Presenta el "gobierno legítimo" plan en defensa de la economía

El "gobierno legítimo" de México propuso ayer una amplia estrategia nacional en defensa de la economía popular, con la inmediata restitución del poder adquisición del salario mínimo, el subsidio al precio de la tortilla que beneficiaría a 30 millones de mexicanos y la urgente puesta en marcha de un programa que evite los abusos de precios impuestos por las empresas monopólicas.

Mario Alberto di Costanzo Armenta, secretario de la hacienda pública, aseguró en conferencia de prensa que las grandes empresas no pagan impuestos: "Existen grupos empresariales que apenas contribuyen con 2 y 3 por ciento de las ventas totales", señaló.

El documento El cuidado de la economía nacional y la defensa de la economía popular frente a la carestía, fue enviado ayer a diputados y senadores que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) PRD, PT y Convergencia.

En el texto se advierte que ante la adversidad de la carestía y la multiplicación de problemas económicos que amenazan el empleo y el bienestar de las familias, es necesario que los mexicanos se unan en torno a dos grandes frentes: el primero, cuidar el manejo de la economía nacional, y el segundo, la defensa de la economía familiar.

De entrada, el "gobierno legítimo" de Andrés Manuel López Obrador advierte sobre la posible privatización de Petróleos Mexicanos, y propone decir "no a la privatización de Pemex ni a formas disfrazadas de privatización, incluyendo la bursatilización de sus ingresos".

La propuesta señala que los mexicanos deben tener claro que el único patrimonio de recursos naturales organizado para producir y generar altos ingresos que hoy tienen los mexicanos es el petróleo, que "aporta 40 por ciento de los ingresos presupuestales. Nos asegura energía propia. Nos ofrece la oportunidad de fabricar nuestra gasolina, productos petrolíferos y petroquímicos que se utilizan en casi todas las ramas de la economía, desde los textiles hasta los equipos de oficina", y "nos proporciona un excedente económico que debiéramos invertir mejor con una visión de futuro, manteniendo la exploración de nuevos campos y apoyando la investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía".

En tanto, Berta Luján, secretaria del trabajo del "gobierno legítimo", explicó las grandes diferencias salariales que existen en México, y destacó que el salario mínimo se pulverizó en sólo dos meses del gobierno de Felipe Calderón.

Puso como ejemplo que un trabajador necesita 163 horas para comprar los 42 productos de la canasta básica. En contraste, el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, sólo necesita trabajar un minuto con 65 segundos para adquirirlos. Consideró que el salario mínimo debe aumentar por lo menos 26 por ciento para restablecer el nivel que tenía en noviembre pasado.

En el segundo capítulo, el documento resalta que la carestía observada en los primeros dos meses del "gobierno espurio" de Felipe Calderón abarca numerosos productos y servicios básicos que han pulverizado el pobre aumento a los salarios mínimos (3.9 por ciento).

"Durante el primer mes de 2007 el poder adquisitivo de los salarios se ha reducido 26 por ciento con respecto a su deteriorado nivel de diciembre del año pasado, ello como resultado del incremento silencioso de los precios de artículos esenciales para las familias, en especial las más pobres y la clase media, situación que se agravó con la crisis del maíz y de la tortilla", asegura.

Berta Luján remató: "Los principales renglones del gasto familiar son la alimentación, el transporte y la vivienda, y prácticamente los tres han aumentado, a tal grado que nunca se había visto una caída así de los salarios, ni siquiera con las crisis económicas".

Luis Linares Zapata, secretario de desarrollo económico del "gobierno legitimo", destacó que la crisis de la tortilla dejó al descubierto la pobre experiencia de gobernar que tiene Calderón. Sobre todo, agregó, la crisis de la tortilla puso de manifiesto un modelo de producción ineficiente en los dos sexenios recientes que "el gobierno espurio continuará".

Consideró que para aumentar la producción de maíz blanco y amarillo se requiere de un programa de apoyo a los productores con una estrategia única. Entre otras acciones urgentes, señaló la recuperación de 1.5 millones de hectáreas de tierras que se han dejado de sembrar en la pasada década; la fijación de un precio de garantía, suficientemente realista, que cubra los aumentos pasados de costos de producción y que permita un margen razonable de utilidad.