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domingo, marzo 03, 2013
jueves, julio 21, 2011
Pugna por miles de millones en sindicato petrolero
A un año de las elecciones presidenciales, el sindicato que más dinero público ha desviado a las campañas del PRI, el petrolero, está en crisis. Mientras se negocia con la Dirección General de Pemex la renovación del contrato colectivo de trabajo, el antiguo líder Hernández Galicia y el actual, Romero Deschamps, pelean miles de millones de pesos de dos fideicomisos instituidos en Banamex y BBVA Bancomer hace más de dos décadas; dos disidentes son encarcelados y uno más obtiene un amparo para evitar ser detenido; en la PGR, hay una averiguación previa en curso contra Romero Deschamps por el supuesto robo de 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales.
Julio es un mes intenso para el gremio: la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) no sólo negocia con la Dirección General de Petróleos Mexicanos la renovación del contrato colectivo de trabajo y sus cuantiosos beneficios económicos, sino que también pugna por la titularidad de dos multimillonarios fideicomisos privados cuyos fiduciarios, BBVA Bancomer y Banamex, se negarían a finiquitar.
El ambiente de esas componendas se complica pero, como todos los sindicatos, el petrolero necesita capitales para afianzar su poder e influencia política. Sobre todo, después de perder 3 mil millones de pesos de las cuotas sindicales por el llamado Pemexgate: aquel desvío de recursos hacia la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa ocurrido en 2000.
En plena negociación del contrato colectivo –que concluirá el próximo 31 de julio–, la Procuraduría General de la República mantiene abierta una averiguación previa en contra del secretario General del STPRM, Carlos Romero Deschamps. El líder y político priista también enfrenta varios procesos judiciales entablados por corrientes de la disidencia para desautorizar la toma de nota que lo mantiene, oficialmente, al frente del gremio.
Identificada con el folio AP/PGR/UEIDCPCAJ/SP/M-XV/799/2010, la averiguación habría sido producto de la mesa de diálogo abierta en la Secretaría de Gobernación –por conducto del director de Concertación Social, Lorenzo Gómez Hernández– y el Movimiento Nacional de Petroleros, dice a Contralínea Concepción Covarrubias, integrante de dicha organización.
“De una acta circunstanciada [la AC/PGR/UEIDCSPCAJ/CAJ/M-XV/18/2010] conseguimos que se abriera la averiguación por el robo de 3 mil millones de pesos de cuotas sindicales.”
La trabajadora de Pemex Gas y Petroquímica Básica y activista disidente asegura que el procedimiento –seguido en la Mesa XV de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales– se centra en el manejo de las cuotas pactado a raíz del llamado Pemexgate.
Y aunque en 2004 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a revisar los amparos de cuatro implicados en el fraude al erario, ésta sería una nueva arista judicial hasta ahora no investigada, refiere Covarrubias.
Pero la judicialización del tema petrolero no se reduce a los procesos en contra de Romero Deschamps. Dos líderes disidentes han sido detenidos en fechas recientes. Se trata de Pablo Pavón, encarcelado a fines de mayo pasado en Veracruz, y Mario Ross, del Movimiento Nacional de Petroleros, detenido a mediados de junio en el Distrito Federal y preso en Tabasco. Ambos, acusados de fraude.
Uno más, Omar Toledo, ha conseguido un amparo federal para evitar la cárcel: “Andaba a salto de mata, pero me acaban de dar el amparo. Estaba acusado de allanar las oficinas del Sindicato sólo porque me paré ahí a protestar en contra de Romero Deschamps y sus políticas antisindicales”, asegura en una entrevista.
Aunque las autoridades sostienen que los líderes presos defraudaron a sus agremiados (el fraude de Pavón, en contra de la caja de ahorros de la sección 10 del STPRM; el de Ross, en contra de la sociedad cooperativa Grupo Unificador 6 de Mayo, de la sección 44), representantes de la disidencia apuntan que se trata de móviles políticos con miras a la elección presidencial del próximo año. La idea la sustentan en los antecedentes del sindicato petrolero, utilizado para realizar triangulaciones de fondos públicos a campañas electorales.
Los fideicomisos Mientras Romero Deschamps discute con el director de la paraestatal petrolera, Juan José Suárez Coppel, las condiciones del nuevo contrato colectivo, pierde la negociación relativa a los multimillonarios fideicomisos, entablada con el exlíder Joaquín Hernández Galicia, la Quina, a través de terceros.
Leer articulo completo AQUI.
En la víspera de importantes procesos electorales, en la política mexicana siempre hay quien se encarga de hacer el ridículo y presentar espectáculos denigrantes de corrupción, abuso e injusticia.
Hace unas semanas ese papel lo hicieron el Ejército y Los Pinos con el caso Hank Rhon, ya divulgado en todos los medios. Y apenas la semana pasada, otros dos políticos. La maestra priista, panista y panalista Elba Esther Gordillo y su pupilo, el veracruzano Miguel Ángel Yunes, se encargaron de darnos otra prueba de cinismo y desfachatez, sin descartar la terrible corrupción que envuelve al sistema político mexicano. Esto explica por qué en unas elecciones locales como las del Estado de México, casi el 60 por ciento del padrón electoral se abstuvo de votar.
El IFE usurpa facultades legislativas
No sólo el presidencialismo, en su versión derechista, religiosa y panista, ha excedido sus facultades, en otro abuso del poder, vomitando su autoritarismo sobre la constitucionalidad democrática y republicana (al haber desconectado del Artículo 89, la fracción VI, de lo previamente dispuesto en el Artículo 29; ambos de la ley fundamental de toda la Unión).
También el Poder Judicial de la Federación (¡y no se diga el de las entidades, que incluye al Distrito Federal, donde sus integrantes obedecen, en su mayoría, servilmente al desgobernador en turno), con sus jueces, magistrados y ministros, con raras excepciones, ha perdido la brújula de la imparcialidad para impartir justicia.
La guerra energética que viene, según Klare
Beirut, Líbano. Que uno viaje no significa que cese de leer y explorar la literatura relevante que marca las tendencias del siglo XXI, en particular en materia energética, la cual expone la vulnerabilidad de sus dos principales consumidores globales: Estados Unidos y China –específicamente en materia de hidrocarburos–, países que resultan ser también las dos primeras superpotencias geoeconómicas del planeta. En este sentido, Michael Klare –considerado uno de los óptimos geopolitólogos de la energía– expresa su polémica tesis sobre “La nueva Guerra de los 30 Años”, en el portal Common Dreams (26 de junio de 2011), que clasifica a los “vencedores y perdedores” de “la gran batalla por venir de la energía”.
miércoles, agosto 25, 2010
Inminente Colapso Economico Entrevista Francisco Labastida Ochoa 25/08/10 MVS
http://www.youtube.com/watch?v=FKwgnkZC28A
http://www.youtube.com/watch?v=PZ4FvGHyhAk
viernes, abril 16, 2010
El plan McKinsey–Kessel
“La empresa consultora McKinsey fue contratada en enero de 2010, y está desarrollando actualmente una herramienta que sea capaz de integrar y optimizar los sistemas de refinación de petróleo, distribución de hidrocarburos y generación y transmisión de energía eléctrica para contribuir a la planeación integral del sector”.
