SNTE: Estado dentro del Estado

Editorial

La confrontación entre el gobierno que encabeza Felipe Calderón Hinojosa y la cúpula mafiosa que controla al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se ha hecho inocultable. A las recientes andanadas lanzadas contra la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, por Elba Esther Gordillo, jefa máxima de la mafia sindical, sucedió ayer una completa descalificación de la funcionaria por parte del secretario general de la organización magisterial, Rafael Ochoa Guzmán -quien ayer por la mañana no se asumió como representante de los maestros sino de la propia Gordillo-, y por otra parte abucheos de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), frente a Calderón, cuando se mencionó a la lideresa.

A los intentos de Gordillo por controlar totalmente la SEP -en una de cuyas subsecretarías colocó a su yerno, Fernando González- y por pasar por encima de la titular de la dependencia han de agregarse las desmesuradas exigencias económicas de la cúpula sindical, las cuales, cuando son satisfechas, se destinan al provecho de Gordillo, sus allegados e incondicionales, y sólo en una medida marginal llegan a beneficiar al grueso de los educadores.

Hasta ahora, el calderonismo ha pagado una factura enorme al cacicazgo gordillista por el decisivo apoyo electoral -y acaso de otra especie- prestado en los comicios presidenciales del año pasado: varias oficinas en la SEP, el ISSSTE, la Lotería Nacional y la Secretaría Técnica del Sistema de Seguridad Pública, entre otros cargos. Está por verse si se permitirá, además, desafíos directos y abiertos a la autoridad del Poder Ejecutivo como los que vienen lanzando Gordillo y sus subordinados, y si el panismo gobernante seguirá comprando apoyos tan dudosos como el respaldo de la lideresa y su aparato en las recientes elecciones de Baja California: aunque la cúpula del SNTE y el PAN insisten en atribuirse cada uno el mérito por la derrota del aspirante priísta a la gubernatura, Jorge Hank Rhon, hay elementos para pensar que el fracaso de éste se debió más bien a su colosal descrédito público y a la alta abstención en los comicios del domingo pasado en esa entidad.

Más allá de las especulaciones inevitables de la realpolitik, hay un hecho indudable: la mafia que controla al SNTE empieza a convertirse en un Estado dentro del Estado, y el más elemental sentido político aconsejaría ponerle un freno inmediato. Si bien la alianza del calderonismo con la lideresa se explica por la debilidad política inicial del aspirante panista a la Presidencia y por el déficit de legitimidad del actual titular del Ejecutivo federal, la perpetuación del pacto con Gordillo y su grupo no es un camino recomendable -como no lo son, tampoco, las amistades con los impugnados gobernadores Ulises Ruiz y Mario Marín- para obtener esa deseada legitimidad. Por el contrario, un gobierno que acepte seguir siendo rehén de los añejos corporativismos sindicales, de los que el magisterial es ejemplo oprobioso y exasperante, terminará por compartir el descrédito y el repudio social que inspira el charrismo en todas sus expresiones. El país demanda un deslinde claro e inequívoco de la corrupción, el corporativismo y el clientelismo, vicios heredados de lo que se denominó sistema político mexicano y que hasta la fecha se encuentran presentes en la administración pública. Poner un alto a la desembozada ambición de poder de la cúpula del SNTE sería un primer paso necesario y positivo en esa perspectiva.