El traidor a la democracia ordenó investigar en julio del año pasado las cuentas y movimientos financieros de los 2 mil 650 candidatos de todos los partidos políticos a senadores y diputados, para buscar posibles transacciones ''que por sus características puedan estar relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento''. Esto constituyó la violación del secreto bancario pues no se hizo bajo el conocimiento de ninguno de los candidatos. Y no vayamos a creer que lo hizo por interés en conocer las fuentes de su dinero sino para tener forma de chantajear por si alguno de ellos tuviera algo turbio que ocultar y salvaguardar las operaciones ilícitas que él hizo durante su sexenio.
Ayer hubo tres ejecutados en el Estado de Nuevo León con los que suman 59 en lo que va del año, 19 de éstos, policías y mandos. En Guerrero, un hombre fue ejecutado y otro resultó herido luego que un comando ingresó a un billar de la localidad y los acribilló con rifles AK-47 y pistolas .9 milímetros. Se desconoce la identidad de las víctimas. En el lugar los agresores dejaron una cartulina con el mensaje: ''Esto es un aviso para los que hablan de más, pelones. Atentamente: cártel del Golfo. Somos Los Zetas''. En Durango, Bernardo Labrado Pérez, originario de Sinaloa, fue asesinado en el municipio de Pueblo Nuevo por cuatro sujetos. En Tijuana, Baja California, el cadáver de un hombre ejecutado, envuelto en una cobija, fue descubierto en un lote de la colonia Buenos Aires. Junto a la víctima, quien tenía huellas de tortura, un corte en el cuello y diversos tatuajes, se encontró un mensaje en el que al parecer se advierte de más ejecuciones. Agentes ministeriales de Sinaloa hallaron los cuerpos de dos personas asesinadas en la comunidad La Presita, en la zona rural de Culiacán. En Jalisco fue localizado el cadáver de un hombre con 30 impactos de fusil de asalto AR-15. El hallazgo se dio en el municipio de Ayotlán. Los asesinos dejaron un mensaje que decía: ''Saludos al barrio La Tinaja de Vargas. Saludos al Moncho y al Tuerto''. Finalmente, en el municipio serrano de Alamos, Sonora, fue encontrado el cuerpo de Joel Méndez Borbón, sin que hasta el cierre de esta edición se haya informado sobre las causas de su muerte. Total: Diez ejecutados ayer.
La PGR presentó a siete de los ocho detenidos en Apatzingán; familiares y amigos de los detenidos aseguraron que se cometió una grave injusticia, porque nada tienen que ver con la delincuencia organizada, por lo que interpusieron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El gobernador Lázaro Cárdenas Batel sostuvo que los recientes enfrentamientos entre grupos delictivos y efectivos del Ejército muestran la gravedad que reviste el problema del narcotráfico en Michoacán y en el país. Afirmó que se trata de una expresión clara de que se rebasó la seguridad pública y se atenta contra la del Estado nacional. Este individuo que obviamente resultó un verdadero inepto ahora no sabe que hacer y lo único que se le ocurre es meterse bajo el ala de un usurpador para entreambos hacerle frente, imagínense ustedes, al desastre que han provocado.
Como si el pelele no tuviera suficientes problemas tras su usurpación ahora con esta idea de la guerra al narcotráfico ha puesto a la sociedad civil en peligro y por supuesto que es una guerra que tiene de antemano perdida. Según los especialistas de la UAM hay "riesgo" de perderla, muchos sin ser especialistas ya saben que se va a perder pues varias de estas intentonas se han llevado a cabo en Colombia y han fracasado, porque no es esta la forma de combatir al narcotráfico. La forma es a mediano plazo, legalizando las drogas, educación y oportunidades de trabajo.
Los legisladores del PAN insistieron ayer en la urgencia de aprobar las reformas de Felipe Calderón en materia de seguridad pública y justicia, la fracción del PRD reiteró que no avalarán "un proyecto autoritario" que vulnera garantías constitucionales, y menos después de la sentencia dictada contra los dirigentes del movimiento social de Atenco. "Si alguna duda quedaba de la intención de torcer la ley para reprimir a disidentes y luchadores sociales, con la decisión de equiparar a Ignacio del Valle y otros dos ejidatarios de Atenco como miembros del crimen organizado, es claro cuál es la estrategia del señor Calderón", dijo el senador perredista Tomás Torres.
Después de siete horas de dar "vueltas por la ciudad" de México, los cinco hijos de Ernestina Ascensión Rosario y otros familiares de la indígena muerta hace meses en la Sierra de Zongolica llegaron a la Basílica de Guadalupe. Aunque su arribo estaba previsto para las 11 de la mañana -según anunció ayer el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, a Carmen Aristegui, conductora del noticiario Hoy por hoy-, Efraín, intérprete de la familia nahua, soltó: "No querían llegar porque ya no quieren hablar con nadie". Es decir, ya silenciaron a la familia para ocultar los crímenes del ejército. ¡Infamia! De esta forma el delito quedará impune.
El PRD presentará hoy un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente solicite al Tribunal Superior de Justicia del estado de México que "revoque la criminal e inconstitucional sentencia" de 67 años de cárcel que impuso el juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández, a los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco: Ignacio del Valle Medina, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua. El diputado José Antonio Almazán dijo que la sentencia es criminal e inconstitucional y "se trata de un acto de venganza por el histórico triunfo que el pueblo de Atenco obtuvo contra los negociantes y políticos corruptos que pretendían construir una nueva terminal aérea sobre las tierras comunales y la dignidad de sus pobladores". Mientras, Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, dijo que las condenas impuestas a los dirigentes de San Salvador Atenco "son las mínimas que la ley prevé" y rechazó que vaya a decretar una ley de amnistía en su favor. En tanto, el procurador de Justicia, Abel Villicaña Estrada, confirmó que se apelará de la sentencia de 67 años y medio, ya que es menor y "no corresponde con la peligrosidad de estas personas".
Lydia Cacho denuncia atentado en su contra; lo imputa al pederasta Succar, ha dado todos los pormenores bajo los cuales ha sido amenazada, amedrentada y perseguida, lo ha denunciado y la PGR no le ha dado curso a ninguna investigación sobre las sucesivas amenazas a que ha sido sujeta y ni siquiera ha abierto la averiguación previa correspondiente.
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