El Justo Reclamo

Nuevo León: Ecocidio colonizador

arturo rodríguez garcía

(Segunda de tres partes)

Monterrey, N.L., 25 de abril (apro).- El 17 de diciembre de 2007, el Fideicomiso Promotor de Proyectos Estratégicos Urbanos (Fideproes) presentó su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) a la Semarnat, con el propósito de que la dependencia le otorgara el permiso para el desarrollo vial que debió resolverse a más tardar el pasado 30 de marzo.El tramite se realizó bajo el concepto “Recepción, Evaluación y Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Particular.- Mod. A: No incluye actividad altamente riesgosa” y tiene la clave 19NL2007V0007. El responsable de los estudios de impacto ambiental es Benjamín Limón Rodríguez, director del Departamento de Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería Civil de la UANL. En los últimos años, el investigador se ha visto envuelto en polémicas por generar estudios favorables para acciones que impactan el ambiente, como el confinamiento in situ de los desechos tóxicos de la planta de Industrial Minera México, en Monterrey (Proceso 1633) y otro semejante en los terrenos que ocupó la antigua siderúrgica de Peñoles.El MIA admite la existencia de, por lo menos, 13 daños a la zona; y reconoce que la mayor parte de esta área, es una “zona núcleo de uso restringido” que, de acuerdo con la normatividad, no es susceptible de desarrollo urbano.Los 13 daños enumerados en el estudio abarcan contaminación del agua, aumento en la erosión del suelo, migración de fauna, impacto a la preservación de especies, alteración de la estabilidad de la zona, entre otros.El inciso “J”, del Resumen Ejecutivo del MIA, refiere la “identificación y evaluación de impactos ambientales y evaluación cuantitativa”, y agrupa los daños en cinco grupos: flora, fauna, agua, suelo y paisaje.En el grupo de suelo indica que al remover la capa vegetal, éste “quedará expuesto a los agentes erosivos y se modificarán las características”. Además, se afectará la topografía con la pérdida del relieve natural del suelo. Admite que el uso de explosivos “coadyuvará en la inestabilidad de laderas y terraplenes”, y que la obra “contaminará el suelo contiguo a la vialidad por posibles accidentes, derrames, fugas, inadecuada disposición de residuos, y materiales contaminantes por parte de los usuarios”.Menciona el “deterioro de la calidad del agua superficial y, posiblemente, la subterránea por el arrastre de sustancias contaminantes tales como químicos, metales, aceites, gasolinas y otros contaminantes generados por accidentes, fugas, derrames accidentales, etcétera, de vehículos que circulen por el periférico”.En cuanto a la flora, se admite que cuando el Arco Vial empiece a funcionar, “la circulación vehicular afectará también la vegetación aledaña por el incremento en la cantidad de polvos, partículas suspendidas del suelo y contaminantes, así como por la inadecuada disposición de los residuos sólidos”.De la fauna –la sierra es rica en especies como el puma, oso y jaguar--, se señala que “casi ninguna especie de fauna silvestre terrestre estará exenta de riesgo de muerte accidental por causa de la constante circulación vehicular”. Habrá fragmentación de hábitats, que volverá más difícil a las especies encontrar fuentes de alimento, agua, refugio. El paisaje se verá alterado “por la dispersión de residuos sólidos municipales generados por los usuarios, fragmentos de llantas y restos de accidentes”.Con todo, el estudio concluye: “Se considera que el desarrollo del proyecto generará beneficios significativos en los aspectos socioeconómicos, particularmente en el valor de la propiedad y la calidad de vida en los municipios de Juárez y Monterrey.”
Mentiras oficiales
Además de la admisión de daños en el MIA y el ETJ, Fideproes mintió y omitió respecto a las condiciones del sitio donde pretende desarrollar su proyecto urbanístico, así como en lo relativo a las especies que se verían afectadas, mientras que en su página 5, establece que “ayudará a mantener las condiciones naturales sin alteración”.La Asociación de Vecinos de La Tinaja, integrada por habitantes de los poblados rurales La Tinaja, Los Canelos, Ojo de Agua, Las Sabinas, El Mezcal, la Lobita, San Mateo, Santa Ana y San Roque, consiguieron el apoyo de académicos y expertos que de manera independiente estaban criticando el proyecto.Uno de ellos es el biólogo Antonio Hernández Ramírez, quien realizó un análisis del ETJ y del MIA, para los colonos, evidenciando 23 contradicciones, omisiones y mentiras en dichos documentos.Las observaciones de Hernández Ramírez, coincidieron con criterios como el de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cuyos investigadores concluyeron que una obra de esas dimensiones, provocaría afectaciones directas al recurso agua, así como a flora, fauna y primordialmente, fragmentaría el hábitat “que rompe, de manera definitiva y permanente, la conectividad del corredor biológico entre la Sierra y el Cerro de la Silla”, de acuerdo a un oficio entregado a Semarnat, cuya copia obra en poder de Apro.