“Ilegítimo, que el Estado penalice el aborto”

Ángeles Cruz Martínez

El Estado incurre en un ejercicio ilegítimo del poder cuando penaliza el aborto al determinar, a partir de una sola visión, que cuando una mujer interrumpe el embarazo comete algún delito. Es una exigencia ética y política que en las leyes se reconozca la pluralidad, incluso en los asuntos que tienen implicaciones morales, afirmaron filósofos al participar en el seminario Aborto, un debate abierto.

Juliana González, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que la pluralidad implica tolerancia, apertura, respeto al otro y aceptación genuina de la diferencia como única vía para el diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos.

Durante el segundo día de trabajos del seminario, que organizan universidades, instituciones académicas y organizaciones civiles, González planteó que el consenso inicial respecto del aborto es que nadie propone su práctica. Es, de hecho, algo negativo desde el punto de vista moral, sicológico y humano. Sin embargo, en ocasiones la no interrupción del embarazo puede llevar a un mal mayor, porque con la penalización las mujeres se ven forzadas a abortar en forma clandestina y en condiciones que ponen en riesgo su vida, salud y dignidad. La despenalización del aborto “no es estar en contra de la vida, sino a favor de los derechos humanos de la mujer y de la calidad de vida que se puede ofrecer a quienes llegan a ella”.

En el análisis filosófico, la ex directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM resaltó la cercanía que existe con lo moral y la controversia sobre el momento cuando se está ante la presencia de un ser humano. Para los filósofos, dijo, esto ocurre posteriormente a la concepción.

Sin embargo, más importante es qué es el ser humano, indicó, y luego de una amplia reflexión teórica, señaló que no hay un momento absoluto en el que surge la persona, sino un proceso de desarrollo en el que van apareciendo nuevas características.

A su vez, Rodrigo Guerra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, defendió la postura de que el embrión es un ente que desde sus estadios iniciales es sujeto de derechos. Es autónomo, tiene un metabolismo propio y diferenciado del de sus progenitores, indicó. Para dar cuenta de la complejidad de la discusión, el especialista, defensor de la vida desde el momento de la concepción, señaló que la ley no debe sancionar a la mujer cuando aborta, aunque tampoco debe dejar desprotegido al no nacido.

En la misma mesa donde se abordaron los aspectos filosóficos del aborto, Gustavo Ortiz Millán, miembro del Instituto de Investigaciones Filosóficas (IFF), destacó lo ilegítimo del poder que ejerce el Estado cuando penaliza el aborto sin que exista consenso sobre la definición de persona. Además, una ley es inmoral si tiene efectos negativos, dijo.

Enseguida aseguró, con base en la experiencia de otros países, que la penalización no es impedimento para que las mujeres sigan abortando y, por el contrario, en los lugares donde se ha eliminado la sanción, como Italia, la tendencia ha sido hacia la disminución de la práctica.

Lo que en realidad sanciona la ley, señaló Ortiz, es la falta de prevención, el bajo nivel educativo y las condiciones de pobreza en que viven la mayoría de las mujeres que no quieren ser madres.

Alejandro Herrera, investigador del IIF de la UNAM, retomó uno de los argumentos de quienes defienden al no nacido, cuando afirman que el embrión es una “persona en potencia”. Dijo que sólo las personas tienen derechos, por lo que las personas en potencia no tienen derechos, aunque en un acto de caridad se les puede tratar como si ya los tuvieran, expresó.

Luego de plantear los deberes y derechos de cada actor que podría estar involucrado en el tema, el especialista dijo que los legisladores tienen el deber moral de hacer leyes respetando la pluralidad de la sociedad, mientras el Estado debe garantizar el libre ejercicio de las prácticas que las personas derivan de sus convicciones.