Imposición o referéndum

Porfirio Muñoz Ledo

Bitácora Republicana

La suerte de los intelectuales orgánicos suele ser semejante a la de los “compañeros de ruta”. Estos se embarcan en aventuras cuyos objetivos finales desconocen, mientras aquéllos ponen su pluma al servicio de una hipótesis política que termina defraudándolos. En ambos casos, el libreto teórico resulta ajeno a la realidad.
Así, quienes rasgaron sus vestiduras descalificando la “grosera regresión democrática” que significaba la toma de las tribunas e ignorando que su propósito era evitar un albazo legislativo conducente a una grave violación constitucional. Cuando las fracciones parlamentarias recularon, sus apoyadores reaccionaron contra sí mismos o contra el régimen, sin analizar siquiera las intenciones últimas que lo animan.
Hay conciencia en que el ridículo no fue de los “amotinados” sino del gobernante que los acusó, en tono pueril, durante la conferencia de prensa con el presidente del país más interesado en la reforma que promueve. Aunque no faltó el joven intelectual que, en signo de bilioso despecho, concluyó: “el ridículo soy yo” y explicó que merece tal epíteto “quien saca las cosas de proporción”; esto es, el que no entiende la realidad que lo circunda.
Sorprendieron algunas reacciones sensatas, como la de Zepeda Patterson: “el problema es que no vivimos en un Estado de Derecho, ni los problemas se resuelven con el diálogo”. Añade: “AMLO y las causas que representa son absolutamente indispensables para la salud de la República”; y remata: “fueron los gritos, sombrerazos y denuncias, lo que obligó a dirimir esta reforma en un espacio verdaderamente público”.
Felipe Díaz Garza define como “desafortunada ligereza” la declaración de su tocayo y la contrasta con la actitud de los “verdaderos héroes” del PAN. Sostiene que “nadie podría decirles ridículos al Maquío y a su gabinete alterno y recuerda que “panistas y perredistas jugaron en los últimos años un papel fundamental” en la democratización del país, que culminó en la separación de poderes.
Trayendo a la memoria semejantes hechos, Leonardo Curzio se refiere a mí como “el hombre que vive la más honda de las contradicciones”. Recuerda mis tareas de Estado, las de líder de la oposición y mi paso por el Senado que “abrió desde el frente legislativo la coraza autoritaria del régimen”. Se lamenta que esas luchas no hayan conducido “al emparejamiento del terreno donde se hace la política y a una etapa de decencia republicana”.
Ello no puede atribuirse primordialmente a las desviaciones de la izquierda, sino a la defección de la derecha, encabezada por Fox, que confundió la transición con el “asalto al poder” y nos dejó un oscuro legado de ilegitimidad y de indecencia política. El abandono del compromiso mayor de la Reforma del Estado es el origen de nuestras actuales tribulaciones.
No estamos instalados en la normalidad democrática, pero debiéramos pugnar por alcanzarla. El gobierno de Calderón ha bloqueado la auténtica transformación constitucional y redundado en las “reformas estructurales”, que son la ruta programada de la dependencia. De ahí que su anuencia al debate sea más que sospechosa.
En los foros del difunto IEPES se oía a muchos, se escuchaba a pocos y no se le hacía caso a ninguno. Por ello es indispensable la socialización de las ideas, de casa en casa, de escuela en escuela, en los centros de trabajo y en las plazas públicas. Sobre todo, involucrar en serio a los medios de información. La negativa del gobierno a emplear los tiempos de Estado sería señal inequívoca de su intención dolosa.
La participación ciudadana debe plasmarse en un referéndum que defina el sentido de los cambios. No aludo solamente a la experiencia europea, donde está prevista como correctivo de las deformaciones de la representación política. Me refiero a una tradición cada vez más extendida en América Latina.
Cómo olvidar la consulta popular de 1988 que puso fin a la dictadura de Pinochet, o sobre la Constitución brasileña en 1993 y el reciente sobre la reelección indefinida en Venezuela. En Uruguay, donde se han celebrado diez de los cuarenta y dos referenda que registra la historia latinoamericana, se sometió a las urnas en 1972 una ley de privatización, que fue rechazada por el 72% de los votos.
En México, el PAN propuso en 1946 la introducción a nivel municipal de la consulta popular y el PRD la promovió en el plano nacional con motivo del TLCAN. Este año, la mayoría de los partidos coincidieron en la introducción de la democracia directa, aunque encontraron el rechazo del gobierno. Hoy sólo cinco constituciones locales no contemplan alguna modalidad del referendum y sólo cinco prevén la revocación del mandato.
La restauración del régimen republicano depende de la adopción sin demora de las reformas legales que hagan posible devolver a los electores lo que a ellos pertenece: las decisiones capitales sobre su futuro.