Recrudece gobierno calderonista su política antisindical y de criminalización de la protesta

COMUNICADO DE PRENSA

RECRUDECE GOBIERNO CALDERONISTA SU POLITICA
ANTISINDICAL Y DE CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA

México, D.F., 9 de agosto de 2007

Virulenta ofensiva contra derechos y conquistas de los trabajadores
Las agresiones, violatorias de la Constitución Mexicana, afirma el CILAS
Urge frente unitario de lucha sindical por la legalidad y reforzar acciones como el Paro Cívico del próximo 31 de agosto

La política antisindical de las autoridades gubernamentales de las últimas décadas, cuya mayor expresión se había dado durante el foxismo, se recrudeció súbitamente en los días recientes, luego de la arremetida oficial contra mineros, sobrecargos de Mexicana de Aviación y trabajadores del INEGI. Estos hechos prefiguran, para el resto del sexenio calderonista, un panorama sombrío de desprecio por la legalidad y de criminalización de las luchas sociales y sindicales, lo que aunado al aumento de la pobreza y el desempleo pone al país al borde del estallido social.

Si bien la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República ofrecía expectativas casi nulas de mejoría en materia laboral, dados los antecedentes de los gobiernos panistas, la escalada de agresiones al salario y los derechos de los trabajadores ha tomado un nivel de virulencia desmesurada. Se utiliza a las instituciones para dar forma legal a los agravios contra los trabajadores y sus organizaciones; a la vez que se usa a la policía y el ejército para reprimirlos.

Quien en campaña se quiso hizo pasar como “presidente del empleo” encabeza ahora un gobierno represor y antisindical que ha convertido el respeto a la legalidad en letra muerta, en simple discurso, pues mientras habla de apego al estado de Derecho, emite resoluciones sin fundamento legal alguno para favorecer de manera cínica a los intereses patronales, como en los tres asuntos aludidos.

En el primer caso, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), declaró el martes pasado la inexistencia de las huelgas que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), estalló el 30 de julio pasado en las minas del Grupo México ubicadas en Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas y amenazó con el despido de los trabajadores que no se presentaran a reiniciar sus labores.

El movimiento de huelga de los mineros se fundamenta en un pliego petitorio en el que se exige un incremento salarial de ocho por ciento, pago de bonos de productividad y el cumplimiento de condiciones mínimas de higiene y seguridad para los miles de trabajadores que cotidianamente bajan a las minas. Desde cualquier punto de vista le asiste la razón a los trabajadores, puesto que sus demandas pretenden evitar tragedias como la sucedida en Pasta de Conchos, Coahuila, propiedad también del Grupo México y que en febrero de 2006 costó la vida a 65 personas.

En lugar de cumplir con su mandato legal de proteger a los trabajadores, las autoridades laborales dictaron la inexistencia de la huelga en las tres empresas con argumentos risibles como la supuesta “omisión” del sindicato de presentar las actas de asambleas, así como la vaguedad e imprecisión al denunciar las violaciones al contrato de trabajo. En su afán de favorecer el interés del Grupo México, el calderonismo y sus encargados en el ámbito laboral, dejan desprotegidos nuevamente a los trabajadores, tanto como han permanecido los deudos y trabajadores de Pasta de Conchos a quienes más de año y medio de la tragedia no se les ha hecho justicia.

Las y los sobrecargos de Mexicana de Aviación también han sido afectados. La JFCA, en una resolución inaudita sin precedentes, determinó una reducción de 35 por ciento en sus salarios, la ampliación de la jornada a 10 horas diarias de vuelo, disminución de viáticos y de personal en cada vuelo lo que, a decir de los propios afectados, pone en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Este laudo “leonino”, como lo calificaron los trabajadores, es totalmente anticonstitucional, ya que la carta magna establece que el salario, derechos y conquistas laborales son irrenunciables y no pueden ser reducidos. Con total cinismo, el resolutivo señala que de esa manera la empresa se ahorrará 30 millones de dólares y que de no ser así entraría en “quiebra técnica”. Esto es una muestra más de que por favorecer al capital, el gobierno calderonista no tiene ningún rubor en pasar por encima de la Ley y avasallar los derechos de los trabajadores

Por si esto fuera poco, el gobierno ha enfilado su vocación represiva contra los empleados del INEGI. Después de dos años de lucha por sus derechos laborales, y cuando se mantienen negociaciones con autoridades de la Secretaría del Trabajo, aunque todavía sin resultados, nuevamente contrariando su obligación de reconocerlos como trabajadores, el gobierno federal pretende acabar con su movimiento de resistencia a través de negociaciones absurdas, como otorgarles apenas el 15 por ciento de lo que por ley les toca: liquidación y salarios caídos, a cambio de que desistan de sus demandas.

Más grave todavía. En uso abusivo e ilegítimo de sus recursos, la administración federal ha girado órdenes de aprehensión contra 20 integrantes de la Coalición de Trabajadores del INEGI, por delitos como sedición, sabotaje y motín.

En días pasados, en Atliaca, municipio de Tuxtla, Guerrero, policías de la AFI montaron un operativo y detuvieron a tres miembros de la coalición, cumpliendo las amenazas lanzadas por funcionarios del instituto. Estas detenciones se suman a las de otros 15 compañeros en otros estados de la República.

El hilo conductor que une a estos conflictos es la solución antisindical y represiva que quiere darles el gobierno federal, repitiendo las fórmulas utilizadas en Sicartsa, por ejemplo, en donde para romper la huelga se les atacó violentamente con fuerzas policiales y militares, con un saldo de dos trabajadores muertos.

Lo anterior se suma, entre otros casos, al del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado de Querétaro, cuyo Comité Ejecutivo fue electo democráticamente, pero al que el gobierno panista ha atacado de múltiples formas: desde la utilización de argucias jurídicas para desconocerlo y la retención de cuotas sindicales y el dinero de la caja de ahorro de los trabajadores, hasta el asalto a la sede sindical Y la amenaza latente de encarcelarlos mediante acusaciones claramente falsas y maquinadas. También está el asunto de los trabajadores del IMSS cuyo contrato colectivo fue mutilado con la complicidad de grupos mayoritarios del Poder Legislativo.

La apuesta del gobierno parece colocarse al margen de la ley en su pretensión de frenar las luchas sindicales, lo que abona al estallamiento de un conflicto social de dimensiones mayores, dado que el desempleo, la pobreza y las malas condiciones de vida de los mexicanos son cada vez más inaguantables.

Ante el previsible recrudecimiento de esta situación, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), hace un llamado a la unidad de todos los trabajadores y sus organizaciones para rebasar el aislamiento y convertirse en defensores y garantes de la legalidad.

El CILAS hace este exhorto consciente de que el conflicto que se está generando es de grandes proporciones y rebasa el ámbito laboral porque involucra a millones de mexicanos que cada vez más están sumidos en el desempleo y la pobreza, víctimas de la carestía, la falta de oportunidades, la inseguridad. Es urgente concretar un frente unitario por la legalidad que encabece acciones contundentes de lucha reivindicativa de la clase trabajadora; en ese sentido es prioritario reforzar el Paro Cívico Nacional del próximo 31 de agosto.

Es hora de decir ¡¡BASTA!! a la política calderonista de privilegiar a los poderosos a costa de la clase obrera. Es urgente detener la intención de imponer una reforma laboral largamente anhelada que derrumbaría las conquistas históricas de los trabajadores.