– cuando se ha permitido y alentado la emigración y colonización a Israel de alrededor un millón de “khazares” –de raza mongol no semita y conversos a la religión judía– de Rusia y otros países de la antigua URSS de Europa oriental.
MÉXICO, D.F., 15 de abril (apro).- En contra de todas las disposiciones internacionales, de los exhortos de sus aliados y de los reclamos de sus opositores, en su reciente visita a Washington el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que continuará la construcción de asentamientos judíos en la zona este de Jerusalén, asignada en 1948 por Naciones Unidas a los palestinos y que Israel se anexó en 1980.
“El pueblo judío construyó Jerusalén hace 3000 años y lo sigue construyendo hoy. Jerusalén no es una colonia, es nuestra capital”, sostuvo Bibi, como se conoce popularmente a Netanyahu, entre atronadores aplausos de los miembros del Comité de Asuntos Públicos Estadunidense-Israelí (AIPAC, por sus siglas en inglés), el principal grupo de presión proisraelí de Estados Unidos.
La construcción de asentamientos continúa, pues en Jerusalén y los territorios ocupados, las relaciones entre palestinos e israelíes han vuelto a tensarse hasta la violencia, y el riesgo de una nueva incursión militar en Gaza, desde donde milicianos de Hamas han lanzado cohetes en las últimas semanas, gravita en el aire. Ni hablar de retomar las pláticas entre unos y otros para llegar a un acuerdo.
A nadie sorprende realmente esta situación con un gobierno israelí integrado por el ala más belicosa del Likud, encarnada en Netanyahu; los ultranacionalistas del canciller Avigdor Lieberman, quien se ha pronunciado por “limpiar a Israel de los árabes”, y un conjunto de partidos religiosos, la mayoría ultraortodoxos, cuyo principal motor es recuperar el “Gran Israel”.
Por lo demás, salvo algunas excepciones como la del asesinado premier Yitzak Rabin, todos los gobiernos israelíes, independientemente de su color político, han continuado la construcción de asentamientos judíos en las zonas ocupadas y no han vacilado en utilizar la fuerza militar contra quien se oponga a sus políticas expansionistas. El mejor ejemplo es la última incursión en Gaza, dispuesta por los partidos Kadima y Laborista, que se declaran como de centro y socialdemócrata.
Lo novedoso es el choque diplomático entre los gobiernos de Netanyahu y Barack Obama, que tanto la prensa de Estados Unidos como de Israel han coincidido en señalar como la mayor crisis entre los dos países desde hace 37 años. Y es que Bibi optó por anunciar la construcción de mil 600 viviendas más en Jerusalén Este, justo cuando el vicepresidente estadunidense, Joe Biden, aterrizaba en Tel Aviv para intentar reanudar las conversaciones de paz con los palestinos.
Biden fue duro al señalar la inoportunidad del anuncio, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue más allá al afirmar que se trataba no sólo de un insulto al vicepresidente, sino a Estados Unidos, porque socavaba la confianza entre ambas naciones y lanzaba un mensaje negativo a la comunidad internacional. “Por fin estalló la crisis”, publicó el diario centroizquierdista Haaretz, habiendo previsto con anterioridad que la relación Obama-Netanyahu no fluiría sin roces.
Y es que después de ocho años de coincidencia del gobierno neoconservador de George Bush con los activos grupos de cabildeo proisraelíes en Estados Unidos, el replanteamiento del conflicto en Medio Oriente y de la relación con las naciones árabes y musulmanas por parte de Obama, necesariamente en algún punto colisionaría con la postura de Israel, particularmente con un gobierno como el de Netanyahu.
El daño estaba hecho, pero algo ocurrió para que, por lo menos a nivel discursivo, los duros conceptos estadunidenses fueran rápidamente matizados.
Netanyahu, quien participó en la reunión anual del AIPAC, fue convocado a la Casa Blanca y, aunque no hubo fotografía ni comunicado conjunto, el vocero Robert Gibbs, Biden y Clinton se apresuraron a declarar en diferentes foros que, pese a las divergencias, los lazos con Israel eran “indestructibles”. En el mismo sentido se expresaron también numerosos congresistas, republicanos y demócratas.
¿Qué pasa que cada vez que alguien intenta poner en su lugar a los gobiernos de Israel da marcha atrás y encima pide disculpas, cuando debería ser al revés?
Es cierto que los fantasmas del antisemitismo y el Holocausto meordean siempre por ahí, y que nadie quiere ser su cómplice. Pero se requiere de algo más, de una acción concertada para que eso surta efecto. En marzo de 2006, con el estudio El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, los profesores John J. Mearshimer, de la Universidad de Chicago, y Stephen M. Walt, de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, develaron parte de esta mecánica.
En su documento de 82 páginas, los profesores plantean que el eje de la política de Washington en Medio Oriente ha sido su inquebrantable apoyo a Israel, no siempre en beneficio de Estados Unidos. Su extraordinaria generosidad –3 mil millones de dólares anuales en asistencia externa, armas de última generación como cazas F-16, 32 resoluciones vetadas desde 1982 en el Consejo de Seguridad y una laxitud en el manejo de los territorios ocupados– podría ser comprensible si Israel tuviera un valor estratégico o moral para Estados Unidos; pero no es el caso, sobre todo con el fin de la Guerra Fría.
