Prohibido pasar: propiedad privada (Argentina)

Extranjerización del territorio argentino

María Eva García Simone
APM

Cada vez es mayor el número de hectáreas ricas en biodiversidad que se encuentran en manos de empresas multinacionales y magnates extranjeros que se apoderan de las mismas por cifras irrisorias.

No se trata de un fenómeno nuevo ni mucho menos pero, en los últimos años, la venta de tierras nacionales a empresas transnacionales o a no residentes ha crecido considerablemente. De esta manera, gran parte de la Patagonia y de la región Norte del país ha sido extranjerizada a precios grotescos, teniendo en cuenta de que se trata de regiones muy ricas en biodiversidad y recursos naturales.

A partir de la crisis económica y de la devaluación del peso iniciada en el año 2001, las tierras argentinas se convirtieron en el objetivo de muchos extranjeros que recorren el mundo, y sobre todo, los países pobres en busca de territorios baratos y útiles a nivel productivo.

Según lo denunciaron los periodistas Andrés Klipphan y Daniel Enz, autores del libro "Tierras, S.A.", que aborda la extranjerización de los territorios nacionales después de tres años de investigación, "en las provincias de Santiago del Estero y el Chaco, la hectárea cuesta lo mismo que una hamburguesa".

Hasta septiembre de 2006, según un estudio de la Federación Agraria Argentina (FAA), cuarenta millones y medio de las hectáreas más ricas de Argentina se encontraban en venta o en proceso de ser vendidas a extranjeros, ya sea, particulares, empresas o sociedades anónimas. La FAA declaró, además, que el 10 por ciento del territorio nacional están en manos de extranjeros.

No sólo se comercializan tierras a personas particulares que pretenden tener un asentamiento en la Argentina, en la que encuentran un lugar con múltiples beneficios -entre ellos, la falta de regulación jurídica y estatal que controle la venta territorial- sino que también a grandes empresas de diversa índole que invierten en campos para su explotación.

Según la Agencia de Noticias Télam, los directivos del Deustche Bank analizan inversiones en Chubut ya que consideran que, tal como lo afirmaron en una reunión que mantuvieron con el vicegobernador Mario Vargas, "seguramente es la provincia que mejor funciona en la Argentina y eso tiene que ver con que está controlada y con que el gobierno tiene una meta y que está yendo para ese lugar".

De esta manera, desde 1970, han desembarcado en Argentina cientos de empresas e inversionistas extranjeros favorecidos por los manejos de desregulación económica y financiera. Esto se ha agudizado enormemente en la década de los noventa con la llegada de Carlos Saúl Menem a la presidencia, quién, durante diez años, implementó la política de apertura nacional hacia capitales extranjeros sin ningún tipo de resguardo y la privatización tanto de las empresas nacionales como de los recursos naturales.

En este aspecto, decenas de empresas mineras se instalaron en territorio argentino con el fin de explotar la actividad minera en todo su esplendor debido a que, de acuerdo a estudios llevados a cabo por bancos privados, sólo el 15 por ciento de las reservas minerales han sido explotadas.

De hecho, el martes pasado, el Gobierno nacional anunció que va a ampliar los beneficios fiscales a la actividad minera a través de dos medidas: la prórroga de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las inversiones relacionadas con la puesta en marcha de un proyecto y la rebaja de las retenciones a los boratos, según informa Lanación.com.

Ese diario agrega que “la primera iniciativa es, en rigor, una extensión de la actual ley 24.402, que beneficia a las empresas con el recupero del IVA vinculado con las obras civiles y construcciones necesarias para iniciar la explotación de una mina. Según indicó el secretario de Minería, Jorge Mayoral, se enviará un proyecto de ley al Congreso. "Creo que después de las elecciones va a estar listo para poder ser tratado", dijo a la prensa durante el almuerzo por los 50 años de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), realizado el martes. El sector anuncia que va a invertir 8000 millones de dólares hasta fines del año próximo, dijo Mayoral”. De esta cifra se pueden deducir las magnánimas ganancias que van a obtener estas corporaciones por depredar las entrañas del subsuelo argentino.

A pesar de ser mínima la explotación que se realiza, el 70 por ciento de lo obtenido es exportado hacia mercados internacionales. De esta manera, tanto el Banco Mundial como las principales consultoras mundiales, recomiendan a los empresarios invertir en Argentina en la actividad minera.

Según el diario Clarín, el número de explotaciones mineras en manos de multinacionales es sesenta y tres, lo que representa el 91 por ciento del total, porque sólo las seis restantes pertenecen a capitales de origen nacional.

Tal como lo expresó Fernando Sedano, analista de la firma Manufacturers Alliance, “las oportunidades de inversiones están mayoritariamente en las actividades extractivas no petroleras, donde el gobierno se entromete menos con sus controles y acuerdos de precios”.

