¿Ombuds... qué?

Octavio Rodríguez Araujo

No estoy seguro de que el mundo esté al revés, pero México sí. Algo que ya debe ser motivo de risa en otros países, especialmente en Suecia, donde se creó la figura del ombudsman, es el papel del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el supuesto defensor del pueblo mexicano. Cualquier jurista (salvo Soberanes) pensará, con lo que ha ocurrido, que en nuestro país existen dos abogados de la nación: el procurador general de la República y el presidente de la CNDH. En esto, hay que reconocerlo, somos muy originales. ¿Estoy exagerando?

En el caso de Zongolica, José Luis Soberanes y su segunda visitadora general de apellido Pedroza de la Llave usurparon la función del Ministerio Público al dictaminar sobre la muerte de Ernestina Ascensión. En el caso de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, el mismo Soberanes presentó una controversia constitucional sobre lo aprobado por los legisladores locales, argumentando que no era un cuestionamiento moral, sino de técnica y consistencias jurídicas. En paralelo, la Procuraduría General de la República hizo lo mismo, con semejantes argumentos, sólo semejantes.

El ombudsman mexicano, como en otros países donde no se confunde Estado con gobierno, debería de ser un funcionario del Estado, no del gobierno. El procurador general es funcionario de gobierno y su papel es investigar ilícitos, dictaminar si hay causa que perseguir y presentarlos al Poder Judicial en sus diversos niveles. Sin embargo, en México los dos son funcionarios del gobierno que, para colmo, es de dudosa legitimidad, en realidad impuesto. José Luis Soberanes, doctor en derecho, debería renunciar a su cargo, aunque sea por dos razones principales: porque se ha puesto al servicio de Calderón Hinojosa y porque ha usurpado funciones que no le corresponden.

¿Qué ha dicho Soberanes, defensor del pueblo y ahora de la constitucionalidad, sobre los retenes militares y policiacos que violan el artículo 16 constitucional? Nada, como si no existieran o como si aceptara, puesto que Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, que estamos en guerra y que por lo tanto han quedado suspendidas las garantías individuales. Pero el presidente de la CNDH y ministerio público (con minúsculas en este caso) no es el único irresponsable. ¿Qué ha dicho el Congreso de la Unión sobre esos retenes violatorios de la Constitución? Nada. ¿Y el Estado de derecho? ¿Cuál?

Vamos de mal en peor. El comandante general de las fuerzas armadas ha lanzado a éstas en contra de los narcotraficantes. ¿Cuántos han sido detenidos y cuántos policías han muerto sin tener vela en el entierro? ¿Cuántos otros ciudadanos han muerto y morirán en esta guerra absurda contra un enemigo que todos los días hace alarde de su fuerza sin ver realmente menguadas sus filas clandestinas y criminales? ¿Quién ganará, y a qué costo? ¿Y qué ha dicho al respecto nuestro flamante ombudsman? Bueno sería que nos explicara cuáles son nuestros derechos en esta escalada militar de pronósticos imprevisibles y que ya está vulnerando a la Constitución y pervirtiendo el papel del Ejército, por lo menos ante la opinión pública.

El Partido Acción Nacional, o más bien los panistas, son un verdadero peligro para México. Han logrado desprestigiar al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación (sobre todo con Mariano Azuela Güitrón), ahora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y buscándole, encontraríamos a más instituciones. Y así las instituciones servirán de poca cosa y si éstas no sirven, ¿qué diremos de quienes se ostentan como gobierno? Ya el humor popular dice que el Melate ha llegado a más de 400 millones porque el ganador necesita 500 millones y que debe ser pariente de Calderón o de su esposa. Algunos dicen que Hildebrando los necesita para resarcirse de los quebrantos que sufrió el año pasado. ¿Qué vamos a hacer los mexicanos si nos quitan la esperanza en el Melate o en la Lotería Nacional? Un país sin instituciones creíbles y ejemplares es un país sin gobierno o una dictadura. Y, aunque espurio, todos queremos tener gobierno (de preferencia democrático y realmente representativo), que las instituciones sirvan a la sociedad, que haya a quién recurrir cuando nuestros derechos sean vulnerados y que las leyes se respeten. Para todo esto se creó la figura del ombudsman, para que represente los intereses de los ciudadanos contra los abusos de las autoridades gubernamentales, para hacer valer las instituciones y para que éstas sirvan al pueblo.

Entre las facultades de la CNDH está la de conocer y seguir de oficio las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. No lo hace, ¿y los y las vocales de la Comisión, algunos muy queridos y respetados amigos, qué dicen, o no tienen la función de decir algo al respecto?