El Justo Reclamo

En busca de respuestas

gloria leticia díaz

Atoyac, Gro., 4 de febrero (apro).- Hace 34 años, José Luis Blanco Flores fue torturado durante 19 días consecutivos por soldados del 49 Batallón de Infantería que tenían su sede en esta ciudad. A pesar de las poco más de tres décadas de aquel hecho, sus recuerdos permanecen vivos. Su voz se quiebra cuando narra lo que, junto con 18 personas más, vivió en julio de 1974.“Tenía 13 años; recuerdo que llevaba en la bolsa de mi pantalón unas canicas. No sabía por qué me llevaban los guachos (militares), que llegaron a mi pueblo, San Francisco del Tibor, y nos trajeron al cuartel, donde nos torturaron”, relata.Blanco Flores regresó el pasado fin de semana --2 y 3 de febrero-- al excuartel militar, convertido ahora en oficinas del gobierno municipal, en busca de respuestas: “¿Dónde están los 17 campesinos que salieron conmigo del pueblo y que no volvieron a casa?”, cuestiona.José Luis, como otras veinte personas, acudió a los terrenos que hasta 1994 albergaron al 49 Batallón de Infantería, para atestiguar la revisión –con el apoyo de un “geo-radar”-- de 3 mil metros cuadrados de campo abierto y determinar si el terreno fue utilizado para enterrar personas durante la guerra sucia. La inspección corrió a cargo de personal de la Procuraduría General de la República (PGR), peritos en antropología forense y un experto en geofísica, en atención a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida el pasado 15 de octubre. En dicha recomendación, el organismo internacional pidió al Estado Mexicano localizar a Rosendo Radilla Pachecho, desaparecido el 25 de agosto de 1974, después de que fue detenido en un retén militar y conducido al cuartel de Atoyac, donde se le vio vivo por última vez.El gobierno mexicano tiene que dar respuesta a la CIDH a más tardar el 15 de febrero, por lo que, como parte de las indagatorias, se realizó el escaneo del terreno.Tita Radilla Martínez, hija del desaparecido y presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem), y los antropólogos forenses Carlos Jácome y Lilia Escorcia participaron como coadyuvantes.Su trabajo consistió en verificar que se hiciera una exploración adecuada del terreno; además, revisarán los resultados de la PGR, explica Julio Mata, secretario ejecutivo de la Afadem. Dentro de 15 días la PGR dará su dictamen sobre la diligencia.“Sabremos entonces si existen sitios donde hubo excavaciones y en esos lugares se harán los trabajos de posibles exhumaciones; la información que tiene la PGR de parte de testigos es que hay cuerpos enterrados aquí”, señala Julio Mata.En este municipio de la costa-sierra guerrerense, al menos 450 personas desaparecieron durante la guerra sucia. La “gran mayoría”, cuenta Radilla Martínez, fueron recluidos en el cuartel militar. Sólo algunos lograron sobrevivir y contar sus experiencias.“No sabemos cuál vaya a ser el resultado de la inspección; por testimonios de sobrevivientes hay versiones de que en el campo de tiro había fosas donde enterraban a la gente que moría en la tortura”, señala Tita Radilla, quien hace 33 años interpuso la primera queja ante la PGR para exigir la localización de su padre. Para Mario Alberto Solórzano, director jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) –organización que forma parte de la representación de Radilla ante la CIDH— la importancia de la diligencia es que, independientemente de que se encuentren los restos de Rosendo Radilla, se podrían localizar los de otros desaparecidos.“Eso abriría la posibilidad de que un asunto que ha estado oculto por el estado durante más de 30 años, como es la guerra sucia, por fin se reconozca”, confía.Mientras observaba a los expertos que revisaban el terreno, José Luis Blanco recordó sus 19 días de encierro en el cuartel del 49 Batallón de Infantería:“Todavía me duele cuando me acuerdo. Nos trajeron aquí el 18 de julio de 1974 a 18 personas, todas de San Francisco del Tibor. Nunca supe por qué a mí; yo era un chamaco, pero me golpearon igual que a todos.“Todo el tiempo tuve vendados los ojos, y en las noches escuchaba los gritos de la gente. También oí trabajar a máquinas que excavaban en la parte norte del cuartel.”Señala un bodegón al fondo del cuartel, antes de llegar a la zona del campo de tiro: “Esa zona se conocía como la ‘casa de la tortura’; ahí llevaban a la gente y muchas personas ya no regresaban a las barracas donde nos tenían.“En el tiempo en que estuve encerrado, me di cuenta de que llegaron a sacar a gente muerta de las barracas, pero no supe a dónde las llevaron”, agrega.El testimonio de José Luis forma parte de los expedientes que, en el año 2000, abrieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).“En varias ocasiones, primero a los de la CNDH y luego a la gente de la Fiscalía, los llevé a lo sitios en los que me di cuenta que hubo excavaciones, tomaban nota de lo que decía, pero nunca me hicieron caso. Espero que ahora sí”, dice.José Luis Blanco asegura que desde que vivió esa experiencia, no ha dejado de tener pesadillas. Afirma que vive atormentado por no saber el paradero de gente a la que conoció y apreció en su pueblo. “Quiero saber qué pasó con mis amigos, en especial Mariana de la Cruz, Dimas Reyes y Mario García; nunca los volvía a ver.”En 1998, luego del ataque del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la comunidad El Guanábano, Blanco fue detenido y torturado por elementos del Ejército en las instalaciones que, en ese entonces, formaban parte de la Academia de Policía del gobierno estatal.La última ocasión en que la PGR atendió un llamado de la población para buscar desaparecidos fue en el 2001, cuando en un terreno que formó parte de un cuartel militar en el poblado de Tres Pasos del Río, en la sierra de Atoyac, se localizaron restos óseos; pero la Procuraduría determinó que eran de animal. “En esa época no tuvimos el apoyo de médicos forenses –recordó Hilario Mesino Acosta, familiar de dos desparecidos—; yo sigo pensando que sí eran restos humanos porque los campesinos no enterramos a nuestros animales”.Hilario, fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), también estuvo presente en la revisión del terreno. Su hermano Alberto y su primo Julián Mesino Galicia, fueron recluidos en el cuartel de Atoyac antes de desaparecer.“No nos queda más que esperar, y exigir que así como revisaron lo que fue el cuartel militar, que hagan lo mismo con otros sitios en la sierra donde por versiones de sobrevivientes y de soldados sabemos que hay cuerpos enterrados, no podemos descansar hasta que aparezcan”, señaló Mesino Acosta.