La injusticia que se vive en México es aterradora

Las torturas contra 14 mujeres de Atenco, en ruta de quedar impunes
Alega el IFAI motivos de "seguridad nacional" para negar nombres de policías implicados

El pelele que prometió ser implacable en la violencia contra las mujeres.

En la investigación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) sobre las presuntas torturas que infligieron policías estatales y federales a 14 de las 44 mujeres detenidas en mayo pasado durante el operativo en San Salvador Atenco, no aparece el nombre de ningún elemento federal debido a que la Secretaría de Seguridad Pública negó proporcionar esa información a la instancia que encabeza Alicia Pérez Duarte, aseveraron fuentes cercanas a la investigación.

Es decir, se opta por encubrir a los violadores.

Luisa Pérez, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez quien abanderó la denuncia de las mujeres agredidas explicó que, pese a que la fiscal se comprometió ante las denunciantes y sus abogados a consignar el expediente ante un juez federal, al no haber ningún señalamiento contra elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) ni sus nombres completos, el expediente sería remitido a la justicia mexiquense, la cual se ha mostrado parcial ante los hechos relacionados, por lo que los delitos investigados por la Fevim correrían el riesgo de quedar en la impunidad.

Refirió que la justicia del estado de México ha dado largas a otras pesquisas, por lo que al atender el caso de las torturadas probablemente alargaría el proceso, incurriendo en "dilación de justicia, lo que representaría doble victimización a las mujeres, pues no sólo son víctimas de tortura, sino que no podrían acceder a la justicia".

El 17 de mayo de 2006, el Centro Pro abanderó la defensa de las mujeres que decidieron entablar denuncias contra los policías por las agresiones y violaciones sexuales que sufrieron; meses después, Pérez Duarte manifestó que la investigación tendría los elementos para encaminarla por el delito de tortura, por lo que las indagaciones giraron en torno a ese ilícito.

Las fuentes consultadas aseveraron, sin embargo, que, pese a que la defensa legal de las agredidas intentó que la fiscal atrajera a su competencia el delito, la funcionaria sólo se comprometió a consignar el expediente ante un juzgado federal, que conocería del caso, pero al no existir al menos el nombre de alguno de los policías federales "probablemente enviará el caso a un juez mexiquense debido a que no tendrá competencia federal para conocer de la investigación".

En un último intento por acreditar la participación de los elementos de la PFP, y ante la "omisión" de la SSP en dar la información a la Fevim, los abogados del Centro Pro solicitaron, mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información pública, los nombres de los policías federales que participaron en el traslado de los detenidos, dato que fue denegado por la dependencia con el argumento de que se trata de "información reservada".

En el documento de respuesta (del cual tiene copia La Jornada), la SSP federal, encabezada en el sexenio pasado por el actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora, explica que con base en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública la lista de nombres y cargos de los PFP "se encuentra clasificada como reservada".

Continúa: "Dicha información pone en riesgo la seguridad nacional, y puede causar grave perjuicio para la prevención de los delitos, poniendo también en grave riesgo la vida y seguridad del personal operativo que participa en tareas encomendadas en materia de seguridad pública".

Pese a que esa información es indispensable para hacer justicia a las mujeres atacadas, la SSP federal argumenta que de proporcionarla, "se vulneraría la seguridad de dicho personal (los policías) dejándolo en estado de indefensión".

Luisa Pérez manifestó que, ante la negativa de la dependencia federal, la defensa legal de las agredidas interpondrá un recurso de revisión con objeto de que esos datos le sean proporcionados. La litigante aseguró que la investigación emprendida por la Fevim está en la etapa terminal.

La injusticia que se vive en México es aterradora e indignante nada más vean esto:

Revela grabación que el gobierno de Ulises Ruiz amenazó a vocera de la APPO

"Estas niñas van a mamar, para que le duela a la maestra Carmen López".

Hace más de tres meses, la maestra Carmen López Vázquez, una de las voces más representativas de la lucha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue informada por conducto de su esposo, a quien contactó un hombre vía telefónica, que dos de sus tres hijas serían víctimas de un atentado en la entidad.

