Terrorista soy yo

Por Alberto Híjar

Cuando Pedro Ojeda Paullada, Procurador General de la República me amenazó con aplicarme el delito de traición a la Patria en febrero de 1974, sonreí internamente porque de cumplir la amenaza me convertiría en héroe nacional al ponerme en vías de ser como Hidalgo y Morelos a quienes peor les fue con la Santa Inquisición asociada al Virreinato, como sigue ocurriendo o casi. Trató el multifacético político que luego ocuparía cargos tan distintos como la Secretaría del Trabajo, la de Pesca y la presidencia del PRI, de intimidarme a solas, el mismo día en que salí libre bajo fianza no sin recibir una despedida de toda la noche a cargo de los custodios de Lecumberri quienes a punta de patadas y toletazos, acompañaron a mi empapada persona despersonalizada en el trapeado de todo el Penal a rodilla lo cual dotó a mis rodillas de una infección muy resistente que en la izquierda, por supuesto, estuvo ahí no menos de tres dolorosos meses. Al señor Procurador no le bastó todo esto y ordenó mi presentación en su despacho sólo para amenazarme.
Dicen los añorantes que entonces pasaban estas cosas que ahora ya no, pero pudiera ser peor si se aprueba el fin de la neutralidad del Estado y se instrumentan los cumplimientos estrictos al artículo 139 y 139 bis sobre terrorismo y seguridad nacional que obviamente es la de las instituciones que han de ser, en consecuencia, intocables. En aquel entonces, el Estado encontró la manera de derogar el delito de disolución social, inventado en situación de Guerra Mundial a la que México no fue pero envió al glorioso Escuadrón 201 y sufrió el hundimiento de los buques Faja de Oro y Potrero del Llano. Algún jurista tendría que explicar cómo el neutral Estado apoyó a los Aliados para derrotar al Eje. Por su parte, José Chávez Morado, un comunista pintor incómodo para el PCM en ese momento, editó el Ejele, un periódico satírico que le costó la invitación a retirarse del Taller de Gráfica popular donde el humor se reservaba para las calaveras del Día de Muertos, porque las tropelías del fascismo y el nazismo no eran cosa de risa. La solución del Estado, que no de gobierno, fue afirmar que no había más presos políticos sino delincuentes comunes. De por medio estuvo la siniestra Federal de Seguridad con criminales al frente del tamaño de Nazar Haro el invicto represor o Jesús Miyazahua y De la Barreda alcanzados por sus complicidades con el narcotráfico, pero nada más tantito. El Estado como tal va encontrando los modos de ajustar el Estado de Derecho en beneficio de su propia seguridad que es la de los compromisos con Estados Unidos y con el Imperio global.
Por eso ya se estaba tardando la Presidencia espuria en sumarse a la copia de la Ley Patriota, la Ley Marcial y la de Seguridad Nacional del gobierno de Bush. Con el pretexto del terrorismo, del combate al narcotráfico y de la defensa de las instituciones, toda oposición al Estado resulta sospechosa y reprimible por las buenas y por las malas. Por las buenas aparentes es con las campañas desinformativas de la televisión, las radios y la prensa servil bajo control del Estado. Una criminalización constante aplaude razias y progroms contra los más pobres infiltrados por organizaciones de delincuentes. Los operativos no distinguen y arrasan enormes vecindades donde unas cuantas viviendas disfrazaban guaridas de empresarios de la droga, el contrabando, la prostitución, todo lo posible con complicidades y protecciones policiacas en todos los niveles. Los noticieros informan de ejecuciones y levantones, alaban a las fuerzas oficiales, piden más y a la par, entrevistan y difunden comerciales pagados y gratuitos de la paz en Oaxaca o en el Estado de México. Premiar a Lolita Ayala por unanimidad de la Asamblea del Distrito Federal es un homenaje más a la mentira antipopular y a la llamada Ley Televisa protectora del monopolio. Lolita que ladea su grácil cabecita para descalificar lo que le conviene y promover el Sólo por ayudar como redención de los pobres. El humanismo exaltador de El Hombre para ocultar las diferencias entre seres humanos concretos, siempre sirve como ideología-maquillaje.
