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Las cinco iniciativas fecalistas pretenden establecer una industria petrolera privada, paralela a la reservada constitucionalmente a PEMEX, lo que dejaría a la paraestatal solamente como administradora de contratos y la obligaría a compartir las ganancias del mercado interno y la renta petrolera, advierte el presidente de la Fundación Colosio, Carlos Rojas Gutiérrez
Las cinco iniciativas del espurio Felipe Calderón pretenden establecer una industria petrolera privada, paralela a la reservada constitucionalmente a PEMEX.
MEXICO, D.F., 25 de mayo (LA JORNADA).- Las cinco iniciativas del ilegítimo Felipe Calderón pretenden establecer una industria petrolera privada, paralela a la reservada constitucionalmente a PEMEX, lo que dejaría a la paraestatal como mera administradora de contratos, y la obligaría a compartir las ganancias del mercado interno y la renta petrolera, sostuvo el presidente de la Fundación Colosio, Carlos Rojas Gutiérrez.
En un adelanto de la ponencia que presentará mañana en el Senado, durante el quinto foro de discusión de la reforma de PEMEX, se manifestó en contra de la creación de “empresas espejo”, que impulsan los gobernadores de su partido, el PRI, ya que, alertó, “podrían encubrir otra forma de privatización” y violan diversos artículos de la Carta Magna.
Un grupo de gobernadores priístas ha venido pugnando por esta opción y la propia dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, durante el primer foro de análisis planteó posibilitar que “los gobiernos de los estados” participen en “paraestatales locales de servicios”.
Rojas Gutiérrez, sin embargo, advierte que las denominadas “empresas espejo”, atentan contra la integridad de la industria petrolera nacional, cuyas actividades deben estar a cargo exclusivamente de organismos descentralizados del sector público”.
Las “empresas espejos”, detalla Rojas, están consideradas en la reforma de Calderón, específicamente en las modificaciones la Ley Orgánica de PEMEX, que la facultan para constituir o desaparecer libremente filiales paraestatales, sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Entidades Paraestatales y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ese planteamiento constituye “otro inexplicable régimen arbitrario de excepción jurídica” y podría dar lugar a las “empresas espejo”, otra forma de privatización “encubierta”, sin sustento económico y orgánico, que deja traslucir incapacidades administrativas o de negociación, por ejemplo con el sindicato. Tal pretensión, agregó, pasa por encima de los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales y de otras leyes secundarias.
En su ponencia, el ex director de PEMEX señaló cerca de 20 “propósitos implícitos” en la reforma de Calderón, a través de los que se pretende “dar la vuelta a preceptos de la Carta Magna” para privatizar a PEMEX y debilitar a la industria petrolera.
Destacó que hay “un hábil entramado jurídico” que no permite el análisis individual de las cinco iniciativas de Calderón, ya que fueron construidas desde abajo hacia arriba, en función de lo que se requería que fuera o hiciera PEMEX”.
En ese sentido, tanto en la iniciativa de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de Petróleo, como en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, las modificaciones propuestas van encaminadas a posibilitar contratos de servicios, a fin de que empresas privadas puedan refinar crudo, “contraviniendo la integralidad de la industria petrolera y cediendo el valor agregado que genera esta etapa de la explotación petrolera”.
Se trata de un mercado interno de un millón y medio de barriles, diarios de crudo, el que se pretende entregar a las trasnacionales para que lo refinen y sean propietarias de las instalaciones y equipos, al igual que de los ductos, en el caso de los particulares a los que PEMEX cedería el transporte y almacenamiento de petróleo.
Rojas Gutiérrez sostuvo asimismo que las iniciativas de Calderón abren la puerta a “los conocidos internacionalmente como risk contracts”, es decir contratos de riesgo para trabajar en cualquier materia o área de PEMEX.
En la reforma presidencial, detalló, se habla de contratos incentivados, que la paraestatal podrá celebrar y en los que “se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”.
Advirtió que ese tipo de contratos usualmente aplicados a la exploración y desarrollo de yacimientos petroleros, permiten que las empresas privadas realicen las actividades que considera pertinentes y significarían para PEMEX ceder la dirección, operación y control de las actividades, “como ya sucede indebidamente en los contratos de mantenimiento de ductos”.
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