Boletín Informativo ISA núm 404

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Sumario:

I. Pemex: mentiras, por José Luis Piñeyro

II. Privatizar, por Carmen Aristegui F.

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PEMEX: MENTIRAS
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 26 de abril de 2008)

A estas alturas del tiempo político nacional, el inicio del pospuesto debate sobre la reforma petrolera de Calderón requiere de una recapitulación de las verdades a medias o mentiras puras sobre tal propuesta difundidas tanto por la campaña mediática para aprobarla como por voceros intelectuales.

No es cierto que Pemex “no se privatiza, sino que se fortalece”, como afirma el repetitivo mensaje gubernamental. Sí se privatiza en actividades que conforman la industria petrolera como son la exploración, la perforación y la extracción del petróleo y su refinación, transportación, almacenamiento y venta de los derivados del mismo.

No es cierto que ha habido suficiente discusión sobre dicha reforma, como afirmó Calderón. Sí ha habido profusión de caricaturas televisivas para encontrar el tesoro petrolero escondido en el mar profundo, desplegados periodísticos favorables del gran empresariado y opiniones de locutores radiofónicos y televisivos, pero eso no es discusión objetiva, plural y amplia.

No es cierto que la propuesta presidencial es legal porque no pretende modificar el artículo 27 constitucional. Sí es ilegal pues pretende modificar leyes secundarias en clara violación a la Constitución, dado que ninguna ley secundaria puede estar por arriba de sus disposiciones jurídicas. No es cierto que de aprobarse la propuesta petrolera presidencial, como afirmó Calderón, sería “una palanca de prosperidad que nos permita superar definitivamente la pobreza y garantizar la educación y la salud de todos los mexicanos”. Sí es cierto que esto es demagogia pura pues implicaría sacar de la pobreza a 55 millones de mexicanos, el desarrollo económico social pleno que no ha logrado ningún país desarrollado.

No es cierto que Pemex no tenga capacidad tecnológica para construir refinerías y dar mantenimiento y ampliar los gasoductos. Sí es cierta la irresponsable actitud gubernamental de no construir refinerías en 20 años y abandonar el mantenimiento de los ductos.

No es cierto que la toma del Congreso por el Frente Amplio Progresista es la mayor ilegalidad cometida “en democracia”, como gustan decir los transitólogos y la transitocracia. Sí es una ilegalidad mucho mayor que los diputados y senadores, frente a la inconstitucional iniciativa presidencial, no cumplan con su obligación de respetar y hacer respetar la Constitución, iniciativa ilegal, ilegítima y antinacional.

No es cierto que Pemex necesita el tipo de autonomía técnica y administrativa propuesta. Sí requiere de una en la que tenga autonomía presupuestal y el Consejo de Administración no esté integrado por representantes del Presidente, sino que sean nombrados por el Congreso de la Unión y de los congresos estatales con instalaciones petroleras.

No es cierto que se va a racionalizar el funcionamiento de Pemex sin mayores cambios administrativos y sindicales. Sí es cierto que ineficiencia y corrupción van a continuar reproduciéndose al no tocar a la alta dirigencia administrativa y sindical, y a sus jugosos sueldos y prestaciones.

No es cierto que no sea un asunto de seguridad nacional y de Estado. Sí es cierto que cualquier proyecto de desarrollo económico y social incluyente, políticamente participativo y ecológicamente autosustentable pasa por que sea un organismo estatal saneado, fortalecido, con capacidad de generar valor agregado vía refinación de gasolinas e impulso a la petroquímica e integrado a las cadenas productivas que fortalezcan el mercado interno.

Para ello se requiere de una política de Estado en materia petrolera y en general energética de largo plazo. Ésta requiere de estadistas y no de un representante presidencial vendedor de ilusiones y de representantes legislativos que suponen que su elección es un cheque en blanco para aprobar cualquier iniciativa de reforma en detrimento del interés nacional público y en beneficio del interés privado nacional y extranjero, lo que va en detrimento de la mermada fortaleza y legitimidad de las instituciones del Estado.

El tipo de reforma petrolera, que no energética, es la prueba del ácido de si la transición política adquiere un contenido democrático o persiste en uno de carácter oligárquico.