¿Entonces? Mearshimer y Walt no tienen duda, se trata del poder incontestado del lobby proisraelí, del que AIPAC sólo es la cabeza más visible, pero que cuenta con otros grupos como la Liga Antidifamación y está además asociado con cristianos evangélicos, neoconservadores (tanto judíos como gentiles), centros de reflexión como los institutos para la Política del Cercano Oriente, American Enterprise y Hudson, y hasta un comité que supervisa la “precisión” de los informes de prensa sobre esta región en conflicto que se distribuyen en Estados Unidos.
El lobby proisraelí por supuesto no es el único que condiciona políticas públicas en Estados Unidos. Por encima de él se ubica la poderosa Asociación Nacional del Rifle y le siguen otros grupos de presión, como el de las petroleras árabes del Golfo o el conjunto de instituciones y congresistas cubanos que desde la Florida busca derrocar al régimen de los Castro.
“Pero ninguno como el lobby pro Israel ha logrado convencer a Estados Unidos de que sus intereses son básicamente idénticos”, dicen los profesores universitarios, al grado de llevarlo a una guerra como la de Irak y al riesgo de otra igual con Irán.
Aunque el trabajo de Mearshimer y Walt fue criticado desde diferentes posiciones por “falta de rigor académico”, su mérito fue probar la real existencia de este lobby proisraelí, que reaccionó con virulencia poniendo en marcha los mecanismos de descrédito que los universitarios describían en su investigación. Muchos políticos estadunidenses han sido destruidos de esta manera, mientras que otros reciben jugosas aportaciones para sus campañas y proyectos, siempre y cuando coincidan con “la causa”.
Uno de los mejores ejemplos de cómo puede operar el lobby, se da nada menos que en la pareja de los Clinton. En 1993, cuando Rabin y Arafat firmaron los Acuerdos de Oslo, AIPAC los apoyó públicamente, pero buscó una manera sutil de socavarlos, y la encontró en el asunto de dónde debía estar ubicada la embajada de Estados Unidos en Israel.
A diferencia de la mayoría de los países, Washington tenía su embajada en Tel Aviv y no en Jerusalén, respetando su condición en disputa. Según los acuerdos, el estatuto final de la ciudad se empezaría a discutir en 1996, pero los activistas proisraelíes en el Congreso introdujeron en 1995 una iniciativa que proponía trasladar la embajada estadunidense a Jerusalén en menor tiempo. Rabin y Bill Clinton estaban en desacuerdo, porque sabían que esto irritaría a los árabes y entorpecería el proceso de paz; pero de eso se trataba. Con mayoría republicana, ambas Cámaras aprobaron la iniciativa.
Atrapado entre árabes e israelíes, Bill optó por la cláusula de exención, que impedía el traslado físico de la embajada, pero que lo obligaba a una revisión de la iniciativa cada seis meses. La presión sobre los Acuerdos de Oslo se volvió intensa y fue peor, cuando Hillary decidió buscar una curul en el Senado por Nueva York. Ansiosa por cortejar el importante voto judío, declaró a Jerusalén “la eterna e indivisible capital de Israel” e inclusive discutió con su oponente, Rick Lazio, sobre quién sería el más rápido en trasladar la embajada.
Al final, ésta nunca fue trasladada, pero “metió mucho ruido”, según dijo Dennis Ross, el principal negociador de Bill en los acuerdos, que a la postre quedaron estancados. Hillary, por su parte, llegó al Senado y, aunque declarativamente, apoyó la creación de un Estado palestino. A la hora de votar siempre lo hizo en consonancia con AIPAC. Se calcula que en su campaña recibió unos 80 mil dólares en dinero proisraelí. Otros conspicuos demócratas también se han visto beneficiados con estos fondos, entre ellos Nancy Pelosi, la actual presidenta de la Cámara de Representantes.
En cuanto a la relación de este poderoso lobby con Obama, los datos son contradictorios. Algunos señalan a AIPAC como la fuente de donde provino la insidiosa campaña que lo señalaba como “un musulman encubierto”, debido a su segundo nombre, Hussein, y a que se crió en Indonesia, el país con mayor población musulmana en el mundo. Pero otros aseguran que Barack habría sido captado desde años atrás por “cazatalentos” proisraelíes, y que una evidencia de ello sería la inclusión de Rahm Emmanuel y David Axelrod como su jefe de gabinete y de campaña, respectivamente.
Esto no prueba nada. Casi 80% de los poco más de 5 millones de judíos que viven en Estados Unidos votó por Obama y la mayoría no comulga con las posiciones de AIPAC. El político afroamericano, en cambio, ya ha sentido los embates de los activistas proisraelíes en varias ocasiones. Durante su campaña, fueron ellos los que más presionaron para que se distanciara de su pastor, Jeremiah Wright, por supuestamente apoyar terroristas, y le exigieron que condenara al “Islam radical” como la causa de los conflictos en Medio Oriente.
Ya como presidente, Obama tuvo que prescindir en 2009 de Charles Freeman, a quien había nombrado al frente del Consejo Nacional de Inteligencia. Diplomático, con amplia experiencia en Medio Oriente y en asuntos de seguridad, Freeman siempre criticó la agresiva política expansionista israelí, ya fuera vía asentamientos o campañas militares, y se pronunció contra la invasión de Irak, las amenazas a Irán y, en general, el manejo de toda la guerra contra el terrorismo. Las presiones en su contra fueron tales, que acabó por renunciar.
