Aprueban pacto nacional en busca de un gobierno que restaure la legalidad

Un pacto político nacional de unidad para detener el "autoritarismo de la derecha", restituir la legalidad constitucional que incluye la defensa de los recursos naturales, la soberanía energética y un plan nacional de empleo acordaron más de 600 organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y populares al concluir el cuarto encuentro del llamado Diálogo Nacional al que convocó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Acompañados por la senadora Rosario Ibarra de Piedra y el diputado y ex dirigente del SME Antonio Almazán, los participantes determinaron refrendar hoy, en un acto público en el Hemiciclo a Juárez, el pacto político, entre cuyas demandas centrales incluye la exigencia del llamado a un referéndum para la revocación del mandato.

"El descontento, la irritación y rebeldía social van a ser canalizados en la unidad de los movimientos de insurgencia", señalaron en la llamada Declaración del Pacto Nacional por la Restitución de la Legalidad Constitucional y la Soberanía Popular.

Ayer, reunidos en las instalaciones del SME, los representantes de ese mosaico de organizaciones se comprometieron a "realizar su máximo esfuerzo para hacer un frente común a todas las políticas neoliberales que agreden las condiciones de vida y de trabajo, los derechos políticos y libertades democráticas del pueblo y los trabajadores, así como a defender el patrimonio, la soberanía e independencia del país".

Para llevar a cabo sus compromisos realizarán a partir del próximo 15 de febrero y hasta mayo una serie de movilizaciones que concluirán, inicialmente, el 2 de mayo con un paro nacional y la toma de carreteras, las cuales estarán "rodeadas de la más amplia solidaridad y respaldo político a cada una de las organizaciones, frentes, coordinaciones sindicales, sociales, populares y políticas", acotaron.

El pacto, que fue aprobado por unanimidad, establece la promesa de cada participante de "trabajar juntos para crear las condiciones para el surgimiento de un nuevo gobierno emanado democráticamente del pueblo y que responda a él en todo momento, restaurando la legalidad constitucional y el espíritu fundacional del Constituyente de 1917, así como los valores esenciales de la nación".

Previa a la lectura y aprobación del pacto, los representantes e integrantes de dichas organizaciones abordaron, a lo largo del día, en siete mesas de trabajo, temas como el empleo, la seguridad social, los derechos humanos, el patrimonio cultural y energético, democracia, militarización y equidad de género, entre otros. En ese ámbito, Rosario Ibarra de Piedra solicitó a todos los presentes hacer un esfuerzo para terminar con los "sectarismos, las envidias, las traiciones y codazos. Les pido lleguemos a un acuerdo para que se haga realidad por lo que hemos luchado", demandó.

En esas mesas de discusión fue recurrente la sugerencia de sostener la continuidad de la organización conjunta, las convicciones y no "bajar la guardia en contra del gobierno de Felipe Calderón".

Gilberto López y Rivas destacó que se requiere el esfuerzo de la unidad social para promover el referéndum de revocación del mandato, "última salida pacífica" al creciente enojo social, sostuvo.

En el pacto, las organizaciones sostuvieron que iniciarán acercamientos y relaciones fraternas con todas las organizaciones y personalidades democráticas, progresistas y honestas de América Latina y el Caribe y de otras partes del mundo.

También subrayaron que su lucha incluye la exigencia de la reducción de los precios del maíz, tortilla, huevo, medicamentos, electricidad, gas y gasolinas; la defensa de los derechos y libertades políticas del pueblo, y el rechazo al Area de Libre Comercio de las Américas.