El párrafo anterior es cita textual del documento elaborado por Georgina Kessel, secretaria de Energía del régimen de facto, mediante el cual responde a 137 preguntas parlamentarias que le formuló la Cámara de Diputados con motivo del procedimiento legislativo para ratificar, o no, la Estrategia Nacional de Energía, hoy conocida como ENE.
La ENE representa el primer ejercicio de planeación prospectiva del Estado mexicano que incluye dos variables jamás contempladas en la ley. En primer lugar la estrategia energética cuenta con una visión a 15 años. En segundo lugar, y no por ello menos importante, por primera vez corresponde al Poder Legislativo y no al Ejecutivo, otorgar la validez legal a este plan.
La importancia de este documento para los intereses de todas y todos los mexicanos contrasta con la desfachatez de quienes hoy controlan a este país. Por un lado Kessel reconoce haber contratado a McKinsey para “contribuir en la planeación integral del sector”. Por otro lado el Congreso actúa como si se tratase de un maestro corrupto.
Es el caso de la resolución del Senado en relación con la ENE. Resulta que el Senado optó por ratificar la ENE y después hacer observaciones para que una vez más corresponda toda la definición del plan al poder presidencialista. Como dijera Jaime Cárdenas: el Senado actuó como si un profesor calificara con 10 a un alumno y le diera, después de calificado, 90 días para contestar el examen. De ese tamaño es la visión republicana de Labastida.
Hoy la Cámara de Diputados, con el tiempo encima, tendrá que definir si sigue el método Labastida o el procedimiento legislativo que establece la Constitución en su artículo 72, y que recomendó el licenciado Emilio Suárez Licona, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara, a través de un estudio que elaboró el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria.
En otras palabras, la Cámara de Diputados puede ratificar la estrategia nacional de energía y pedirle a otro poder que le haga caso, o bien puede modificar y adicionar los artículos del decreto que el Senado aprobó.
Desde este espacio hago un llamado a que el Poder Legislativo actúe como tal, como todo un poder independiente.
De pasillo. Georgina Kessel desconoce cuáles son las reservas de hidrocarburos en Chicontepec. Basa la rentabilidad del proyecto en una investigación de tecnologías que desconoce. Incluso en el mundo todavía no se ha inventado la tecnología para la extracción en ese tipo de yacimientos. Lo que paradójicamente sí se conoce en otras latitudes son los llamados contratos de desempeño (mejor conocidos en México como contratos de riesgo). Dicho modelo de contrato aún no es aprobado por el Consejo de Administración de Pemex y ya está en manos de las empresas. Según dijo el secretario de Economía en Davos, son las empresas trasnacionales las que participaron en su elaboración. En él se establecen, entre otras cosas, que Pemex renuncia a los tribunales mexicanos, otorga jurisdicción a tribunales extranjeros y cede a los contratistas extranjeros el derecho exclusivo de explotar el petróleo. ¿Será esta la razón de tantas anomalías en la ratificación de la ENE?
domingo, febrero 07, 2010
En México, funcionarios "Gallina"
En lo oscurito, las comparecencias en torno al narco......donde esta la supuesta "RENDICION DE CUENTAS"?
*Comparecerán ante el Senado titulares de la Defensa, Marina, SSP y de la PGR
Discutirán en secreto estrategia fallida de la lucha antinarco
*El tema “no es asunto de pláticas públicas ni materia de conferencias de prensa”: Navarrete
*Se comprometen los legisladores a no divulgar lo tratado en la reunión ni abrir el debate
Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, a su arribo al foro Espacios Ciudadanos sobre la Reforma Política.El presidente del Senado, Carlos Navarrete, confirmó que los secretarios de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública federal y Gobernación, así como el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), comparecerán ante ese órgano legislativo la próxima semana, con el compromiso de los legisladores de que lo tratado en el encuentro no se divulgará ni será motivo de debate.
La comparecencia será privada y se realizará a puerta cerrada, porque el tema de la seguridad nacional “no es asunto de pláticas públicas ni materia de conferencias de prensa”, advirtió el senador perredista.
La decisión de realizar a puerta cerrada la comparecencia de los cinco funcionarios del gabinete de seguridad nacional fue impulsada un día antes por los coordinadores parlamentarios de PAN y PRI, Gustavo Madero y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente.
Ayer Navarrete Ruiz justificó el acuerdo. Sostuvo que el mejor formato es la comparecencia de los funcionarios a puerta cerrada y sólo con los miembros del órgano de gobierno del Senado –además de los tres senadores de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional–, porque sólo así podrán “entrar en la materia y tener acceso a información privilegiada”.
Insistió: “la información de seguridad nacional no debe ser motivo de debate público ni legislativo, sino de conocimiento de los órganos del Senado. Habrá discreción de los grupos parlamentarios para comentar sólo lo que sea posible”.
También se acordó que el Canal del Congreso no grabe la comparecencia.
Información a detalle
El también coordinador de los senadores del PRD detalló que los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado pretenden entrar a fondo sobre la situación que priva en Ciudad Juárez, Chihuahua; conocer los nuevos esquemas que el gobierno pretende poner en marcha; recibir un informe detallado acerca de qué fuerzas del Ejército y de las corporaciones policiacas están desplegadas en el país, cuáles son los resultados y dónde está fracasando la estrategia.
Reveló que ayer se comunicó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con el propósito de precisar los detalles de la comparecencia, que se llevará a cabo en la casona de Xicoténcatl la próxima semana.
Explicó que será una reunión intensa, sin límite de tiempo, con la finalidad de que los senadores conozcan a detalle las acciones que el gabinete de seguridad lleva a cabo para frenar el avance de la violencia y la criminalidad.
Por separado, el senador del PRI por Chihuahua, Fernando Baeza, explicó que a su bancada le interesa que los integrantes del gabinete de seguridad nacional expliquen con claridad qué pasa con la estrategia de combate a la delincuencia, porque es realidad innegable que ha fracasado, además de qué van a hacer para enfrentar la escalada de violencia, que alcanzó su punto más dramático con la matanza de jóvenes en Ciudad Juárez.
Por principio, expuso, se debe despolitizar la lucha contra el crimen organizado y acabar con “la soberbia del gobierno federal” que pretende pasar por encima de las autoridades estatales. Ya se demostró que fue un error meter al Ejército en el combate al narcotráfico.
