En lo que gastan los partidos políticos

Javier Oliva Posada

Los datos que dio a conocer el Instituto Federal Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización y Prerrogativas (La Jornada, 14/4/07) es un fuerte y contundente indicador de la pobreza conceptual y banalización del quehacer político en nuestro país. Cerca de 70 por ciento de los recursos públicos destinados a los partidos políticos para las campañas presidenciales fue a parar a las arcas de los consorcios privados de radio y televisión (es decir, transferencia de recursos de la nación a monopolios). ¿En qué deja de invertir un partido político cuando destina sus recursos de forma prioritaria a los medios de comunicación? Principalmente, en la formación de cuadros profesionales, en la manutención de sus estructuras y representación a escala nacional, en la difusión impresa de sus propuestas y programas y, desde luego, en la generación de ideas que atiendan la viabilidad del desarrollo del país desde su perspectiva ideológica. Ni más ni menos.

Si a los organismos a los que les compete de forma directa e ineludible no les parecen importantes ni las ideas ni la profesionalización de la política, es entendible el nivel y la calidad, tanto del debate nacional como de la mayor parte de los actores que participan en él. Si la imagen sustituye al mensaje no hay lugar para la reflexión, al menos en el quehacer referido a la difusión de propuestas para ser o mantenerse en el gobierno.

Venimos de la difícil experiencia de las elecciones presidenciales de julio del año pasado, la incidencia e influencia de los medios de comunicación (las cuales no se niegan, pero responden a la lógica de los intereses como cualquier otro grupo empresarial con cuantiosas inversiones) se desplegó con toda su fuerza para el proceso electoral y los resultados, que a nadie dejaron satisfechos, fueran aceptados y procesados por la sociedad en general. La democracia mexicana va por mal camino si los partidos políticos persisten en conferir a los espacios pagados o pactados con los medios de comunicación electrónicos, el papel preponderante para ser aceptados o rechazados en su relación con la ciudadanía.

El problema del financiamiento de los partidos políticos es común a la democracia contemporánea, por ejemplo, en España está por aprobarse la ley sobre la materia con la intención de transparentar y eliminar el financiamiento privado a los mismos partidos. No se pone en discusión la relevancia de los medios de comunicación en cualquier estrategia política y electoral, lo que es del todo cuestionables es que sean los partidos políticos los que atiendan a ese fenómeno que desde hace décadas ha afectado la profundidad y el sentido del quehacer político: la fama. Las mediciones sobre la aceptación o rechazo a un candidato o partido político determinan la cantidad de dinero que habrá de destinarse a sanear su perfil o incluso a procurar su aceptación. Sin embargo, atendiendo al imperativo principio sicológico de que "percepción es realidad", no queda más remedio que proceder de forma circunstancial, mediante encuestas, sondeos de opinión, contratación de agencias publicitarias, con la ilusión (así, tal cual, ilusión) de que las cosas de forma inmediata y por arte de la imagen habrán de cambiar.

Está en puerta una reforma en materia electoral. Nuestro tema, la relación económica de los partidos políticos con los medios de comunicación, será uno de los puntos centrales. Para dar consistencia a la democracia, la prioridad deberá ser la que privilegie el argumento. No es una simple expectativa, es una necesidad.

Los efectos de los tiempos hipermodernos (Lipovetsky dixit) los percibimos en la superficialidad de lo que rodea a esas actitudes de banalidad e inconsistencia argumentativa, vacuidad en la propuestas y atención a conveniencia a la agenda nacional. La expectativa de que el adversario se equivoque, del acontecimiento inesperado, implican aguardar la oportunidad para emerger y atacar. El quehacer político reclama otras conductas de quienes tienen la responsabilidad de darle a las ideas la posibilidad de convertirse en actos de gobierno.