En la relación directa con Netanyahu, el saldo para Obama ha sido hasta ahora negativo. Tanto en la reunión de mayo del año pasado como en la que acaba de ocurrir, el israelí no dio un solo paso atrás en sus posturas y, al contrario, se dio el lujo de desafiar al gobierno estadunidense en pleno. Dado el recule declarativo de éste, es de inferirse que el activismo de las fuerzas duras que apoyan a Bibi en casa y en Estados Unidos, volvió a imponerse sobre la mayoría silenciosa.
MÉXICO, D.F., 15 de abril (apro).- Justo en momentos en que se recrudecieron los combates entre las fuerzas armadas y el narcotráfico, que a su paso dejaron una estela de civiles muertos, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) desmontó una maniobra ilegal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante la cual pretendía reservar durante 12 años el informe que el Subcomité de Protección contra la Tortura de la ONU entregó a México desde 2008. La sesión plenaria del IFAI, celebrada el pasado 17 de marzo, no fue como otras. Y es que tres de los cinco comisionados, Sigrid Artz, María Elena Pérez Jaén y Ángel Trinidad Zaldívar, manifestaron su indignación por el comportamiento de la Cancillería en momentos difíciles para el país por la presencia del Ejército en las calles. Pero ante todo se preguntaron qué es lo que realmente esconde el gobierno del presidente Felipe Calderón. El informe de la ONU fue publicado en periódicos de la ciudad de México en espacios muy pequeños, pero la postura adoptada por el IFAI seguramente trascenderá en los próximos meses, ya que los propios comisionados exhortaron a la Cancillería a no utilizar más artimañas para retrasar la atención de solicitudes de acceso a la información, y solicitaron una reunión inmediata con la titular de la SRE, Patricia Espinosa. “Este tipo de interpretaciones (para reservar el informe de la ONU) fueron hechas por un leguleyo, un discutidor que aplica el derecho sin rigor y con desenfado”, acusó el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, autor del proyecto de resolución sobre el caso. Entre el 28 de agosto y el 22 de septiembre de 2008, el Subcomité de Protección contra la Tortura estuvo en México de visita oficial. En su agenda de trabajo consta que visitaron prisiones en Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León, estado de México y el Distrito Federal. Además, se reunieron con funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como con representantes de organizaciones no gubernamentales. Los enviados de la ONU estuvieron en México cuando ya se habían cumplido dos años de guerra contra el narcotráfico. Cuando el presidente Felipe Calderón colocó en la primera línea de fuego a las fuerzas armadas. Para ese entonces –septiembre del 2008–, el promedio de asesinatos y ejecuciones en diversos puntos del país era de 16 cada 24 horas, de acuerdo con una investigación de El Universal. El 4 de septiembre de ese mismo año, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró ante la Cámara de Diputados que la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico, no sólo recurre a “acciones de alto impacto” como las decapitaciones y las narcomantas para aterrorizar o generar alarma social, sino que también cuenta con una base social que le da impunidad. Meses después, en febrero de 2009, el Informe del Subcomité de Protección contra la Tortura fue entregado al gobierno de México. La ONU –de acuerdo con la normatividad internacional– le dio la categoría de confidencial; sin embargo, México –como cualquier otro país– tiene la facultad de hacerlo o no público, ya sea por decisión específica o en cumplimiento de sus leyes. Alrededor de siete meses después, ante el silencio absoluto de la Cancillería respecto del informe, una de las organizaciones no gubernamentales involucrada en la defensa de las garantías individuales, Todos los Derechos para Todos, solicitó acceder al expediente. La opacidad del gobierno mexicano era ya un hecho ante los ojos de las asociaciones que habían dialogado con la misión de la ONU. En la petición, el representante de Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez Morales, refirió que el Subcomité de Prevención contra la Tortura elaboró un informe con “una serie de recomendaciones al gobierno mexicano”. A pesar de que el activista precisó incluso qué despacho debería tener ese expediente entre sus archivos, la Cancillería tardó 20 días hábiles para señalar que por el momento no era posible localizar el informe entregado por la ONU y, aprovechando las ventajas que le da la Ley Federal de Transparencia, solicitó una prórroga de 20 días hábiles para localizarlo. Al cumplirse este segundo plazo –aproximadamente tres semanas después–, la Unidad de Enlace de la Cancillería reportó a la organización Todos los Derechos para Todos que el informe requerido estaba reservado por 12 años, toda vez que las observaciones hechas al gobierno eran confidenciales y que permitir el acceso a las mismas afectaría las relaciones internacionales de México, pues violaría el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Los activistas no aceptaron la respuesta de la Cancillería, por lo que tramitaron un recurso de revisión ante el IFAI. En los alegatos enviados al comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, acusaron a la SRE de haber hecho una interpretación equívoca del Protocolo Facultativo contra la Tortura, ya que si bien se menciona que los informes se entregan en calidad de confidenciales, también es cierto que los países –en este caso México– pueden publicar las observaciones. Como una prueba de