Migración, explotación y abusos

Editorial

El pasado 11 de julio, 30 soldadores veracruzanos emprendieron un recorrido por el sur de Estados Unidos, en donde, a pesar de contar con una visa laboral H2B -que los ampara bajo el Programa de Trabajadores Huéspedes- fueron víctimas de explotación, persecución y hostigamiento por parte de contratistas de astilleros estadunidenses con ayuda de autoridades policiales de ese país. Los trabajadores llegaron al país vecino con promesas falsas de empleos dignos y buenos salarios, pero en repetidas ocasiones tuvieron que padecer condiciones de trabajo deplorables e inseguras, así como discriminación y negligencia por parte de los empleadores. Estos hechos son un botón de muestra de las circunstancias terribles de explotación y maltrato que padecen muchos trabajadores hispanos en la nación vecina.

Por su parte, las autoridades mexicanas han exhibido también una actitud hostil hacia los migrantes de Centro y Sudamérica que utilizan nuestro país como paso para llegar a Estados Unidos. En la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, un centenar de detenidos centroamericanos se amotinaron el pasado miércoles con la esperanza de ser liberados. En esa zona del sureste mexicano se encuentran varados cerca de 3 mil migrantes ilegales desde julio pasado, luego de que dejó de operar la línea ferrocarrilera en que se transportaban al norte de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) continúa las deportaciones, pero muchos de los afectados se niegan a volver a su país. En respuesta al descontento generalizado de los migrantes, elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva (PFP), con apoyo de personal del INM, emprendieron un violento operativo, que tuvo como saldo una persona herida de bala, así como la destrucción de las casas de campaña, el robo de las pertenencias de los centroamericanos y el allanamiento de casas aledañas de personas que prestaron auxilio a los indocumentados.

En los dos casos que se comentan queda de manifiesto la inoperancia y falta de voluntad de las autoridades de ambos países para atender los múltiples problemas a los que se enfrentan los migrantes, pero sobre todo la hipocresía del gobierno mexicano, que ha condenado reiteradamente el maltrato que reciben los connacionales en Estados Unidos, mientras que tales condiciones son reproducidas en territorio nacional.

La migración centro y sudamericana implica la contratación de mano de obra barata para los empleadores estadunidenses, y las remesas de los trabajadores a sus familias constituyen uno de los principales sustentos de la economía mexicana. Sin embargo, este enfoque simplista no toma en cuenta la magnitud de las implicaciones negativas de ese fenómeno en la región, como son la desintegración familiar y el abandono de las tierras de cultivo, así como la zozobra de quienes reciben un trato infrahumano por parte de autoridades y empleadores en un país extraño.

Por su parte, las nefastas medidas de la nación vecina para frenar el flujo de migrantes -como la construcción de un muro en la frontera con México- contribuyen a que se den casos de explotación, pues plantean mayores dificultades para que migrantes ilegales crucen la frontera y eso llega a afectar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores con documentos.

En suma, es inaceptable el doble discurso de las autoridades mexicanas con respecto al tema migratorio, quienes reditan en territorio nacional las condiciones de maltrato que tanto reprueban. También es urgente que la actual administración consagre sus esfuerzos a la generación de empleos y la reactivación de la economía interna, a fin de dejar de depender de las remesas de los migrantes mexicanos y frenar el drama de millones de connacionales que se ven en la necesidad de abandonar el país.