Le llaman La Bestia y atraviesa gran parte del territorio nacional, desde el sur hacia la frontera con Estados Unidos. Es el tren en el que miles de migrantes centroamericanos y algunos sudamericanos son presa de asaltos, golpes, violaciones, secuestros y asesinatos durante el trayecto que los lleva al país del norte en busca de empleo. Las vejaciones son cotidianas en el campo, el desierto y las ciudades, y lo mismo las cometen autoridades mexicanas que bandas criminales.
No obstante, el hallazgo reciente de los cadáveres de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, provocó la repulsa de los países cuyos ciudadanos resultaron agraviados, a la par que la comunidad internacional calificó de “abominable” esa matanza.
En lo interno quedó en evidencia lo que desde hace un año denunciaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes: la complicidad de funcionarios mexicanos y grupos delincuenciales en la explotación de los indocumentados.
Para Fernando Batista Jiménez, titular de la quinta visitadoruría de la CNDH y cuya oficina elabora un nuevo informe sobre secuestros de migrantes, la situación es crítica.
En entrevista efectuada la noche del jueves 26 –cuando Los Pinos comenzó a difundir un comunicado en el que aseguraba que el multihomicidio era obra de Los Zetas y que el gobierno federal ha minado la estructura financiera de ese cártel que ahora busca allegarse recursos financieros por medio de los secuestros a migrantes–, Batista Jiménez reitera: Esa matanza es sólo un botón de muestra de que la explotación y los secuestros aumentan en el país.
Expone: “A reserva de lo que presentemos en el nuevo informe, lo preocupante es que no percibimos una disminución de los casos y esto se debe a la impunidad, a que no se ha dado una solución en materia de procuración de justicia”. Además, insiste, hasta ahora no hay una “política pública concreta a favor de las y los migrantes por parte de los tres órdenes de gobierno, principalmente del federal”.
En abril pasado, Amnistía Internacional presentó el informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México, cuyas conclusiones coinciden con los señalamientos del visitador de la CNDH. Dice el informe: “Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra los migrantes”.
Y sostiene que “esta persistente inacción” de las autoridades mexicanas, sobre todo cuando existen funcionarios públicos implicados en los abusos, exhibe un hecho: “México incumple la responsabilidad legal nacional e internacional de ejercer la diligencia debida para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos”.
La industria del secuestro
El año pasado, la CNDH distribuyó un informe especial en el que documentó los secuestros de migrantes cometidos durante septiembre de 2008 y febrero de 2009. En ese periodo, según el cálculo de los investigadores de la comisión, se registraron 9 mil 758 casos en los que estuvieron implicados policías y autoridades mexicanas en colusión con el crimen organizado, en particular con Los Zetas e integrantes de la Mara Salvatrucha.
Desde hace años, la CNDH y las organizaciones eclesiales y civiles han brindado apoyo a los indocumentados centro y sudamericanos en su paso por territorio nacional. El ombudsman nacional incluso ha emitido varias recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de la panista Cecilia Romero, en las que pide se apliquen medidas preventivas para detener la industria del secuestro de inmigrantes.
No ha habido respuesta de la funcionaria, a pesar de que las primeras denuncias comenzaron a documentarse en 2007. Por ello, tras el descubrimiento de los cuerpos de los 72 indocumentados en Tamaulipas, el PRD pidió la renuncia de Romero.
En su investigación de 2009, que abarcó sólo seis meses, la CNDH incluyó 198 casos comprobados pero advirtió: “Tomando en cuenta las cifras recabadas en ese periodo, el número de eventos de secuestro por año podría llegar a ser de alrededor de 400 y la cifra de víctimas podría ser de 18 mil al año” puesto que ese fenómeno es cada vez más recurrente y redituable.
De hecho, en lo que va de este año, el INM tiene contabilizado sólo en Tamaulipas el rescate de 815 inmigrantes centroamericanos, retenidos en 12 casas de seguridad. Durante agosto la dependencia registró 130 de esos rescates en todo el país.
