Nuevas reglas en AL

Carlos Fernández-Vega
Se modifica el mapa energético de la región
El capital trasnacional ya no la tiene tan fácil
México, a la zaga en protección nacional

Trabajadores petroleros saludan la llegada del presidente venezolano Hugo Chávez al complejo Barcelona, el pasado primero de mayo, cuando se anunció la nacionalización de la explotación petrolera en la Faja del Orinoco Foto: Ap

El mapa energético latinoamericano se modifica con rapidez, y no necesariamente a favor del capital trasnacional. A las recientes disposiciones del gobierno venezolano sobre la Faja del Orinoco se suman las de otros gobiernos regionales, tendientes a que la rebanada gruesa del negocio petrolero y gasero se quede en casa.

En este contexto, la Cepal resume que en los últimos años se pusieron en práctica importantes cambios en las normas que regulan las actividades de los inversionistas privados, en la práctica predominantemente extranjeros, en el sector de petróleo y gas en los países andinos. No obstante, estos cambios no se dieron siempre en la misma dirección. Mientras en Bolivia, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela se tendió a establecer más imposiciones y restricciones a la inversión privada como forma de asegurar al país mayores beneficios de la actividad petrolera, en Colombia los cambios derivaron en una mayor apertura, entre otros motivos, para permitir el aumento de las inversiones en exploración y producción, y la recuperación de los niveles de reservas.

En la República Bolivariana de Venezuela, a fines de 2005, el gobierno exigió a los inversionistas privados que trabajaban mediante "convenios operativos" que los convirtieran en empresas mixtas, con participación mayoritaria de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Poco después, el gobierno propuso el incremento de los impuestos de explotación (que se habían aumentado también en 2004) en los proyectos de extracción de crudos extra pesados de la Faja del Orinoco. A comienzos de 2007 se anunció la nacionalización de estas operaciones a partir del primer día de mayo, lo que se concretó. Los consorcios se convertirían en empresas mixtas, con mayoría accionaria de PDVSA, o se retirarían del país.

En Bolivia, la ley de hidrocarburos de 2005 creó un impuesto de explotación de 32 por ciento, que se sumó a los ya existentes de 18 por ciento. La ley concedió a los inversionistas extranjeros un plazo de 180 días para instrumentar los nuevos contratos. No obstante, los plazos pasaron sin que se efectuaran los cambios, aunque los inversionistas estaban pagando los impuestos de explotación adicionales al gobierno. Con la nacionalización de los hidrocarburos declarada el primero de mayo de 2006, el gobierno de Evo Morales concedió un nuevo plazo de seis meses, esta vez para que las trasnacionales firmaran nuevos contratos de operación (que consideran la transferencia de la propiedad al Estado), con tasas impositivas más altas y variables, según las características de cada proyecto, que pueden llegar a un máximo legal de 82 por ciento. En octubre las empresas petroleras firmaron nuevos contratos. En septiembre se anunció la nacionalización de las refinerías privadas, lo que afectaría principalmente a Petrobras (Brasil), pero la medida fue suspendida pocos días después.

En Ecuador, al igual que en Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela, se reformó la ley de hidrocarburos para dar al gobierno una mayor participación en las rentas de la extracción de petróleo y gas. Se estableció que cuando los precios del crudo superasen los precios pactados en el contrato con cada empresa privada, el 50 por ciento de los ingresos de la exportación correspondería al Estado. A diferencia de los otros dos países, las reformas en Ecuador no exigieron la transferencia de la propiedad de las operaciones al Estado. No obstante, hubo un episodio que generó la salida de un inversionista importante: en una fecha muy próxima a la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, la procuraduría del Estado y Petroecuador acusaron a la empresa estadunidense Occidental de haber violado el contrato de exploración y explotación, lo que llevó a que ésta abandonara el país.

Representantes del Ministerio de Energía ecuatoriano declararon que Occidental habría transferido ilegalmente una parcela de su contrato de exploración del Bloque 15 a la empresa canadiense Encana en 2000. Se procedió a anular la concesión, y los activos utilizados en esa operación se transfirieron al Estado.

En Colombia, por el contrario, se ha fomentado cada vez más la inversión extranjera en el sector de los hidrocarburos como forma de incrementar sus reservas. Desde 1999 el gobierno ha reducido la participación obligatoria de Ecopetrol en operaciones conjuntas y ha emprendido cambios regulatorios e institucionales que incluyen la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En 2006 se privatizó la refinería de Cartagena, y Glencore International AG (Suiza) ganó la licitación, en la cual también participó Petrobras. El gobierno anunció que vendería el 20 por ciento de Ecopetrol, medida que fue autorizada por el Congreso en noviembre de 2006.

Otros productores latinoamericanos de energía, como Brasil y Argentina, tienden a reordenar las reglas del juego ante la presencia del capital trasnacional, mientras en México la única "estrategia" gubernamental es abrir las puertas de par en par al capital trasnacional.