En este sentido, la explotación minera es uno de los recursos que más llama la atención a los inversores extranjeros, quienes se asientan en Argentina en busca de mayores ganancias con menores riesgos, teniendo en cuenta que este país, si bien cuenta, desde 1987, con una reglamentación denominada “Código de Minería Nacional” que rige la actividad y el resguardo de las riquezas territoriales, ejerce mínimas prohibiciones hacia aquellas empresas extranjeras que una vez instaladas realizan todo tipo de acción sin tener en cuenta los perjuicios que generan ambientalmente.

Dicho código establece que las riquezas del suelo y subsuelo son propiedad de los estados provinciales. Esto habilita a cada una de las 23 provincias argentinas a establecer formas legales que delimiten la explotación del recurso minero tanto por empresas nacionales como internacionales. Sin embargo, esta permisividad juega a favor de los intereses extranjeros y en contra de los nacionales ya que, la mayoría de los gobiernos provinciales, no condiciona la explotación y brinda concesiones a extranjeros que, en la mayoría de los casos, son demasiado liberales.

Para el año 2005, 63 empresas multinacionales se hallaban en la lista de solicitud para apropiarse de yacimientos mineros y/o para realizar explotación minera en territorio argentino, según un informe realizado por el economista experto en minería, Leopoldo Markus. Este número se ha acrecentado en los últimos tiempos debido a que, si bien muchos de estos pedidos fueron aceptados, a los restantes se le sumaron otros con las mismas pretensiones: apropiarse de los recursos mineros.

Markus afirmó que la acreditación de los yacimientos a intereses extranjeros es "uno de los grandes saqueos de la Argentina". Además, agregó que este proceso de “silenciosa entrega de los recursos mineros” comenzó y es consecuencia de las políticas menemistas.

En reiteradas ocasiones, la instalación de una nueva empresa minera es vista en el lugar del hecho como una frondosa oportunidad de trabajo para los nativos que se hallan desocupados y que se especializan en la materia. No obstante, con el transcurso del tiempo estas mismas personas, quienes se encontraban esperanzadas ante la nueva fuente de empleo, comienzan a sufrir las consecuencias de la propia actividad.

La explotación minera trae aparejada gran cantidad de perjuicios ambientales. En provincias donde se lleva a cabo esta actividad a cielo abierto -una de las metodologías más contaminantes- se ha generado una profunda escasez de agua debido a que las cantidades utilizadas en el proceso extractivo son muy altas.

A su vez, no sólo se produce una insuficiencia sino que la escasa cantidad de agua que queda en los ríos se halla totalmente contaminada por diversas sustancias que son utilizadas en el proceso minero.

Un ejemplo de esto es lo que sucede en la ciudad patagónica de Esquel, en la provincia de Chubut, dónde las protestas de los vecinos y diversos organismos ambientalistas no cesan, desde hace más de 10 años, debido a que la minera estadounidense Meridian Gold, que se especializa en la extracción de oro a cielo abierto, vuelca sus residuos tóxicos, tales como el cianuro, a los ríos que subyacen la cordillera de los Andes.

Además, esta compañía, al igual que las demás que se ubican a lo largo y a lo ancho del país, genera rupturas y destrozos en cerros y montañas debido a las fuertes explosiones realizadas para la obtención de los recursos mineros.

Esto no sólo es característico de la zona sur argentina, sino que también conforma la realidad del norte del país. En esta región una de las empresas mineras más reconocidas por la gran cantidad de yacimientos que tiene en su poder y por los desastres ambientales que está generando, es la canadiense Barrick Gold.

Esta minera no sólo genera deterioros ambientales sino que también perjudica directamente a la sociedad norteña debido a que, junto a la Ima Exploration y la Tenke Minino, se adueñaron -con la aceptación de las autoridades locales, provinciales y nacionales- de más de 30 kilómetros de rutas.

“No tenemos agua para regar los cultivos y dar de beber a los animales, menos la vamos a entregar para la minería”, declaró el intendente de Chilecito, Fernando Rejal, ante la posibilidad de que Barrick Gold se instale en la provincia de La Rioja. Los antecedentes no son pocos para que los vecinos de Chilecito reclamen por la no explotación minera.

La entidad gubernamental encargada del otorgamiento de las tierras a residentes extranjeros es la Secretaría de Seguridad Interior (SSI). La SSI define las realizaciones de las compras por extranjeros de tierras en aquellos lugares que mayor cantidad de recursos naturales posee, denominados “zona de seguridad”, a partir de 1996.

La “zona de seguridad” comprende la franja de 150 kilómetros de fronteras, incluida la Cordillera de los Andes y de 50 kilómetros en las costas, tal como lo muestra el mapa. Estas regiones son las que presentan tierras pasibles de ser cultivadas, yacimientos minerales y grandes reservas de agua.

Siguiendo la lógica de apropiación y explotación a ultranza de los recursos naturales, otra de las zonas más codiciadas por los extranjeros es el Sistema Acuífero Guaraní (SAG).

