Orlando Delgado Selley
Hace apenas unos meses se discutía sobre la evolución de las deudas del sector público federal y del Gobierno del Distrito Federal (GDF). Se repitió insistentemente que mientras el gobierno de la República responsablemente cumplía con sus acreedores y estaba disminuyendo sus pasivos, en el de la ciudad de México ocurría lo contrario y se usaban irresponsablemente los recursos para el pago de los apoyos a los adultos mayores, lo que elevaba esa deuda. Con la información de cierre de año se demostró que la imagen usada en la campaña electoral era falsa y que lo cierto era que la deuda del sector público federal aumentó y la del GDF disminuyó en términos reales.
La información para el agregado mayor del sector público resalta que: 1) en 2006 hubo un importante desendeudamiento neto con el exterior de 22 mil 27 millones de dólares, originado en la amplia acumulación de reservas; 2) para financiar los Pidiregas (proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto) ingresaron 7 mil 26 millones de dólares; 3) la deuda interna neta aumentó 327 mil millones de pesos, lo que equivale a un incremento de casi 40 por ciento. Se prepagó deuda con el BID y con el Banco Mundial, hubo una recompra de bonos, disminuyendo la deuda pública externa, pero eso no redujo la deuda pública total, ya que aumentó la interna y crecieron los recursos en divisas que financiaron Pidiregas.
Así las cosas, el resultado neto fue mayor endeudamiento y, además, más caro, ya que las tasas de interés internas son mayores que las externas, aunque se redujo el riesgo en divisas. Naturalmente en todo el proceso de administración de la deuda pública participaron los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, pero también se contrataron asesores externos que recomendaron comprar ciertos bonos de la propia deuda mexicana, mejorando el perfil y el costo. Eso es algo que ocurre normalmente. Los gobiernos contratan expertos que han realizado operaciones de restructuración exitosas.
En el caso del GDF pudo demostrarse que la deuda pública, que está incluida en la del sector público federal, se manejó adecuadamente. No se usó para financiar gasto corriente, ni para pagar programas sociales. Se usó para los proyectos de inversión que se propusieron en los presupuestos respectivos y que fueron aprobados por la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa. El monto con el que cerró esa deuda en 2006 fue de 42 mil 523.7 millones de pesos, que es razonable dados los ingresos de la ciudad y que, además, está calificada entre las mejores de las 32 entidades federativas.
A pesar de ese manejo responsable y de que se han buscado los mejores esquemas crediticios, dado que el monto es importante es razonable buscar que esos pasivos actuales mejoren su costo y sus plazos de vencimiento. El ahorro que se pudiera lograrse al reducir las tasas y el alargamiento de los plazos permitiría destinar recursos a proyectos importantes para la ciudad. Para lograr ese fin contratar a una empresa que tenga experiencias exitosas en restructuraciones es pertinente. En el mercado existen varias que tienen las credenciales adecuadas, de modo que siempre es posible elegir aquella que más convenga y que no presente inconveniente alguno.
Entre los convenientes está, por supuesto, su currículum. Pero cuando en ése aparece el nombre de Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda, es evidente que a los razonamientos técnicos hay que añadir consideraciones políticas. Pensar que lo técnico podría eliminar las consecuencias políticas de la decisión es, cuando menos, cándido. Lo cierto es que en el GDF se decidió contratar a la empresa de Aspe para mejorar el perfil y el costo de la deuda pública por su experiencia en otras entidades, pero también por razones políticas. Carlos Salinas y su grupo recibieron un mensaje claro, lo mismo que los poderosos empresarios asociados a Aspe en otros negocios.
Ese mensaje tenía otros destinatarios que seguramente han acusado recibo. Lo que sigue en esta historia poco tendrá que ver con la evolución de la deuda y con los ahorros que eventualmente pudieran obtenerse, menos con los usos alternativos de esos recursos. Lo relevante será conocer la manera en que se construirán esquemas de negocios en esta ciudad y quiénes serán los principales inversionistas. De esa manera se irán develando las cartas que se utilizarán para llegar a la contienda de 2012 y luego quiénes serán los patrocinadores en el curso de ella.
En otras palabras, Andrés Manuel López Obrador no se dejó comprar de ahí que le robaran la Presidencia, Marcelo ¿sí se dejará comprar para obtenerla?
A estas alturas y según vayamos avanzando con el Gobierno Legítimo dudo mucho que para el 2012 haya otro candidato mejor para la presidencia que Andrés Manuel López Obrador que además, después de estos seis años, si es que llegan a seis, no habrá nadie con mayor experiencia que él, menos con mayor autoridad moral.
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