En tanto, el senador perredista Silvano Aureoles comentó que espera que la información que proporcionen los secretarios de la Defensa, la Marina y Seguridad Pública, así como el procurador general de la República, sea precisa y veraz, porque no tendría sentido “que lleguen con discursos que no corresponden a la realidad”.
Urge más gasto en seguridad
El senador Francisco Labastida Ochoa, del PRI, señaló que se requiere un mayor gasto e inversión en materia de seguridad pública e impartición de justicia.
Planteó que se requiere ampliar los reclusorios, que tienen un déficit de 50 mil lugares; dividir a los reos de alta y baja peligrosidad, y readecuar muchos centros de readaptación.
Además debe llevarse a cabo “un gran programa de capacitación y depuración de las policías estatales”, mejorar sueldos y prestaciones de los agentes, incluyendo seguros de vida y programas de vivienda.
En materia judicial, agregó Labastida Ochoa, se requiere abatir el rezago en los juzgados y destinar recursos para poner en marcha el sistema basado en los juicios orales. Todo esto, detalló, cuesta entre 0.5 y uno por ciento del producto interno bruto.
sábado, noviembre 07, 2009
Faramalla legislativa
Faramalla: charla artificiosa destinada a engañar. Eso fue el proceso legislativo del paquete fiscal. México está en shock, afirmó Hacienda; tenemos un hoyo fiscal de 300 mil mdp. Calderón prometió un cambio a fondo, comprendidas las finanzas. La nueva mayoría “priísta” en la Cámara de Diputados cambiaría el modelo económico. El momento era la reforma fiscal y resultó una faramalla.
El paquete aprobado es lo mismo, la miscelánea que pepena de aquí y de allá y sobre los cautivos más impuestos. Los medios narraron el debate, las diferencias, las divisiones en las bancadas, sólo apariencias de enfrentamientos de fondo. La mayoría coaligada estuvo siempre de acuerdo en apoyar al gobierno incompetente y reaccionario, sin lastimar los grandes intereses a los que finalmente se sometieron.
Nadie quedó satisfecho, se comenta. Falso; salvo excepciones, las diferencias se redujeron a ver quién quedaba menos mal ante el electorado, manteniendo el acuerdo de quedar bien con los dueños del dinero. Juego inmoral explícito.
O votamos todos o no votamos, reclamo de panistas a priístas al referirse a impuestos a la población, o sea, tapémonos los unos a los otros para que nadie pague el precio. Lo justo y la posición ideológica no existieron, el asunto era cómo disfrazar el golpe a la gente. Algunos echadores afirmaron estar dispuestos a pagar el precio, al final operó el encubrimiento colectivo.
Ridícula la baladronada de Beltrones y del sesudo economista Labastida, populistas efímeros en su negativa a aceptar lo aprobado, con su conocimiento previo, por el líder Rojas y sus diputados. Enfrentamiento presidencialista, dijeron observadores avispados; en realidad sólo poses para vender más caro su amor a los pudientes. Al final de la faramalla todos cumplieron, los priístas se abstuvieron para asegurar que ganara lo que supuestamente rechazaban, brillantes. No jalaron mucho ni descobijaron demasiado. Beltrones en la tribuna dio la cara pero dio todo. Labastida confiesa: no se pudo, tuvimos sólo 10 días, dijo, aunque lleven tres años. Para taparle el ojo al macho convocarán a una futura convención fiscal; otra vez. Beatriz Paredes oculta en unos lentes tan oscuros como sus compromisos. Donde está la oposición que iban a ser hubo barruntos de rebeldía, esperanzas.
Los legisladores panistas, en el ridículo; los insumisos, sometidos al dictado: apoyar al Presidente, contra el supuesto principio de un PAN no subordinado a su Presidente. Falta ver si la resistencia de una mayoría panista en ambas cámaras a la condonación fiscal de 5 mil 600 millones a Televisa, entre otros, es ahogada por el gran poder en el Senado.
Pero la más vergonzosa exhibición del dominio de la plutocracia sobre el Congreso y el Ejecutivo fue la participación estelar en la faramalla del Presidente. Calderón, insólito, creció, denunció: los grandes consorcios no pagan impuestos, en promedio el 1.7%, acusándolos de presionar el cobro en alimentos y medicinas a los más pobres. Éstos, insolentes lo refutaron: “Pagamos lo que la ley establece”. Así es, ellos imponen la ley para no pagar y precisamente se trataba en ese momento de modificar la ley tramposa que les permite no pagar. Calderón se achicó, el Congreso mantuvo los privilegios que el mismo Presidente denunció, sólo redujo relativamente el tiempo de gracia para no pagar el mínimo que pagan. Ese era el tema principal, si los consorcios nacionales y extranjeros que concentran el dinero no pagan, nos seguiremos hundiendo.
No es cierto, así, que nadie quedó satisfecho; la cúpula que domina al PRIAN, satisfecha, quedó bien con los patrones. Calderón “olvidó” lo que dijo y convoca a un nuevo pacto, para sanar heridas de los empresarios —dice un comentarista— cuando el único herido de gravedad es el pueblo de México.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
sábado, octubre 24, 2009
Golpe desesperado
Felipe Calderón perpetró un golpe de Estado al decretar la desaparición de Luz y Fuerza, la liquidación de 44 mil trabajadores y de su sindicato (SME). No puede, legalmente, alegando procedimientos administrativos, desaparecer una empresa pública estratégica, anular relaciones de trabajo ni disolver un sindicato. Viola la Constitución, leyes administrativas, laborales y el Convenio 86 sobre libertad sindical, suscrito por México con la OIT. Bobbio define el golpe de Estado como una acción del “soberano” para reforzar su poder, sorpresiva para impedir toda defensa, usando los instrumentos del Estado, burocráticos y policiacos. Acciones recurrentes —nos dice— para eliminar adversarios. Larousse lo llama violación deliberada, por un gobierno, de formas constitucionales. The Economist escribe: la ocupación de LyFC parece un “golpe” del señor Calderón, temiendo sea un acto aislado porque otros sindicatos merecedores son sus aliados.
Calderón aplicó el manual. Sorpresivamente, en la noche, aprovechando el futbol, con todo el apartado del Estado: las secretarías del Trabajo, Hacienda, Gobernación y la policía que ocupó las instalaciones. Aplicó su experiencia manipuladora, las televisoras y otros medios soltaron a sus agentes linchadores. Repiten consignas: orientándose más que a la empresa a los trabajadores “abusivos”, “privilegiados”, a su “infame sindicato”.
