Seguro para una nueva generación o acceso para todos los niños

Asa Cristina Laurell
salud@gobiernolegitimo.org.mx

La mortalidad infantil y de los niños menores de cinco años se consideran buenos indicadores de salud y condiciones de vida. Muestra de ello es que forman parte del Índice de Desarrollo Humano y de las Metas del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es posible mejorar estos datos sin cambiar las condiciones de vida, pero es de elemental justicia que los niños tengan acceso al cuidado de su salud. En esta perspectiva deben juzgarse los méritos del Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG), añadido sexenal al Seguro Popular.

Apenas se han publicado sus reglas de operación después de un año. En ellas se hacen explícitos los criterios de aplicación y el contenido del seguro. Su primera característica, discriminatoria y violatoria de la Constitución, es que sólo pueden ser inscritos niños nacidos en el actual sexenio; la segunda restricción es que sólo incluye niños sin seguridad social, condición temporal para muchos trabajadores, y sólo puede aplicarse en comunidades con servicios de salud de primer nivel por lo menos.

Comparando la inscripción al SMNG en 2007 con los datos de INEGI y Conapo sobre el número de nacimientos y porcentaje de niños no asegurados (62 por ciento), se concluye que quedaron sin inscribirse unos 350 mil niños. Probablemente son los más desprotegidos y pobres, habitan en comunidades inaccesibles y sus familias no tienen experiencia en contender con la burocracia.

La meta de 2008 sugiere que se acumularán otros 300 mil niños a los no inscritos. Se ha insistido en que el SMNG se creó para dar “cobertura completa para toda la vida” pero en realidad es para niños de cero a cinco años. Después su seguro sería el Seguro Popular en caso de inscribirse en él.

Un segundo tipo de limitaciones es que el SMNG, al igual que el Seguro Popular, sólo da acceso gratuito a un número predeterminado de intervenciones –paquete de servicios– y todo lo demás debe pagarse. El paquete tiene una serie de inconsistencias y exclusiones. Por ejemplo, sólo están incluidos algunos accidentes y fracturas, a pesar de ser una causa muy común tanto de morbilidad como de muerte en estas edades.

Los accidentes graves con múltiples fracturas o daño a órganos no están cubiertos y sólo los traumatismos cráneo-encefálicos leves o moderados. También están excluidos explícitamente elementos que serían de mucha ayuda para los niños, por ejemplo, compra de anteojos y aparatos ortopédicos, incluyendo zapatos. Tampoco se permite el traslado en ambulancia aérea, el único medio de transporte para salvar un niño o recién nacido grave, habitante de una localidad lejana de un hospital especializado. Otra exclusión explícita son los trastornos siquiátricos graves, pero los leves tampoco aparecen en el catálogo del paquete de servicios.

Hasta ahora, con pocas excepciones, las intervenciones permitidas sólo se prestarán en los servicios estatales de salud o en el IMSS-Oportunidades. Surge la pregunta: ¿por qué se requiere de un seguro, subsidiado con los impuestos de todos los mexicanos, para atenderse en los servicios públicos de salud? O dicho de otra manera ¿por qué no se atiende gratuitamente a todos los niños con todos los servicios preventivos y curativos disponibles en el sistema público? La respuesta es que ya se empieza a abrir la puerta a los servicios privados pagados con dinero del seguro, al igual que en el Seguro Popular. Es otro caso de la privatización silenciosa aplicada en áreas sensibles a la voluntad popular, como el petróleo.

Las reglas de operación transfieren todas las obligaciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación a los estados y reservan todos los derechos de control y supervisión a la Secretaría de Salud federal y a la Comisión de Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) que dirigen el SMNG.

Pasan por alto que la Auditoría Superior de la Federación encontró un manejo irregular de 2.1 mil millones de pesos en la CNPSS durante el ejercicio de 2005 y que su informe de 2007 demuestra que quedaron 5 mil millones sin gastar, mientras había graves deficiencias en los servicios. Pronto el gobierno de derecha alegará que necesitamos al sector privado para salir adelante.

La experiencia es otra. Sólo las instituciones públicas pueden garantizar el derecho a la salud de todos los niños y de toda la población. Es un derecho humano básico no morir por falta de un seguro o de dinero.