La voz masculina que la APPO ubicó, después de analizar la grabación respectiva, como perteneciente al grupo de choque del gobernador Ulises Ruiz comunicó a la pareja de la profesora que en la segunda semana de octubre, por instrucción de El Yoyo (sobrenombre con el cual integrantes del movimiento aseguran que se conoce en el estado al ex secretario de Gobierno del estado Heliodoro Díaz Azcárraga) tenía instrucciones de "reventar" a las dos jovencitas, cuyos nombres prefirieron mantenerse en el anonimato.

Después de que La Jornada publicó la semana anterior que López Vázquez era víctima de persecución y que en su contra pesaban diversas órdenes de aprehensión por presuntos delitos cometidos durante el año pasado en Oaxaca, se envió un mensaje a la redacción del diario para notificar sobre la existencia de la grabación, cuya transcripción se adjuntó.

Integrantes de la APPO, incluida la mentora, confirmaron lo anterior y enviaron una copia del sonido, donde el hombre menciona la intención de acallar el trabajo que como locutora de radio del movimiento venía desarrollando López Vázquez desde el surgimiento de la asamblea oaxaqueña, en junio pasado.

En la grabación se escucha que una voz masculina informa la intención de arremeter contra las adolescentes.

"Ya no hay descuidos; ya las tienen ubicadas". "Estas niñas van a mamar, para que le duela a la maestra Carmen. Carmen es su esposa, ¿no?"

­¿Quién? pregunta su interlocutor.

­No le puedo decir responde la voz.

­¡Está cabrón!, pues.

­Nada más le digo que aparte a sus hijas, y que le diga a su esposa que las cuide.

­Por eso, dime la neta, carnal, no voy a rajar.

­El Yoyo.

­¿El Yoyo?

­Es un paro, pero no diga, que no quiero que me meta en pedos.

La voz continuó explicando que el trabajo inicialmente se lo pusieron a él y a su equipo. "Yo lo pedí, yo lo ofrecí. Nos mandaron a la verga. 'No, ni madres, van otros'; pero encierre a sus hijas, señor, enciérrelas. 'La maestra Carmen ya da mucha guerra', dicen, pero no van sobre ella, van sobre sus hijas. A reventar ¿eh?, a reventar sobre sus hijas. Ya nos dio mucho miedo todo este pedo, es información muy confidencial."

­Te lo agradezco, carnal

­Igual quiero que sea, tienes dos, dos hijas, una de 14 y una de 12 o algo así.

Una vez que se dio a conocer la grabación en asamblea, la APPO determinó fortalecer las medidas de seguridad de sus concejales (de un total de 200) más visibles y, en el caso de las tres adolescentes, sacarlas de la escuela.

A pesar de todo, la maestra Carmen López Vázquez recordó que decidió continuar en su tarea de locución desde la radiodifusora La Ley de los Pueblos de Oaxaca, una de las estaciones tomadas pacíficamente por la APPO en agosto pasado.

"Yo sólo cumplí con la tarea de ser voz del movimiento y de la dirección de la asamblea popular, desde la radio, porque la decisión de las tomas pacíficas de estos medios de comunicación ­cinco grupos radiofónicos inicialmente, aunque el consejo de la asamblea decidió quedarse sólo con dos y devolvió las tres restantes , siempre fue del pueblo de Oaxaca, porque no brindaban información veraz y objetiva", explicó.

Aseguró que "nunca tomé ninguna decisión personal, mi trabajo siempre estuvo bajo la orientación, dirección y la decisión del movimiento". Subrayó que, pese al riesgo sobre su familia, "continuó firme en la lucha, trabajando en las tareas que el consejo estatal ha determinado en esta etapa de reorganización, para logar que próximamente resurja y se potencie la lucha de la APPO, y conseguir los objetivos propuestos por el pueblo de Oaxaca:

"La salida de Ulises Ruiz Ortiz del gobierno, la libertad de los presos políticos, la cancelación de órdenes de aprehensión y lograr los cambios profundos que el estado necesita para exterminar de raíz la pobreza, la marginación, la antidemocracia y la injusticia social".