Como medida de salud pública, lo políticamente correcto es asentir, de preferencia justificar. Opera en contubernio con los partidos, Beltrones y Labastida, patéticos; Beatriz Paredes, ni pío, luchadora social distraída. La izquierda colaboracionista recomienda negociar aunque sea para efectos mediáticos favorables al golpe. El secretario Lozano afina el golpe, detiene la “toma de nota” que sólo le faculta a enterarse, no a calificar la elección, y dejó, en su afán democrático, inconstitucionalmente al sindicato sin cabeza ni recursos. El secretario Gómez Mont amenaza, engola la voz, todo el peso de la ley a los radicales, golpista aprendiz.
Un decreto de cuatro hojas contradictorio y mendaz es la sentencia. Fundada en un estudio oculto de una comisión de Hacienda, que resuelve: LyFC no cumple su objetivo; soporta un déficit de 40 mmdp por pérdidas, o sea, robo de energía de empresas detectables por 11 mmdp; pérdidas económicas por 18 mmdp; no genera, sólo compra la energía a CFE y la revende a precios más bajos por tarifas fijadas por Hacienda. Calderón acusa que se perdieron 100 mil empleos por culpa de LyFC que, de ser cierto, sería por falta de inversión. La argumentación lleva directamente a exigir responsabilidades a la administración que no aparece por ningún lado, a la Secretaría de Energía y al propio Calderón.
Desde luego existen graves situaciones de improductividad, de inflexibilidades contractuales, mas no están en el decreto, pero sí, en la retahíla de comentarios descalificadores.
Es inocultable, se actuó contra el sindicato y sus trabajadores, para eliminar un obstáculo a la privatización que Calderón impone inconstitucionalmente, clásico golpe de Estado. En el afán entreguista, eliminar al SME es clave.
El objetivo usual del golpe de Estado —según Bobbio, fortalecer el poder del golpista— está claro en la decisión de Calderón. El coro adulador lo destaca: Calderón es valiente, nadie se había atrevido, se fortaleció ante el mundo, recuperó estatura. La verdad es contraria, es un golpe desesperado más que valentía, de inseguridad ante una Presidencia en el desastre político y económico. Es y será pérdida de legitimidad inobjetable. Entra el Presidente al grupo selecto de “valientes”, como Salinas que descabezó al sindicato petrolero, amparado en el Ejército, encarcelando dirigentes para convertirlo en instrumento dócil para la desnacionalización.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
sábado, septiembre 12, 2009
Las encerronas de Carstens
Este es el marrano que dirigue la reforma economica del pais.......para asquearse, no?... solo de ver sus modales en publico.MÉXICO, D.F., 11 de septiembre (apro).- Sabedor del rechazo generalizado que le esperaba al paquete económico de 2010, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, intentó convencer a los generales del PRI en la Cámara de Diputados, aun antes de presentar la propuesta ante el Congreso.El pasado jueves 3, reunidos en el Centro Libanés, la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, además de Francisco Rojas, Oscar Levin Coppel, David Penchyna, Alberto Cano Vélez y Luis Videgaray, todos diputados federales y encargados de elaborar la propuesta económica del PRI, escucharon por más de tres horas al secretario y su equipo de trabajo. De nada sirvió la encerrona. Una semana después, la fracción del PRI, fuerza política de la que depende Felipe Calderón y su partido para lograr el visto bueno a su "impuesto a la pobreza", dio a conocer un documento demoledor, en el que no sólo rechaza el nuevo gravamen --que de pasar, todos los mexicanos deberán pagar, incluso los 60 millones de pobres que hay en el país, pero que gracias a Dios y a los panistas se les regresará "multiplicadito"--, sino que acusa a los autores de incapaces, corruptos y de tratar de engañar al pueblo a través de efectos mediáticos.Sin embargo, las críticas parecieron no importarle a Carstens y sus secretarios. Apenas un día después de los cuestionamientos, hubo otra encerrona con los priistas, pero aquellos rectificaron su estrategia. En lugar de convocar a los "generales" de la bancada del PRI, los funcionarios decidieron hablar con los 237 diputados.Tarde, pero finalmente se dieron cuenta que quienes tienen poder sobre sus legisladores son los gobernadores y no los tres grupos que se pelean la candidatura del Revolucionario Institucional para el 2012. Así, el secretario de Hacienda reunió en un hotel, al poniente de la ciudad, a toda la bancada priista. Especial atención le merecieron aquellos diputados de los diez estados donde habrá elecciones para gobernador el próximo año: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Durango, Aguascalientes, Chihuahua, Tlaxcala, Sinaloa y Zacatecas. La zanahoria para todos es la nada despreciable bolsa de cuando menos 120 mil millones de pesos del presupuesto federal para distribuir entre todos los estados. La propuesta de más dinero a sus estados, a cambio de nuevos impuestos a la población, es la apuesta del secretario de Hacienda, quien no acaba de entender que son estos diputados y no Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Rojas o Enrique Peña Nieto, quienes tomarán las últimas decisiones en función de sus intereses locales. Aunque, al final, quien abre y cierra la llave para que los recursos negociados con los gobernadores y sus diputados en la Cámara --a cambio de nuevos impuestos— fluyan, no es precisamente Agustín Carstens, pues detrás de él se encuentra el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien hábilmente colocó a José Antón o González Anaya en la oficina de los dineros que se reparten a las entidades federativas. González Anaya es cuñado de Ana Paula Gerard, actual esposa de Salinas de Gortari, y durante el sexenio salinista trabajó bajo las órdenes del "súper asesor" José Cordoba Montoya. Del otro lado de la banca a convencer están los 71 diputados del PRD. Y aunque su coordinador, Alejandro Encinas, ya ha dicho no al nuevo impuesto, todavía falta que los diputados de Nueva Izquierda acepten este rechazo. Pero ya se sabe que esta corriente se ostenta como el "ala negociadora" de la izquierda. Como se sabe, es la fracción del PT la representante de Andrés Manuel López Obrador, y tan sólo Encinas y unos 20 legisladores del PRD comulgan con su proyecto político. De ahí que no es seguro que el resto, aproximadamente 50 diputados, algunos integrantes de la corriente Nueva Izquierda, vayan a votar por el NO a nuevos gravámenes.Un dato curioso: el pasado miércoles 9, el presidente nacional del PRD y cabeza de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, se reunió con la priista Beatriz Paredez, afecta a los acuerdos con Felipe Calderón, y con el dirigente del PT, Alberto Anaya. De manera sorpresiva, el jueves 10, el otrora dirigente del PT, Gonzalo Yañez, dijo a los diputados pejistas del PT que había que acercarse a la fracción del PRD, ya que había toda la confianza de AMLO hacia Encinas.¿Incluyendo a la de Nueva Izquierda? --se le preguntó.Y el silencio se hizo. A quienes no hace falta convencer o explicar de qué se tratan los nuevos impuestos es a los 143 legisladores del PAN, quienes hoy hacen lo que tanto cuestionaron a los priistas: decir sí a todo lo que venga de su presidente.Para poder negociar los impuestos, el PAN ya planea colocar en la presidencia de la Comisión de Hacienda al guerrerense Mario Alberto Becerra Pocoroba, quien, por cierto, encabeza un despacho fiscal que tiene el mismo tinte de Diego Fernández de Cevallos: defender a empresarios para sacarle el mayor jugo posible al gobierno a través de amparos o regreso de impuestos, o… defender a priistas caídos en desgracia. Becerra Pocoroba, el encargado de convencer a priistas y perredistas de las bondades de los nuevos impuestos, fue el responsable de la defensa del exdirector de Pemex, el priista Rogelio Montemayor, a quien se acusó de haber desviado mil 500 millones de pesos a través del sindicato de trabajadores de la paraestatal y cuyo destino se pretendía fuera la campaña presidencial de Francisco Labastida…Como se ve, si Cartens y sus hombres, con Salinas de Gortari a la cabeza, no convencen a los priistas de apoyar los nuevos impuestos en la Cámara, existe una segunda opción: la operación política de Becerra Pocoroba.
