Mandato de ley y de conciencia

Carlos Ímaz Gispert

En nuestro país, al tomar protesta de su encargo, todo servidor público electo por los ciudadanos se compromete a “cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República…”.

De acuerdo con ésta, en sus artículos 25, 27 y 28, “la nación” tendrá “el dominio directo”, “inalienable e imprescriptible” del “petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear y eléctrica”, “función que se ejercerá de manera exclusiva” a través del “sector público”, y por si esto no fuera suficientemente claro, se explicita que “tratándose de estos sectores estratégicos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.

Cualquier autoridad que haya realizado dicha toma de protesta e impulse la apropiación privada de la renta petrolera estaría desacatando el mandato constitucional y por lo tanto debería ser inmediatamente sometida a juicio político para ser separada de su cargo. Los gobernantes que se pretendan de izquierda tienen una doble obligación: hacer respetar la Constitución y defender el derecho social, en ella establecida, a la propiedad colectiva y nacional de nuestros recursos naturales y su usufructo, pues como señalamos en el artículo anterior, un gobierno de izquierda defiende, crea y materializa derechos sociales.

El petróleo es, además, una fuente de riqueza que posibilita a nuestra patria tener los recursos necesarios para sostener y ampliar otros derechos sociales. Su usufructo es un derecho colectivo que, hoy por hoy, es garante de muchos otros derechos sociales. Defenderlo es una obligación legal y política de cualquier gobernante o representante popular y más aún si éste se asume de izquierda.

Ahora bien, en nuestra historia reciente sobran los ejemplos en que autoridades juramentadas para cumplir y hacer cumplir la Constitución, hacen justamente lo contrario. También es demostrable históricamente que la conquista y defensa de los derechos sociales han sido siempre resultado de la difícil y constante lucha de nuestro pueblo, nunca de una graciosa concesión de los insaciables dueños del poder y el dinero. Gracias al sacrificio, visión y capacidad de acción conjunta de las generaciones anteriores, heredamos el derecho colectivo, nacional, a la explotación y usufructo de nuestro petróleo y hoy, generacionalmente, nos corresponde defender ese valiosísimo legado. Las voces que se han levantado en esa dirección son muchas y desde su diversidad, sin mezquindad alguna, están obligadas a sumarse y multiplicarse en la acción organizada en muy breve plazo.

Sabemos que disfrazando sus propósitos, pero intentando avanzar en su objetivo, el gobierno federal de facto ha desatado una multimillonaria campaña publicitaria (de la cual también negaron su hoy indiscutible paternidad), mientras evita, cobardemente, sostener con argumentos su intencionalidad privatizadora. Parece muy evidente que su pretensión es aprobar con un albazo legislativo (ultra fast track) su contrarreforma sin siquiera tener que dar la cara en algún debate público y, menos aún, consultar a los ciudadanos, que somos los dueños y soberanos de ese recurso.

Sin embargo, no se requiere haber sido juramentado para cumplir y hacer cumplir la Constitución, ese, es un derecho y una obligación de cada mexicano. En nuestro marco constitucional y en nuestra memoria histórica, la resistencia contra la ilegalidad es legal, así como la rebelión contra la injusticia es justa. Más aún si se realiza de manera pacífica, hacerlo es una obligación legal y de conciencia cívica.

P.D. publicitaria en resistencia.

–Mira hijo, todo ese tesoro escondido en las profundidades del mar puede ser tuyo, así que nos aliaremos con unos piratas para ir a buscarlo.

–¿Y la Constitución apá?

–Mira hijo, sólo los piratas saben de tesoros y ya me dijeron que, si les damos la mitad, ellos lo sacan.

–¿Y la Constitución apá?...