La estrategia de medios es acompañada por una seguridad de Estado globalizada. Algo de ésta puede verse en el Tratado de Libre Comercio, pero nada se comenta de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN) firmada en Waco en marzo de 2005 que garantiza la integración de América del Norte bajo la hegemonía de Estados Unidos. El principio es la seguridad nacional de este imperio en peligro porque la amenaza terrorista puede estar en todas y cada una de sus fronteras y en todas y cada una de sus instalaciones productivas, militares o estratégicas por garantizar energía, agua y biodiversidad, o sea, en el mundo entero que es territorio estratégico yanqui. Por ejemplo, las bases militares están por todas partes y quien diga que México no alberga alguna, sólo tiene que ver cuan cerca está San Diego, Guantánamo o las del Pacífico y el Golfo de México. Pero más elocuente es el lugar de México en situación de emergencia yanqui como cuando los aeropuertos internacionales fueron ocupados por agentes yanquis en busca de evidencias terroristas. Fuera de la ley mexicana, se les permitió revisar y molestar hasta dejar la consecuencia de revisiones exhaustivas para los vuelos internacionales.
Hay también misiones internacionales para el gobierno de México de ultraderecha. La dirección de la democracia cristiana por el presidente Espino del PAN y la coordinación Fox y Sahagún en la campaña contra el ALBA de Chávez, Evo Morales y todo lo que se mueva hacia la oposición al Imperio no sólo yanqui sino de los grandes consorcios europeos, el Banco Mundial y el FMI, cumple el compromiso de sabotear las posibilidades de lo que algún generalote llamó populismo radical. De aquí los esfuerzos de Calderón para activar el Plan Puebla Panamá con los presidentes centroamericanos a quienes intentó embarcar en el proyecto de una refinería en alguno de sus países donde sí se pueda entregar a consorcios privados la energía y todo lo que quieran. Es increíble el Parlamento mexicano donde no hubo un solo comentario de la actuación presidencial que ofrece afuera el servicio al Imperio que en México sólo puede hacerse con las privatizaciones furtivas de los contratos trasnacionales tipo PIDIREGAS. Esta red de complicidades afecta la seguridad de México frente a la cual mejor es callar. Sólo un veterano diputado perredista, Pablo Gómez, llamó la atención en la Cámara sobre la criminalización de las protestas sociales.
Dice el artículo 139: "se impondrá una pena de prisión de 6 a 40 años y hasta 1200 días de multa, sin perjuicio de las penas que corresponden por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego o por incendio, inundación por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzca alarma o terror entre la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación". La última frase es la espeluznante porque cualquier plantón, toma de local o movilización de largo plazo, puede caber en la definición del delito que no puede ser salvado mediante fianza porque la condena promedio excede de los cinco años. Pero más aún, cualquier grafitero utiliza sustancias tóxicas y los performances políticos no sólo producen alarma entre las personas, sino que están diseñados para ello. Jesusa Rodríguez que encabezaba tomas de Wal-Marts podría ser culpada.
La fase imperial de la seguridad nacional yanqui como necesidad principal y de las imitaciones de la Ley Patriota que faculta a policías para allanar, intervenir teléfonos, aprehender y recoger pruebas, legaliza lo que hasta hoy son secuestros, la tortura que se reduce como dice Bush, a recurso de conocimiento de la verdad, de modo que la violencia del Estado queda a salvo y los derechos humanos se van por el caño, cosa que ya ocurre de hecho con la limitante de las Comisiones a puras recomendaciones que no hay manera de imponer como obligación y al sometimiento de la CNDH a la sacrosanta imagen de las fuerzas armadas, pese a la evidencia de crímenes militares como los de Atenco, Lázaro Cárdenas contra los mineros de SICARTSA, Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Ya ni siquiera tendrán que ofrecer disculpas los terroristas de Estado porque estarían en su derecho y los que antaño sufrimos secuestro, tortura y amenazas de Estado, quedaremos a merced de un derecho novísimo al servicio de todo lo que se mueva a favor de los explotadores.