martes, agosto 25, 2009
La quiebra de PEMEX
Alberto Híjar
La impunidad corre al parejo del cinismo y como prueba ahí está la dramática declaración del senador Francisco Labastida Ochoa sobre la situación de quiebra de PEMEX. El beneficiario de la transferencia ilegal de mil millones de pesos para su fallida campaña presidencial con la complicidad del Sindicato dirigido por Romero Deschamps quien también fuera senador para quedar invicto del proceso penal inútil, ahora se pone valiente y culpa al gobierno de Calderón de retrasar la reforma energética.
La impunidad garantiza los beneficios para quienes comparten los secretos de Estado a sabiendas de que la estructura jurídica los protege y confía en la desmemoria pública, salvo cuando hay que escarmentar a los disidentes como ocurrió con Jorge Díaz Serrano durante el gobierno de Miguel de la Madrid por no repartir los sobornos por los contratos durante el boom petrolero, aquel que hizo decir a López Portillo en un informe presidencial que había que preocuparse por la administración de la bonanza económica de los mexicanos. El petróleo es nuestro, repiten los ilusos sin tomar nota de que la empresa corruptísima llamada PEMEX tiene para dar y repartir entre una casta de privilegiados. De aquí la agresión con brutalidad extrema del gobierno de Salinas al sindicato petrolero ante el apoyo de Joaquín Hernández Galicia el legendario Quina, por la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas cuando planteaba una orientación nacionalista hostil al contratismo con los consorcios trasnacionales. La Quina amenazó con la huelga ausente durante toda la existencia del STPRM alarmado en aquel momento por las tropelías del salinato. La revista POR ESTO! publicó una serie de entrevistas con el dirigente petrolero para ganarse las amenazas cumplidas que al fin condujeron a su desaparición. A sangre y fuego fue capturado el dirigente petrolero en su domicilio y hasta un cadáver fue sembrado en su puerta para refundirlo en prisión pese a su avanzada edad. A la par la histórica Refinería 18 de Marzo fue tomada por el Ejército, policías y el Grupo Especial Zorros al igual que las instalaciones y los ductos en los puertos petroleros, según describe ahora María Fernanda Campa, la ingeniera investigadora heredera de la combatividad de su padre el perseguido comunista Valentín Campa, uno de los presos políticos de los sesenta con mayor permanencia en la cárcel.
Sobre bases militares, paramilitares y de jurisprudencia tramposa, la economía política explicitada en el Tercer Informe de Gobierno de Salinas, acrecentó los contratos y las concesiones empresariales de PEMEX, todo rigurosamente protegido por funcionarios corruptos y comisionados parlamentarios como Labastida. En aquel memorable documento, Salinas describió a la soberanía nacional como un sinsentido para los tiempos de globalización capitalista. Tuvo sentido en el siglo XIX ante las amenazas de gobiernos extranjeros, en las situaciones de Guerra Mundial del siglo XX, pero no ahora cuando se construye un nuevo orden para beneficio de todos. Obviamente, todos son unos cuantos vivales.
La preocupación de Labastida, el cínico impune exsecretario de Energía, cuenta con el olvido de las ordeñas ilegales distribuidas a lo largo de los doce mil kilómetros de la Red Nacional de Ductos de PEMEX. Desde 1998, reporta la ingeniera Campa, fueron detectadas 400 tomas clandestinas por el Sistema de Control, Adquisiciones y Datos. De aquí, sostiene, que la ocupación militar y policíaca de la Gerencia de Seguridad Física a cargo del general Miguel Estrada Martínez como garante del rigor vigilante dentro de la Dirección Corporativa de Administración, sea por lo menos tardía. El gobierno de Estados Unidos dio una limosna de 20 millones de dólares para resarcir el daño que benefició a traficantes yanquis y todos quedaron contentos, los ordeñadores, los transportistas, los técnicos operadores en tierra, los habitantes con vista gorda y disposición colaboradora de las casas cercanas y por supuesto, los controladores que han sabido arreglar las cuentas para que cuadren. Nada pasará y el señor senador Labastida, presidente aún de la Comisión de Energía del Senado de la República irá a retiro o a alguna nueva chamba gracias a su capacidad para guardar secretos de Estado, nombres y fechas de tantos y tantos fraudes en los que ha participado.
La impunidad corre al parejo del cinismo y como prueba ahí está la dramática declaración del senador Francisco Labastida Ochoa sobre la situación de quiebra de PEMEX. El beneficiario de la transferencia ilegal de mil millones de pesos para su fallida campaña presidencial con la complicidad del Sindicato dirigido por Romero Deschamps quien también fuera senador para quedar invicto del proceso penal inútil, ahora se pone valiente y culpa al gobierno de Calderón de retrasar la reforma energética.
La impunidad garantiza los beneficios para quienes comparten los secretos de Estado a sabiendas de que la estructura jurídica los protege y confía en la desmemoria pública, salvo cuando hay que escarmentar a los disidentes como ocurrió con Jorge Díaz Serrano durante el gobierno de Miguel de la Madrid por no repartir los sobornos por los contratos durante el boom petrolero, aquel que hizo decir a López Portillo en un informe presidencial que había que preocuparse por la administración de la bonanza económica de los mexicanos. El petróleo es nuestro, repiten los ilusos sin tomar nota de que la empresa corruptísima llamada PEMEX tiene para dar y repartir entre una casta de privilegiados. De aquí la agresión con brutalidad extrema del gobierno de Salinas al sindicato petrolero ante el apoyo de Joaquín Hernández Galicia el legendario Quina, por la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas cuando planteaba una orientación nacionalista hostil al contratismo con los consorcios trasnacionales. La Quina amenazó con la huelga ausente durante toda la existencia del STPRM alarmado en aquel momento por las tropelías del salinato. La revista POR ESTO! publicó una serie de entrevistas con el dirigente petrolero para ganarse las amenazas cumplidas que al fin condujeron a su desaparición. A sangre y fuego fue capturado el dirigente petrolero en su domicilio y hasta un cadáver fue sembrado en su puerta para refundirlo en prisión pese a su avanzada edad. A la par la histórica Refinería 18 de Marzo fue tomada por el Ejército, policías y el Grupo Especial Zorros al igual que las instalaciones y los ductos en los puertos petroleros, según describe ahora María Fernanda Campa, la ingeniera investigadora heredera de la combatividad de su padre el perseguido comunista Valentín Campa, uno de los presos políticos de los sesenta con mayor permanencia en la cárcel.