que el abrir los archivos de la ONU no afecta las relaciones internacionales, la organización Todos los Derechos para Todos señaló que Suecia y Malvidas (un país situado en el Océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka y la India, al sur de Asia) publicaron las observaciones hechas por el Subcomité de Protección contra la Tortura, sin que hasta el momento se hayan resentido efectos en su economía o en el desarrollo de los tratados comerciales. Pero la Cancillería nunca aceptó haberse equivocado. En sus alegatos enviados al IFAI apuntó que México no había solicitado la apertura del archivo a la ONU y, aún más, afirmó que con anterioridad el grupo de trabajo encargado de atender las observaciones sobre la tortura decidió no difundir el informe a fin de “generar un proceso de confianza” entre las autoridades involucradas. En la referida sesión pública, el comisionado Ángel Trinidad pidió una reunión con la SRE, ya que no sólo tergiversaron los alcances de un acuerdo, sino que también hicieron todo lo posible para no entregar la información, lo que va en contra de los principios de máxima publicidad y de rendición de cuentas que deberían existir en un gobierno democrático. Al explicar qué encontró en este caso, admitió sentir una “enorme molestia” por la actitud de la SRE. Por enésima ocasión –enfatizó– se hace notar por estas malas respuestas al apoyarse en una decisión de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, que no le hace honor a su nombre. “Pareciera ser que les gusta poner nombres rimbombantes para luego no cumplir lo que ofrecen. El sostener que el informe está reservado es una interpretación hecha por algún leguleyo. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se trata de un discutidor que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente, negando los principios fundamentales de la abogacía”, acusó. Para Ángel Trinidad, queda claro que la ONU entregó el informe como confidencial, pero México es quien finalmente determina si éste es público o reservado. No obstante, en sus alegatos –de acuerdo con el expediente 5290/09– la SRE dice que la publicidad del informe entorpecería la atención de las observaciones de la ONU hechas a México. “De verdad no puedo entender cómo es que entregar esta información entorpece las observaciones de la ONU. Queremos tener la democracia de Suecia, pero tenemos la opacidad absoluta en nuestro país”, puntualizó el comisionado, quien desde el año pasado sustituyó a Alonso Lujambio, ahora secretario de Educación Pública. La Cancillería pasó de ser un sujeto obligado de la Ley Federal de Transparencia a un sujeto desobligado, porque insiste en no entregar lo que se le ordena, incluso por encima de los principios básicos de la democracia, como los derechos humanos, continuó el comisionado, para rematar con esta pregunta: “¿Tienen algo que ocultar?”. Y él mismo respondió: “Yo esperaría que no. Busquemos un acercamiento con la canciller, porque no sólo nos hace quedar mal dentro de México, sino también afuera.” De su lado, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, advirtió que la confidencialidad en este documento es insostenible. “Me sorprende –explicó– que el grupo de trabajo para la instrumentación de las recomendaciones cierre el expediente para presuntamente generar un proceso de confianza entre las autoridades involucradas, pero ese mismo grupo no puede ejercer la reserva de documentos como una facultad discrecional. Por el contrario, eso siempre tiene un límite, y ese límite es la Ley Federal de Transparencia.” En su oportunidad, la comisionada María Marván apuntó que esta no es la primera vez que la SRE interpreta los tratados internacionales en sentido inverso. El año pasado –añadió– sucedió algo similar con una solicitud sobre límites territoriales. Y la comisionada Sigrid Artz comentó que desde el año 2002 existe en México una oficina que representa al alto comisionado de la ONU. En este contexto, agregó, el presidente de México firmó acuerdos para fortalecer los derechos humanos. “Por eso a mí, francamente, me causa una enorme sorpresa la resistencia de la Cancillería. Quizá hay algo que puede incomodar en ese informe y no se quiere hacer frente a ello”, comentó. En tanto, la comisionada María Elena Pérez Jaén dijo no entender cómo es que la Cancillería puede manejar respuestas de este tipo cuando se trata de una institución con profesionales y cientos de servidores públicos, a diferencia de otras instancias. “El informe solicitado a la Cancillería –detalló– es de mucha relevancia dentro del contexto de inseguridad en el que está México. No es posible que pretendan reservar esa información por 12 años. Cada país está en libertad de publicar o no esas observaciones sobre la práctica de la tortura. “Como digo en estos casos, esta respuesta de Relaciones Exteriores es una perla, pero de plástico. Este informe es importante, sobre todo ante problemas como los de Monterrey, en donde un presunto narcotraficante es detenido y a las pocas horas lo encuentran ejecutado”, añadió. Antes de que se ordenara por unanimidad a la SRE entregar el informe elaborado por la ONU, el comisionado Ángel Trinidad remató sus intervenciones al señalar que en la propia Ley Federal de Transparencia se establece que no puede reservarse la información que contenga delitos graves contra la humanidad. “Si en este caso se trata de un informe para la prevención de la tortura, no había por qué reservarlo. Por lo visto, no podemos confiar en la forma en que se maneja la Dirección de Derechos Humanos y Democracia de Relaciones Exteriores”, concluyó.
