Defensores del proyecto de Calderón sobre Pemex reconocen que debe ser mejorado

Necesita ser dotado de solidez para que la Corte no lo eche abajo: Zaldívar, Becerra y Fix

La iniciativa es inconstitucional y pasa por encima del TLCAN, advierten Córdova y Cárdenas

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Arturo Zaldívar, Mario Becerra y Héctor Fix Fierro, los tres juristas que ayer defendieron en el Senado el proyecto de reforma del presidente Felipe Calderón para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado, dijeron que esta propuesta no es inconstitucional, pero a la vez reconocieron que necesita ser perfeccionada, enriquecida y dotada de solidez para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la eche abajo una vez aprobada.

Su opinión contrastó con la del ex ministro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, y la de los doctores Arnaldo Córdova y Jaime Cárdenas, quienes sostuvieron que son propuestas para privatizar la paraestatal, que pasan por encima de la Constitución e incluso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde el gobierno mexicano se reservó el área de energéticos.

Arnaldo Córdova advirtió que si se aprueban las cinco iniciativas del Ejecutivo “pondremos en grave riesgo la paz social tan limitada que tenemos”, y sobre todo, “nuestro enclenque régimen democrático”.

Compromisos internacionales

Al realizarse en el Senado de la República el tercer foro de debate sobre la reforma petrolera, con el tema Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética, el politólogo e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Arnaldo Córdova aseveró que “una ley que va en contra de la letra y el espíritu de la Constitución es anticonstitucional. Estas iniciativas son anticonstitucionales”.

Ante senadores y diputados, Córdova destacó que los tratados internacionales son un compromiso que el Estado mexicano hace con otros (estados) y “no pueden estar sometidos a los vaivenes de la legislación común, no señor, más bien ésta debe acomodarse al ordenamiento de los tratados”, y a los que hicieron estas iniciativas “les pasó de noche el TLCAN, donde el Estado mexicano hizo reservas”.

Refirió el politólogo que en el TLCAN las reservas son: “Una, el Estado mexicano se reserva para sí, incluyendo la inversión y prestación de servicios, las siguientes actividades estratégicas: exploración y explotación de petróleo crudo y gas naturales; refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural, y producción de gas artificial; petroquímicos básicos y sus insumos y ductos; comercio exterior, transporte, almacenamiento y distribución, incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes: petróleo crudo, gas natural y artificial, bienes cubiertos por este capítulo obtenidos en la refinación o del procesamiento de petróleo crudo y gas natural y petroquímicos básicos”. Y advirtió: “En qué brete van a meter a la Corte si aprueban esas iniciativas”.

Córdova destacó que “quienes nos oponemos a las iniciativas de ley de la industria petrolera que ha presentado el gobierno, también deseamos la modernización de Pemex; la queremos como una empresa nacional que tenga suficientes recursos para desarrollarse a sí misma y apoyar el desarrollo integral de México, con su Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) bien abastecido de recursos para que nos vuelva a dar tecnología de punta; la queremos libre de corrupción, libre del sindicato mafioso que sangra a la empresa sin ningún beneficio para los trabajadores. No queremos ya otra vez la vergüenza de los Pemexgate”.

A su vez, Jaime Cárdenas, politólogo e investigador de la UNAM, aseveró que la iniciativa de Felipe Calderón “es privatizadora”, y expuso sus razones para sostenerlo: “Se privatiza porque se entregaría a los inversionistas nacionales, pero principalmente extranjeros, fases o partes de la industria petrolera que han estado reservadas al sector público; se compartirían decisiones en la explotación del petróleo e hidrocarburos y petroquímica; habría dos tipos de industria petrolera, una particular y otra pública. El concepto de área estratégica y monopolio del Estado queda desvanecido con estas iniciativas.

“Las relaciones entre Pemex y los particulares se podrán regir no solamente por el derecho público, sino también por el derecho privado; las controversias se podrán ventilar ante tribunales extranjeros y con el derecho también extranjero; las empresas y los empresarios nacionales y extranjeros podrán ser propietarios de instalaciones, equipos, ductos y aun de refinerías; los contratos de desempeño son una suerte de contratos de riesgo prohibidos por la Constitución; no se propone autonomía de gestión, sino más bien régimen de excepción, es decir, se trata de configurar a Pemex como una corporación privada, alejada totalmente de los esquemas del derecho público mexicano.

“Se abandona la reserva que hizo el Estado en el TLCAN, esto es, no solamente serán inconstitucionales estas reformas, sino también serán contrarias a ese tratado; el Ejecutivo propone que las relaciones no sean de Estado a Estado en la aplicación de estos acuerdos, sino que sean de Estado a particulares, y propone en la reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que esas relaciones se ventilen por el derecho privado, y son privatizadoras porque los poderes Legislativo y Judicial tendrán menos competencias a favor de los intereses privados.

“Las cinco iniciativas no proponen nada respecto de la corrupción en el sindicato petrolero, ni entre la alta burocracia con Pemex y contratistas; alientan la opacidad y favorecen la ausencia de controles.”

Por su parte, el académico Arturo Zaldívar subrayó que las iniciativas son constitucionales, “pero perfectibles. Hay buenos y suficientes argumentos para sostener su constitucionalidad, pero sería deseable enriquecerlas para reducir el margen de vulnerabilidad que pudieran tener éstas en el análisis constitucional para no dejar ningún cabo suelto”.

Advirtió que de aprobarse la reforma energética “este asunto llegará por alguna de las vías del derecho procesal constitucional a resolución de la Suprema Corte”, y por ello pidió a los legisladores que “doten a la iniciativa de una suficiente solidez argumentativa para reducir a su mínima expresión el peligro de inconstitucionalidad”.

El académico Mario Becerra Pocoroba aseveró que la reforma planteada por el Ejecutivo federal sí cumple con los preceptos constitucionales previstos en los artículos 25, 27 y 28, pero indudablemente “es perfectible”.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Héctor Fix Fierro, sostuvo también que “las propuestas centrales de las iniciativas de ley de la industria petrolera, y la participación de los particulares en ésta, no presentarían vicios de inconstitucionalidad de ser aprobados”, pero, abundó, el legislador tendrá que ampliar y profundizar las propuestas que hoy están sobre la mesa.