Carlos Fernández-Vega
Tercera vía
Un grupo de gobernadores “energéticos” se puso de acuerdo para proponer lo que denomina “una tercera vía en materia petrolera”. Por sus argumentos, expuestos por medio del gobernador veracruzano Fidel Herrera Beltrán, todo indicaría que son fieles creyentes de que han sido ellos, y no la madre natura, quienes en sus respectivas entidades “sembraron” el petróleo, colocaron los grandes ríos, enterraron los minerales y azuzaron a los vientos, para, poco después, construir presas, refinerías y todo lo relacionado a la industria energética nacional.
Dicho grupo estaría integrado por los gobernadores de Veracruz, Campeche, Tabasco y Tamaulipas (“estados que contribuyen en la producción de hidrocarburos”), Chiapas (“generador de energía hidroeléctrica”), Coahuila (“con su reserva de carbón con importante producción de gas”), San Luis Potosí (“con presencia en el sector”), Nuevo León, Guanajuato, Hidalgo y Oaxaca (“con sus refinerías”), de acuerdo con la nómina que el propio Herrera Beltrán hizo pública ayer durante su participación en el debate que se desarrolla en el Senado de la República.
Tal vez fuera justo que los estados de la República productores de petróleo o cualquier otro energético recibieran mayores beneficios (“es necesario revertir la incongruencia de estados ricos en energéticos, pero que padecen grandes pasivos sociales”, dice Herrera Beltrán), aunque a todas luces sería injusto para aquellas entidades en las que sus gobernadores no tuvieron la inteligencia ni la visión de “sembrar” petróleo, colocar grandes ríos, enterrar minerales, ni azuzar a los vientos. De allí, que el punto de equilibrio sea una empresa del Estado, de alcance y con fines nacionales, como Petróleos Mexicanos.
Pero el “federalismo de la energía” que ese grupo de gobernadores, enemigos de la madre natura, dice promover tiene un trasfondo que, como siempre, simula el verdadero objetivo. Nadie podría rechazar acciones tendientes al fortalecimiento de Pemex, ni al descubrimiento y explotación de nuevas zonas productivas, pero el verdadero peine que apenas asomó el vocero del susodicho grupo, Fidel Herrera Beltrán, a todas luces viola la Constitución, es decir, el mismo fin que persigue el inquilino de Los Pinos.
La propuesta presentada por el gobernador veracruzano dice así: “nuestra vía propone, entre otras cosas, crear entidades públicas de servicios de orden paraestatal (no a nivel nacional, sino dentro de los gobiernos estatales), que concurran a las actividades de la cadena productiva, en asociación regulada con las propias subsidiarias de Pemex (el único organismo constitucionalmente permitido para tales fines). La asociación sería para aprovechar sólo los pozos clausurados, cerrados en campos marginales, no explotados debido a las limitaciones tecnológicas y de asignación de recursos presupuestales”. Y el peine que Herrera Beltrán apenas asomó dice así: “hay experiencia exitosa en Noruega y Cuba, entre otros, donde el petróleo y el gas son públicos, y hay asociaciones con los particulares (el destacado es mío) que se desarrollan respetuosas de la independencia y la soberanía como valiosos referentes a considerar” (lo que propone Calderón a nivel federal).
Bajo esa premisa, el grupo de gobernadores se sentiría reposado y nacionalista, pues sólo los citados once estados de la República violarían la Constitución, y no la federación en su conjunto, como es intención de la “continuidad”. Así, no es lo mismo violar la carta magna a nivel federal que, por ejemplo, violarla en Boca del Río, según se infiere de la destacada tesis de Fidel Herrera Beltrán y socios.
Independientemente de lo anterior, los gobernadores “energéticos” proponen la creación de entidades públicas de servicios que concurran a las actividades de la cadena productiva de la energía, es decir, “nuevos mecanismos que, con respeto estricto a la Constitución, permitan asociar mediante contratos de servicios a las entidades federativas productoras y a Pemex... La asociación sería para aprovechar sólo los pozos clausurados, cerrados en campos marginales, no explotados debido a las limitaciones tecnológicas y de asignación de recursos presupuestales… Veracruz y otros estados se asociarían en la creación de una empresa estatal prestadora de servicios a la industria petrolera, invertiría en capital humano y desarrollaría la infraestructura necesaria para el mantenimiento y operación de pozos rehabilitados”.
Bien, pero, ¿de dónde saldrían los recursos para ponerlas en operación?: de las inconstitucionales “asociaciones” con el capital privado. Obvio es que no de los presupuestos estatales; de ninguna manera. Y la razón es sencilla: cerca del 89 por ciento (promedio nacional) de esos presupuestos (casi 89 centavos de cada peso) se nutre de las transferencias de recursos federales.
El caso de Veracruz, que es el de los demás estados de la República, es ilustrativo: en el Presupuesto de Egresos de la entidad para 2008 de entrada se subraya que “los recursos con que cuenta el estado son limitados, provienen en cerca de 96 por ciento de la federación y en su mayor parte se encuentran asignados para fines específicos”. El 4 por ciento restante corresponde a ingresos generados en la entidad. Para este año el Congreso estatal aprobó ingresos totales cercanos a 58 mil millones de pesos, de los que más de 55 mil son aportados por la federación. Además, del total, poco más del 15 por ciento se destina a gasto de capital y el 85 por ciento restante a gasto corriente (70 por ciento de éste se utiliza para el pago de servicios personales).
Queda claro, pues, que ninguno de los 11 gobernadores “energéticos” podría financiar la creación y operación de las presuntas “empresas estatales prestadoras de servicios” por ellos promovidas, aunque, por mucho que simulen, de cualquier suerte violarían la Constitución.
Las rebanadas del pastel
Severo ataque gastrointestinal provocó en los panistas la documentada crítica de Marcelo Ebrard ayer en el Senado de la República: “nunca en la historia de México se había manejado tan mal Petróleos Mexicanos” como con Fox y Calderón. Y el infarto blanquiazul, por la consulta popular del próximo 27 de julio.
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