MEXICO, D.F., 15 de abril (apro).- El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal afirmó que durante la cuenta pública de 2008 la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incurrió en un subejercicio de 3,440 millones de pesos, el 43% de los ocho mil millones que la Cámara de Diputados le presupuestó para ese año. Durante la cuarta mesa de análisis sobre el manejo de los gastos en la cuenta pública de 2008, Portal reveló que el subejercicio ocurrió en el llamado Fondo de Seguridad Pública, parte del dinero que la SSP distribuye a los estados para el combate a la inseguridad. Además, dijo, se detectaron irregularidades en la adquisición y uso de equipamiento y vehículos de las corporaciones policíacas del país. Igualmente, señaló, se detectó que en la antigua Policía Federal Preventiva no se establecieron lineamientos internos para la adquisición de armamento y municiones, y se compraron camionetas y unidades médicas móviles que no se destinaron para lo que fueron adquiridas. El auditor no detalló en qué estados se incurrió en un menor gasto. Con esta cuarta mesa de análisis, la Cámara de Diputados y el auditor Superior de la Federación concluyeron las reuniones de trabajo. Ahora, el gobierno federal cuenta con 40 días hábiles, a partir de esta fecha, para rectificar o justificar los subejercicios y opacidad en el manejo de diversos fondos que se pudieron detectar en el segundo año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
MEXICO, DF, 15 de abril (abril).- El gobierno de Felipe Calderón rechazó que soldados del Ejército Mexicano hayan violado sexualmente a Inés Fernández Ortega en marzo de 2002 y, por el contrario, responsabilizó a la indígena guerrerense por negarse a colaborar con la Procuraduría de Justicia Militar para identificar a sus agresores. En la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), efectuada en Lima, Perú, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, admitió sin embargo que la investigación continúa abierta en el Ministerio Público Militar, e hizo entrega de ocho tomos que integran el expediente para que la Corte valore los testimonios. Gómez Robledo sólo aceptó como responsabilidad del Estado mexicano la dilación en la resolución del caso para identificar a los agresores de Inés, en la “extinción” de las muestras de semen localizadas en el cuerpo de la indígena, así como por la ausencia de atención médica especializada para casos de violación sexual, que debió incluir no sólo el examen físico sino psicológico. A pesar del reconocimiento de fallas de origen en la indagatoria, Gómez Robledo rechazó que las declaraciones de la víctima y de su hija, testigo de la agresión, sean suficientes para atribuir responsabilidad a soldados del Ejército en la violación sexual. “El Estado respetuosa y categóricamente sostiene que la presunta violación a la señora Fernández Ortega no puede ser atribuida al Estado ni con la información que figura en los expedientes ni mucho menos con los elementos de prueba que presenta la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y los peticionarios. “En este caso, las únicas pruebas directas que la Comisión y los peticionarios han ofrecido son las declaraciones de la presunta víctima y su hija. En otros casos, la Corte ha determinado que declaraciones como estas no constituyen prueba plena, sino que deben ser valoradas en el contexto del conjunto de pruebas del proceso, y no como un indicio único y exclusivo”, señaló el funcionario de la Cancillería mexicana ante la Corte regional presidida por el juez peruano Diego García Sayán. Gómez Robledo enfatizó que en 23 ocasiones hubo intentos por parte de la Procuraduría de Justicia Militar para que Inés Fernández acudiera a una diligencia para realizar un retrato hablado de sus agresores, así como para revisar un álbum fotográfico, situación que ocurrió hasta agosto de 2009, ocasión en que la indígena guerrerense identificó a dos soldados como quienes abusaron sexualmente de ella en 2002. A pesar de que el mismo funcionario admitió que Inés identificó a dos de sus agresores, rechazó que ese testimonio sea prueba suficiente para atribuir a “agentes del Estado” la violación sexual. Incluso dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el fuero militar como el indicado para dar seguimiento al caso la mujer guerrerense. El representante del gobierno mexicano pidió también a los jueces del Tribunal interamericano desestimar los señalamientos de los representantes de Inés --el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y Centro para la Justicia Internacional (CEJIL)-- sobre actos de intimidación y amenazas, así como el asesinato del hermano de la víctima, Lorenzo Fernández Ortega, como consecuencias de la búsqueda de la justicia. En su réplica, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, puntualizó que “las investigaciones no han arrojado los resultados esperados; además, las comparecencias no habrían solucionado las deficiencias estructurales, como la destrucción de pruebas de semen ni que se aplicara el fuero militar”. Abi-Mershed y la abogada de CEJIL, Gisela de León, aclararon que “correspondía al Estado mexicano investigar y realizar las debidas diligencias, pero la víctima se ha enfrentado a una barrera de impunidad, de amenazas y hostigamiento; es al Estado al que le corresponde adoptar las medidas adecuadas para resolver esta situación de denegación de justicia”. Por su parte, el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinosa, desmintió a Gómez Robledo, al aclarar que la SCJN no validó al fuero militar, sino que en un juicio de amparo interpuesto por Inés Fernández, “los tribunales simplemente declararon que ella no tenía legitimación activa para impugnar la competencia, por lo que no debe soslayarse que durante el tiempo en que el caso ha permanecido en la jurisdicción militar ha habido falta de independencia, lo que es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos”. En la sesión, los jueces cuestionaron al Estado mexicano sobre la incongruencia de negar la participación de miembros del Ejército en la agresión a Inés sin que se haya concluido la investigación. Además, preguntaron por más casos de violación sexual en que se hayan perdido pruebas de semen y las sanciones para los funcionarios negligentes; las atribuciones de los militares para allanar viviendas; de los protocolos y equipos médicos especializados para atender casos de violencia sexual en las agencias de investigación, así como sobre la asistencia de traductores de lenguas indígenas capacitados.
