Turbiedad y escándalo

Editorial

Ayer, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, para que informe, de manera detallada y en un máximo de siete días, sobre las dudosas acciones de la dependencia a su cargo en relación con el caso del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon. Por su parte, la PGR dictó arraigo por 90 días a tres funcionarios menores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el fin de que sean investigados por presunta introducción ilegal y tráfico de seudoefedrina en el país. Las detenciones se realizaron a casi un mes de que el secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, anunciara investigaciones en la Administración General de Aduanas y en la propia Cofepris, por la presunta vinculación de personal de esas dependencias con las acciones ilícitas de Zhenli. Los sucesos dejan en claro que, a pesar de todos los intentos gubernamentales por hacer creer a la opinión pública que el escándalo popularmente conocido como chinogate es caso cerrado, el rosario de revelaciones a medias y desaseos gubernamentales está lejos de haber terminado. Todo parece indicar, en efecto, que hay muchos más funcionarios involucrados. A cada paso que da, el gobierno federal da nuevos motivos para la suspicacia y la sospecha de que algo está ocultando a la opinión pública.

Las irregularidades y la opacidad gubernamentales han sido la constante desde el aseguramiento de más de 200 millones de dólares en una propiedad de Zhenli en marzo pasado. Cabe recordar las inexactitudes y fluctuaciones en las cifras de dinero presentadas por las autoridades, las cuales inicialmente aseguraron que el monto oscilaba entre 100 y 150 millones de dólares y que omitieron en sus primeras cuentas divisas extranjeras equivalentes a 17 millones de pesos. Posteriormente, el gobierno actuó con turbiedad y falta de coordinación para informar a la ciudadanía sobre el paradero de la montaña de dólares. En principio, la PGR afirmó que el dinero estaba depositado en el Banco Nacional del Ejército y la Armada y que se encontraba bajo resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), pero el director de esa oficina, Luis Miguel Alvarez Alonso, informó que los dólares habían sido transferidos a la Reserva Federal de Estados Unidos. Después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el propio SAE adujeron que la suma se había depositado en "una institución bancaria de la Unión Americana" -el Bank of America-, y días más tarde, el 13 de julio, corrigieron su versión, al asegurar que el dinero se encontraba en las bóvedas del Banco de México. A ese respecto, el procurador fiscal, Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, aclaró que el banco central sólo tenía en su poder una ficha de depósito por la cantidad asegurada, pero que muy probablemente los billetes encontrados en la residencia de Zhenli estaban, a esas alturas, desperdigados por todo el mundo, tras ser enviados al Bank of America. El gobierno federal no aclaró de manera pertinente estos movimientos, a pesar de los múltiples señalamientos en el sentido de que, con tales prácticas, se había incurrido en algo muy similar al lavado de dinero. Finalmente, la PGR anunció el 19 de julio que los recursos asegurados a Zhenli pasarían al erario, con el argumento de que el empresario no los había reclamado en el plazo que establece la ley -90 días-, por lo que los bienes asegurados habían "causado abandono" a favor del gobierno federal y serían destinados a programas sociales.

Los hechos de ayer hacen suponer que hay más dependencias y servidores públicos involucrados en este caso de escándalo y corrupción. Por tanto, el gobierno federal debe dar un viraje radical en unas actitudes que parecen, hasta ahora, encubridoras. Cabe esperar, por bien del propio gobierno calderonista, que Medina Mora aclare de manera detallada, inequívoca y verosímil el origen, trayecto y destino de ese dinero, que el conjunto de la administración empiece a actuar en forma transparente y que investigue y sancione a todos los cómplices del empresario de origen chino. En ello se juega la credibilidad del actual grupo gobernante, que viene arrastrando, no hay que olvidarlo, un inocultable déficit de legitimidad.

Como diría mi amigo el Sabio esto es puro simulacro. Ya parece que el gobierno federal va a transparentar lo sucedido en el caso de Zhenli, se castigara a tres o cuatro mequetrefes, Medina Mora explicará de forma cantinflesca, la Permanente dirá "Ah...", como se mencionó ayer, y Germancito tapará la cloaca en la que seguramente están involucrados Gil Díaz, fox, el PAN y el propio pelele. No se está jugando la credibilidad, esa está perdida y es irrecuperable en tanto ha habido una consistencia en la mentira y el engaño que el gobierno federal ha practicado desde el sexenio pasado.