El Justo Reclamo

La redada había empezado…

Los agentes tomaron posiciones ante las miradas atemorizadas de los trabajadores

alejandro maciel

San Francisco, Cal., 26 de mayo (apro).- A las 7 de la mañana del lunes 12 de mayo, los teléfonos del Ministerio Hispano de la Iglesia de St. Bridget, en Postville, Idaho, empezaron a sonar. El sacerdote Paul Real supo entonces que los temores de sus feligreses eran ciertos. La redada había empezado.En un despliegue nunca visto en éste poblado de apenas 2,300 habitantes, elementos de 16 corporaciones encabezados por oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), apoyados por helicópteros y decenas de automóviles, se dirigieron a la planta procesadora de carne Agriprocessor, y tomaron posiciones ante las miradas atemorizadas de los trabajadores que se encontraban dentro.En apenas unas horas, la vida de Postville se transformó, y más de 390 de trabajadores indocumentados, procedentes de México y Guatemala, aunque también había rusos, israelíes y ucranianos, fueron arrestados y llevados hasta los centros de detención, donde a algunos los deportarían de manera inmediata y a otros se les iniciaría cargos por robo de identidad y uso de números de Seguro Social falsos.Ese lunes, Judith se levantó temprano y decidió no presentarse a trabajar. Apenas una noche antes, en la Iglesia se había hablado acerca de la posibilidad de una redada y sobre qué hacer en caso de que ocurriera. El domingo, los activistas comunitarios recorrieron las iglesias pasando información en español sobre qué hacer, qué documentos tener a la mano y cómo desarrollar un plan de contingencia familiar."La tensión en las calles era insoportable”, dice a Apro Sol Varisco Santini, de la organización Caridades Católicas de Des Moines, en la capital de Iowa. “Las autoridades no querían decir nada”.Pero los indicios estaban a la vista. En los primeros días de mayo, los patios del Congreso Nacional Ganadero fueron rentados a la Oficina de Inmigración y Aduanas y decenas de camionetas con placas de Idaho, Georgia, Misouri y Washington, empezaron a llenar los estacionamientos. Cuadrillas de trabajadores levantaron a toda prisa cubículos de madera.La población empezó a sospechar. En diciembre de 2006 algo similar ocurrió en Camp Dodge, en la ciudad de Johnston, en los días previos a la redada contra la planta Swift & Co. en Marshalltown, Iowa. En esa ocasión un total de 1,282 trabajadores de Swift fueron arrestados en Iowa y en otros cinco estados.Judith tuvo un mal presentimiento y decidió no presentarse a trabajar. Preparó el almuerzo de su esposo, quien también trabajaba en la planta, y después se fue con sus hijos a la iglesia. Ese era el único lugar en el que se sentía segura. Como ella, al menos otras 400 personas pensaron lo mismo y fueron a refugiarse a la iglesia St. Bridget, donde, con asesoría legal, empezaron a llenar las formas G-28, con la que se les permite a los abogados representar a los niños en caso de quedar desamparados.Una mujer, que se identificó como Sofía, dice que ella y su esposo trabajaban en la planta, y que la última vez que lo vio fue poco antes de que empezara su turno el lunes, a las 5:30 de la mañana.“No, no se donde está”, dice con lágrimas en los ojos.Al sacerdote Paul Real la situación lo ha rebasado “Estábamos preparados, pero no nos imaginábamos una situación como esta”, señala. “Necesitamos alimentos, pañales, comida y cobijas”.
Las memorias rondan por toda la iglesia.
Cuando Laura se dio cuenta que estaban haciendo una redada en la planta, un compañero le dijo que se metiera en un hueco que había cerca del techo. Una vez dentro, el compañero quitó la escalera y se fue. Nadie se dio cuenta que se había metido ahí.Muerta de miedo, Laura permaneció oculta en su escondite durante más de nueve horas. Desde ese sitio escuchaba a los agentes gritando en español que salieran de los escondites. “Cuando los compañeros se dieron cuenta que no había forma de escapar, empezaron a salir”, dice Laura. “Entonces les ponían las manos atrás y les colocaban las esposas”.“Yo nomás rezaba y volvia a rezar pidiéndole a Diosito que no se les ocurriera voltear para arriba”, añade Laura, ante la mirada atónita de las otras mujeres que la escuchan.Cuando todo quedó en silencio, Laura salió de su escondite y se dio cuenta de que no estaba sola. Otros ocho hombres habían hecho lo mismo que ella y empezaban a salir. Uno de ellos le aventó una cuerda para que pudiera bajar y, en cuanto pudo, se dirigió a la iglesia.En el interior de la iglesia la inquietud aumenta. “Los agentes están llevándose a cientos de personas”; “parece que ya están entrando a las casas”; “dicen que, después de la planta, van a ir a las escuelas para llevarse a los niños”.Mary McCauley, madre superiora en St. Bridgets, no pierde la fe y ruega para que las autoridades respeten la iglesia. “Quiera Dios que no vengan aquí”.En esas primeras horas los rumores de más redadas se fueron extendiendo a las poblaciones vecinas de Waterloo, Storm Lake y Marshalltown.“Todos estos rumores son infundados”, dice Bárbara González, vocera ICE en la región, a través de un comunicado de prensa divulgado el mismo lunes. “Los arrestos en Postville fueron resultado de una larga investigación y no existe fundamento para creer que habrá otras redadas”, declaró.Pero nadie le cree. Los rumores han provocado que la gente no asista a las escuelas ni a las tiendas, pues temen que los agentes del ICE estén dentro de los negocios pidiendo papeles.