MÉXICO, D.F., 10 de abril (Apro).- Ismael El Mayo Zambada ya movió su pieza. Ahora le corresponde al gobierno de Felipe Calderón y a las autoridades estadunidenses responder al movimiento.
Lo detienen y lo extraditan a Estados Unidos o el principal estratega del cártel de Sinaloa los sigue tomando por sorpresa y dejándolos en ridículo y bajo sospecha.
Una alternativa es que les sirva para estabilizar el mercado de las drogas, como pieza clave en la regulación de los enfermizos niveles de violencia que padece el país a causa del narcotráfico.
Pasado el impacto del encuentro que El Mayo decidió tener con el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el juego de la persecución no puede ser el mismo.
Más que lanzar un reto, El Mayo se dirigió tanto a Calderón como al gobierno de Estados Unidos.
Su objetivo: negociar con la justicia estadunidense no sólo su proceso penal sino el de su hijo, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, quien ya es procesado en la corte federal de Columbia, en Washington, por tráfico de cocaína.
A cambio, facilitarle a Calderón su "guerra contra el narcotráfico" apaciguando la violencia con miras a la elección de 2012.
La alianza que opera desde el año pasado entre el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y La Familia Michoacana, llamada La Nueva Federación, tiene el propósito de reducir a Los Zetas, al cártel de Juárez y la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
No será fácil, dada la capacidad y entrenamiento de Los Zetas, el grupo creado por desertores de élite del Ejército mexicano. La violencia en Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Morelos, Guerrero y ahora Sonora son la expresión de este enfrentamiento.
El propósito de la Nueva Federación es convertirse en un mega cártel que controle el negocio de las drogas ilegales en México y con ello reducir la violencia.
En ese escenario, Calderón llegaría al fin de su sexenio con una configuración más estable del narcotráfico en el país, con la capitalización política que ello implica, como lo demostró la experiencia de su alter ego, el presidente colombiano Álvaro Uribe.
En ese escenario, Estados Unidos también lograría sus objetivos: estabilizar el mercado ilegal de la droga, reducir la violencia en su frontera con México y garantizar el millonario flujo de dinero entre los dos países sin un costo tan alto en muertes.
Esas ganancias se sumarían a lo que ya ha logrado de Calderón: la operación discrecional y permanente en México, el control de la información sobre la operación de los cárteles y el alineamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas a sus metas en materia de seguridad fronteriza.
En el caso de El Mayo, Estados Unidos podría llegar a un acuerdo millonario con él y su hijo para reducirles la pena. Con Javier Arellano Félix, El Tigrillo, del cártel de Tijuana, y Osiel Cárdenas, del cártel del Golfo, ya lo hizo. De los dos obtuvo cien millones de dólares.
Llegar a ese escenario no será tan simple. Falta saber lo que digan Los Zetas y sus protectores políticos y militares.
MÉXICO, D.F., 15 de abril (apro).- Probablemente en esta época, cuando las mujeres abarcamos todos los espacios públicos, no es ninguna sorpresa ser consideradas y participar. Los medios de comunicación de todas las facturas no tienen otro remedio que hablar de nosotras.
No tienen otro remedio que incluirnos, a veces, en los tremendos informes sobre las muertes evitables, como las que han caído entre fuegos. Además, es imposible ocultar por más tiempo a todas las buenas funcionarias de todos los niveles en la administración pública, y tampoco se pueden negar sus demandas ni dejar de hablar por las que están en la cárcel por sus ideas y por sus decisiones, como las que han interrumpido legalmente su embarazo.
A pesar de la factura patriarcal de los medios, las mujeres están en ellos en muy diversas responsabilidades, abriendo brecha y espacios. Como la humedad, nos hemos metido con nuestras voces, cada vez más y más. Hay un cambio imperceptible y duradero del que no nos hemos dado cuenta a cabalidad quienes damos a diario la batalla.
Jamás hubiera tenido el impacto que tuvo el caso de Ernestina Ascencio sin la voz de Carmen Aristegui, ni el sufrimiento y la sinrazón que pone en crisis a la maternidad tradicional sin el reportaje de Sanjuana Martínez, y probablemente no tuviéramos la investigación sobre los negocios de Pemex sin Ana Lilia Pérez, tampoco sabríamos de otros desvíos presupuestales sin la investigación de Sonia del Valle. Todas ellas, mujeres, ampliando las miradas y haciendo buen periodismo, compitiendo en “las grandes ligas” para hacer opinión pública.
Pudiera mencionar a muchas de mis contemporáneas expandiendo nuevos modos de hacer, con perspectiva distinta, incluyente, como lo hace Soledad Jarquín en Oaxaca, cuyo oficio, el periodístico, hoy la ha colocado como historiadora de las mujeres de aquella entidad.
Están también Dora Villalobos, que hace un programa de televisión y ahonda en la cuestión judicial, y la directora de Nosotras en Nuevo León, Juana María Nava, sin quitar el dedo del renglón. De los dolores inmensos, sacada de los surcos de la injusticia, está Ni más ni menos Mujeres, iniciativa multimedia de Candelaria Rodríguez y Susana Solís en Chiapas.
Tal vez por estas razones, Beatriz Pagés, una de las poquísimas directoras de un medio, con el que yo me eduqué políticamente, para premiar la equidad de género incluyó ahora la igualdad, tema de política pública tejido por las feministas de todos los tiempos.
