“Terrorismo y crímenes de lesa humanidad” en caso Acteal
* Conferencia en San Cristóbal de la comisión de observadores internacionales
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 4 de febrero (apro).- Observadores internacionales denunciaron hoy que una estela de impunidad envuelve las indagatorias sobre la matanza de Acteal, desatada el 22 de diciembre de 1997 durante una incursión paramilitar en la zona de Los Altos y que dejó un saldo de 45 muertos, todos indígenas tzotziles miembros de la organización Las Abejas.En conferencia de prensa, Joan Baucells, portavoz de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODHG), sostuvo que todavía hay responsables de la masacre que aún no enfrentan la justicia.En su tercer día de visita en la entidad, los activistas enlistaron una serie de irregularidades sobre el caso: las indagatorias fueron limitadas y no alcanzaron a destacados políticos locales y federales; aún faltan por ejecutarse varias órdenes de aprehensión; los jueces carecen de independencia y autonomía, y nunca se reparó el daño a las víctimas.Y pese a que se documentó la relación entre el Ejército Mexicano y grupos de civiles armados, abundaron, “nunca se valoró la asociación ilícita de esos grupos paramilitares”.Fueron “crímenes de lesa humanidad” en que incluso se evidencia la participación de organizaciones criminales en “actos de terrorismo”, apuntaron Baucells e Ignacio García en San Cristóbal de la Casas.Los 51 activistas de la CCIODH lamentaron que el caso Acteal se mantenga en el mismo punto desde su primera visita en 1998, “estancado y en la impunidad”.Baucells, un profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, aclaró que “hay elementos suficientes para asegurar y demostrar evidencias de la responsabilidad de funcionarios públicos en la matanza”.Recordó que pese a que la matanza duró más de siete horas y había una comandancia policiaca a escasos 200 metros del templo en que se encontraban rezando los integrantes de Las Abejas, “no se hizo nada para repeler el ataque”.El también magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Tarragona, en Cataluña, destacó que el secretario técnico estatal del entonces Consejo de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar, “invadió en su momento competencias propias de un ministerio fiscal, ordenando el levantamiento de cadáveres y eliminando evidencias y pruebas que debieron ser importantes para poder imputar hechos a sus responsables".Según la CCIODH, existen también testigos directos de cómo operaron los grupos de civiles armados en esa zona y su responsabilidad en la matanza. “Son testimonios de los propios grupos paramilitares y de grupos disidentes.“Para nosotros, lo evidente es que se ha demostrado toda esa estructura política, esa colaboración entre los grupos paramilitares, el Ejército y autoridades políticas”. Se trató de apoyos económicos, armas, uniformes e instrucción militar, acusó Baucells.Se evidenció, abundaron los observadores, toda una estrategia política, “toda una estrategia militar en la lucha contrainsurgente y que el Estado mexicano ha ignorado”.Cabe destacar que Proceso reseñó, el 3 de enero de 1998, el Plan Campaña Chiapas 94, elaborado por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en que se definían las líneas de esa estrategia contrainsurgente.“Obviamente todo ello con el conocimiento de las altas esferas del gobierno y ordenado por el entonces presidente de México, ideado por el general Miguel Ángel Godínez y ejecutado por el general Mario Renán Castillo Fernández, ambos en retiro de las fuerzas castrenses”, aseguró Baucells.
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