Sobre bases militares, paramilitares y de jurisprudencia tramposa, la economía política explicitada en el Tercer Informe de Gobierno de Salinas, acrecentó los contratos y las concesiones empresariales de PEMEX, todo rigurosamente protegido por funcionarios corruptos y comisionados parlamentarios como Labastida. En aquel memorable documento, Salinas describió a la soberanía nacional como un sinsentido para los tiempos de globalización capitalista. Tuvo sentido en el siglo XIX ante las amenazas de gobiernos extranjeros, en las situaciones de Guerra Mundial del siglo XX, pero no ahora cuando se construye un nuevo orden para beneficio de todos. Obviamente, todos son unos cuantos vivales.
La preocupación de Labastida, el cínico impune exsecretario de Energía, cuenta con el olvido de las ordeñas ilegales distribuidas a lo largo de los doce mil kilómetros de la Red Nacional de Ductos de PEMEX. Desde 1998, reporta la ingeniera Campa, fueron detectadas 400 tomas clandestinas por el Sistema de Control, Adquisiciones y Datos. De aquí, sostiene, que la ocupación militar y policíaca de la Gerencia de Seguridad Física a cargo del general Miguel Estrada Martínez como garante del rigor vigilante dentro de la Dirección Corporativa de Administración, sea por lo menos tardía. El gobierno de Estados Unidos dio una limosna de 20 millones de dólares para resarcir el daño que benefició a traficantes yanquis y todos quedaron contentos, los ordeñadores, los transportistas, los técnicos operadores en tierra, los habitantes con vista gorda y disposición colaboradora de las casas cercanas y por supuesto, los controladores que han sabido arreglar las cuentas para que cuadren. Nada pasará y el señor senador Labastida, presidente aún de la Comisión de Energía del Senado de la República irá a retiro o a alguna nueva chamba gracias a su capacidad para guardar secretos de Estado, nombres y fechas de tantos y tantos fraudes en los que ha participado.
lunes, mayo 25, 2009
Felipe y Ernesto: ¿descarrilar al PRI?
• Los nombres de Carlos• La agenda electoral del ife… (parte XI)
A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce
La tierra no produce nada peor, mi estimado, que un ingrato. Arranca la semanita con, of course, distintos planteamientos sobre el inocultable estado fallido, perdón, sin control pleno en zonas del país cuyos espacios han sido cooptados por el crimen organizado, subvirtiendo el orden constitucional, según Gobernación, y si le sumamos que ahora la OCDE afirma que es un desastre la economía de México, el barco de gran calado, con su fantástico equipo económico y su emocionado capitán, naufraga entre la confusión interna con suma rapidez.
El tsunami de la crisis económica hace delicados estragos en la de por sí frágil imagen de este (des)gobierno que, en un fulminante dêja vú nos remontó a la época de Ernesto Zedillo quien, ante su descomunal error de diciembre, my friend, orquestó una cortina de humo que hoy aparece en la espotiza del PAN para desviar la atención de los delicados problemas, y de paso descarrilar al PRI, así como sucedió previo a la divertida elección del 2000, yes?
El (refrito) nuevo anuncio azul avalado por Felipe y Germán en el que aparecen diversas imágenes, una de ellas la de Raúl Salinas tomada en Almoloya —penal que en aquel entonces estaba bajo la esfera de Gobernación de Francisco Labastida y cuyo subsecretario de seguridad pública era Jesús Murillo Karam, este último mensajero de Ernesto con Raúl—, trae atractivos recuerdos de lo que Zedillo desarrolló con su operador Liébano Sáenz para aplastar a la familia Salinas. Desde singulares grabaciones como la de Adriana con Raúl en medio del lanzamiento del libro de Carlos explicando el traspié económico marca ACME de Zedillo, fotos filtradas e intercambio de sugestivos mensajes, la relación de los ex presidentes se fracturó irremediablemente.
Hoy, el espot del PAN sobre “el ajuste de cuentas del PRI” parece estar construido por obra y talento de aquellos zedillistas encabezados por Sáenz cuyo jefe político, Ernesto, ha salido en la foto con Felipe dando disfuncionales consejos… pero eso sí, su gobierno no ha sido tocado por el pétalo panista de un espot con todo y el desmadre en el que sumergió a México.
¿Pragmáticas y perversas alianzas, quizá?
Y ya encarrerados, ahora que el PAN anda buscando sustos habría que suplicarle a Carlos Salinas que, porfa, aviente ciertas piezas del estercolero al escalofriante ventilador político. Ahí está la interesante cartita dirigida a Aristegui en cuyo penúltimo párrafo desliza cositas maravillosas sobre la mentada partida secreta. Si bien la secrecía que exige el mandato constitucional no permite informar con detalle sobre su contenido, en distintos medios informativos se ha publicado que entre los destinatarios se encontraban servidores y ex servidores públicos, intelectuales (¡¿nombreeeeees?!), partidos (¿?), personajes nacionales (¿líderes de opinión?) e internacionales (¿empresarios?), dirigentes (¡!), legisladores, entre otros. Mmmmm… exquisito, ¿no le parece?
Y eso que falta la estupenda exhibición de su rol estelar para entronizar a Felipe en Los Pinos quien olvida, subestima y desafía con su espotiza el coletazo priista que le va a pasar la factura y de paso si bien le va, my friend, le va a tirar los dientes…
Por la Mirilla
Anote en su listita semanal las transmisiones vs omisiones de la espotiza electoral en donde el ife (con minúsculas) trae, digamos, agenda. ¿Listo?