La directora de la Revista Siempre!, de larga trayectoria, instituyó la Fundación José Pagés Llergo, que otorga el Premio Nacional de Periodismo con el nombre de su padre, reconoce este cambio en la sociedad y le pone un espacio que ojalá dure en el tiempo.
En las páginas de Siempre! José Pagés Llergo! --en tiempos en que no se evaluaba con profundidad la pluralidad periodística-- colocó las reflexiones de importantes pensadores y yo pude leer inmensas crónicas de la vida en el país, allá en los años 60.
Miguel Ángel Granados Chapa, un periodista sin tacha, maestro del buen periodismo, fue leído ahí por mí desde entonces. Hoy es presidente del Jurado premiador que me ha distinguido junto con periodistas cabales como Carmen Aristegui, Sanjuana Martínez y Ana Lilia Pérez, perseguidas por sus investigaciones periodísticas de gran calado.
Me siento halagada --en la plenitud de la vida, como nos dicen a quienes vivimos la tercera edad-- por esta distinción, sólo por haber insistido en que las mujeres, esas que estamos en todos los espacios públicos, merecemos un lugar en los medios de comunicación. Una tarea añeja y pertinaz sostenida en mi convicción de que este mundo no es posible si no estamos todas y todos, con nuestras ideas, nuestras hazañas y nuestras palabras.
Hoy sé, tras reportear, que en esa lucha librada durante varias décadas, tenemos aliadas y aliados para continuar en una nueva situación, donde ya es posible que se nos mire, con mayor o menor intención, simplemente porque es imposible no tomarnos en cuenta.
MÉXICO, D.F., 14 de abril (apro).- El papel que la prensa mexicana ha desempeñado frente al creciente poder de los cárteles del narcotráfico ha sido incierto, pues va desde la amplia cobertura de sus acciones, con un tinte de nota roja y testimonial, hasta la decisión de la autocensura, originada por las amenazas de muerte.
En medio de esta incertidumbre y del terror que en algunas zonas del país ocasiona a los reporteros cubrir la violencia provocada por los distintos grupos de narcotraficantes, lo que llama la atención es la ausencia de los dueños y directores de los principales medios –televisión, radio y prensa--, quienes no han fijado una posición o una estrategia clara para informar a la ciudadanía sobre uno de los acontecimientos que más le han afectado al país desde hace un siglo.
En Colombia fueron los dueños de los medios y no los periodistas quienes acordaron las medidas para cubrir la información generada por el narcotráfico, a finales de los años ochenta. Y no fue gratuita la posición unificada que tomaron, sino que se originó porque muchos de ellos son parte de la clase política colombiana –hijos o parientes de expresidentes, legisladores, gobernadores, etcétera--, y recibieron amenazas y extorsiones; además, fueron víctimas de terrorismo de los carteles que los obligó a tomar una posición.
Esto no ha ocurrido en México y es posible que por eso no veamos que haya un frente común de dueños y directores de los principales medios, no obstante que en la última década 59 periodistas han sido asesinados y otros ocho se encuentran desaparecidos.
Por la gravedad de la situación no se trata sólo de definir cómo informar de lo que ocurre con el narco, sino también de cómo se protege a los periodistas, cómo realizar un trabajo periodístico de profundidad que informe no sólo del número de muertes violentas, sino de todas las aristas del fenómeno y, asimismo, de los alcances del crimen organizado. Todo esto sin menoscabo al ejercicio de la libertad de expresión.
Hasta el momento cada medio, dependiendo de su propia situación, ha tomado sus medidas para informar del narcotráfico.
En los estados de mayor riesgo como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, la mayoría de los medios han optado por la autocensura; mientras que en el Distrito Federal, donde se vive una especie de burbuja, algunos han decidido no acreditar los trabajos informativos de sus corresponsales. Las televisoras y las estaciones de radio, por su parte, decidieron dar cuenta de los hechos sin profundizar, es decir sin hacer ninguna investigación sobre el tema del narcotráfico.
Salvo algunos casos, la prensa mexicana en general ha optado por la nota roja y la cobertura testimonial. Es decir, informar como si fuera una nota policíaca y sólo ofrecer un registro de los hechos.
A pesar de que se adolece de investigación, al gobierno panista de Felipe Calderón la difusión de una guerra perdida le sigue incomodando.
Hace poco Felipe Calderón, en una más de sus declaraciones inoportunas, reclamó que se publiquen los mensajes que los narcotraficantes dejan en mantas colgadas en puentes y calles de las ciudades del país, o en los cuerpos de algunos de los ejecutados. Pidió que ya no se difundan más para no hacerles el juego y, al mismo tiempo, instó difundir más las acciones que su gobierno realiza para combatirlos.
Como si fuera un problema de percepción y no estructural, Calderón hizo la petición desesperada a los medios para mejorar su imagen y, en una especie de truco de ilusión, transformar la realidad.
En ese contexto fue que se publicó el encuentro entre Julio Scherer e Ismael El Mayo Zambada, el cual sigue provocando polémica en el medio periodístico y disgusto en el gobierno federal.
La molestia del gobierno es que se evidenció su incapacidad de perseguir a los jefes del narcotráfico, mientras que el debate entre algunos periodistas, intelectuales y analistas se centró en alabar o criticar el trabajo de Scherer, sin reparar en la oportunidad de revisar las formas en que se ha trabajado el tema del narcotráfico y la falta de medidas de protección para los reporteros.