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PRIVATIZAR
por Carmen Aristegui F.
(publicado en Reforma el 25 de abril de 2008)

¿Por qué el gobierno mexicano no dice, con todas sus letras, lo que se desprende con toda claridad de su iniciativa de reforma petrolera? ¿Por qué se intenta convencer a los mexicanos de que no se trata de una privatización? ¿Tan desprestigiada está la palabra que se pretende hacer creer que se trata de otra cosa? Pues sí, las experiencias privatizadoras en México y en América Latina de los últimos años han arrojado tales resultados y estuvieron tan marcadas por la corrupción que utilizar la palabra resulta imposible para sus promotores. Más aún si se trata de un tema fundamental y emblemático como el petróleo y, por supuesto, porque lo planteado en la reforma va en sentido contrario a la letra de la Constitución. La lectura a la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 permite ver —sin mayor complicación— que lo que hay ahí es lo que niega el gobierno “...los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transportación, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos... Pemex podrá contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo... las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios (anteriores) podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos “. Eso es privatizar. Punto. ¿Por qué el gobierno evita la palabra? No sólo porque la polarización heredada del 2006, y reeditada ahora, hace casi imposible un debate técnico-ideológico que permita contrastar virtudes y defectos de la participación privada nacional y extranjera en la industria del petróleo. No hay cauces a la vista en los que se puedan exponer los argumentos de quienes creen que debe ser estrictamente en el ámbito público en donde se desarrolle la industria, que se contrasten con los de quienes piensan que entre menos presencia del Estado, mejor para la economía. Ese debate no se puede dar en abstracto si no viene acompañado de una revisión profunda de los efectos causados por las privatizaciones de los últimos años. Discutir conceptualmente sobre el liberalismo político y económico es una cosa, pero discutir sobre el liberalismo aplicado en sistemas disfuncionales, como ocurrió aquí, es enteramente otra. Se puede alegar que hubo mejoría en la prestación de algunos servicios y que se amplió el espectro para la distribución y comercialización de muchos bienes. Que se dinamizaron las economías con el libre comercio, desregulaciones y nuevos parámetros de competencia. Sin embargo, los efectos dañinos que trajeron consigo los procesos de apertura en países que no tenían resuelto todo el andamiaje legal, institucional y de transparencia han sido de tal magnitud que hoy no hay quien salga y diga, con todas sus letras: sí, privaticemos. Aunque, en los hechos, intenten hacerlo hoy con el petróleo. ¿Quién es el guapo que puede prometer que si se abre el petróleo no ocurrirá lo que nos ha ocurrido ya con bancos, telefonía o televisión? Los datos sobre las malformaciones, producto de aquellas privatizaciones, están a la vista. Hace algunos sábados, un grupo de intelectuales, académicos y políticos de México y Estados Unidos, convocados por el ITAM y la Universidad de Berkeley, oían divertidos el cometario que hacía un estadounidense que acababa de escuchar la brillante disertación del doctor Sergio Aguayo sobre las privatizaciones en México. El hombre después de oír, asombrado, la exposición, bromeó diciendo: “Me queda claro que lo que quiero en la vida es ser banquero en México “. Acababa de escuchar que en los años de Fox, las utilidades netas de los bancos crecieron en un 316 por ciento. Las de Banamex-Citibank crecieron 3 mil 362 por ciento y las ganancias de BBVA en México representaron el 29 por ciento de sus utilidades en el mundo durante 2007, mientras que Banamex aportó 50 por ciento de las de Citibank. El miércoles, Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y actual presidente de Telefónica, puso el dedo en la llaga sobre Telmex, de Carlos Slim. No sólo sorprendió al citar al ex presidente Salinas, artífice y presunto beneficiario de esa privatización, quien habría dicho en Harvard: “No se puede privatizar un monopolio público para transformarlo en un monopolio privado, como es el caso de las telecomunicaciones. Me refiero concretamente a Telmex “. Para Ripley. Gil Díaz fue más allá: “Se ha gestado un caso impecable de lo que los economistas califican como una captura regulatoria; se trata de una máquina gigantesca de capturar efectivo por diversos gobiernos. Una que obtiene flujos de miles de millones de dólares anuales a la que se le permite depredar a sus clientes, sean estos consumidores u otras empresas y le permite extender sus brazos y dominar otras áreas de actividad económica “. No queda claro si Gil estaba sugiriendo que al hombre más rico del mundo le interesa, también, el giro petrolero. Por lo pronto, no se ven por ningún lado los mecanismos que garantizarían que la renta petrolera no quede en manos de unos cuantos. ¿La reforma tiene resuelta una buena redistribución social de los beneficios petroleros a partir de la apertura? ¿O Pemex sería otro Telmex, como rezan los cartoncitos de los manifestantes?