Acapulco, 82.11% vs 17.89%; Aguascalientes, 79.46% vs 20.54%; Cancún, 81.20% vs 18.18%; Ciudad de México, 85.22% vs 14.78%; Ciudad Obregón, 87.63% vs 12.37%; Cuernavaca, 77.54% vs 22.46%; Culiacán, 83.76% vs 16.24%; Guadalajara, 85.89% vs 14.11%; Hermosillo, 85.91% vs 14.09%; León, 89.18% vs 10.82%; Monterrey, 86.42% vs 13.58%; Morelia, 90.28% vs 9.72%; Pachuca, 85.78% vs 14.22%; Puebla, 81.27% vs 18.73%; Querétaro, 85.85% vs 15.15%; Saltillo, 80.56% vs 19.44%; Toluca, 80.02% vs 19.98%; Torreón, 81.20% vs 18.80%; Veracruz, 83.76% vs 16.24%; Zacatecas, 80.90% vs 19.10%.
El total de los minutos transmitidos correspondientes a los partidos políticos vs los minutos asignados por el ife arroja un 81.50% vs 18.50%.
¿La agenda de los pasados encabezados por Leonardo Valdés que no han podido refutar un solo dato aquí presentado? Sencillo.
El broncón de Sonora y las quejas tricolores fueron el tentempié del desmadre electoral anunciado. Los defectos de transmisión de anuncios traen defectos de origen. Para ser más exactos, mi estimado, el ife pautó de manera inequilibrada, en perjuicio del PRI, las campañas de Sonora.
Y ni hablar del arreglón con las televisoras donde Sodi, simulando una entrevista, se aventó un… espot.
¡¿Vamos bien o me regreso?!
gomezalce@aol.com
miércoles, abril 29, 2009
Con Calderón 1 MIL 300 MDP a líderes charros
La administración de Felipe Calderón Hinojosa “dona” más de 1 mil 300 millones de pesos a los sindicatos de la burocracia. El petrolero, encabezado por Carlos Romero Deschamps, obtiene casi la cuarta parte de las transferencias, revela la ASF.
En tanto, la SHCP reporta que en 2008 la CTM fue la principal beneficiaria.
Érika Ramírez
En tanto, la SHCP reporta que en 2008 la CTM fue la principal beneficiaria.
Érika RamírezEl gobierno de Felipe Calderón Hinojosa entrega más de 1 mil 300 millones de pesos en “donativos” a las cúpulas sindicales de la administración pública, revelan informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Durante los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, la lista de los favorecidos está encabezada por el sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), que recibió de la paraestatal más importante del país 318 millones de pesos.
El año pasado, la Confederación de Trabajadores de México ocupó el primer puesto con 12 millones 280 mil pesos. Los recursos federales donados por Pemex fueron utilizados para cubrir gastos de viajes y subsidios al Comité Ejecutivo General (CEG) del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) –liderado por Carlos Romero Deschamps–, “préstamos” a las secciones sindicales, así como los festejos de la expropiación petrolera y el desfile del 1 de mayo, entre otros, indica el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007.
La ASF fiscalizó de manera “especial” 319 millones 69 mil 600 pesos, como muestra de los 1 mil 326 millones 758 mil 900 pesos erogados.
En el desglose de los recursos transferidos destacan los 318 millones 747 mil 600 pesos otorgados al STPRM “para cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato colectivo de trabajo”.
Otros 322 mil pesos fueron entregados al Congreso del Trabajo, y se revisó información de otras más de 270 entidades relacionadas con la administración pública federal.
Transferencias millonarias
En el sexenio de Vicente Fox, el manejo de los donativos que Pemex entregó a su sindicato causó escándalos públicos, como el llamado Pemexgate II y la inhabilitación de funcionarios de alto nivel.
Por ese caso, el 20 de julio de 2007, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al exdirector general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y al abogado general de la dependencia, Juan Carlos Soriano Rosas. Ambos exfuncionarios participaron en el traspaso de 1 mil 724 millones de pesos al sindicato petrolero “sin la autorización del Consejo de Administración ni apegarse a la normatividad”. También impuso una sanción económica por 862 millones 259 mil 470 pesos a cada uno.
Sin embargo, la ASF, que encabeza Arturo González de Aragón, dictaminó que no existe ninguna irregularidad en la transferencia de recursos respecto de los nuevos donativos.
Antes, en 2001, se puso al descubierto un primer traspaso de fondos, ocurrido en 1999 y conocido en los medios de comunicación como Pemexgate.
Entonces los recursos que la paraestatal entregó al sindicato petrolero fueron a parar a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, candidato del Partido Revolucionario Institucional en 2000. Romero Deschamps, quien está al frente de la secretaría general del sindicato desde junio de 1993, figuró entre los señalados de supuestamente participar en aquel “fraude”.
Durante los ejercicios fiscales de 2007 y 2008, la lista de los favorecidos está encabezada por el sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), que recibió de la paraestatal más importante del país 318 millones de pesos.
El año pasado, la Confederación de Trabajadores de México ocupó el primer puesto con 12 millones 280 mil pesos. Los recursos federales donados por Pemex fueron utilizados para cubrir gastos de viajes y subsidios al Comité Ejecutivo General (CEG) del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) –liderado por Carlos Romero Deschamps–, “préstamos” a las secciones sindicales, así como los festejos de la expropiación petrolera y el desfile del 1 de mayo, entre otros, indica el Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2007.
La ASF fiscalizó de manera “especial” 319 millones 69 mil 600 pesos, como muestra de los 1 mil 326 millones 758 mil 900 pesos erogados.
En el desglose de los recursos transferidos destacan los 318 millones 747 mil 600 pesos otorgados al STPRM “para cumplir con las obligaciones estipuladas en el contrato colectivo de trabajo”.
Otros 322 mil pesos fueron entregados al Congreso del Trabajo, y se revisó información de otras más de 270 entidades relacionadas con la administración pública federal.
Transferencias millonarias
En el sexenio de Vicente Fox, el manejo de los donativos que Pemex entregó a su sindicato causó escándalos públicos, como el llamado Pemexgate II y la inhabilitación de funcionarios de alto nivel.
Por ese caso, el 20 de julio de 2007, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al exdirector general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y al abogado general de la dependencia, Juan Carlos Soriano Rosas. Ambos exfuncionarios participaron en el traspaso de 1 mil 724 millones de pesos al sindicato petrolero “sin la autorización del Consejo de Administración ni apegarse a la normatividad”. También impuso una sanción económica por 862 millones 259 mil 470 pesos a cada uno.
Sin embargo, la ASF, que encabeza Arturo González de Aragón, dictaminó que no existe ninguna irregularidad en la transferencia de recursos respecto de los nuevos donativos.
Antes, en 2001, se puso al descubierto un primer traspaso de fondos, ocurrido en 1999 y conocido en los medios de comunicación como Pemexgate.
Entonces los recursos que la paraestatal entregó al sindicato petrolero fueron a parar a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, candidato del Partido Revolucionario Institucional en 2000. Romero Deschamps, quien está al frente de la secretaría general del sindicato desde junio de 1993, figuró entre los señalados de supuestamente participar en aquel “fraude”.