El impacto
El gobernador Chet Culver informó a los medios de comunicación que recibió informes de la redada a las 10:15 de la mañana, por lo que reunió a todo el gabinete para enfrentar el impacto que tendría el operativo.Por experiencias anteriores sabían que muchos niños quedarían desamparados en las escuelas o en los departamentos, y que muchas familias no saldrían a pedir ayuda por temor a ser detenidos por los agentes federales.Bárbara González informó que estaban preparados para esa situación y que los niños que quedaran solos serían protegidos por el gobierno federal. Por su lado, el Distrito Escolar de Postville reunió a los estudiantes hispanos para asegurarse de que todos tuvieran a sus padres o a alguien que pudiera cuidar de ellos en sus casas. El superintendente David Strudhoff, dijo que a los estudiantes, cuyos padres pudieran ser localizados, se les permitiría ir a sus casas. El resto fue separado en grupos de 12 estudiantes y un consejero, quien les preguntaba si tenían a dónde ir o si preferían irse a la iglesia.En tanto, los negocios hispanos en el centro de Postville cerraron sus puertas. El “Sabor Latino”, una popular tienda y restaurante estaba abandonado. Desde las ventanas se aprecian las mesas aún servidas. En La panadería hay un letrero en español que dice: “Cerrado hasta nuevo aviso”.A la madre McCauley le preocupa que si los detenidos no dicen que tienen hijos, muchos podrían estar solos o en compañía de sus hermanos mayores. “¿Con qué se van a alimentar si tienen miedo de salir?”, pregunta.El mismo lunes, Carole Gustafson, trabajadora social del Centro Latinoamericano de Waterloo, empezó a recorrer los departamentos desiertos habitados principalmente por familias que trabajaban en la planta.“Tenemos que actuar rápido”, dice Gustafson, “puede haber muchos niños solos que no se van a animar a salir”.A las 4 de la tarde, los agentes federales seguían llenando autobuses con los detenidos y los empezaban a despachar, escoltados con patrullas de la policía estatal, hacia Waterloo, a unas 70 millas de distancia.Mientras los autobuses llegaban al centro de detención de Waterloo, unas 200 personas protestaban por el operativo. “¿Por qué se los llevan? ¿Qué mal le hacemos a la gente”, dice una joven de 15 años, cuyos padres acaban de ser detenidos.Frente a ellos se reaviva el debate migratorio.Un grupo de 10 residentes de la ciudad se coloca en la acera de enfrente y lanza insultos contra los indocumentados y la gente que protesta. “Que se los lleven a todos”, dicen los cartelones del grupo Minuteman.
