Por Julio Pimentel Ramírez
En estos días con frecuencia nos encontramos con noticias en las que, tras las respuestas "políticamente correctas" de los personajes que usurpan el poder, se ocultan las verdaderas intenciones de quienes han sumido al país en una grave situación de inequidad y pobreza, al tiempo que entregan las riquezas de la nación a unas cuantas empresas transnacionales y ceden la poca soberanía que aún le queda al Estado mexicano.
Como todos sabemos y la mayoría de los mexicanos hemos padecido, en 1994 México firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) -que en enero de 2008 entra en una nueva etapa de mayor apertura comercial con la importación libre de aranceles de maíz y fríjol- mediante el cual en los hechos liquida la soberanía alimentaria y alienta la quiebra de la industria nacional y el avasallamiento del comercio y los servicios a cargo de transnacionales, entre otros efectos nocivos.
En el tema de la seguridad pretende el gobierno calderonista firmar un Plan México encubierto bajo la nominación de Iniciativa Mérida, programa a través del que, más allá del reducido monto inicial de inversión que se puede calificar de migajas al lado del multimillonario presupuesto guerrerista del imperio, se profundiza la dependencia del Estado mexicano respecto a los intereses geopolíticos del vecino del Norte.
Por otra parte, en un área sensible si verdaderamente se pretende un desarrollo sustentable como base de una nación independiente y soberana, como lo es la ciencia y la investigación, Felipe Calderón tras escuchar adusto los reclamos de los investigadores declaró orondo que él se la "jugaba" con el sector y anunció que para el 2008 el presupuesto para la ciencia será de 38 mil millones de pesos.
Esta cifra es apenas la mitad de los 7 mil millones de dólares que la administración ilegítima se propone aportar para el cuestionado Plan México. Juan Pedro Laclette, titular de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), afirmó que la inversión en la ciencia es vista como "lujo cultural" y por ello la comunidad se mantiene en niveles de "subsistencia", lo cual se hace evidente, agregó, en que en el presupuesto 2008 del Ejecutivo sólo 340 millones de pesos van directamente a investigaciones, área medular.
En tanto el tiempo avanza inexorable y se acerca la fecha en la que las fronteras se abrirán a la libre importación y exportación de maíz blanco y frijol, así como sus derivados, y vemos que más allá de los discursos de ocasión los diputados del PAN y del PRI se negaron a introducir una salvaguarda en la Ley de Ingresos de la Federación 2008 que proteja a los productores nacionales.
Mientras los países desarrollados instrumentan medidas agrarias que protegen a sus productores, países como México se postran ante las políticas impulsadas por las instituciones financieras del gran capital y abren sus puertas indiscriminadamente a la entrada de productos alimenticios de consumo básico y general de la población.
El primero de enero de 2008, los pequeños productores de maíz afrontarán un enorme problema y estarán en riesgo de desaparecer por la liberación de los aranceles a las importaciones provenientes de Estados Unidos y Canadá, como parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El problema es muy serio, ya que no sólo lo afrontará el maíz, sino también el frijol, leche en polvo y azúcar, entre otros, hecho que impactará gravemente al campo mexicano. Con esto el gobierno mexicano ha expuesto la soberanía alimentaria y apostado a la desaparición de 3.2 millones de pequeños y medianos productores, que representan 95 por ciento del total nacional y que aportan el 70 por ciento de la producción de granos básicos.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta 2005, el crecimiento del sector agrícola significó apenas un promedio anual de 1.7 por ciento, en cambio, la dependencia alimentaria se incrementó en 40 por ciento; en 2008 crecerá en 50 y en 2012 será de 60 por ciento.
Asimismo, según algunas fuentes, se ha promovido el desempleo, el rentismo, la migración y privatización del campo. De 1994 a 2006, se han perdido dos millones de empleos rurales; se ha generado un rentismo de 60 a 80 por ciento de tierras ejidales y las importaciones de alimentos han significado 110 mil millones de dólares. Tan sólo en el sexenio de Vicente Fox, las importaciones agroalimentarias fueron de 60 mil millones de dólares.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) destaca que los pequeños productores son el sector más pobre del país y generalmente indígena, por lo que, de confirmarse el pronóstico, estaríamos ante la puerta de un gran problema social.
De acuerdo con el CESOP, Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de maíz en el mundo y tiene una capacidad agrícola para elevar su producción de forma determinante año con año, aumentando su superficie sembrada.
Por el contrario, añade, México ha tenido una producción similar desde el inicio del tratado comercial, con un crecimiento mínimo, debido al aumento paulatino de la productividad por hectárea.
En este tenor, menciona el estudio, las diferencias entre ambos países son abismales, ya que mientras Estados Unidos siembra en promedio 30 millones de hectáreas al año con una productividad promedio de 9.36 toneladas por cada una de ellas, en tanto que nuestro país sólo lo hace en ocho millones con una productividad de 2.97 toneladas.
Ante estas asimetrías, aunado a la eliminación arancelaria, México tenderá a incrementar las importaciones de maíz que en 2006 fueron de entre ocho y 10 millones de toneladas. Por esto es positiva la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que prevé establecer a partir del uno de enero de 2008 un mecanismo de administración de las importaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol, así como de sus derivados y subproductos, a fin de proteger la producción interna y el empleo rural, reducir la emigración, asegurar el abasto nacional y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población.
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