Los montos para liberar a migrantes van de mil 500 a 5 mil dólares. “Así –según el documento de la CNDH–, de los 9 mil 758 casos de víctimas identificadas, los secuestradores habrían obtenido un beneficio de aproximadamente 25 millones de dólares” en seis meses.
Daniel Boche, padre del guatemalteco Gelder Lizardo Boche de 17 años, uno de los 72 asesinados en el rancho San Fernando, confirmó que recibió llamadas telefónicas de hombres que, con acento mexicano, le informaron que tenían secuestrado a su hijo y a sus dos yernos: Gilmar Augusto Morales Castillo, de 22 años, y Hermelindo Maquin Huertas, de 24. Los secuestradores le exigieron 2 mil dólares por cada uno.
En los hechos, el negocio es proporcional al flujo migratorio, el cual es prácticamente imparable: además de los ocho puntos formales para atravesar la frontera entre México y Guatemala, hay otros 54 puntos de cruce informales para vehículos y mil peatonales que no tienen vigilancia.
Por esa frontera llegaron a territorio mexicano 400 mil centroamericanos en 2008, según la organización civil Mesa Nacional de Migraciones (Menamig) de Guatemala; y 250 mil en 2009, según el INM.
De acuerdo con esta última dependencia, 64 mil extranjeros de Centroamérica fueron asegurados y repatriados en 2009. La quinta parte era de mujeres y niñas. De acuerdo con la Dirección General de Migración de Guatemala, en lo que va de este año, el número de deportados desde México asciende a 44 mil 949 mil migrantes. La mayoría de ellos son hondureños (18 mil 401), guatemaltecos (17 mil 950) y salvadoreños (7 mil 992).
El visitador Batista Jiménez recuerda que en el informe presentado el 15 de junio de 2009 la CNDH hizo varias recomendaciones en torno a los secuestros, sobre todo en los estados por los que circula La Bestia, cuyo viaje se inicia en Chiapas y Tabasco.
De acuerdo con la investigación, 9 mil 194 migrantes fueron plagiados por bandas organizadas, 35 por representantes de alguna autoridad y 56 más por delincuentes coludidos con autoridades. En seis casos las víctimas fueron privadas de su libertad por un solo secuestrador y en 467 casos no fue posible precisar la información sobre los captores.
“De estos datos se desprende que el secuestro de migrantes es realizado mayormente por la delincuencia organizada, que cuenta con redes y recursos para la comisión del ilícito. La participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 migrantes revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado”, agrega el documento.
Los investigadores también destacan que 5 mil 723 migrantes fueron secuestrados por “polleros”; 3 mil por bandas de secuestradores, aunque no lograron identificarlas, 427 por supuestos sicarios de Los Zetas y 44 por maras.
Del total de migrantes secuestrados, 6 mil 555 fueron confinados a casas de seguridad donde las condiciones higiénicas eran nulas; 2 mil 448 estuvieron en bodegas; 22 en un campamento;17 en patios; 10 en un hotel y dos en un vehículo.
Los testimonios de los migrantes coinciden en que sus captores ejercían violencia sobre ellos para someterlos. Entre otras agresiones, dicen, los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo. Además, 37 relataron que vieron cuando los secuestradores violaban a mujeres y ejecutaron a varios de sus compañeros secuestrados.
Los autores destacan la impunidad de las autoridades ante esta situación pues, arguyen, las cifras revelan que su actuación es deficiente ante la gravedad y frecuencia del delito: “La autoridad migratoria, la policía federal y las corporaciones policiales, así como los agentes del Ministerio Público locales y federales han llevado a cabo muy pocas acciones para combatir este flagelo que afecta a las personas migrantes en México, mayoritariamente a los de origen centroamericano”.
