Arbitro parcial

Arturo Alcalde Justiniani

El gobierno federal apuesta demasiado al apoyar a Grupo México en su afán de imponer a sangre y fuego un sindicato sometido a éste. No es una exageración, desde hace cinco años hemos presenciado una política gubernamental de abdicación en su papel de árbitro para convertirse en cómplice de esta desbocada empresa, pagando un inmenso costo que incluye pérdida de vidas; su último capítulo, el artero asesinato de Reynaldo Hernández González, en Nacozari, Sonora. Heridos, detenidos, centros de trabajo extinguidos artificialmente para después recontratar nuevos trabajadores con otras condiciones laborales y una inmensa cantidad de recursos utilizados, todo ello ha creado un parteaguas, exhibiendo el auténtico rostro de gobiernos de corte empresarial que entienden la política laboral como un simple "ajuste de cuentas" con los trabajadores.

El Grupo México ha actuado sin contrapeso alguno, rompiendo las bases elementales de un estado de derecho, embarcando en esta aventura al gobierno federal. Hoy pretende culminar su intento al promover siete demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo, cuyas audiencias se celebrarán del 23 al 27 del presente mes ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), exhibida en su parcialidad por la propia empresa en comunicado público (La Jornada, 14/08/07, p. 15), donde confiesa abiertamente que este tribunal le ha informado el número de trabajadores que se han afiliado al gremio apoyado por la empresa, por cierto integrante de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes y la Alianza Sindical Mexicana, claramente promovidas por los gobiernos panistas, identificadas como el sindicalismo azul. Por lo visto, sólo un reclamo social vigoroso y una denuncia de corte internacional activa podrían detener este despojo, que anuncia actos de violencia renovada al hacerse notorios grupos de golpeadores en los centros de trabajo, contratados para presionar en el amañado recuento orientado a forzar un cambio de representación sindical. ¿Por qué tanta complacencia a este grupo empresarial?

En el mismo tenor, en el ámbito del sector aéreo, las y los sobrecargos de Mexicana de Aviación también sufren el embate del mal llamado tribunal laboral, que en la práctica funciona como simple correa de transmisión de la voluntad del gobierno federal. En un procedimiento torcido, bajo la forma de un conflicto colectivo de naturaleza económica, se manipula la maltratada Ley Federal del Trabajo para despojar a los trabajadores de prestaciones laborales, a pesar de que un panel de expertos nombrados por la propia JFCA dejó en claro que la mala situación financiera de esta empresa no se deriva del costo laboral de este gremio, sino fundamentalmente de la ausencia de inversión comprometida por parte de los compradores al adquirirla del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

En el espacio burocrático, los miembros del Sindicato Unico de Trabajadores del Distrito Federal (SUTDF) sufren la intromisión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en represalia por su crítica a la Ley del ISSSTE, sus representantes ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje buscan destituir la directiva de esta organización que afilia a más de 100 mil trabajadores. Es obvio que estos supuestos árbitros mezclan la condición de jueces con su interés particular.

En otro lugar y dimensión, los 500 trabajadores al servicio de Vaqueros Navarra, SA de CV, en Tehuacán, Puebla, sufren el despido de 50 compañeros como represalia por la demanda de titularidad contractual planteada por el Sindicato 19 de Septiembre de la Confección, aquel que nació bajo los escombros del sismo de 1985 y que ahora los representa para deshacerse del yugo del sindicato impuesto por la empresa. Al no encontrar juez imparcial alguno, ni esperanza próxima de un recuento, los trabajadores se movilizan en el plano internacional para presionar a los clientes de dicha empresa (GAP, Levis, Tommy Hilfiger) para que, en cumplimiento a los códigos de conducta suscritos, se respeten sus derechos laborales y se evite la intromisión de la empresa en el conflicto sindical. De nuevo tenemos la ausencia de un árbitro confiable.

En medio de este contexto gubernamental de carácter abiertamente propatronal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lugar de insistir en solucionar sus problemas financieros de fondo relacionados con el costo de la atención médica a jubilados y beneficiarios de los programas clientelares (Seguro Popular, etcétera), la recuperación de la contribución obrero-patronal reducida en la reforma de 1997, o en la ausencia de apoyo presupuestal, plantea un desmedido paquete de reducciones laborales por la vía de la JFCA. Envalentonados ya por el apoyo gubernamental, Aeroméxico anuncia que buscará el cobijo de esta instancia federal para reducir sus costos laborales.

En los conflictos que padecemos se intenta imponer un nuevo escenario en detrimento de los intereses y derechos de los trabajadores. El problema es que no hay juez confiable que resuelva con legalidad y de manera imparcial las diferencias. Más allá de la esperada reacción unitaria del movimiento sindical para enfrentar estos retos, es tiempo de retomar la propuesta de contar con jueces laborales imparciales fuera del control del Poder Ejecutivo. En este sentido, la legislatura de Chiapas reformó recientemente su Constitución local incluyendo una disposición sin precedentes en su artículo 49 "... el personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el de las juntas locales de conciliación, formará parte del Poder Judicial del estado..."

Hoy más que nunca necesitamos de árbitros que sin consigna resuelvan en el marco de la ley los crecientes conflictos laborales. Continuar con la simulación de tribunales sometidos a la voluntad del Poder Ejecutivo sólo incrementará el encono y la crispación social.