Bush autorizó a la CIA y el Pentágono torturar a sospechosos de terrorismo

Estableció que “en tiempos de guerra” sus órdenes eran superiores a las leyes internacionales

Revelan documentos “un monumento a la presidencia imperial”: experto en derecho castrense

David Brooks (Corresponsal)

Nueva York, 3 abril. El gobierno de George W. Bush autorizó al Pentágono y a la CIA emplear técnicas de tortura para extranjeros detenidos por sospecha de “terrorismo” estableciendo que las órdenes del presidente “en tiempos de guerra” eran superiores a las leyes nacional e internacionales en este rubro, según documentos oficiales recientemente revelados.

No obstante que estas autorizaciones fueron subsecuentemente anuladas, hasta la fecha, el gobierno rechaza la prohibición de las llamadas “técnicas severas” de interrogación con el argumento de que son “herramientas necesarias” en la “guerra contra el terrorismo”.

Aunque ya se conocía la existencia de las autorizaciones legales de las “técnicas severas de interrogación” por el Departamento de Justicia en 2002 y 2003, hasta ahora no se habían conocido los detalles específicos ni sus alcances.

Más aún, aunque esas autorizaciones fueron anuladas en 2004 por otros funcionarios del Departamento de Justicia al determinar que eran demasiado amplias, sólo recientemente el gobierno anunció que se suspendió el uso de la técnica de ahogamiento simulado, conocido como waterboarding, considerado tortura por la Organización de Naciones Unidas y las principales organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el presidente Bush se ha reservado el derecho de autorizarla en casos en que él determine sean apropiados.

Y como ejemplo de que la controversia sobre el uso de estas formas de interrogación no ha culminado, hace tres semanas Bush vetó un proyecto legislativo que buscaba prohibir ciertas técnicas de tortura, como el waterboarding, al afirmar que “nos quitarían una de las herramientas más valiosas en la guerra contra el terror”, y señaló que esas prácticas consideradas “severas” son necesarias, ya que su utilidad se ha comprobado al haber prevenido atentados en estos últimos años.

Los documentos revelados esta semana son los redactados por John Yoo, el entonces segundo en rango de asuntos legales en el Departamento de Justicia (ahora profesor de leyes en la Universidad de California en Berkeley), la autoridad suprema del poder Ejecutivo en interpretaciones de la ley, y consisten de dos opiniones.

La primera fue redactada para la CIA en agosto de 2002 y estableció una definición legal muy limitada de lo que constituye tortura. La segunda, fechada en marzo de 2003, el mismo mes que se lanzó la invasión de Irak, era para el Pentágono. En ella se afirma que provocar dolor no podría ser considerado tortura, a menos de que causara “muerte, fallo de un órgano o daño permanente”. Pero fue en el segundo documento donde se estableció que los poderes del presidente en tiempos de guerra son superiores a las leyes que prohíben la tortura.

En efecto, se otorgó, tanto a la CIA como al Pentágono, una amplia autoridad para que sus interrogadores aplicaran las llamadas “técnicas severas de interrogación” contra detenidos en la llamada guerra contra “el terror”. Más allá, la autorización otorgó una exención a los interrogadores frente cualquier ley contra la tortura.

A pesar de que se conocían en esencia estas autorizaciones, la dimensión de este poder Ejecutivo no se había detallado –el segundo documento es de 81 cuartillas– como parte de la construcción de premisas legales para ampliar el poder Ejecutivo a niveles extraordinarios.

“Este es un monumento a la supremacía del Ejecutivo y la presidencia imperial”, consideró Eugene Fidell, profesor de derecho castrense en la Universidad de Yale, en entrevista con el New York Times.

Ambas autorizaciones fueron anuladas en 2004 por funcionarios que sustituyeron a Yoo, y su jefe Jay Bybee, en sus puestos, al considerarlas demasiado extremas. Para 2005, en gran medida por la controversia desatada con la divulgación de estas autorizaciones, el Congreso promulgó una ley limitando al Pentágono a emplear sólamente las técnicas de interrogación establecidas por los manuales oficiales militares. En 2007, y ante el repudio cada vez más universal contra estas prácticas, Bush emitió una orden para reducir la lista de técnicas de interrogación aprobadas para la CIA.

Aunque gran parte de la controversia se ha centrado sobre la técnica conocida como waterboarding, y ahora altos funcionarios de la CIA y el gobierno han informado a algunos medios que esa ya no está en la lista autorizada, resulta que Bush aún puede autorizar su uso cuando determine que es necesario por alguna “emergencia”.

Ningún funcionario obligado a rendir cuentas

Los documentos oficiales fueron obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a través de solicitudes bajo las leyes de transparencia oficial. Amrit Singh, abogado con el ACLU, declaró esta semana que “altos funcionarios en el Departamento de Justicia dieron luz verde al Pentágono para torturar prisioneros. Es un escándalo que ninguno de estos funcionarios de alto nivel hayan sido obligados a rendir cuentas por su papel en autorizar el abuso de prisioneros”.

Después del 11 de septiembre “Estados Unidos se volvió una nación practicante de la tortura. Sorprendentemente –a pesar del repudio de expertos a la tortura yde las revelaciones de Guantánamo y Abu Ghraib– continuamos con esa práctica”, escriben los editores de The Washington Monthly en un número especial de su publicación. Un elenco que incluye el ex presidente Jimmy Carter; el ex general Wesley Clark; los senadores Christopher Dodd, Chuck Hagel, John Kerry, Carl Levin, Richard Lugar, el ex secretario de Defensa William Perry, y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, y hasta interrogadores, escriben sobre el tema con un mensaje común: alto a la tortura. Los editores dicen que esta coyuntura será recordada sobre todo por la “vergüenza” de que este país aceptó torturar.