La cláusula 251
El documento del máximo órgano de fiscalización indica que de los más de 318 millones entregados al sindicato de Pemex, 126 millones 582 mil 900 pesos corresponden a la cláusula 251 del contrato colectivo de trabajo (CCT), en la que se presupuestan viáticos del CEG y festejos.
Según el mismo apartado del CCT 2007-2009, “el patrón (Pemex) se obliga a pagar los salarios y prestaciones, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos foráneos a 68 funcionarios del Comité Ejecutivo General, que incluye asesores sindicales y Consejo General de Vigilancia, cinco consejeros sindicales, 86 integrantes de las comisiones nacionales mixtas que se señalan en este contrato y 162 comisionados nacionales, así como a 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del secretario general del STPRM”.
De los recursos entregados, 88 millones 200 mil pesos fueron asignados para “gastos” derivados de la revisión anual del CCT. Los festejos del 1 de mayo costaron 24 millones 601 mil 600 pesos; los gastos de viaje del CEG, 22 millones 316 mil 700 pesos.
En plena discusión de la reforma petrolera –en la que se pretendía incluir la participación extranjera en Pemex–, el sindicato de la paraestatal obtuvo 13 millones 781 mil 300 pesos para la celebrar un año más de la expropiación petrolera. Además, la ASF documenta los préstamos a nueve secciones sindicales por 56 millones 520 mil pesos, consignados en la cláusula 246 del contrato colectivo. El renglón correspondiente al “transporte de personal” costó 37 millones 322 mil pesos.
Mediante el acuerdo CMG-029, el Comité Ejecutivo obtuvo 73 millones 136 mil 700, catalogados como “ayudas varias”. También, la banda de guerra del STPRM significó un desembolso de 1 millón 846 mil 800 pesos; en “libros de la biblioteca” se gastaron 523 mil 700 pesos y en el fomento al deporte, 498 mil 800 pesos.
El documento del máximo órgano de fiscalización indica que de los más de 318 millones entregados al sindicato de Pemex, 126 millones 582 mil 900 pesos corresponden a la cláusula 251 del contrato colectivo de trabajo (CCT), en la que se presupuestan viáticos del CEG y festejos.
Según el mismo apartado del CCT 2007-2009, “el patrón (Pemex) se obliga a pagar los salarios y prestaciones, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos foráneos a 68 funcionarios del Comité Ejecutivo General, que incluye asesores sindicales y Consejo General de Vigilancia, cinco consejeros sindicales, 86 integrantes de las comisiones nacionales mixtas que se señalan en este contrato y 162 comisionados nacionales, así como a 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del secretario general del STPRM”.
De los recursos entregados, 88 millones 200 mil pesos fueron asignados para “gastos” derivados de la revisión anual del CCT. Los festejos del 1 de mayo costaron 24 millones 601 mil 600 pesos; los gastos de viaje del CEG, 22 millones 316 mil 700 pesos.
En plena discusión de la reforma petrolera –en la que se pretendía incluir la participación extranjera en Pemex–, el sindicato de la paraestatal obtuvo 13 millones 781 mil 300 pesos para la celebrar un año más de la expropiación petrolera. Además, la ASF documenta los préstamos a nueve secciones sindicales por 56 millones 520 mil pesos, consignados en la cláusula 246 del contrato colectivo. El renglón correspondiente al “transporte de personal” costó 37 millones 322 mil pesos.
Mediante el acuerdo CMG-029, el Comité Ejecutivo obtuvo 73 millones 136 mil 700, catalogados como “ayudas varias”. También, la banda de guerra del STPRM significó un desembolso de 1 millón 846 mil 800 pesos; en “libros de la biblioteca” se gastaron 523 mil 700 pesos y en el fomento al deporte, 498 mil 800 pesos.
Leer articulo completo AQUI.
lunes, noviembre 24, 2008
El narco sí infiltró a los partidos: Labastida
COLIMA, Col., 24 de noviembre (apro).- El senador priista Francisco Labastida reconoció que el narcotráfico "se ha metido prácticamente con todos los partidos que tienen poder", o con "cualquier gente que se deja comprar".En entrevista, planteó cómo sería posible blindar las campañas políticas, en alusión al planteamiento del presidente nacional del PAN, Germán Martínez, quien la víspera pidió al PRI definir una postura sobre ese tema.El excandidato presidencial priista comentó que primero se requiere precisar qué significa blindar las campañas. "En parte son principios, sí, pero también se requiere una modificación de fondo en los sistemas de procuración y administración de justicia, en el Plan Nacional de Seguridad".Recordó que él encabezó el primer plan de ese tipo cuando era secretario de Gobernación, pero "no avanzó más porque los del PAN se opusieron a que diéramos pasos adicionales, no teníamos mayoría en la Cámara de Diputados y ellos no quisieron que avanzáramos más".Labastida Ochoa, quien estuvo en esta ciudad para dictar una conferencia sobre los resultados de la reforma petrolera, sugirió que las investigaciones sobre la penetración del narco en la política vayan a fondo en todos los casos."Creo que el peor daño que podemos tener en el país es la penetración del narco en el poder político. Hay que hacer todo lo posible (para combatirlo), parejito", advirtió.Además, calificó de "falto de sustento" el señalamiento del perredista Alejandro Encinas, quien el domingo durante una reunión con militantes en Cancún, Quintana Roo, pidió evaluar hasta qué punto el reposicionamiento del tricolor se relaciona con la inyección de dinero sucio.Labastida reviró: "¿Entonces ganó el PRD en el Distrito Federal porque se alió a una fuerza oscura?"Insistió en que al narcotráfico "hay que combatirlo por todos los conductos, de eso no hay ninguna duda, pero tampoco tengo duda que van a utilizar cualquier conducto para echarnos ataques".Reconoció al presidente Felipe Calderón "el valor de luchar en contra del crimen organizado en el país", y acotó que no le cuesta ningún trabajo reconocerlo, aunque sea de un partido diferente.Sin embargo, lamentó que las estrategias "hayan dado tan mal resultado. Vean el periódico de hoy, hubo más de 30 muertos, y vean el de ayer y el de la semana, y van a ver que el número de homicidios está creciendo".Y trajo a colación una anécdota: "Un día dijo alguna persona, respondiéndole al procurador Eduardo Medina Mora, 'qué bueno que vamos ganando la guerra, eh, porque si la estuviéramos perdiendo qué mal nos iría'".Sobra la entronización de Fernando Gómez Mont en la Secretaría de Gobernación, Francisco Labastida consideró que va a ayudar mucho para hacer que avancen las modificaciones al sistema de seguridad pública.Dijo que Gómez Mont "tiene fama de ser buen abogado penalista", pues ni el procurador ni el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se formaron en esa área, por lo que ese perfil es relevante.
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