En su informe de abril pasado, Amnistía Internacional aborda el tema de los indocumentados centroamericanos muertos o desaparecidos. Recuerda que, en febrero de 2009, una delegación de salvadoreños, que representaba a más de 700 familias, “informó que 239 de sus connacionales fueron asesinados o desaparecieron en México en los dos años anteriores, y presionó a las autoridades mexicanas para que proporcionaran información y llevaran a cabo acciones efectivas”.
El informe calcula que son cientos los centroamericanos asesinados o desaparecidos en México. Refiere que la mayoría de ellos no portan documentos, por lo que no puede establecerse su identidad ni localizar a sus familiares en sus países de origen. “Los cadáveres son enterrados en una fosa no señalada. El cementerio de Tapachula, Chiapas, contiene decenas de esas tumbas”, dice.
La ruta de “La Bestia”
Durante la entrevista con Proceso, Fernando Batista Jiménez insiste en que el desdén de las autoridades y la ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes es oprobioso. Y relata que, hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno federal adoptar vías concretas para solucionar el problema. La respuesta fue descalificar el informe de la CNDH.
“Es un despropósito. Más que rechazar el informe (el gobierno) debería tomar medidas de solución a esta circunstancia (pero no lo hizo); ahora vemos esta tragedia (en Tamaulipas) que no tiene precedente”, sostiene el quinto visitador.
Batista Jiménez asegura que la CNDH ya inició una investigación sobre los 72 migrantes centroamericanos ejecutados en el municipio de San Fernando. Dice que peritos y visitadores viajaron a esa región para asegurarse de que las autoridades cumplan con su deber e investiguen a fondo para sancionar a los responsables.
El visitador insiste: “Hemos dicho a las autoridades que tienen la responsabilidad de prevenir el delito y no lo han hecho; que ese tipo de casos no deben quedar en la impunidad; que se castigue a los responsables. Pero hasta ahora ni una ni otra cosa han hecho. (El INM) ni siquiera labor de prevención ha hecho”.
Sólo en marzo de 2007, la institución que dirige Cecilia Romero emitió una circular en la que establece como requisito para reconocer que un migrante ha sido víctima de un abuso que debe exhibir una prueba documental pública que lo acredite como tal. Pero eso supone haber presentado la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial o contar con documental pública expedida por autoridad con facultades suficientes para ello. Y eso es casi imposible.
El motivo: La mayoría de los migrantes vejados opta por no presentar su denuncia; algunos sostienen que los agentes del INM están coludidos con las bandas criminales; otros ni siquiera saben que tienen el derecho de denunciar que fueron secuestrados.
Batista Jiménez sostiene que, a partir de la tragedia de San Fernando, “el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales, tiene que poner una solución a esos sucesos cotidianos. Nosotros tenemos noticias diarias de ese tipo de sucesos, pero lamentablemente no vemos acciones concretas”.
Y aun cuando el multihomicidio de los 72 migrantes exhibe al gobierno mexicano en el extranjero, las autoridades no dan una respuesta efectiva en materia de procuración de justicia”, sostiene el visitador de la CNDH.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, presidente del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, condena la negligencia con que el Estado mexicano ha abordado el problema migratorio.
En entrevista con Proceso afirma: “En Chiapas los asesinatos que habíamos documentado antes de Acteal eran parte de una estrategia contrainsurgente; ahora, los asesinatos, secuestros y ultrajes a los indocumentados centroamericanos son parte de una estrategia de administración migratoria encaminada por el Estado. Ahora tenemos el colmo de 72 ejecuciones. Esa acción no es de ninguna manera aislada sino que se viene repitiendo desde hace más de dos años”.
Insiste: “Esos son crímenes de lesa humanidad que se le deben cargar al Estado, porque es responsable en la medida en que administra deshonestamente la política migratoria y expone a los indocumentados a la acción criminal. Esta es una administración deshonesta por la complicidad y la omisión de las autoridades, que va contra todos los principios internacionales de derechos humanos”.
Ritos de muerte
Los informes de Amnistía Internacional y de la CNDH ofrecen testimonios de secuestros masivos, torturas y asesinatos cometidos por grupos criminales contra migrantes centroamericanos.