Judíos e hispanos
Agriprocessor es la principal procesadora de carne tipo kosher del mundo. La planta fue abierta en 1987 por un grupo de 200 judíos hasidicos de Nueva York que se asentaron en Postville, con lo que convirtieron al condado de Allamakee-Clayton en uno de los más diversos, desde el punto de vista étnico de Iowa.Desde su fundación, los habitantes de Postville se acostumbraron a tratar con los más de 950 empleados de la planta. “Al principio, era puros hombres solos, pero con los años fueron llegando muchas familias que se fueron integrando a nuestra ciudad”, dice Trevor Seibert, propietario de una unidad de 20 departamentos que renta principalmente a familias hispanas que trabajan en la planta. Su temor principal ahora, es que muchas familias decidan mudarse de Postville. Seibert es propietario de una lavandería, de una constructora y de los departamentos. Tiene una deuda de unos dos millones de dólares. “Si la planta cierra, yo voy a perder todo lo que tengo. Los hispanos no van a querer venir aquí y ellos son los únicos que han hecho crecer este pueblo”, dice Seibert. “Eran familias buenas las que vivían aquí. Los agentes no vinieron por una bola de delincuentes, sino por nuestros vecinos, amigos”, añade.Afuera de la planta, Adolfo Calderón trata de entender. “Yo sé que los agentes están cumpliendo con su deber, pero si no fuera por esta gente, no tendríamos la planta; aquí no hay gente que quiera trabajar”, afirma Calderón.Bruce Stockman, propietario del taller Best Place Auto Repair, observa todo el operativo que se realiza a un lado de su negocio. “Nunca había visto algo así; parece una película”, dice. Pero Stockman está preocupado, debido a que muchos de sus clientes trabajan en la planta, ya sea como obreros o como supervisores. “Esto nos va a afectar a todos; ellos son los que le han dado vida a este pueblo”, añade.Entre la espada y la pared, el alcalde de Postville, Robert Penrod declaró que la mayoría de los habitantes del pueblo entiende el papel fundamental que juega la planta y sus trabajadores en la economía de la zona, aunque reconoció que unos cuantos se alegraron por la acción de los agentes federales. “Hay gente que odia a los hispanos y hay gente que no quiere a los judíos y que quisiera verlos salir del pueblo”, agregó en una conferencia de prensa el mismo lunes.De acuerdo con el comunicado que el ICE dio a conocer después del operativo, la redada se realizó debido a que durante dos años se habían acumulado mas de 700 denuncias contra trabajadores de la empresa por el uso de documentos falsos y robo de identidad.En noviembre, dice el documento del ICE, agentes de Migración entrevistaron a un exsupervisor de la planta, quien aseguró que algunos empleados tenían laboratorios de metanfetaminas en la planta y que algunos, incluso, portaban armas en el trabajo.Otra fuente, dice el documento, informó que se cometían numerosos abusos contra los empleados. “En un caso, un supervisor cubrió los ojos de un empleado con cinta adhesiva y lo colgó de la ropa con un gancho para cargar carne”. El trabajador, que había entrado al país sin documentos desde Guatemala, no resultó lesionado. Sin embargo, prefirió no reportar el incidente por miedo a perder el trabajo, señala el documento.Otro trabajador de la planta, añade, dijo a los agentes que los trabajadores indocumentados recibían un salario de 5 dólares por hora los primeros meses, antes de recibir un incremento salarial de 6 dólares la hora. El salario mínimo en Iowa es de 7.25 dólares por hora.
Violaciones
Agriprocessors Inc tiene una larga historia de violaciones a las leyes federales y estatales en materia de seguridad, contaminación y seguridad en el trabajo.En febrero de 2006, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos multó a la empresa con dos mil dólares por violaciones a las leyes de seguridad en el centro de trabajo. Posteriormente, la multa se redujo a mil dólares. Dos semanas después, la planta volvió a ser multada, esta vez por 2,500 dólares por inseguridad en la maquinaria. La multa luego fue reducida a 1,250 dólares.En marzo de 2006, Agriprocessors fue citada por violaciones a la seguridad en el trabajo, por falta de mascaras de respiración. No se impuso multa.En agosto de ese mismo año, la compañía acuerda pagar 603,086 dólares para llegar a un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental. Se les acusó de descargas de desechos químicos en la planta de tratamiento de agua del poblado de Postville.En septiembre de 2006, el Departamento de Agricultura expidió una carta de advertencia a la planta por no ofrecer las más mínimas condiciones de sanidad, además de que señalaba la presencia de roedores dentro y fuera de la planta, y otorgó un lapso de 90 días para corregir las violaciones a las normas.En marzo de 2008, la División de Servicios de Trabajo de Iowa citó a Agriprocessors por 39 violaciones en las reglas de seguridad en el trabajo y les impuso una multa por 182,000 dólares.A pesar de las constantes violaciones a las reglas de higiene y seguridad, la planta nunca ha sido cerrada ni siquiera temporalmente, lo que posiblemente tenga algo que ver con las fuertes conexiones políticas que tiene la familia Rubashkin, propietaria de Agriprocessor.En los últimos, 10 años la familia ha hecho importantes contribuciones a los candidatos demócratas y republicanos del estado de Iowa.En 2006, Sholom Rubashkin, donó 22,500 dólares para el exrepresentante republicano Jim Nussle, para su campaña como gobernador de Iowa. A diferencia de las leyes federales, en la ley de Iowa no hay límites para las contribuciones a los políticos.Nussle, quien perdió ante Culver, es ahora miembro del gabinete de la administración Bush, donde es director de la Oficina de Administración y Presupuesto.Otro miembro de la familia, Abraham Rubashkin, entregó 7,500 dólares para apoyar la campaña de Nussle.En 2006, Sholom Rubashkin entregó otros 3,000 dólares para la campaña de Patty Judge. Un año antes, otros miembros de la familia contribuyeron con ocho mil dólares para dicha campaña. Judge era entonces secretaria de Agricultura de Iowa. En diciembre de 2004, ella determinó que no tenían fundamento las demandas de grupos de activistas en favor de los derechos de los animales que aseguraban que en Agriprocessor se cometían todo tipo de abusos.
