sábado, abril 19, 2008

Campaña de ignominia

Editorial

Los deplorables espots recientemente difundidos en televisión donde se compara la toma de tribunas en el Congreso de la Unión por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista con acciones encabezadas por Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta, constituyen una expresión inequívocamente reaccionaria, cuyo fin no parece ser otro que sembrar y alimentar el encono y la polarización a escala nacional. Por medio de una secuencia de imágenes, esos anuncios pretenden equiparar, en forma por demás absurda, falaz y desproporcionada, al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador con los personajes mencionados, al tiempo que se afirma que, con la “clausura” del Congreso, “nuestra democracia está en peligro, nuestra paz está en riesgo”. Los promocionales han generado, a unas cuantas horas de su difusión, el descontento generalizado de una sociedad que los percibe –y con razón– como un insulto a su inteligencia, así como la respuesta puntual de diversos miembros de la comunidad intelectual del país, quienes ven en ellos una nueva “campaña de odio”.

Por principio de cuentas, debe recordarse que la referida toma de las tribunas en San Lázaro y Xicoténcatl por los legisladores del FAP no es una acción injustificada. Constituye, en cambio, un eco, al interior de de las cámaras legislativas, de lo que en las calles se ha convertido en el clamor de amplios sectores de la población que, tras la presentación de la iniciativa de reforma en materia petrolera, entregada la semana pasada por el titular del Ejecutivo federal al Senado, han decidido manifestarse a favor de la preservación íntegra del carácter nacional de los yacimientos de hidrocarburos y los procesos de exploración, extracción, refinación y transporte del petróleo. Lo que motiva esas movilizaciones es el empeño cada vez más desembozado del gobierno calderonista por entregar parte de la industria petrolera nacional a manos de particulares, pero sobre todo las maneras falaces y antidemocráticas que el grupo en el poder ha decidido emplear para consumar el designio privatizador: desinformar a la opinión pública y eludir sistemáticamente un debate que, se sabe de antemano, perdería si llamara a esa maniobra por su nombre y no empleara eufemismos como “fortalecimiento”, “apertura” o “modernización”.

Los espots referidos son, hasta ahora, las descalificaciones más acres, virulentas y desesperadas que se han realizado en contra del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que encabeza el político tabasqueño. Sin embargo, no son las únicas: una desproporción similar recorre los señalamientos hechos el jueves por representantes del sector empresarial, en el sentido de que la toma de tribunas es equiparable a un “golpe de Estado”. Ante esta circunstancia, no debe sorprender que cada vez más gente deje de considerar a la televisión como una alternativa para informarse, habida cuenta de la unilateralidad de los mensajes que por medio de ella se lanzan y de la imposibilidad de replicarlos.

Por lo demás, y aunque el Partido Acción Nacional se deslinde y condene “enérgicamente” la difusión de los promocionales mencionados, no puede dejar de señalarse la cuota de responsabilidad, así sea indirecta, que ese instituto político tiene en esta nueva campaña de ignominia: en esencia, quienes financiaron la factura y difusión de estos anuncios televisivos retomaron la estrategia abrazada por el partido en el poder durante el proceso electoral de 2006, que consistió en presentar al propio López Obrador como “un peligro para México”. Asimismo, no puede negarse que el blanquiazul ha contribuido a generar encono y que ha alimentado los ánimos de los sectores más conservadores de la sociedad con sus múltiples ataques al movimiento en defensa del petróleo.

Es imprescindible que se repare el agravio a la opinión pública que constituye la difusión de los anuncios referidos y que se sumen esfuerzos para contener la polarización sembrada en la sociedad. Para esto último, el retiro del aire de los espots y las sanciones correspondientes para sus creadores son condiciones necesarias, pero no suficientes. Se requiere, además, que el gobierno federal muestre una disposición efectiva para debatir, sin prisas, con mesura y de cara a la nación, en torno del tema que dio origen a la confrontación política que actualmente enfrenta el país: el futuro de la industria petrolera nacional.

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