Uno de los magnates que tiene en sus manos tierras que conforman el SAG junto con territorio patagónico, es el norteamericano Douglas Tompkins. Allí, donde se halla una de las reservas de agua más importantes a nivel mundial y una biodiversidad envidiable y que se constituye como el “pulmón del planeta”, más específicamente en Corrientes, Tompkins compró 230.000 hectáreas.

Con esta adquisición resultaron perjudicadas cientos de familias tradicionales correntinas debido que, dentro de las 230.000 hectáreas, se encuentran incluidas sus estancias. Esto genera que los accesos a los caminos y a los esteros queden cercados para los pobladores por decisión de Tompkins, quién se maneja imprudentemente sin que ninguna autoridad ponga límite a las acciones ilegales que realiza en el territorio del Iberá.

Tompkins, en una demostración de fuerza, demolió una escuela y desalojó a cientos de personas nativas de sus hogares vedándoles no sólo el acceso a sus viviendas sino que también al cementerio que se encuentra en esa región.

Teniendo en cuenta el gran poderío adquisitivo con el que cuenta el multimillonario en desmedro de los más humildes, Tompkins, para llevar a cabo sus planes, contó con el apoyo de la policía local y la gendarmería, tal como lo denunciaron los indígenas, quienes fueron encarcelados y esposados al pretender defenderse del desalojo.

A través de dos fundaciones creadas por él -Conservation Land Trust y la Fundación Ecos- realizó un plan que establece la reducción de las actividades agrarias en la zona del Iberá con el propósito de generar una disminución considerable de los precios de las tierras para que, consecuentemente, puedan comprarse por sumas mínimas.

Dicho régimen fue presentado ante el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) para, con el apoyo de las grandes potencias mundiales que tienen como lógica apropiarse de los territorios subdesarrollados y de sus riquezas, conseguir el financiamiento requerido para llevarlo a cabo.

Esta extranjerización de “zonas de seguridad” parece no ser controlada por el Estado, violando la soberanía nacional, los derechos humanos y las normas de protección del medio ambiente. Tal como sucede en el caso citado, no se preserva la integridad nacional pero tampoco la integridad de los argentinos, ya que cualquier persona o sociedad que se haga presente en el país con un cúmulo de dólares parece tener todo a su favor y no sufrir ningún tipo de restricción a la hora de apropiarse de las tierras, de los recursos y de las tradiciones propias de los pueblos.

Pero Argentina no es un caso aislado sino que esta situación de “enajenación de los territorios” es característica de muchos países latinoamericanos a los que sólo les interesa la obtención de beneficios económicos y financieros, dejando de lado la protección de la nación en su totalidad.

La carrera de Tompkins en su ambición por acumular tierras extranjeras, conformando su propio imperio, comenzó en Chile, dónde se instaló en 1969, luego de vender su marca de ropa, y compró 7 mil hectáreas. Tras esa adquisición, el norteamericano, a pesar de sufrir reiteradas acusaciones de los diversos sectores de poder chileno, se hizo acreedor de más de 900 mil hectáreas, en la provincia de Palena, y en el sur de Chile, convirtiéndose en el segundo propietario privado con más tierras en el país vecino.

Otros magnates que presentan condiciones similares a las de Tompkins son el inglés Joseph Lewis -propietario de la marca de ropa Levis- Ted Turner -fundador de la cadena de información CNN- y Luciano Benetton, quién es considerado el mayor terrateniente privado de la Argentina.

La familia italiana Benetton, constituida como un grupo comercial, dueña de una marca de indumentaria que se caracteriza por sus spots en contra de la discriminación, es poseedora de casi 900.000 hectáreas, las cuales pertenecían a pueblos originarios mapuches, los que se vieron obligados a recurrir a la justicia nacional ante el desalojo de sus tradicionales lugares de asentamiento.

Brasil, por ejemplo, anunció, tras una controvertida decisión del presidente Lula Da Silva, tal como fue publicado por APM días atrás, la primera licitación de selvas amazónicas, que constituyen un área de 90.000 hectáreas en el estado de Rondonia, que serán explotadas por grupos privados durante 40 años.

Se debe advertir, como argentinos y como latinoamericanos, que estamos ante un proceso de neocolonización que traspasa las fronteras y que, en tal sentido, la pérdida de la soberanía nacional y de los recursos naturales -sobre todo, no renovables- debe comenzar a mesurarse y a constituirse como un grave problema que afecta a la región en su totalidad.

Si se sigue dando lugar a los grandes magnates y a las empresas transnacionales para que se asienten en territorio latinoamericano sin ningún tipo de regulación estatal y por cifras que resultan irrisorias, la dependencia de América Latina será cada vez mayor teniendo en cuenta los planes de las potencias mundiales a través de sus estrategias neoliberales e imperialistas.

Es menester tener en cuenta que muchos de los pedidos de compra de los territorios tienen su eje en las fronteras y los límites debido a que éstos constituyen una zona no sólo benéfica a nivel natural y económico sino que también a nivel estratégico. No se trata de generar una alarma infundamentada sino que se trata de estar alertas ante la invasión y extranjerización de nuestras tierras.

megarciasimone@prensamercosur.com.ar