Sobrevivientes de matanza en Perú exigen justicia ante tribunales de EU

El presidente Alan García no ha atendido peticiones para acelerar el proceso judicial

IPS

Lima, 14 de agosto. Cirila Pulido y Teófila Ochoa tenían 12 y 13 años de edad, respectivamente, cuando el 14 de agosto de 1985 una patrulla del ejército peruano irrumpió en su pueblo, Accomarca, en la región sureña y andina de Ayacucho, y mató a 69 campesinos, entre los que se encontraban sus padres y hermanos.

Como la justicia peruana no ha sancionado a los responsables, las mujeres recurrieron a tribunales de Estados Unidos en busca de justicia. "Cada día que pasa sin que se condene a los asesinos es como si mataran de nuevo a nuestros familiares", declaró Teófila Ochoa. "Ni nuestros muertos ni nosotros tenemos paz".

Ambas presenciaron aquella jornada en que los militares balearon, volaron con granadas y quemaron a los campesinos, la mayoría mujeres y niños. Por eso, en nombre de las víctimas, presentaron ante tribunales de la ciudad de Miami y del estado de Maryland una demanda contra dos ex oficiales que escaparon a Estados Unidos.

Los mayores retirados son Telmo Hurtado y Juan Rivera. El primero dirigió la patrulla que ocupó Accomarca y consumó el mayor asesinato masivo de civiles indefensos durante la guerra contra el insurgente grupo maoísta Sendero Luminoso (1980-2000). Rivera fue uno de los participantes en esa acción.

El 28 y el 29 de marzo Hurtado y Rivera fueron detenidos en Miami y en un condado de Maryland, respectivamente, por agentes de inmigración de Estados Unidos, acusados de violar leyes migratorias. Hurtado huyó de Lima el 28 de diciembre de 2002, luego que se reabriera el juicio en su contra. Rivera vive en Estados Unidos desde 1998.

"Las demandas contra Hurtado y Rivera ya fueron acogidas por los jueces (estadunidenses) y los ex oficiales han sido notificados para que respondan a los cargos", dijo Karim Ninaquispe, abogada de los familiares de las víctimas de Accomarca.

Como sus clientes carecen de recursos, Ninaquispe recurrió a la ayuda del no gubernamental Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), con sede en la ciudad estadunidense de San Francisco, para que asumiera el caso. El 18 de julio el CJA presentó el litigio a nombre de las dos demandantes. Es la primera vez que un caso de violaciones de derechos humanos contra campesinos se ventila en tribunales estadunidenses. Hurtado y Rivera están acusados de mentir para obtener su residencia legal y podrían ser expulsados de Estados Unidos.

La abogada del CJA, Almudena Bernabeu, señaló que "en caso de ganar el juicio está prevista una reparación por los daños que sufrieron las víctimas, pero si la deportación llega antes de que concluya el juicio, nuestra demanda no tiene la fuerza ni de paralizarla ni de interrumpirla. Esto no quiere decir que se acabe el proceso, éste continuaría y los derechos de nuestros clientes están perfectamente garantizados".

Hurtado fue sometido a un juicio militar que terminó en 1992 con una condena a seis años de prisión por "abuso de autoridad". En el proceso describió con detalle el crimen. Pero en junio de 1995 se benefició de la amnistía dispuesta por el gobierno de Alberto Fujimori. Rivera nunca fue enjuiciado.

"Los militares llegaron a las siete de la mañana... Fueron casa por casa y después de juntar a los que encontraron, los metieron a todos en dos casas. Yo me pude escapar y subí a una loma desde donde vi todo. Varios soldados dispararon a los detenidos. Escuché gritos, súplicas, quejidos. Los niños chillaban", contó Pulido.

"Después de disparar lanzaron granadas y todo voló y se incendió. Todo era puro fuego. Nadie sobrevivió", relató.
Según la abogada Ninaquispe, los muertos fueron 16 hombres, 30 mujeres y 23 niños. "Durante una reciente exhumación de los restos incinerados se encontraron fetos. Quiere decir que había algunas mujeres embarazadas", dijo.

La matanza se perpetró semanas después que el actual mandatario de Perú, Alan García, tomó posesión por primera vez, el 28 de julio de 1985, quien no cambió la política antisubversiva aplicada por su antecesor, Fernando Belaúnde. En esa guerra de 20 años murieron 69 mil 280 personas, según la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Hace seis meses los familiares de las víctimas de Accomarca pidieron una cita con García para pedirle que ayudara a acelerar el proceso judicial en Perú, pero el mandatario no los ha atendido. En diciembre premió con un cargo diplomático en Washington al general retirado José Williams, jefe directo de Hurtado y Rivera cuando se consumó la matanza.