Supremacía de los intereses

Luis Linares Zapata

La andanada contra el gobierno y la persona del presidente venezolano Hugo Chávez ha sido global e intensa. La desató una conjunción de intereses de gran talla y alcances que, sin duda alguna, tienen su epicentro en el Washington de todas las conjuras. A ellos se le sumaron numerosas organizaciones que rozan, aunque sea de manera lateral, visiones compartidas u otras más que actúan bajo el influjo de los que defienden, con todos sus recursos difusivos, privilegios acumulados con los años y las riquezas.

El motivo fue la no renovación de una vieja concesión televisiva (RCTV), operada por empresarios de ese país. Hasta metiches tan gratuitos como grandilocuentes (el señor Fox por ejemplo) entraron a la disputa por la atención pública. Varios periódicos locales dedicaron generosos espacios para alentar, con cínicos sesgos en la información publicada, lo que catalogaron como furiosos ataques a la libertad de expresión. En sus muchas diatribas y distraídos reportes le adjudicaron tal derecho a un ente moral, en este caso a la citada empresa televisiva. Los trabajadores del negocio o todos aquellos que, al usar el medio, difundían su pensamiento, al parecer no sufrirán cortapisa alguna, pues el canal puede seguir operando por diversos medios a su disposición y su audiencia podrá atisbarla en otra sintonía.

Por circunstancias diversas y variadas, pero similares en la sustancia de las luchas por la igualdad de oportunidades y el compromiso con el avance de la sociedad, en México se lleva a cabo, de manera coincidente, sendo juicio constitucional contra la bien llamada ley Televisa. En ambos casos se sostiene el propósito de suprimir ventajas indebidas que grupos empresariales han detentado por largo tiempo. Aquí para rescatar de las manos de concesionarios prepotentes, privilegios que quieren ser perpetuados en una cuestionada norma diseñada para tal propósito. En Caracas, por la independencia y la soberanía de un Estado al que se le quiere sitiar de mil maneras, todas ellas, en el mero fondo, asociadas a los recursos energéticos. Riqueza sobreabundante en Venezuela y que, tradicionalmente, había sido usufructuada, en pequeña versión, por grupos internos y, en inmensa escala, por las trasnacionales del imperio estadunidense y otras naciones asociadas en el saqueo.

Al gobierno de Bush lo tienen desocupado los derechos humanos de todos aquellos que no sean los de su muy reducido entorno de poder. Las libertades de mexicanos, venezolanos o de cualquier otro país latinoamericano le importan tanto como las de iraquíes o palestinos, por sólo nombrar algunos pueblos de los que más resquemores le causan por ahora.

A Bush, y petroleros que lo patrocinan, le interesa sobre todo lo demás: los hidrocarburos venezolanos, quizá la mayor reserva potencial del mundo. Pero, también, y de manera creciente, a los centros neurálgicos del poder estadunidense le incomodan, tanto la independencia en el accionar continental como el distinto criterio que viene mostrando Chávez respecto del modelo de desarrollo que, desde ese norte de las desventuras y oportunidades, se trata de imponer a través de sus agencias preferidas: el Banco Mundial y el Fondo Monetario, hoy en plena decadencia.

No hay que perder de vista los ejes centrales del enfrentamiento. Se trata, en el fondo, de una lucha por la emancipación de los aporreados pueblos de Venezuela y México. Los primeros respecto de la inmisericorde explotación externa que han soportado por décadas, y el segundo, tal como hoy se exhiben ante la Suprema Corte de Justicia, para recobrar al menos cierta autonomía de los crecientes dictados que las televisoras, sus regentes de ocasión, políticos sumisos, obsecuentes locutores, comentaristas preferidos y demás usufructuarios, tratan de hacer pasar como derechos adquiridos.

RCTV puso su parte para que la concesión no le fuera renovada mediante un acto de autoridad legítima y legal. La empresa colaboró, de manera decidida, en el golpe de Estado contra Chávez. En tal aventura se unió a lo más deleznable de la sociedad de ese país. Prestó su concurso al grupo compacto que, como primeras medidas, después de tomar el palacio de Miraflores, canceló libertades, suprimió las instituciones (incluyendo a la misma Constitución) y poderes republicanos y blandió una lista negra de condenados al destierro o la muerte.

Televisa y Tv Azteca, y demás radiodifusores que las acompañan en esta parte de la historia, han ido sembrando con tesón la ruta hacia su caída, que bien puede esperarse recale en la forma de una debida situación como industrias que cumplen, responsablemente, con el servicio público y no pretendan prolongarse en atrincheradas entidades de poder discrecional.

La televisión mexicana es un cáncer cuya metástasis está en vastos sectores de la sociedad. Su extirpación y luego la quimioterapia que habrá que aplicar son urgentes para que el país no muera y se convierta en una estrellita más de la bandera estadounidense.