Redada oportuna
La United Foods and Commercial Workers Union, (UFCW) que ha tratado de organizar a los trabajadores de Agriprocessors, notificó a los investigadores del Departamento del Trabajo de la situación de explotación que ocurría en la planta, dijo Jill Cashen, vocero del sindicato.Mark Lauritsen, vicepresidente de la Unión, le escribió a los agentes de ICE el pasado 2 de mayo, pidiéndoles que no hicieran una redada en la planta mientras las autoridades laborales investigaban las violaciones a las leyes laborales que habían denunciado.Lauritsen señaló a ICE que le preocupaba que cualquier acción de esa dependencia tuviera un efecto negativo en los trabajadores que habían reportado violaciones a su derechos en días anteriores.“Cualquier medida que tome ICE podría dar como resultado que muchos empleados dejen la planta, con lo que se obstruiría la investigación y quedarían impunes los actos ilegales que ahí se estaban cometiendo”, escribió Lauritsen.En noviembre del año pasado, la Unión había tratado de organizar a los trabajadores no sindicalizados de la planta, para negociar un incremento salarial y un contrato colectivo de trabajo, afirmó Jill Cashen, vocero de la UFCW en Washington. Lo que le preocupa a la Unión, agregó Cashen, es que habían alertado a las autoridades del Departamento del Trabajo a nivel federal y estatal, acerca de las violaciones a los derechos de los trabajadores y aún así se llevó a cabo el operativo. “Ahora que cientos de trabajadores han sido deportados, cómo se van a comprobar los casos de explotación que habíamos denunciado?”, preguntó Cashen.Lauritsen explicó que en otros centros de trabajo, los mismos patrones son los que llaman al ICE, para evitar que los trabajadores se sindicalicen. “De esa manera se les hace creer a los trabajadores que las uniones son las culpables de las redadas”, dijo Lauritesen.El comisionado Laboral de Iowa, Dave Neil, confirmó el lunes que el estado realizaba una investigación por posibles violaciones a las leyes laborales en la planta de Agriprocessor de Postville. La investigación incluía violaciones salariales y el empleo de menores de edad en la planta, agregó.Por su lado, Mike Staebell, director asistente de distrito del Departamento de Labor de Estados Unidos, dijo: “Si, puedo confirmar que tenemos una investigación abierta”, pero se negó a ofrecer mayores detalles.En el pasado, los propietarios de Agriprocessor, han realizado todo tipo de maniobras para evitar que sus trabajadores se sindicalicen. En 2005, luego de que los trabajadores del centro de distribución de Agriprocessor en Brooklyn, Nueva York, votaron en favor de sindicalizarse, los dueños de la planta verificaron los números de Seguro Social de los trabajadores que votaron en favor del sindicato y descubrieron que la mayoría eran falsos, por lo que demandaron que esos votos fueran desechados, ya que habían sido ejercidos por trabajadores indocumentados. Entonces, la compañía despidió a esos trabajadores, y solicitó que se invalidara su voto. La corte de apelaciones del Distrito de Columbia rechazó dicho argumento y validó los votos de los trabajadores.En su decisión, la corte dijo que “esos votos eran tan válidos como los de los trabajadores legales y que éstos deben recibir los mismos salarios y beneficios que los trabajadores legales”.
Tácticas militares
La población está cada vez más inquieta y cree que las redadas se van a extender, no sólo en otros centros de trabajo, sino también en las escuelas.El lunes 19, David Strudhoff, superintendente del Distrito Escolar de Postville, informó, en una conferencia de prensa, que en abril un grupo de investigadores le entregó una orden para revisar los expedientes de los estudiantes de secundarias y preparatoria.La orden obligaba al Distrito escolar a entregar los nombres de todos los estudiantes de las escuelas del poblado entre 2005 y 2007, sus edades, direcciones, fechas de nacimiento, números de teléfono y números de seguro social. Además, pidió a las escuelas que entregaran pruebas de edad, fotos, anuarios escolares, listas de pasajeros de todos los autobuses escolares, y los archivos de los estudiantes faltistas y la lista de los estudiantes que no terminaron sus estudios y desertaron de las escuelas entre 2005 y 2008.La orden también exigía al distrito escolar entregar la lista de todos los choferes, de tiempo completo o medio tiempo de los autobuses entre 2005 y 2008, y todos los expedientes escolares de 35 estudiantes, a los que sólo se les identificaba por sus apellidos.También se les pidió que entregaran todos los permisos de trabajo de los estudiantes inscritos en el Distrito y de aquellos que estuvieron registrados entre 2005 y 2007.