Interponen ambientalistas recurso legal contra terminal de gas en Manzanillo
Colima, Col., 18 de abril (apro).- Grupos ambientalistas respaldaron una nueva impugnación contra el proyecto de la terminal de gas de Manzanillo, cuya manifestación de impacto (MIA) fue aprobada por la Semarnat hace poco más de dos meses.Con el respaldo de Greenpeace, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Bios Iguana, la oceanóloga Vanessa Gómez Pizano presentó ayer ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa una demanda de nulidad contra las autoridades que avalaron el proyecto.En su demanda, Gómez Pizano responsabiliza al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, de incurrir en irregularidades en el proceso de revisión y aprobación de la construcción de la terminal de gas que promueve la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Declaró que Elvira Quesada facilitó la emisión de la resolución administrativa, dado que no concurrió al proceso de modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, instrumento que sirvió de fundamento al director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Andrés Chacón Hernández, para emitir una resolución favorable al controvertido proyecto.El titular de la DGIRA, según la demandante, emitió la resolución sin considerar los elementos técnicos, lógicos y jurídicos para la evaluación de impacto.Además los titulares de Vida Silvestre y de la delegación de la Semarnat en Colima omitieron defender la biodiversidad de la Laguna de Cuyutlán y cuidar los lineamientos para la reforma del programa de ordenamiento territorial de esa región.En la demanda de nulidad también se incluyó a Eduardo Gutiérrez Navarrete, secretario de Desarrollo Urbano estatal, por presuntamente modificar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, sin sujetarse al reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico.Según Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general de la organización Bios Iguana, en esta demanda “se llega a la conclusión de que las autoridades actuaron con dolo y en violación al principio de buena fe en materia administrativa”.Subrayó que las autoridades locales modificaron los instrumentos jurídicos para favorecer a la CFE, no en beneficio del desarrollo sustentable de la región, lo que debió ser detectado por las autoridades federales en la evaluación de impacto ambiental, pero ello no ocurrió.En el proceso de aprobación de la planta regasificadora, dijo Salazar, diversas autoridades incurrieron en coalición de servidores públicos para beneficiar intereses privados y en contra de la mayoría de los colimenses.Vanessa Gómez calificó de “ilegal” la resolución de la Semarnat, pues “violó de manera clara” la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el reglamento sobre evaluación de impacto ambiental y en materia de ordenamiento ecológico, así como el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, la Norma Oficial Mexicana 022-Semarnat-2003, y 059-Semarnat-2001.
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