Por ejemplo, una joven salvadoreña relata que ella y su compañera fueron levantadas por hombres armados a orillas de las vías del tren en Tierra Blanca, Veracruz.
Narra: “Nos pidieron el número de teléfono de nuestros familiares en Estados Unidos y nos amenazaron con que si no se los dábamos nos matarían. Todo el tiempo nos insultaron, además de que nos dieron de cachetadas, nos daban empujones y patadas en todo el cuerpo y nos pegaban con un látigo, nos taparon los ojos y nos amordazaron.
“A mi compañera la mataron porque no tenía quien le ayudara y no les dio ningún número. Entonces le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose como tres horas enfrente de mí para intimidarme.”
Los secuestradores hablaron con un familiar de la joven que vivía en Estados Unidos. Le pidieron 4 mil 500 dólares por liberarla. Durante los dos días que estuvo secuestrada la violaron y sólo le dieron de comer una vez pan duro y un poco de agua.
Otro testimonio –recogido en uno de los refugios migratorios– ilustra la complicidad de agentes policiacos y de funcionarios del INM con grupos criminales: Policias municipales de Reynosa detuvieron a tres centroamericanas. Las entregaron a Los Zetas, quienes las violaron y exigieron dinero a sus familiares en Estados Unidos. Cuando el dinero llegó las liberaron. Ellas acudieron con agentes del INM a denunciar los hechos. Ahí empezó lo peor de su tragedia. Los agentes migratorios las “vendieron” de nueva cuenta a Los Zetas. En presencia de ellas los delincuentes pagaron en efectivo a los agentes. Luego las violaron tumultuariamente frente a otros inmigrantes centroamericanos. Uno de ellos protestó. Antes de que terminara de hablar fue brutalmente golpeado. Ya en el suelo, moribundo, disparos de cuerno de chivo lo fulminaron.
Dos de las muchachas fueron asesinadas y colocadas como ofrenda a la Santísima Muerte. La tercera –Daisy, hondureña– sobrevivió. En su testimonio describió además la muerte de una embarazada que se encontraba entre los secuestrados. Luego de dar a luz los plagiarios se llevaron al recién nacido mientras que la madre murió porque no le retiraron la placenta.
De acuerdo con el VI informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, elaborado por los organismos Humanidad sin Fronteras, Frontera con Justicia y Belén Posada del Migrante, es clara “la colusión entre los agentes del INM y de la Policía Federal con Los Zetas, pues muchos testigos refieren haber visto a los uniformados en las casas de seguridad donde los mantenían en cautiverio”.
El documento ofrece como ejemplo el testimonio de Juan, un nicaragüense: “En Tenosique, el jefe de Los Zetas tiene una casa detrás de la Estación Migratoria. Cuando él quiere entra, saca migrantes y se los lleva secuestrados. Como los agentes del INM trabajan con él, intercambian gente: cuando Los Zetas tienen balines (indocumentados que no tienen forma de pagar el rescate) y los del INM tienen migrantes con familia en Estados Unidos, se los intercambian”.
“La idea central del gobierno es cuidar de una seguridad que, en realidad, la empobrecida población transmigrante no pone en riesgo. Esta lógica, que criminaliza a migrantes en situación irregular, genera la violación sistemática de los derechos humanos de los indocumentados, pues hasta el momento ha impedido regular este fenómeno, el cual, ciertamente, no dejará de ocurrir”, expone el informe.
Para Raúl Vera los miles de casos documentados reflejan el fracaso de Felipe Calderón en este tema, como en todos los relacionados con la lucha en contra de la delincuencia.
“Aquí no hay una declaración ni una acción firme del presidente. Nos anuncian repetidamente que van a erradicar el crimen y nosotros padeciendo, y ahí están los muertos. Vivimos la destrucción de este país. La muerte de los mexicanos y extranjeros”, afirma. (Con información de Homero Campa, Velia Jaramillo y Arturo Rodríguez) l
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