En México, como en su momento en Colombia, el inicio de la cobertura de la violencia ocasionada por el narcotráfico ha sido de nota roja, de dar testimonio de los hechos si reparar en el fondo del fenómeno. Las fotos de ejecutados y el número de muertos, sin embargo, han comenzado a dejar de ser la principal noticia por la cantidad de casos y la espiral de violencia que escala cada día.
Ha llegado el momento de replantear la cobertura periodística del narcotráfico, dar los pasos hacia la investigación y ver las ramificaciones políticas y financieras dentro y fuera del país, verlo también como un problema de salud y no sólo policíaco militar; dar la protección necesaria a los reporteros que son sujetos de amenazas, intimidaciones, torturas y secuestros.
Sobre todo, que los dueños y directores de los medios tomen posiciones y acuerdos para afrontar este poder que tiene bajo su yugo a parte de la prensa mexicana.
MÉXICO, D.F., 14 de abril.- En los próximos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá una nueva oportunidad histórica para exigirle cuentas claras al Estado mexicano. A finales del año pasado, con sus resoluciones acerca de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y los feminicidios de Ciudad Juárez (caso “Campo Algondonero”), emitió un claro mensaje en contra de la impunidad. Ahora, con la revisión de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, el 15 de abril y el 28 de mayo, respectivamente, tenemos ante nosotros una nueva coyuntura que finalmente podría meter en cintura a las fuerzas militares de México.
En hechos separados durante 2002, las indígenas Me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas por soldados que laboraban en tareas de “contrainsurgencia” en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec, Guerrero. La justicia fue negada a las dos jóvenes, entonces de 24 y 17 años, ya que las autoridades no les prestaron el apoyo adecuado ni cumplieron con sus responsabilidades constitucionales.
El Ministerio Público, primero, se negó a investigar a fondo las denuncias interpuestas por Inés y Valentina, y, finalmente, se declaró incompetente. Una vez más, se aplicó de manera irresponsable el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que define como un “delito contra la disciplina militar” y, por lo tanto, justiciable por los tribunales castrenses, cualquier acto que sea “cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”. Como era de esperarse, en el ámbito de la justicia militar el caso simplemente no ha avanzado y los delitos han quedado impunes.
Desde hace tiempo la Corte Interamericana se ha venido pronunciado a favor de la eliminación del fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos que involucren a civiles. Este criterio fue adoptado por los magistrados en el caso Radilla al señalar: “En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional (…) no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria”. El punto resolutivo número siete de la sentencia, dictada el pasado 23 de noviembre, requiere que el Estado mexicano modifique el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Por otra parte, este 26 de marzo, en su informe final con respecto al quinto examen periódico de México, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también exige de manera categórica al Estado mexicano “modificar su código de justicia militar con el fin de que la justicia militar no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles”.
El argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de la ONU está basado en el más elemental sentido común. La justicia militar solamente debe aplicarse en los casos en que tanto la parte afectada como el presunto delincuente sean de las fuerzas armadas. En el momento en que estén involucrados civiles, las autoridades civiles deberían encargarse de la procuración de justica con el fin de tutelar los derechos fundamentales y garantizar un proceso independiente y objetivo.
De otra forma, se erige un muro de impunidad para todas las fuerzas militares. Por el simple hecho de estar vestido de militar, un soldado podría violar las leyes a su antojo. ¿Quién será castigado, por ejemplo, por el asesinato de los dos niños en un retén militar en Tamaulipas la semana pasada, o por la muerte de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, entre otros tantos abusos?
Los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo son también emblemáticos de la discriminación institucional que tanto mujeres como indígenas sufren cotidianamente en nuestro país. Por ejemplo, dos días después de sufrir la agresión, la todavía menor de edad Valentina acudió a la clínica de salud de su pueblo, donde, al denunciar lo que le había pasado, le negaron atención médica. Fue obligada entonces a emprender un camino de ocho horas para asistir al Hospital Central de Ayutla, lugar en el que, después de una espera de 24 horas, fue examinada por un doctor que únicamente le revisó el estómago, sin realizar otros exámenes, bajo el argumento de que no se encontraba disponible ninguna doctora.
Desde que empezaron a litigar sus casos a nivel internacional, con el invaluable apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Inés y Valentina han sido sujetas a una serie de actos intimidatorios (amenazas de muerte, el intento de secuestro de uno de sus hijos, vigilancia de parte de hombres desconocidos, etcétera) sin que a la fecha el gobierno mexicano haya protegido la integridad de las denunciantes. Asimismo, las autoridades desoyeron por completo las contundentes recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ambos casos, hecho que obligó a la Corte a intervenir en el caso.
Hagamos votos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se mantenga firme aun ante las fuertes presiones que seguramente recibirá de parte de las autoridades mexicanas, y para que, aprovechando este caso, ratifique su mensaje contra la impunidad militar. También habría que exigir al Senado de la República avanzar en la dictaminación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2009, y a la Cámara de Diputados, hacer lo propio con otra reforma, aprobada en diciembre de 2009 por el Senado, que amplía la figura jurídica del amparo para incluir la tutela de los derechos plasmados en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. l
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