“Una confusión”, el ataque a locutoras: Procurador de Oaxaca
* “Los asesinos iban contra el conductor del auto”, asegura Evencio Martínez
Oaxaca, Oax., 18 de abril (apro).- El procurador Evencio Martínez aseguró que el ataque en el que perdieron la vida las indígenas Felícitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de La Voz que Rompe el Silencio, perpetrado el 7 de abril en la región triqui, “no iba dirigido en contra de ellas, sino en contra de la persona que las llevaba en su auto”.Dijo que “lo que queda claro en la averiguación es que la agresión no era en contra de ellas, sino en contra de la persona que venía conduciendo el vehículo, un empleado del Registro Civil que trabaja en la Oficialía de Juxtlahuaca”.Sin abundar en la aparente confusión de los asesinos o el móvil del ataque, el procurador agregó que “todo esto tiene un marco, un fondo, en el que están los problemas ancestrales de más de 35 años en la región trique, la existencia de grupos como el Movimiento de Unidad de la Lucha del Pueblo Trique (MULT), otro es la Unidad de Bienestar para la Región Triqui, y otro grupo que surge de una división del MULT”, que se asume independiente. Sin embargo, la hipótesis de la Procuraduría echaría por tierra las versiones sobre la ejecución de Felícitas y Teresa --de 22 y 24 años--, atribuido a los líderes del Partido Unidad Popular (PUP), Heriberto Pazos, Rufino Merino Zaragoza y Marcelino Bautistas.Otras versiones surgidas en la zona triqui sostienen que los autores materiales serían los hermanos Manuel y Carmelo Domínguez Díaz y Paulo Guzmán Ramírez.En tanto la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a las autoridades mexicanas a investigar de manera rápida y eficaz el caso y sancionar debidamente a los responsables.Además, la Relatoría de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), lamentó el asesinato de las dos locutoras indígenas, cometido el 7 de abril cuando regresaban de realizar reportajes en pueblos vecinos y de hablar sobre su radio comunitaria.En un comunicado fechado en Washington, la CIDH señaló que de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados parte tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos allí reconocidos.Según la información recibida por la Relatoría, Bautista Merino y Martínez Sánchez fueron asesinadas en una emboscada por individuos no identificados, que dispararon con armas automáticas al vehículo que las transportaba. Otras cuatro personas resultaron heridas en la agresión. Esta postura se suma a la condena que hizo, el 17 de abril, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), donde hizo hincapié en que “sólo a través del efectivo esclarecimiento de estos hechos, se evitará la impunidad y la repetición de ataques contra periodistas y comunicadores/as sociales”.Además, el 11 de abril el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, reprobó el crimen y mencionó que “matar periodistas es un crimen odioso que causa un grave perjuicio a la sociedad, porque socava el derecho democrático de los ciudadanos a debatir cuestiones de interés común disponiendo de información suficiente, y adoptar decisiones políticas”.Por su lado, los visitadores del Programa de Agravios a Periodistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Arturo Pech e Isabel Salinas, durante su visita a San Juan Copala, reconocieron que la situación de agravios a periodistas en México es “crítica”.Aparte, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras (RSF), se pronunciaron, el 9 de abril, por el “cese del clima de impunidad que permite la continuidad de las agresiones, desapariciones y asesinatos en contra de medios comunitarios, así como en contra de periodistas y medios de comunicación en general, lo que hace que México sea el país más peligroso para el ejercicio periodístico en el continente”.
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